Argentina: Los jueces y la noción de guerra

Los jueces y la noción de guerra

Por Vicente Massot y Agustín Monteverde.

No se requiere ser un contertulio habitual de Miguel Ángel Pichetto para tomar conocimiento de que, en el transcurso de estos años, la cámara alta del Congreso Nacional ha desarrollado una suerte de doctrina propia respecto del desafuero de sus integrantes. A diferencia de la enarbolada por sus primos hermanos de la cámara baja, los senadores consideran que sólo es pertinente dejar a la intemperie a uno de sus pares si éste tuviese una condena firme. Por eso Carlos Menem no ha perdido todavía sus fueros y, por la misma razón, Cristina Fernández podrá dormir tranquila, consciente de que —cualquiera que sean sus diferencias con la bancada del PJ— de momento no le soltarán la mano.

Algo que —no se necesita recordarlo— sabía de antemano el juez Claudio Bonadío cuando decidió lo que es de todos conocido. El magistrado no llegó ayer a Comodoro Py y no es un novato en las lides de la política. Peronista confeso y conocido de Pichetto, no se le escapaba que su pedido iba a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué, entonces, no se adelantó un par de días, cuando la viuda de Néstor Kirchner aún no había asumido su cargo y carecía de los fueros que ahora la dejan a cubierto de las inclemencias de la cárcel?  Las conjeturas que se pueden tejer sobre el particular resultan innumerables. Al mismo tiempo, son hoy irrelevantes.

A veces la espectacularidad de una medida, de un determinado acontecimiento o de un escándalo nos hacen perder de vista que los mismos —con toda la importancia que acrediten— son parte de fenómenos, menos rutilantes quizá, pero de mayor trascendencia. La diligencia hecha por Bonadío y la posibilidad —poco probable en el corto plazo— de que la ex–presidente siga los pasos de algunos de sus más conspicuos colaboradores, ha sido, sin duda, la noticia del año. Dicho lo cual, cuanto no debe perderse de vista es algo de más calado que la suerte que eventualmente pueda correr Cristina Fernández. Nos referimos al proceso que viene desarrollándose en estas playas, similar en punto a su naturaleza al Mani Pulite de los italianos y al Lava Jato desenvuelto, sin solución de continuidad, en la vecina República del Brasil.

Nunca antes, en un país tan poco transparente como el nuestro, unos jueces federales que, a su vez, son parte del problema, se habían  involucrado de tal manera en investigar a fondo el sistema de corrupción montado por un gobierno reciente. Nunca antes, en el marco de la democracia, habían sido procesados y detenidos ex–funcionarios, sindicalistas de horca y cuchillo, empresarios de nota, y militantes, como en los pasados dos años. Que Amado Boudou, Carlos Zanini, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, el Caballo Suárez, el Pata Medina, Luis D’Elía y Miguel Esteche se hallen tras la rejas, era algo literalmente impensable poco tiempo atrás. Para no hablar de Héctor Timerman —que cumple arresto domiciliario— y de lo que pueda ocurrir con la otrora presidente, su hijo Máximo, Cristóbal López, Aníbal Fernández y demás figuras del universo K.

El terremoto —si cabe denominarlo así— excede con creces el destino de  Cristina Fernández. Aunque permanezca en libertad —el escenario, dicho sea de paso, más favorable al macrismo— igual en la Argentina algo cambió para siempre. Montar una asociación ilícita desde el poder, de la forma que lo hizo el kirchnerismo, difícilmente pueda repetirse.      La cadena delictiva que tenía su cabeza en el matrimonio santacruceño y se extendía hasta su chofer particular no sólo ha quedado al descubierto sino que la mayoría de sus integrantes tendrán que dar explicaciones y, casi con seguridad, penar sus culpas en prisión. Que la impunidad de las clases gobernantes —no así la corrupción— se ha quebrado en la Argentina,   es más que una sensación.  Representa una realidad.

Los argumentos expuestos en el pronunciamiento del juez Bonadío, con el propósito de respaldar la acusación de traición a la Patria, fulminada contra Cristina Fernández, y su decisión de dictarle la prisión preventiva y solicitar, por lógica consecuencia, su desafuero, han levantado no sólo críticas provenientes de las filas kirchneristas —que eran de esperar— sino también de sectores nada favorables o complacientes con la administración derrotada en octubre de 2015.

Si se dejan de lado las quejas y acusaciones de los imputados, convencidos de que el estado de derecho ha desaparecido y que ellos resultan las víctimas propiciatorias de un titiritero perverso —Mauricio Macri— cuyas órdenes acata sin pestañar su títere por excelencia —Claudio Bonadio— las impugnaciones no ideológicas se centran en la presunta discrecionalidad de este magistrado.

Conviene ir por partes. El supuesto delito de traición y la prisión preventiva son figuras jurídicas de suyo controvertidas. Pero no han sido sacadas de la galera o inventadas de   la nada. Quien repase desapasionadamente el artículo 319 del Código Procesal Penal caerá en    la cuenta de cuán amplias y subjetivas son las prerrogativas del juez a la hora de justificar una medida por el estilo. Deberá atender a las características del hecho, a la magnitud de la pena que pueda aplicar, a la reincidencia —si la hubiese— y a las condiciones personales del imputado, para estimar la posibilidad de fuga o de obstrucción de justicia. Ello sin contar la vuelta de tuerca que al tema le ha dado la así denominada doctrina Irurzún, de reciente data.

Bonadio da por probado que hubo un pacto espurio con Irán y lo ha considerado una traición a la Patria. Si quedase demostrado que, al margen de sus implicancias económicas, ese tratado implicaba dejar fuera de la lista de Interpol a los funcionarios persas acusados de participar, directa o indirectamente, en el atentado a la AMIA, el cargo hecho a Cristina Fernández  y a los demás implicados, no parece gratuito. Tampoco lo es traer al ruedo la existencia de una guerra.

El mayor del Ejército Argentino, Guillermo Mac Hannaford, en plena contienda del Chaco —donde cruzaron enemistades Bolivia y Paraguay, en 1936— fue acusado de traición a la Patria, procesado y degradado por haber revelado secretos militares a los guaraníes. Que se sepa, nuestro país no intervino en esa guerra. En el mismo orden de cosas, suponer que un acto como la voladura de la mutual judía puede calificarse de terrorista y dar así por clausurada la posibilidad de definirlo como un hecho bélico, es no entender la dimensión de la guerra y la enemistad en el tercer milenio.

Si Irán efectivamente estuvo detrás del atentado a la AMIA, el dato terrorista pasa a ser un simple medio, inscripto en el marco estratégico superior de una guerra. Las guerras,     en nuestro tiempo, no siempre se declaran ni requieren de ejércitos convencionales dispuestos a dar batalla con banderas desplegadas al viento.

Lo que en las semanas por venir deberá evaluar la cámara correspondiente —a la que apelarán, si no lo han hecho ya, los acusados— es si considera o no consistente la categoría bélica y el cargo de traición a la Patria derivado del hecho de que el kirchnerismo habría favorecido la situación jurídica internacional de los responsables del atentado a la AMIA.       Los jueces actuantes, quizá sin cabal conocimiento de la naturaleza del problema, tendrán que resolver sobre una cuestión metajurídica: la guerra.  Tarea nada fácil, por cierto.

Fuente: Massot / Monteverde & Asoc., 12/12/17.

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El Banco Finansur fue suspendido por el BCRA

El Banco Central suspendió por un mes las operaciones del Finansur, de Cristóbal López

Se indicó que la medida fue tomada «debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización» acordado con la máxima autoridad monetaria.

El Banco Central (BCRA) dijo que suspendió por 30 días corridos las operaciones del Banco Finansur, propiedad del empresario Cristóbal López, debido a la falta de cumplimiento del plan de recapitalización acordado oportunamente con el ente monetario.

«En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 49 de su Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió hoy suspender por 30 días corridos las operaciones del Banco Finansur S.A., debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización acordado con la entidad», dijo un comunicado de la autoridad monetaria.

En el texto, se informó que están exceptuadas «de los alcances de la suspensión dispuesta» las siguientes operaciones con la clientela:

-Extracciones de saldos registrados en las cuentas para el pago de haberes del
personal en relación de dependencia y de las prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta el importe de las acreditaciones que se efectúen por los citados conceptos en dichas cuentas;

-Cobranzas de créditos y compras con tarjetas de crédito y pagos a los comercios adheridos.

El BCRA destacó que «la decisión adoptada se enmarca en la necesidad de defender los derechos de sus depositantes».

En este sentido, el banco cuenta con un plazo de 10 días para la presentación de alternativas que le permitan rever su situación.

La decisión fue divulgada al sistema financiero a través de la Comunicación B 11617.

Fuente: laprensa.com.ar, 09/11/17.

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Los inversores internacionales tienen interés en Argentina

Frédéric de Courtois: «Los inversores internacionales están volviendo y tienen un enorme interés en la Argentina»

El CEO del área de líneas globales e internacionales del Grupo Generali dice que el país va por la buena senda, pero advierte que se debe reducir la inflación.

Frédéric de Courtois tiene confianza en la marcha de la economía con el gobierno de Mauricio Macri. El CEO de líneas de negocios globales e internacionales del Grupo Generali, que tiene en el país el 90% de la aseguradora La Caja, dice que los inversores internacionales están volviendo y tienen un enorme interés en la Argentina. Advierte, sin embargo, que deberá controlarse la inflación para poder desarrollar más el Seguro de Vida, que es su mayor parte del negocio en el mundo.

El ejecutivo comentó que su empresa hizo un análisis para determinar qué hacía en los 40 países donde tiene presencia. Fue así como abandonaron 15 mercados, donde vieron que sus operaciones no tenían futuro, pero decidieron que permanecerían en la Argentina, donde, si bien hay todavía algo de incertidumbre, se percibe un ambiente en el que ha mejorado la confianza.

Asimismo, negó toda vinculación actual con el empresario Cristóbal López. Según dijo, su única relación estuvo dada por la venta que Grupo Generali le hizo de una compañía llamada Generali Argentina (que actualmente se llama Providencia) y que incluso compite con La Caja.

-¿Cómo está el negocio del Seguro en el mundo?

–Es un negocio en crecimiento, debido a que las familias y las empresas tienen más necesidades de protección. La gente a nivel mundial está ahorrando más, y como consecuencia de ello el negocio está creciendo. Luego podemos ver diferencias según las distintas geografías. Tenemos un crecimiento superlativo en Asia, otro más moderado en Europa. Pero tomando el mundo en general, la tendencia es de crecimiento. Insisto en que hay nuevas necesidades, como las pólizas de riesgos cibernéticos para empresas, que van a cambiar el panorama de lo que conocemos hoy como el negocio del seguro.

-¿Cómo ve el seguro en la Argentina?

-Si lo miro desde un nivel muy elevado, en el lado de los seguros generales, la Argentina está muy cerca de Italia, en el sentido de que el segmento de autos es el principal negocio por lejos, y otros ramos están subdesarrollados. Esos otros ramos serían hogar, salud, etc. Italia es un mercado subdesarrollado dentro de Europa comparado con Francia, Alemania o el Reino Unido. Si miramos los seguros de vida, la Argentina tiene sólo lo que yo llamo mercados de riesgos. Hay muy poco negocio de ahorro, que es el principal en el mundo.

-¿Por qué casi no existe el mercado de seguro de vida en la Argentina?

–La principal razón por la que no existe ese tipo de seguros aquí es la inflación, porque el seguro de vida es una inversión a largo plazo, entonces la gente tiene que confiar en que sus ahorros no van a ser eliminados por la inflación. Creo que es muy importante que la Argentina pueda desarrollar un negocio de ahorro a largo plazo, porque a través de esos ahorros a largo plazo se financia la economía.

-Además de lo que comentó, ¿cómo cree que impacta la inflación en su negocio en general?

-Otro efecto es que los seguros los siniestros se pagan un tiempo después de sucedidos, entonces si uno tiene mucha inflación es sumamente difícil proyectar cuánto va a tener que pagar. Esto es algo que experimentamos en Europa en la década del setenta, pero que ya por suerte allí se superó hace mucho. Reitero: esa variante introduce una enorme incertidumbre respecto de cuánto uno tendrá que pagar finalmente. La inflación es la enemiga del seguro, porque impide su crecimiento.

-¿Cómo ve la economía de la Argentina a poco más de un año de un nuevo gobierno?

–Tenemos confianza en la dirección que ha tomado el nuevo gobierno. Creemos que sigue habiendo muchísimos desafíos, de orden político y económico. Pero vemos, y éste es un buen parámetro, que los inversores internacionales están volviendo y tienen un enorme interés en la Argentina. Éste es nuestro caso también, ya que tenemos muchas expectativas puestas en nuestra operación en este país.

-¿Van a hacer inversiones en el país?

-Sí, somos líderes en el país y nuestro plan es invertir para aumentar todavía más ese liderazgo. Actualmente, tenemos 10% del mercado de automóviles. Para poder crecer, vamos a invertir, porque ésa es la única manera que conocemos de desarrollar el negocio.

-¿Cuánto van a invertir?

-Es difícil hablar de una suma en concreto, lo que sí le puedo asegurar es que en nuestro plan estratégico de estos años prevemos la reinversión de la totalidad de nuestras utilidades, lo cual no es poco decir.

-¿A cuánto ascienden esas utilidades?

-Preferiría no decirlo.

-¿Tienen planes de adquirir alguna empresa en la Argentina?

-Planes concretos, no. Pero en todo el mundo nuestro punto de vista es que tenemos que reforzar nuestra presencia en los mercados en los que estamos, y esto incluye fusiones y adquisiciones. Pero quisiera volver a una pregunta anterior. Justo antes del verano decidimos dónde queremos permanecer e invertir. Grupo Generali tiene compañías de seguros en 40 países y para cada uno de estos países estudiamos las perspectivas de mercado y nuestro posicionamiento. Allí decidimos salirnos de 15 mercados, porque nos parece que debemos permanecer sólo donde podemos tener una posición de liderazgo.

-Y la Argentina fue uno de los elegidos para quedarse…

-A eso quería llegar, precisamente. Entre los mercados en los que decidimos quedarnos está la Argentina. Es decir que hemos tomado una decisión clara para el largo plazo porque creemos que este país es estratégico y creemos que el mercado se va a desarrollar a medida que la economía se vaya estabilizando aún más.

-¿Qué vieron particularmente en la Argentina para tomar esa decisión?

-Estudiamos dos ejes en particular: nuestra compañía y el mercado. Por el lado de nuestra compañía, lo que comprobamos es que tenemos un muy buen equipo, una posición de liderazgo y una marca superlativa en La Caja. Es decir que podemos seguir construyendo a partir de esa base. Y si se abriera un nuevo mercado como el de seguros de vida, pensamos que podríamos ser ganadores en él. Por el lado del mercado, necesitamos una economía estable y creemos que aquí será más estable. La Argentina, con el producto bruto interno (PBI) de US$ 14.000 por habitante, es un mercado donde las necesidades de protección deberían crecer muchísimo en un futuro, sólo es una cuestión de tiempo.

-¿Cree que, pese a todos los obstáculos, es posible desarrollar el seguro de vida en el país?

-Sí, por supuesto que sí. Necesitamos una inflación menor y un buen entorno regulatorio. Pero si miramos otros mercados, esto es muy factible. Además, como dije, sería muy importante para la Argentina, porque para desarrollar una economía se necesitan ahorros estables a largo plazo invertidos en el mercado local.

-Además de la inflación, ¿qué otros problemas que pueden entorpecer su negocio ve en la Argentina?

-La verdad es que no tenemos otros problemas significativos. Encontramos la forma de desarrollar la compañía aquí a lo largo del tiempo, con los distintos vaivenes económicos que se han producido. Sí, debo reconocer, hay un componente mayor de litigiosidad, si uno se compara con otros mercados, lo que deriva en la mayor dificultad en la fijación de tarifas.

-¿Ve un buen ambiente para las fusiones y adquisiciones?

-Mi respuesta global sería que sí. El primer tema importante cuando uno analiza un mercado es la confianza que uno tiene sobre la economía a largo plazo. Nosotros hemos visto que aquí ha mejorado la confianza, entonces el ambiente se torna más favorable para las fusiones y adquisiciones. Por supuesto que sigue habiendo incertidumbre, pero vemos un ambiente que va mejorando poco a poco.

-¿Qué cambios ve en la demanda de los clientes respecto de lo que le pedían antes y lo que le exigen hoy?

-Globalmente, los clientes tienen más opciones, porque hay más competencia y pueden elegir interactuar con la compañía de seguros de diversas maneras, a través de Internet, de un productor o por teléfono. Entonces, lo que hace la diferencia hoy es la experiencia del cliente. Exigen cada vez más servicios de excelencia. Entonces nuestra primera prioridad es la experiencia de los clientes. Pero la gran tendencia es que tenemos que convertirnos en empresas tecnológicas. Tenemos que tener una muy buena experiencia de los clientes en la Web.

-¿Qué vinculación tiene Generali con el empresario Cristóbal López?

-El Grupo Generali le vendió al Grupo Indalo, de Cristóbal López, una compañía llamada Generali Argentina (que hoy se llama Providencia) y a partir de ahí no tiene ninguna vinculación con ese empresario. Esa operación es lo único que nos relaciona con López. Es más: Providencia hoy es competidora de Generali.

Fuente: La Nación, 29/03/17.

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Florencia Kirchner, sospechada de Lavado de dinero

La familia Kirchner declarará en marzo en la causa Los Sauces.
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En un nuevo escrito en la causa Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-, la diputada Margarita Stolbizer, pidió que se amplíe la figura del lavado de dinero sobre la propiedad en la que vive Florencia Kirchner, en la Ciudad, además de una serie de movimientos bancarios realizados en 2016 desde la cuenta de la «Sucesión Néstor Kirchner» que administraba Máximo Kirchner, por $ 6 millones. También hay sospechas por nuevos vínculos comerciales con Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo.

Los Sauces S.A. es la causa que lleva el juez Claudio Bonadio y en el marco de la cual Cristina Kirchner y sus hijos (todos accionistas de la firma), deberán declarar ante la Justicia la primera semana de marzo. Previamente, lo harán los empresarios K Cristóbal López y Lázaro Báez y 16 personas más: contadores, escribanos, apoderados de empresas y un hombre de extrema confianza de la ex Presidenta: Osvaldo Sanfelice.

Los Sauces SA fue constituida en 2006 por el ex Presidente, Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
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En la causa se investiga el presunto lavado de dinero, el pago de coimas, el enriquecimiento ilícito y la falsificación de documentos públicos. Después de observar una gran cantidad de transferencias millonarias entre las cuentas de la empresa, la de la «Sucesión NK» y a su vez, sociedades de Báez y López, el magistrado ordenó intervenir la inmobiliaria y la cuenta de la Sucesión. La medida estará vigente hasta junio y hasta entonces, el líder de La Cámpora quedó desplazado como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta de la herencia de su padre.

En este contexto, la diputada Stolbizer presentó nuevas pruebas y el pedido de ampliación del delito de lavado de activos sobre la propiedad que le pertenece a la inmobiliaria y en la que vive Florencia Kirchner –dueña del 22,5% de la firma y gerente de la misma-.

La casa de Florencia K

El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces SA tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por $ 4 millones «existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informara, egresó la suma de $ 3.959.000«, señala la denuncia. Según la documentación aportada por la entidad financiera, la ex Presidenta fue quien hizo dicho aporte en efectivo y «debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito».

Florencia Kirchner es gerente y accionista de Los Sauces SA.
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Ese mismo día, la inmobiliaria investigada por Bonadio, emitió un cheque bajo el concepto de «servicios» por el mismo valor: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo, donde vive Florencia Kirchner.

La casa fue vendida – con la intervención de Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, por Jorge Coscia y según la escritura pública la operación se hizo por U$S 370.000 pagados con los CEDINES. Según la diputada del GEN la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que se «desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero». Y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación». A raíz de esto, pide que «la operación sea investigada ya que podría responder a una maniobra de lavado».

En la investigación, la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos (propiedad de Los Sauces SA)​, es investigada por lavado. Fue comprada con NAPA una empresa de Sanfelice por $ 200.000 y vendida a la inmobiliaria por U$s 250.000. El Tribunal de Tasanción de la Nación determinó que su valor es más del doble de lo declarado por la ex Presidenta: U$S 570.000.

Romina Mercado intervino en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner.
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Movimientos sospechosos​

La cuenta de la «Sucesión NK» es materia de investigación en la causa por las transferencias millonarias ($ 63 millones según la UIF «sin justificación»), que realizó, no sólo con la cuenta de Los Sauces SA sino con empresas de Báez y de Cristóbal López. Quien realizó la mayoría de las operaciones fue Máximo Kirchner, según un informe de la UIF.

En este caso se designó como interventora a Raquel Moyano, quien advirtió que la cuenta dejó de tener actividad el 31 de diciembre de 2016 tras la intervención judicial. Durante el año pasado, recibía cerca de un millón de pesos mensuales. Esta cuenta está inhibida por el juez Bonadio. La interventora advirtió que el 2 de septiembre de 2016, la Sucesión NK recibió una transferencia por $ 6.829.065,88.

Al superar «ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos», Stolbizer pidió que se solicite la documentación respaldatoria de la operación y que se determine el origen y motivo de la transderencia.

Cristina Kirchner declarará el 7 de marzo en la causa Los Sauces SA.
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Quiénes declararán en la causa

La semana que viene comienzan las 21 indagatorias en el marco de Los Sauces SA. Los primeros serán apoderados de dos empresas de Báez que firmaron contratos de locación con la inmobiliaria. También estarán ante el juez Bonadio escribanos de confianza de la familia Kirchner y del empresario K. Báez y tres de sus hijos se presentarán a declarar, al igual que los dueños del Grupo Indalo. Los últimos dos días de indagatorias (6 y 7 de marzo), será el turno de los hijos de la ex Presidenta y finalmente, declarará ella.

Fuente: Clarín, 15/02/17.

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Lavado de Dinero K

Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo.
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Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.

Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha.
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Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.

La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.

Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.

Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.

Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF.
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Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.

Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.

El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos.
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Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.

La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.

A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.

Fuente: Clarín, 06/02/17.

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CFK: Un Holding de Asociaciones ilícitas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será denunciada mañana como supuesta responsable de una «asociación ilícita» formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno.

La ampliación de denuncia, a la que accedió Télam, será presentada por la diputada Margarita Stolbizer a través de su abogada, Silvia Martínez, en las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio.

La diputada Margarita Stolbizer, denunciante.

«Desde el año 2003 y en el período que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, diferentes funcionarios públicos (inclusive los presidentes mencionados) y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquellos, conformaron una asociación ilícita vinculada a la obra publica», sostiene Stolbizer en el texto.

En una denuncia previa, que viene desde 2008 y tiene el juez Julián Ercolini, Cristina ya había sido denunciada y es investigada bajo esa figura (asociación ilícita). Ahora la suma en dos causas más.

«Existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner», advierte Stolbizer en el texto.

Existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner», dice la presentación.

Y consideró que «el responsable principal de esa organización (ya que no sólo se unieron para cometer delito, sino que efectivamente los cometieron) fue hasta el año 2010 Néstor Kirchner y con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner»

Mirá también: Nunca se ha visto una mugre semejante

Una vez que Stolbizer presente la ampliación en ambos juzgados, los magistrados darán vista a la fiscalía para que determine si corresponde ampliar las investigaciones e imputar a la ex Presidenta y los demás mencionados por este delito, que prevé hasta 10 años de prisión.

Para Stolbizer, «todos los miembros conocían y querían formar parte de la asociación ilícita que aquí se denuncia. Su única finalidad era cometer delitos. No había determinación en la cantidad de delitos que se iban a consumar».

Todos los miembros conocían y querían formar parte de la asociación ilícita (…). Su única finalidad era cometer delitos. No había determinación en la cantidad de delitos que se iban a consumar», indica otro párrafo del escrito.

Esta ampliación se sumará a causas que ya tramitan Ercolini y Bonadio por supuesto lavado de activos en las empresas de la familia Kirchner «Los Sauces» y «Hotesur», pero que no incluían hasta el momento la figura de asociación ilícita.

Mirá también: El Gobierno de Cristina borró los datos de las cuentas de Báez en EE.UU.

Para las denunciantes, desde 2010 la ex Presidenta fue responsable de ese delito cometido para lograr otros como «malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y lavado de dinero».

Además, se incluirá en la denuncia a los ya imputados en las causas penales (la propia Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, por «Los Sauces»; y Cristina, Báez y Romina Mercado, por «Hotesur»); al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y a Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex administrador de Vialidad Nacional, Nélson Periotti.

«Sin perjuicio de la determinación de otros niveles de participación que han tenido otros funcionarios como Ricardo Echegaray, que también son materia de investigación judicial penal», agrega la presentación.

Stolbizer, que es querellante en ambas causas, detalló que la asociación ilícita se consumó para delinquir con la obra pública en el kirchnerismo.

«La mayor inversión en obra pública se destinó a la provincia de Santa Cruz y el 80% de esas obras las ganó el empresario Lázaro Báez, hoy procesado por lavado de dinero e investigado por varios otros delitos», recordó.

Y también con el rol que tuvo José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismohoy preso en la cárcel de Ezeiza, por los casi 9 millones de dólares que intentó arrojar en la madrugada del martes 21 de junio último dentro de un convento en General Rodríguez.

Se generó una ingeniería de facturas apócrifas (…), se simuló una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de blanquear el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación», sigue la acusación.

Para la denunciante, José López hacía que Báez cobrase por obras en primer lugar, cuando no había certificaciones y en muchos casos no se realizaban.

«La relación entre el empresario y el funcionario, ambos presos en el mismo penal, era muy estrecha. Los adelantos de obra eran el mecanismo predilecto de Báez y López para poder justificar millonarios desembolsos a empresas cercanas al kirchnerismo», indica.

«Claramente existía un acuerdo previo entre los miembros de esta asociación ilícita», agrega el texto.

«Se generó una ingeniería de facturas apócrifas a fin de dotar de una apariencia de legalidad al dinero ‘extra’, se simuló una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de ‘blanquear’ el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación», concluye la denuncia.

Fuente: clarin.com, 26/06/16.

CFK y bolsa de dinero

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Cristina Kirchner cerca de la cárcel

Cómo y cuándo son las únicas preguntas que pueden hacerse sobre el destino judicial de Cristina. Cómo y cuándo la Justicia golpeará las puertas de su casa. Ya no cabe preguntar si lo hará o no. Lo hará. El caso Báez terminará en ella. Si fuera cierto que el juez Sebastián Casanello quiere cerrar la causa con el juicio a Báez, el magistrado estaría desafiando el sentido común. Báez está siendo investigado por lavado de dinero. Cuando se compruebe ese delito, la Justicia deberá preguntarse qué dinero lavó. ¿Quién le dio el dinero que requería de un blanqueo? Generalmente, el dinero negro proviene del narcotráfico o de la corrupción. Descartado el tráfico de drogas en este caso, queda la corrupción. Se trata del mayor contratista de obras públicas de Santa Cruz, la provincia que Néstor y Cristina Kirchner gobernaron y gobiernan desde hace 25 años.

Lázaro Báez disiente de sus hijos, Martín y Leandro. Éstos lo espolean a declararse arrepentido y a dar información sobre las cuentas y las sociedades que existieron (¿existen?) entre él y los Kirchner. La primera respuesta de Lázaro fue que prefiere el silencio y dos años de cárcel antes que la delación. Uno de sus hijos, posiblemente Leandro, le hizo una pregunta sagaz: ¿y quién te dijo que serán dos años y no diez? En efecto, ¿quién le garantizaría que serían sólo dos años de prisión a cambio de nada? Cristina está en vilo. Una palabra de más de Báez podría anticipar dramáticamente su futuro.

En su declaración ante la Cámara Federal, Báez se mostró como un hombre envuelto por la nube negra de una depresión. Y dijo: yo no sé por qué estoy preso. Soy un empresario de la construcción que ganó licitaciones de obras públicas. ¿Qué hice mal? La exposición no deja de tener su razón formal. En tanto el juez Casanello no vaya más allá del presunto lavado de dinero, la culpa de Báez es confusa y difusa. ¿De dónde sacó el dinero que lavó? Su realidad cambia radicalmente si se colocan otros ingredientes al presunto lavado. Fue socio (o es) de quienes fueron presidentes de la Nación. Compartió propiedades con los Kirchner y les alquiló los hoteles a ellos. Recibió de los dos presidentes Kirchner la concesión de casi todas las obras públicas de Santa Cruz. No es un contratistas más.

¿Por qué tuvo dinero negro si el que recibió de las obras públicas fue dinero blanco? Los investigadores judiciales suponen que el dinero blanco de los sobreprecios debió pasar a negro para pagar sobornos y comisiones a funcionarios públicos. También es posible que haya tenido que devolver gran parte del dinero a sus auténticos dueños, la familia Kirchner. El dinero que recibió Báez, en síntesis, debió hacer un círculo interminable: pasar de blanco a negro y de negro a blanco. Por eso, la supuesta intención de Casanello de limitar su juicio a Báez refutaría cualquier noción de justicia. De hecho, el fiscal Guillermo Marijuan imputó en la causa de Báez a Cristina Kirchner y a Julio De Vido. Nada se explicaría sin Cristina y los Kirchner.

Una cosa es cuestionar a Casanello por lo que hace como juez. Otra cosa es la campaña que se abatió sobre él, que tiene la forma, el color y el perfume de las operaciones de los servicios de inteligencia, oficiales o residuales. La mejor muestra de que esa campaña existe fue la divulgación de una información imprecisa: se detectó, trascendió, que su celular estaba en Olivos cuando lo estaba el de Báez, en tiempos de Cristina Kirchner. Estaba en la zona de Olivos, pero todos entendieron que era la residencia presidencial. La madre de Casanello y su familia directa viven en Olivos. Inculpa más a Cristina Kirchner que el celular de Báez haya estado en Olivos; el empresario no tenía ahí otro lugar amigo que no fuera la casona presidencial. También las otras versiones (sobre supuestos pagos de Báez a Casanello) son típicas del espionaje, que desinforma con informaciones incomprobables.

Se supone que Mauricio Macri no tiene ningún interés concreto en apartar a Casanello de la causa. Gran parte de los servicios de inteligencia están, a su vez, fuera de control, y hay viejos espías que se quedaron sin trabajo con la caída del kirchnerismo. La estrategia de golpear sobre Casanello consistiría, según fuentes judiciales, en poner la causa de Báez en un laberinto sin fin de sorteos y recusaciones en la búsqueda de su prescripción. El problema de los que conspiran es que casi todos los sectores de la Justicia con poder son conscientes de la campaña contra Casanello, estén de acuerdo o no con sus decisiones. La mayoría de los jueces (incluida la Corte Suprema) comprendió, además, que una nueva era de impunidad provocaría la decepción social y una crítica colectiva a la Justicia como institución reguladora de la moral pública.

No es el único infortunio de Cristina. El juez Claudio Bonadio secuestró documentos importantes en su allanamiento a la empresa Indalo, la casa matriz de todas las empresas de Cristóbal López. El juez estaba buscando pruebas para la causa de la empresa Los Sauces, propiedad de los Kirchner y dueña de ocho edificios en varios lugares del país, que eran alquilados exclusivamente a López y Báez. La suerte de Cristina es esquiva. Esta causa, que también investiga el delito de lavado de dinero, está en manos del juez Bonadio, implacable con Cristina, y del fiscal Carlos Rívolo, otro magistrado que enfrentó al cristinismo en sus tiempos de gloria. Le tocó probar que Boudou se quedó con Ciccone sin pagar nada.

Mariana Zuvic, santacruceña y dirigente del partido de Elisa Carrió, denunció que Indalo, empresa de Cristóbal López, es en realidad propiedad de Cristina Kirchner. Dio una prueba de peso: después de la muerte de Néstor Kirchner, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y, por lo tanto, sobrina del ex matrimonio presidencial, fue nombrada miembro del directorio de Indalo. La información fue corroborada por otras fuentes con acceso a las empresas de López. ¿Mercado está ahí sólo para cobrar un sueldo o es la representante de confianza de accionistas importantes del conglomerado? La respuesta podría definir el destino de Cristina.

The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.

Miguel Pichetto, Diego Bossio, Sergio Massa y muchos gobernadores e intendentes jóvenes dicen que ese pasado no puede ser el futuro del peronismo. Cristina insiste: quiere ser presente y futuro. Se propuso acabar cuanto antes con Macri y terminar, así, con sus desastres judiciales. Su carta en Facebook fue amarga y resentida, pero dijo cosas muy graves. Escribió que las decisiones de Macri son como el huevo de la serpiente. Así se llamó una película de Ingmar Bergman en la que describió magistralmente los inicios del nazismo en Alemania. Días antes, Guillermo Moreno había dicho que el ex dictador Videla fue mejor que Macri. Semejantes comparaciones sólo pueden salir de mentes aterrorizadas por el previsible curso del destino.

Fuente: La Nación, 12/06/16.

Ricardo Echegaray: Espionaje al servicio del Latrocinio Kirchnerista

Más información:

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El libro que desnuda la corrupción de Ricardo Echegaray

El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista

La Justicia tras los K

Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.

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La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.

Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.

Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.

Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.

Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.

Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.

Ver: El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión

A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.

Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.

Fuente: La Nación, 18/05/16.

Cristina y la causa del dólar futuro

La letra chica del fallo contra Cristina

Por Carlos Pagni.

Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.

Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.

Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.

Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.

El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.

Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.

Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.

Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».

Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.

El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.

Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.

Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.

Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.

En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.

Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido. La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.

No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.

Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…

Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.

Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.

Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.

Fuente: La Nación, 16/06/16.

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