Mavis Wanczyk is 53, an employee at Mercy Medical Center and a mother of two. She lives in Chicopee. Won using family birthday numbers.
Ganó 758 millones de dólares en la lotería
agosto 25, 2017
EE.UU.: una mujer ganó US$ 758 millones, el mayor premio de lotería de la historia
Se trata de Mavis Wanczyk, que obtuvo el premio en el Powerball; deberá pagar casi la mitad en impuestos.
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WASHINGTON — Era un miércoles como cualquier otro para Mavis Wanczyk. Había terminado su turno en el Mercy Medical Center, un hospital en Springfield, Massachussets, y se preparaba para el viaje de regreso a casa cuando un colega, Rob, le leyó el número ganador del Powerball, uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos.
«¡Lo tengo!¡Lo tengo!», empezó a gritar. Su colega le pidió el boleto, lo miró, la miró y le dijo: «¡Ganaste!».
Wanczyk ganó el mayor premio de lotería en la historia de Estados Unidos para una sola persona, US$ 758,7 millones, que después del pago de impuestos le dejarán nada menos que 480,5 millones de dólares.
Wanczyk confesó que al principio le costó creerlo. Apenas se enteró, pensó que era una broma. Después, ya en su casa, tampoco sentía que era la ganadora. Pero ayer, mientras se dirigía a la conferencia de prensa que la convirtió en una figura mundial, ya comenzó a palpar su nueva realidad. Ganar la lotería le parecía un sueño imposible, confesó. Tras haber cumplido con ese sueño, decidió avanzar con otro: renunciar a su trabajo.
«Los llamé y les dije que no volvería», dijo Wanczyk entre risas, en una conferencia de prensa organizada por la lotería estatal de Massachusetts, en la cual posó al lado del cheque gigante con su nombre.
Había comprado el boleto ganador el miércoles por la tarde en una tienda de Chicopee, el pueblo donde vive. El número ganador: 6, 7, 16, 23, 26, y el Powerball, 4.
Cuando le preguntaron qué haría para celebrar, respondió: «Me voy a esconder en mi cama».
Fuente: La Nación, 25/08/17.
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La tremenda presión fiscal en Argentina
julio 2, 2017
El exorbitante impacto de los impuestos sobre los precios argentinos
Entre el 44 y el 38% del precio final de los alimentos corresponde a impuestos.
Por Annabella Quiroga.
Cambios. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, buscará avanzar en un proyecto de reforma tributaria.
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Del 17% de presión tributaria que el país tenía en promedio hace 30 años, este año se cerraría en 32,6% del PBI. Esta escalada no fue consecuencia de una reforma integral, sino de una sucesión de manotazos de ahogado de los gobiernos de turno para buscar fondos en momentos de escasez. Cambios en las alícuotas o en la base imponible fueron las herramientas más usadas. Sobre esto, lo que empezó como un tributo de emergencia, como el impuesto al cheque, terminó consolidándose como una piedra angular de la recaudación. Los gobiernos se las ingeniaron también para que la inflación jugara a favor de la recaudación, al dejar de actualizar los montos mínimos de distintos tributos. Así se formó el laberinto de la presión tributaria que hace que hoy, en productos tan básicos como el pan, el 38% del precio sean impuestos.
Para llegar a este porcentaje, el IARAF contempla toda la cadena comercial, desde los insumos hasta que el producto llega a la bolsa del consumidor final. Esto incluye a los tributos que afectan directamente a las empresas (por ejemplo, el impuesto a las Ganancias), como a sus empleados (componente previsional) o al consumidor final (IVA). También incide el impuesto a los Ingresos Brutos, promediando las distintas alícuotas que existen y los impuestos municipales, entre otros.
En el caso de los alimentos, en un producto como el chocolate, que está gravado con el IVA al 21%, el costo impositivo contenido en el precio final de venta es del 44,10%, lo que supone entre 7 y 8 puntos porcentuales más que en el 2000, por lo que la presión tributaria se incrementó entre 20 y 25%.
Fuera de alimentos, datos del mercado muestran que el caso más relevante es el de los cigarrillos, donde los impuestos constituyen el 88% del precio. También los celulares tienen una alta presión tributaria, del 67%. En autos, la carga es del 54,8%. Y en naftas, del 43%.
Al poner la lupa sobre el sistema tributario argentino, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque aparecen como los malos de la película. El tributarista Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, destaca que en “este impuesto está tan mal diseñado que en cada etapa de la producción, distribución, comercialización mayorista y comercialización minorista se paga una y otra vez, sin que esto genere derecho a crédito en la etapa siguiente. Cualquier estimación razonable muestra que Ingresos Brutos impacta entre 11 y 12% en el precio de venta final. Si a esto le agregamos el impuesto al cheque (1,2% en cada etapa), alrededor del 15% se explica sólo por estos dos impuestos”.
Según un relevamiento del estudio Idesa, el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 53% de la rentabilidad de un comercio promedio (de entre el 10 y el 15%), mientras que las contribuciones a la seguridad social implican el 29% de la rentabilidad y el impuesto al cheque, el 17%.
“Bajo el actual sistema tributario, solo quienes logran una rentabilidad superior a lo normal estarían en condiciones de cumplir con el pago de todos los impuestos y generar un excedente. Las ferias como la Salada son la demostración más cabal de la necesidad de contar con un Estado moderno, que gaste menos y administre mejor. Esta es la única vía para disminuir la presión impositiva”, sostiene IDESA.
El efecto de esta distorsión sobre los precios es uno de los motivos por los que los argentinos copan Chile para hacer compras. Según La Vista, el costo de la seguridad social en Argentina representa el 50% del salario de bolsillo de un trabajador, frente al 32% en Chile. “Este impacto sobre los costos de contratación indudablemente influye a la hora de la determinación del precio final”, a lo que se suma que los costos de importación de Chile son solo del 6% , en una economía de gran apertura comercial y con poca estructura productiva orientada al consumidor final. Después de haber tocado un pico de 34% en 2014, la presión tributaria consolidada tuvo una leve baja, a partir de los cambios en Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo hoy sigue ubicada en el nivel cercanos al promedio de la OCDE, que es del 34,2%, aunque con servicios e infraestructura más cercanos a los de los países en desarrollo. Esto engordó las arcas estatales, pero no fortaleció a las cuentas públicas. En los últimos 15 años, el indicador pasó del 20 al 32% del PBI y, en el mismo período, el saldo fiscal pasó de un superávit primario del 1% a un déficit de 4,2% esperado para este año.
En este contexto, se redoblan las presiones del sector empresario para bajar la presión fiscal, al mismo tiempo que los analistas advierten sobre la suba del gasto público y el peligro de que no se alcance la meta de reducir el déficit al 3,2%, prevista para 2018. Ante las demandas, el Gobierno promete que avanzará con una reforma fiscal pero sin afectar la recaudación.
Aunque la reforma no se discutirá en el recinto hasta después de las elecciones de octubre, en el Congreso ya se abrieron las conversaciones para delinearla, bajo la premisa de que la exorbitante presión tributaria atenta contra la productividad y, a la vez, alienta la evasión. En las reuniones entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda y los legisladores, se planteó que el foco de la reforma estará sobre los impuestos distorsivos. Pero esto impacta directamente sobre las cuentas de las provincias, lo que demuestra que será difícil encontrar el aval de los legisladores para hacer cambios que afecten la caja de los gobernadores. Por eso el ministro Nicolás Dujovne apuesta a impulsar un proyecto que incluya medidas de responsabilidad fiscal —el 25% de la presión impositiva lo aportan provincias y municipios— y a pasar gradualmente de mayor impacto sobre el consumo a mayor presión sobre la renta.
“Este Gobierno está limitado en cuanto a posibilidades financieras, pero tomó algunas medidas en favor de las pymes, como la eliminación del pago de Ganancia Mínima Presunta, o el pago a cuenta del impuesto al cheque y la obtención de créditos fiscales para los que invierten en tecnología”, señala La Vista. “No creo que la presión baje significativamente, pero sí podría lograrse una mayor equidad. El dilema se resuelve con crecimiento económico sumado a mayor responsabilidad fiscal”.
Fuente: Clarín, 02/07/17.
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El absurdo impuesto sobre las ventanas
mayo 5, 2017
El impuesto sobre las ventanas
Cuando se tributaban las ventanas en Inglaterra, los ciudadanos reaccionaron construyendo viviendas con menos ventanas, afectándose así la sanidad de la población.
Por Carlos Rodríguez Braun.
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Mientras las nuevas subidas de impuestos revolotean ya en los alféizares de los contribuyentes, conviene recordar que cuando se viola la libertad de los ciudadanos, éstos suelen reaccionar, en función de sus posibilidades y de los márgenes que el poder les conceda.
Un viejo impuesto inglés fue el «window tax«, el impuesto sobre las ventanas, establecido en 1696, y que duró hasta 1851. Como dicen Wallace E. Oates y Robert M. Schwab, se trató de un caso de manual sobre cómo un impuesto puede tener efectos colaterales graves sobre el bienestar social, no sólo en términos de equidad sino en una mala asignación de recursos (“The Window Tax: A Case Study in Excess Burden”, Journal of Economic Perspectives, invierno 2015).
Era un impuesto sobre los ocupantes, no los propietarios, y empeoró las condiciones de vida de los más pobres en las ciudades. Por cierto, era progresivo: no se pagaba si había menos de 10 ventanas; era de 6 peniques por ventana si había entre 10 y 14; 9 peniques si había entre 15 y 19; y un chelín si había 20 ventanas o más. Y tenía antecedentes, como el impuesto sobre las chimeneas, establecido por Carlos II en 1662: dos chelines por cada hogar y estufa en las casas de Inglaterra y Gales. Los «chimney-men» inspeccionaban las viviendas para contar los fuegos, al revés que el impuesto a las ventanas, que no exigía entrar en los domicilios: bastaban los «window peepers» que contaban las ventanas desde el exterior. Los economistas de entonces no lo respaldaron: Adam Smith lo criticó en La riqueza de las naciones.
La consecuencia del impuesto sobre las ventanas fue que pronto empezaron a construirse casas con pocas ventanas, y a cerrarse más y más ventanas en las casas ya construidas, tendencia que se aceleró considerablemente cuando el impuesto fue triplicado en 1797 para financiar las guerras napoleónicas. Fue un tributo muy regresivo contra los pobres y dañó especialmente la salud: “Una serie de estudios efectuados por médicos y otros especialistas demostraron que las malas condiciones sanitarias derivadas de la falta de una ventilación apropiada y aire fresco fomentaron la propagación de numerosas enfermedades como la disentería, la gangrena, y el tifus”.
La cuestión que se plantean los profesores Oates y Schwab es por qué duró tanto tiempo un impuesto que claramente tenía consecuencias nocivas para la vida de los ciudadanos y que llegó a representar una carga muy onerosa para ellos. La respuesta, como era de esperar, radica en el gasto: los impuestos no bajan porque el poder político necesita y le conviene gastar. En esa época era el gasto militar el gran justificador de la tributación, ahora es el gasto redistribuidor. Pero sea como fuere, la regla parece ser que “cuando los Estados necesitan aumentar mucho la recaudación, incluso un impuesto muy malo puede sobrevivir durante mucho tiempo”.
—Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 04/03/16.
Fuente: elcato.org
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Ventajas de los Paraísos Fiscales
abril 25, 2017
Ventajas de los Paraísos Fiscales
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
Los Paraísos Fiscales brindan numerosas ventajas. Las razones por las cuales cada día más inversores los emplean son que ofrecen una muy baja carga impositiva y permiten la creación de sociedades offshore que brindan mayor privacidad, además de contar con una legislación que pone énfasis en la protección de los inversores y sus bienes. Un creciente número de personas utilizan los paraísos fiscales con el fin de limitar los altos niveles de impuestos que pagan en sus países de residencia.
En finanzas se utiliza el término offshore (mar adentro), metafóricamente, para describir una actividad económica o inversión que se realiza fuera del propio país de residencia. por ejemplo: cuentas bancarias, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, sociedades extranjeras, fondos de inversión, etc.
En un Paraíso Fiscal los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio se encuentran exentos del pago de impuestos. De esta forma conviven dos sistemas fiscales diferentes.
La Protección de activos es una de los principales motivos por las que las empresas y los individuos abren cuentas en Paraísos Fiscales. Debido a la fuerte legislación de privacidad vigente en muchos de estos centros financieros off-shore, resulta muy difícil que un tercero pueda obtener acceso a la información sobre cuentas en el extranjero, inversiones o fideicomisos.
Con el desarrollo de la banca on line, ahora es posible acceder y operar desde cualquier lugar del mundo fácilmente y con absoluta confidencialidad y seguridad.
Por supuesto, resulta fundamental contar con el asesoramiento adecuado antes de tomar decisiones financieras tan importantes. Es imprescindible que el centro financiero offshore que elija se adapte a sus necesidades de protección de activos y sus necesidades fiscales. Nuestros años de experiencia en la industria offshore nos permiten ayudarle en la determinación de la jurisdicción más apropiado para usted y sus negocios.
Historia de los Paraísos Fiscales
Los ejemplos más tempranos del paraíso fiscal se encuentran dentro de la Europa medieval, donde varias jurisdicciones entraron en competencia unas con otras. Algunos ejemplos notables son la Ciudad del Vaticano, las Islas del Canal y la Isla de Man. Se acepta comúnmente que la definición moderna de un paraíso fiscal se formó primero en la época de justo después de la Primera Guerra Mundial.
Hay varios países que alegan ser el paraíso original precursor. Lichtenstein fue proactiva a mediados de 1920 para tratar de atraer inversiones extranjeras y estableció su Ley de Fideicomiso Marino y Bermuda creó sus Offshore Company Laws unos diez años más tarde tratando de ser un paraíso fiscal de relevancia. La percepción común, sin embargo, del centro financiero offshore más establecido es Suiza.
Historia del Paraíso Fiscal suizo
Suiza se presenta como el paraíso fiscal original y de mayor prestigio y, de hecho, este centro financiero offshore comenzó sus esfuerzos de banca desde el principio. Con la crisis económica y política en sus países vecinos, Suiza dio la bienvenida a la inversión de Rusia y Alemania, en particular a lo largo de la primera parte del siglo XXI.
Como Suiza se mantuvo neutral durante la primera guerra mundial, no tuvo ninguno de los costos de reconstrucción asociados a las luchas y, por lo tanto, fue capaz de ofrecer un refugio con impuestos mucho más bajos que los de sus vecinos a través de la competencia fiscal, de ahí la atracción de inversiones extranjeras.
En la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania ejercieron presión sobre Suiza para divulgar información acerca de las personas que utilizan la jurisdicción como paraíso fiscal. La respuesta suiza fue la introducción de una fuerte legislación de privacidad para proteger y salvaguardar sus inversores y, por tanto, consolidando Suiza como uno de los centros financieros offshore más seguros del mundo en términos de protección de activos.
Desarrollo del Paraíso Fiscal
Los Paraísos Fiscales se asociaron con la evitación individual de impuestos. Sin embargo, en los años de la posguerra, las empresas se vieron sobrecargadas por los impuestos y comenzaron a buscar alternativas. Esto es cuando nacieron Paraísos Fiscales Corporativos. Las empresas podrían beneficiarse de acuerdos fiscales entre su jurisdicción y el paraíso fiscal y pagar una tasa reducida del impuesto. Esto funcionó por un tiempo, pero los detalles técnicos que permitieron esto se eliminaron cuando las jurisdicciones de origen se dieron cuenta de la cantidad de impuestos que estaban perdiendo.
A mediados de los años 80, la figura de International Business Corporation (IBC) fue creada en Paraísos Fiscales corporativos. Algunas jurisdicciones, deseosas de atraer a las empresas extranjeras, crearon una legislación adecuada y vehículos que no estaban sujetos a impuestos locales y, por tanto, muy atractivos para entidades en el extranjero.
Una «international business company» o «international business corporation» (IBC) es una sociedad offshore, formada en virtud de la normativa de la jurisdicción como sociedad exenta de impuestos, pero que no está autorizada a llevar a cabo actividades comerciales dentro de la jurisdicción de su constitución.
Los primeros centros financieros extraterritoriales en establecer el IBC fueron Gibraltar y ciertos de países del Caribe, como las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Esto tuvo que ser modificado ligeramente cuando la OCDE -la Organización para la Cooperación y Desarrollo- ejerció presión sobre los centros financieros extraterritoriales a fin de cambiar la forma de trabajar con estas empresas en el extranjero.
Nuestra consultora le puede ayudar con el uso de un paraíso fiscal corporativo para asegurar la eficiencia y legalidad de sus negocios.
Fuente: Ediciones EP, 2016.
Más información:
Planificación Fiscal o Tax Planning
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Evasión fiscal, elusión fiscal y ahorro fiscal
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Los Bancos europeos se benefician operando en Paraísos Fiscales
marzo 27, 2017
Un informe revela cómo la gran banca europea se beneficia de los Paraísos fiscales
La normativa de transparencia de la Unión Europea deja al descubierto el opaco mundo de la fiscalidad de las grandes entidades financieras europeas.
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Un nuevo informe de Oxfam y la Fair Finance Guide International, llamado ‘Bancos en el exilio’, revela que los 20 principales bancos de la Unión Europea obtienen el 26% del total de sus beneficios en paraísos fiscales, porcentaje que se traduce en unos 25.000 millones de euros.
El doble de lucrativo
Según el documento, estas entidades financieras –que incluyen las españolas BBVA y Santander- utilizan los paraísos fiscales para «evitar el pago de los impuestos que les corresponden», para «facilitar a sus clientes la elusión» o para «sortear ciertas regulaciones o requisitos legales».
Las filiales ubicadas en paraísos fiscales resultan el doble de lucrativas para los bancos que las ubicadas en otros lugares: el informe revela que por cada 100 euros de actividad, obtienen un rendimiento de 42 euros en comparación con los 19 euros que obtienen de media en otras ubicaciones.
Los paraísos fiscales favoritos
Luxemburgo e Irlanda son los paraísos fiscales por excelencia: solo lo declarado en el primer país, donde la cantidad asciende a 4.900 millones de euros, supera a la suma del Reino Unido, Suecia y Alemania.
Asimismo, algunos de estos bancos europeos obtuvieron al menos 628 millones de euros en beneficios en paraísos fiscales en los que no contaban con ningún empleado. Por ejemplo, el francés BNP Paribas no tuvo que abonar ningún tributo por los 134 millones de euros de beneficio que obtuvo en las Islas Caimán, donde carecen de personal.
La ingeniería fiscal europea
Esta nueva investigación ha sido posible gracias a la nueva normativa de transparencia de la Unión Europea, que exige desde el 2015 a los bancos europeos que publiquen información sobre sus beneficios e impuestos.
Manon Aubry, oficial senior de incidencia política en materia de justicia fiscal de Oxfam, apunta que esta «permite hacernos una pequeña idea de la ingeniería fiscal de los principales bancos», aunque destaca que «el panorama no es agradable».
«Todas las empresas y personas deben actuar con responsabilidad y pagar los impuestos que les corresponden. La evasión y elusión fiscal priva a países de toda Europa y en desarrollo de fondos que precisan para pagar personal médico, educadores, cuidadores, etc.», concluye.
Fuente: actualidad.rt.com, 27/03/17.
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La mujer que ha puesto en jaque al impuesto de sucesiones
febrero 21, 2017
Cómo una mujer de 82 años ha puesto en jaque al impuesto de sucesiones
Por Carlos Salas.
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Durante años, heredar ha sido una ventaja en unas comunidades autónomas y un infierno en otras. Ahora, los españoles de las regiones que pagan muchos impuestos han dicho ¡basta ya! gracias a la protesta de una mujer de 82 años.
El hermano de Clavelina García murió y la mujer de 82 años heredó su piso en Pola de Siero, Asturias. Estaba valorado en 300.000 euros. Cuando empezó los trámites de las sucesiones, le dijeron que tenía que abonar 80.000 euros de impuestos. En efectivo y a Hacienda.
Clavelina ha tenido la mala suerte de vivir en Asturias. Los habitantes de Asturias junto con los de Andalucía son los más castigados por el llamado ‘impuesto de sucesiones’. Si una persona hereda un piso, un local o dinero, tendrá que pagar una cantidad que puede llegar a ser el 31,25% de lo heredado.
Clavelina ha tenido que pagar casi un tercio del valor . Y aquí viene la paradoja: no importa si Clavelina no puede vender la casa heredada: da igual porque para la comunidad asturiana es como si hubiera recibido 300.000 euros en metálico.
Mucha gente no tiene ahorros para desembolsar ese impuesto de modo que, o están obligadas a vender la herencia, o renunciar a ella. El año pasado se registraron 37.623 renuncias de herencias, como fruto de esta incapacidad de afrontar un gasto inesperado. Según el Consejo del Notariado, de 2007 a 2015 se cuadruplicaron las renuncias a herencias, pasando de 11.048 a 37.600.
Luego vino algo peor para Clavelina. Se percató de que en Madrid, por ejemplo, solo habría tenido que pagar una cantidad ínfima, digamos 800 euros. En esta comunidad, el estado bonifica hasta el 99% del impuesto. De modo que, depende de donde vivas, el estado te clava más o menos impuestos a las sucesiones. Clavelina se preguntó: ¿no somos todos iguales ante la ley? Eso dice el artículo 14 de la Constitución.
“Si tuviera dinero para irme de aquí me iría, pero no puedo. Están consiguiendo que Asturias pierda población y calidad de vida, la gente está cansada y quiere cambiar de residencia… Es una auténtica pena”, explicaba Clavelina a El Mundo.
Fue entonces cuando Clavelina inició su campaña contra este impuesto, y ha tenido mucho éxito. Desde programas de televisión como el de Espejo Público de Susana Griso, hasta entrevistas en los periódicos y una recogida de firmas en la plataforma change.org. El movimiento iniciado por Clavelina se está convirtiendo en un clamor nacional. Ahora está en marcha una petición en change.org para que el gobierno asturiano bonifique el impuesto y que lleva 14.000 firmas. Una petición parecida para la Junta de Andalucía logró recoger 129.000 firmas.
En Facebook se expande como la pólvora encendida una información de hace dos años según la cual el Tribunal de Justicia Europeo dictó que era injusto ese tratamiento desigual en las comunidades españolas. El Tribunal se refería a las diferencias de trato entre residentes y no residentes de la UE, que al fin y al cabo, se parece mucho a la discriminación que sufren los españoles que viven en comunidades diferentes.
Hace pocas semanas un inspector de siniestros en Andalucía creó la Asociación Stop Impuesto Sucesiones. Se llama Juan Carlos Valverde, es de Sevilla, tiene 55 años, y considera que pagar este impuesto es “el peor siniestro”. En una entrevista que concedió a ABC Sevilla, Valverde confesó que este impuesto ataca sobre todo al ahorrador y es “un expolio institucional”.
¿Cómo funciona el impuesto de sucesiones? Es un impuesto estatal. Para herencias entre familiares directos se paga aplicando una tarifa progresiva que va del 7,65% al 34%. Como es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden introducir beneficios fiscales aplicables a sus residentes. “Así por ejemplo, en Baleares las herencias entre familiares directos residentes tributan como máximo al 1%”, explica la página web de DMS Consultores.
Andalucía, Asturias, Aragón y Extremadura no son tan generosas como Baleares o Madrid. En Asturias, una herencia puede pagar desde el 7,75 (por debajo de 8.000 euros de herencia) al 36,5% (por encima de los 800.000 euros).
El problema es que una persona sin recursos que reciba una herencia media, digamos de 150.000 euros, tiene que pagar 23.000 euros. ¿Y si no tiene ahorros? Para los ricos, no es un problema. Pero para los que no tienen ahorros, eso les obliga a vender la propiedad. En tiempos de crisis, cuando nadie quería comprar pisos o casas, tenían que rebajar el precio de la vivienda o renunciar.
Curiosamente, hay una coincidencia entre el impuesto y el partido que gobierna esa comunidad. No se aplican exenciones en regiones gobernadas por el PSOE, y en dos de ellas, Andalucía y Extremadura, sufren la menor renta per cápita del país. Por decirlo de otra manera, el estado obtiene sus recursos sacándole el jugo a los ciudadanos, especialmente a los más pobres.
Casualmente, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana comentó en un programa que, aunque a ella le convenía que no hubiera impuesto de sucesiones, en realidad, todo el escándalo se había armado para atacar al PSOE. Inmediatamente recibió por las redes sociales una tormenta de críticas, incluidas las de Valverde, quien manifestó que la presentadora estaba “frivolizando el drama”.
Fuente: idealista.com
Más información:
Impuesto a la Herencia (Prov. de Buenos Aires)
Donación, Nuda Propiedad y Usufructo
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Los Impuestos son un Robo
enero 4, 2017
Los Impuestos son un Robo
Artículos relacionados con el tema de los Impuestos en general y a lo largo de la historia de la humanidad.
CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL IMPUESTO
EGIPTO
Durante los varios reinos de los faraones egipcios, los recaudadores de impuestos eran conocidos como escribas. En un período los escribas impusieron un impuesto en el aceite de cocina. Para asegurarse de que los ciudadanos no estaban burlando el impuesto, los escribas auditaban las cantidades apropiadas de aceite de cocina que eran consumidas, y que los ciudadanos no estaban usando residuos generados por otros procesos de cocina como sustitutos para el aceite gravado.
GRECIA
En tiempos de Guerra los atenienses creaban un impuesto conocido como eisfora. Nadie estaba exento del impuesto, que era usado para pagar gastos especiales de guerra. Los griegos fueron una de las pocas sociedades capaces de rescindir el impuesto una vez que la emergencia de guerra había pasado. Cuando por el esfuerzo de guerra se generaban ingresos adicionales, los recursos eran utilizados para devolver el impuesto.
Atenas imponía un impuesto mensual de censo a los extranjeros-gente que no tenían madre y padre atenienses- de un dracma para hombres y medio dracma para mujeres. El impuesto era llamado metoikion.
IMPERIO ROMANO
Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de importación y exportación llamados portoria.
César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Durante su gobierno como “Primer Ciudadano”, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno central. Durante este período se dio a las ciudades la responsabilidad de recaudar impuestos. César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era de 5% para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas.
Los ingleses y holandeses se referían al impuesto de Augusto sobre la herencia para desarrollar sus propios impuestos sobre herencias.
Durante el tiempo de Julio César se impuso un impuesto de un uno por ciento sobre las ventas. Durante el tiempo de César Augusto el impuesto sobre las ventas era de un 4% y de un 1% para todo lo demás.
San Mateo fue un publicano (recaudador de impuestos) en Cafarnaum durante el reino de César Augusto. Él no era de los viejos publicanos sino un contratado por el gobierno local para recaudar impuestos.
En el año 60 D.C., Boadicea, reina de la Inglaterra Oriental, dirigió una revuelta que puede ser atribuída a corruptos recaudadores de impuestos en las islas británicas. Se afirma que su revuelta ocasionó la muerte de todos los soldados romanos en cien kilómetros a la redonda, ocupó Londres y ocasionó más de 80,000 muertos. La Reina pudo reclutar un ejercito de 230,000 hombres. La revuelta fue aplastada por el Emperador Nerón, y ocasionó el nombramiento de nuevos administradores para las Islas Británicas.
GRAN BRETAÑA
El primer impuesto comprobado en Inglaterra tuvo lugar durante la ocupación por el Imperio Romano.
Lady Godiva
La Sra. Godiva fue una mujer anglosajona que vivió en Inglaterra durante el siglo XI. De acuerdo con la leyenda, el esposo de la Sra. Godiva, Leofric, Barón de Mercia, prometió reducir los altos impuestos que había establecido sobre los residentes de Coventry, cuando ella accedió a cabalgar desnuda por las calles de la ciudad.
Cuando cayó Roma, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos como Danegeld, sobre tierras y propiedades. Los reyes impusieron asimismo sustanciales derechos de aduana.
La Guerra de los cien años (el conflicto entre Inglaterra y Francia) comenzó en 1337 y terminó en 1453. Uno de los factores claves que renovó la lucha en 1369 fue la rebelión de los nobles de Aquitania contra las opresivas políticas fiscales de Edward, El Príncipe Negro.
Los impuestos durante el siglo XIV eran muy progresistas. La encuesta sobre el impuesto de 1377 mostró que el impuesto sobre el Duque de Lancaster era 520 veces mayor que el que gravaba al campesino corriente.
Bajo los primeros esquemas fiscales se impusieron impuestos a los acaudalados, los que tenían cargos públicos, y el clero. Se gravó a los comerciantes con un impuesto sobre los bienes muebles. Los pobres pagaban poco o ningún impuesto.
Carlos I fue finalmente acusado de traición, y decapitado. Sin embargo, sus problemas con el Parlamento resultaron a causa de un desacuerdo, en 1629, sobre los derechos de imponer impuestos otorgados al Rey y los otorgados al Parlamento.
El mandato real establecía que a los individuos se les gravaría de acuerdo con su posición y recursos. De ahí que la idea de impuesto progresivo sobre los que tenían capacidad para pagar se desarrolló muy temprano.
Otros impuestos notables impuestos durante este período fueron los de la tierra y otros diversos sobre consumo. Para pagar al ejercito mandado por Oliver Cromwell, el Parlamento, en 1643, impuso impuestos sobre consumo de artículos esenciales (granos, carnes, etc.) Los impuestos por el Parlamento allegaron aun más fondos que los impuestos por Carlos I, especialmente de los pobres. El impuesto sobre el consumo fue muy regresivo, pesando tanto sobre los pobres que ocasionó los motines de Smithfield en 1647. Los disturbios ocurrieron porque los nuevos impuestos disminuyeron la capacidad que tenían los trabajadores rurales de comprar trigo, al extremo de que una familia de cuatro moriría de inanición. Además del impuesto sobre consumo, fueron cercadas las tierras comunes usadas por los campesinos para cazar, y les fue prohibido hacerlo. (¡Viva Robin Hood!)
Un precursor del impuesto moderno que hoy conocemos, fue creado por los británicos en 1800, para financiar la guerra contra Napoleón. El impuesto fue abolido en 1816, y sus oponentes, que pensaban que sólo debía ser usado para financiar guerras, querían que todos los informes sobre el impuesto fueran destruídos, junto con su abolición. Los informes fueron quemados públicamente por el Secretario del Tesoro, pero se conservaron copias en los sótanos del Tribunal de Impuestos.
AMERICA COLONIAL
Los colonos pagaban impuestos según la Ley de Melados, que fue modificada en 1764 para incluír derechos de importación sobre melados extranjeros, azúcar, vino, y otros artículos. La nueva legislación fue conocida como Ley del Azúcar.
Debido a que la Ley del Azúcar no rendía cantidades sustanciales de ingresos, se añadió la Ley del Timbre de 1765. La Ley del Timbre imponía impuesto directo sobre todos los periódicos impresos en las colonias y la mayoría de los documentos comerciales y legales.
AMERICA POST REVOLUCIONARIA
En 1794, colonos al occidente de las Alleghenies, en oposición al impuesto de 1791 sobre consumo, de Alexander Hamilton , comenzaron lo que es ahora conocida como “La Rebelión del Whiskey”, un impuesto sobre consumo que era considerado discriminatorio y los colonos se rebelaron contra los recaudadores de impuestos. Eventualmente el Presidente Washington envió tropas para extinguir los motines. Aunque dos colonos fueron condenados por traición, el Presidente les concedió perdón.
En 1798 el Congreso promulgó el Impuesto sobre la Propiedad, para pagar la expansión del Ejército y la Marina en caso de una posible guerra con Francia. El mismo año, John Fries comenzó lo que es conocido como “La Rebelión de Fries”, en oposición al nuevo impuesto. Nadie resultó herido o muerto en la insurrección y Fries fue arrestado por traición, pero fue eventualmente perdonado por el Presidente Adams en 1800. Sorprende el hecho de que Fries fue el líder de una unidad de milicias llamada para suprimir la “Rebelión del Whiskey”.
Fue en 1812 que se sugirió el primer impuesto en Estados Unidos. El impuesto estaba basado en la Ley Británica de Impuestos de 1798 y aplicaba tasas progresivas a los ingresos. Las tasas eran de .08% en ingresos superiores a 60 libras esterlinas, y 10% en ingresos superiores a 200 libras esterlinas. El impuesto se elaboró en 1814, pero nunca se impuso, porque el Tratado de Ghent fue firmado en 1815, terminando las hostilidades y la necesidad de ingresos adicionales.
La ley de impuestos de 1861 proponía que “se gravará, recaudará y pagará, sobre el ingreso anual de todas las personas residentes de Estados Unidos, que se derive de cualquier tipo de propiedad, ocupación profesional, empleo, o vocación efectuada en Estados Unidos o cualquier otro lugar, o de cualquier otra fuente.”
La Ley de Impuestos de 1861 fue aprobada, pero nunca implementada. Las tasas según la ley eran de 3% sobre ingresos de más de $800.00, y de 5% sobre individuos viviendo fuera de Estados Unidos.
La Ley de Impuestos fue aprobada y firmada por el Presidente Lincoln en Julio 1o de 1862. Las tasas eran de 3% sobre ingresos mayores de $600.00 y de 5% sobre ingresos mayores de $10,000.00. La renta o valor de renta de su hogar podía ser deducida de los ingresos para determinar la obligación tributaria. El Comisionado de Impuestos declaró “El pueblo de este país lo ha aceptado con júbilo, para afrontar una exigencia temporal, y no ha provocado serias quejas en esta Administración”. La aceptación fue debida mayormente debido a la necesidad de ingresos para financiar la guerra civil.
Aunque la gente aceptó el impuesto de buena gana, no fue alto su cumplimiento. Las cifras dadas después de la guerra civil, indicaban que 276,661 personas llenaron en realidad las declaraciones de impuestos en 1870, (el año que tuvo más declaraciones), cuando la población del país era de aproximadamente 38 millones.
La ley de impuestos de 1864 fue aprobada para allegar ingresos adicionales en apoyo de la guerra civil.
El Senador Garret Davis, al comentar el principio guía de los impuestos, mencionó el “reconocimiento de la idea de que los impuestos deben ser pagados de acuerdo con la capacidad de la persona para pagar”.
La tasa de impuestos para la Ley de Impuestos de 1864 era de 5% para ingresos entre $600.00 y $5,000.00, 7.5% para ingresos entre $5001.00 y $10,000, y de 10% para ingresos mayores de $10,000.00. La deducción de renta o valor de renta fue limitada a $200.00. Se permitió una deducción para reparaciones.
Con el final de la guerra civil, la aceptación placentera de los impuestos se desvaneció. La ley de impuestos de 1764 fue modificada después de la guerra. Las tasas fueron cambiadas a un 5% fijo con la cifra de exención elevada a $1,000.00. Se hicieron algunas tentativas para hacer permanente el impuesto, pero para 1869 “no había hombre de negocios que pudiera pasar el día sin sufrir de esas cargas” (The Times). De 1870 a 1872 la tasa era un 2.5% fijo y la cifra de exención se elevó a $2,000.00.
El impuesto fue derogado en 1872 y en su lugar fueron establecidas significativas restricciónes de tarifas que fungieron como la mayor fuente de ingresos para los Estados hasta 1913. En 1913 se aprobó la décimo sexta enmienda, que concedía autoridad al Congreso para gravar los ingresos de la ciudadanía derivadas de cualquier fuente.
Debe notarse que la Ley de Impuestos de 1864 fue cuestionada varias veces. El Tribunal Supremo unánimemente apoyó el impuesto. Después de la guerra el impuesto fue declarado inconstitucional por el mismo Tribunal, porque representaba un impuesto directo sobre el ciudadano, que no estaba permitido según la Constitución.
1930s
Durante los 1930, los impuestos federales individuales nunca fueron mayores del 1.4% del PDB . Los impuestos a las corporaciones nunca fueron más del 1.6 % del PDB. En 1990, esos mismos impuestos eran 8.77 y 1.9% del PDB respectivamente.
Cambios en el Impuesto de Seguridad Social
He aquí alguna información interesante sobre la Ley de Contribuciones de la Seguridad Federal (FICA). Gracias a Harold Eyer por señalar este sitio.
Hojas sobre hechos: Impuestos
Historia del Sistema de Impuestos de Estados Unidos.
Los sistemas de impuestos federales, estatales y locales se han señalado por cambios significativos al paso de los años, en respuesta a circunstancias cambiantes y a cambios en el papel del Gobierno. El tipo de impuestos recaudados, sus proporciones relativas, y la magnitud de los ingresos recaudados son todos muy diferentes de lo que eran hace 50 o 100 años. Algunos de esos cambios podían vincularse a eventos históricos específicos, tales como la guerra o la aprobación de la Décimo Sexta Enmienda de la Constitución, que otorgaba al congreso el poder de gravar con un impuesto el ingreso personal. Otros cambios fueron más graduales, respondiendo a cambios en la sociedad, en nuestra economía, y los papeles y responsabilidades que el gobierno se ha atribuído.
Tiempos coloniales
Por la mayor parte de la historia de nuestra nación, los contribuyentes individuales raramente han tenido algún contacto significativo con las autoridades fiscales federales, ya que los más de los ingresos fiscales del gobierno federal se derivaban de impuestos sobre consumo, tarifas, y derechos de aduana. Antes de la guerra revolucionaria, el gobierno colonial tenía sólo una necesidad limitada de ingresos, puesto que cada una de las colonias tenía mayores responsabilidades y por lo tanto más necesidades de ingresos, las que afrontaban con distintos tipos de impuestos. Por ejemplo, las colonias sureñas gravaban principalmente las importaciones y exportaciones, las colonias del centro a veces imponían un impuesto sobre la propiedad y uno “por cabeza” o impuesto censual, gravando a cada varón adulto, y las colonias de Nueva Inglaterra recaudaban ingresos principalmente a través de impuestos sobre bienes inmuebles, impuesto sobre consumo, e impuestos basados en la ocupación.
La necesidad que tuvo Inglaterra de pagar sus guerras con Francia la condujo a imponer una serie de impuestos sobre las colonias americanas. En 1765, el Parlamento inglés aprobó la Ley del Timbre, que fue el primer impuesto gravando directamente a las colonias americanas, y después el Parlamento impuso un impuesto al té. Aunque los colonos estaban forzados a pagar esos impuestos, carecían de representación en el Parlamento Inglés. Esto condujo al grito de movilización de la Revolución Americana – “Impuestos sin representación es tiranía” y estableció una preocupación persistente en cuanto a impuestos como parte de la cultura americana.
La era post revolucionaria.
Los artículos de la Confederación, aprobados en 1781, reflejaban el temor Americano a un gobierno central fuerte, y por tanto retuvieron mucho del poder político en los Estados. El Gobierno Nacional tiene pocas responsabilidades, y carece de sistema de impuestos nacional, basándose en aportaciones de los Estados para sus ingresos. Bajo esos artículos, cada Estado era un entidad soberana y podía gravar impuestos como quisiese.
Cuando la Constitución fue adoptada en 1789, los padres fundadores reconocieron que ningún gobierno podía funcionar si dependía completamente de otros gobiernos. Para sus recursos, pues, se concedió autoridad al Gobierno Federal de establecer impuestos. La Constitución dotó al Congreso con el poder de “establecer y recaudar impuestos, derechos, impuestos sobre consumo, pagar deudas y proveer a la defensa y bienestar general de Estados Unidos”. Siempre en guardia contra el poder del Gobierno Central para eclipsar el poder de los Estados, la recaudación de impuestos quedó como responsabilidad de los gobiernos estatales.
Para pagar las deudas de la Guerra revolucionaria, el Congreso estableció impuestos sobre consumo de licores destilados, tabaco y rapé, azúcar refinada, carruajes, propiedad vendida en subastas, y diversos docmentos legales. Aún en los primeros días de la República, sin embargo, los propósitos sociales influyeron sobre lo que sería gravado. Por ejemplo, Pennsylvania decretó un impuesto de consumo “para restringir su uso inmoderado a personas de bajas circunstancias”. Los dueños de propiedades dieron apoyo adicional a ese impuesto específico, pues esperaban así mantener a bajo nivel las tasas de impuestos a la propiedad, ofreciendo un ejemplo temprano de las tensiones políticas que subyacen las decisiones sobre política de impuestos.
Aunque las políticas sociales a veces gobernaron el curso de las políticas fiscales aun en los días tempranos de la República, la naturaleza de esas políticas no se extendieron a la recaudación de impuestos a fin de igualar ingresos y fortunas, o con el propósito de redistribuir ingresos o fortuna. Según escribió Thomas Jefferson refiriéndose a la cláusula del “bienestar general”: Tomar de alguien, porque se piensa que su propia industria y la de su padre han adquirido demasiado, a fin de salvar para otros (o sus padres) que no ejercieron la misma industria y habilidad, es violar arbitrariamente el primer principio de la asociación, “garantizar a todos un ejercicio libre de su industria y los frutos por ella adquiridos”.
Con el establecimiento de la nueva nación, los ciudadanos de las varias colonias tenían ahora una adecuada representación democrática, sin embargo muchos americanos aún se oponían y resistían impuestos que estimaban injustos o impropios. En 1794, un grupo de granjeros del suroeste de Pennsylvania se opuso físicamente al impuesto del whiskey, forzando al Presidente Washington a enviar tropas federales para extinguir la rebelión del whisky, estableciendo así el importante precedente de que el gobierno federal estaba decidido a imponer sus leyes fiscales. La rebelión del whisky también confirmó, sin embargo, que la resistencia a impuestos injustos o más altos, que condujo a la declaración de independencia, no se evaporaba con la formación de un gobierno nuevo, representativo.
El gobierno federal impuso los primeros impuestos directos en los propietarios de casas, tierras, esclavos, y haciendas. Estos impuestos eran llamados directos porque son impuestos recurrentes pagados directamente al gobierno por el contribuyente, basado en el valor del artículo que es la razón del impuesto.. El tema de los impuestos directos, en oposición a los indirectos, jugó un papel crucial en la evolución de la política de impuesto federal en los años siguientes. Cuando Thomas Jefferson fue electo presidente en 1802, los impuestos directos fueron abolidos y por los siguientes 10 años no hubo impuestos de ingresos internos más que los impuestos sobre consumo.
Para allegar dineros para la guerra de 1812, el Congreso impuso impuestos adicionales sobre consumo, elevó ciertos derechos aduanales, y allegó fondos mediante la emisión de bonos de tesorería. En 1918 el Congreso abolió esos impuestos y por los siguientes 44 años el Gobierno Federal no recaudó ingresos internos. En su lugar, el Gobierno recibió los más de sus ingresos a través de altos derechos de aduana y la venta de tierras públicas.
La Guerra Civil.
Cuando estalló la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de 1861, que restauró anteriores impuestos sobre consumo e impuso impuestos sobre ingresos personales. El impuesto dispuso un gravamen de 3% sobre todos los ingresos superiores a $800.00 al año. Este impuesto sobre ingreso personal fue una nueva dirección para un sistema de impuesto federal basado principalmente en impuestos sobre consumos y derechos de aduana. Ciertas inconveniencias del impuesto fueron rápidamente reconocidas por el Congreso y por tanto ninguno fue recaudado hasta el año siguiente.
Hacia la primavera de 1862 se hizo claro que la guerra no terminaría rápidamente y con la deuda de la Unión aumentando a un ritmo de $2 millones diarios, fue igualmente claro que el Gobierno Federal necesitaría ingresos adicionales. En Julio 1, 1862, el Congreso aprobó nuevos impuestos sobre consumo en artículos como juegos de naipes, pólvora para armas, plumas, telegramas, hierro, cuero, pianos, yates, mesas de billar, drogas, medicinas de patentes, y whisky. Muchos documentos legales fueron también gravados, y se cobraron derechos de licencia sobre casi todas las profesiones y ocupaciones.
La ley de 1862 hizo también importantes reformas al impuesto federal sobre ingresos, que presagiaron rasgos importantes del impuesto actual. Por ejemplo, se legisló una estructura de dos niveles, con tasas de gravamen de 3% sobre ingresos de hasta $10,000.00, e ingresos mayores gravados a un 5%. Se aprobó una deducción normal de $600.00 y una variedad de deducciones fueron hechas adecuadas a cosas como rentas de alquiler, reparaciones, pérdidas, y otros impuestos pagados. Además, a fin de asegurar una recaudación puntual, los impuestos fueron “retenidos en la fuente” por los empleadores.
La necesidad de ingresos federales declinó rápidamente después de la guerra, y la mayoría de los impuestos fue abolida. Hacia 1868, la fuente principal de ingresos gubernamentales se derivaba de los impuestos sobre alcohol y tabaco. El impuesto sobre ingresos fue abolido en 1872. De 1868 a 1913, casi el 90% de todos los ingresos se recaudaba de los impuestos de consumo todavía vigentes.
La Enmienda 16.
De acuerdo con la Constitución, el Congreso sólo podía gravar con impuestos directos si eran decretados en proporción a la población de cada Estado. De tal manera que cuando un impuesto federal uniforme fue promulgado en 1894, fue inmediatamente impugnado y en 1895 el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional, porque era un impuesto directo no proporcionado de acuerdo a la población de cada Estado.
Careciendo de los fondos de un impuesto sobre ingresos y con rígida resistencia contra toda otra forma de impuestos internos, desde 1896 hasta 1910 el Gobierno Federal dependía fuertemente de altas tarifas para sus recaudaciones. La Ley de Ingresos de Guerra de 1899 trató de levantar fondos para la Guerra Hispano-Americana mediante la venta de bonos, impuestos sobre instalaciones de recreo usadas por los obreros, y prodigó impuestos sobre la cerveza y el tabaco. Inclusive se creó un impuesto para la goma de mascar. La ley expiró en 1902, de manera que las entradas de impuestos federales descendieron de un 1.7% a un 1.3% del PDB.
Mientras que La Ley de Ingresos de Guerra volvió a fuentes tradicionales de ingresos de acuerdo con la decisión de 1895 del Tribunal Supremo en cuanto a impuesto sobre ingresos, el debate sobre fuentes alternativas de ingresos se mantuvo intenso. La nación se hacía crecientemente consciente de que las altas tarifas e impuestos sobre consumo no eran política económica sana y frecuentemente gravaban desproporcionalmente a los menos favorecidos. Se presentaron propuestas por congresistas de áreas rurales para reinstaurar el impuesto sobre ingresos, pues sus electores temían un impuesto federal sobre las propiedades, especialmente sobre la tierra, como reemplazo por los impuestos sobre consumo.
Eventualmente el debate sobre el impuesto a ingresos enfrentó a congresistas del sur y del oeste, representando áreas mayormente agrícolas y rurales contra el industrial noreste. El debate produjo un acuerdo que pedía un impuesto, llamado impuesto al consumo, que se impondría a los ingresos de los negocios, y una enmienda constitucional que permitiera al Gobierno Federal gravar con impuestos los legítimos ingresos individuales, independientemente de la población de cada Estado.
Hacia 1913, 36 Estados habían ratificado la Enmienda Constitucional 16. En Octubre el Congreso aprobó un nuevo impuesto sobre ingresos con tasas comenzando por un 1% y subiendo hasta un 7% para contribuyentes con ingresos que excedieran $500,000.00. Menos de un 1% de la población pagaba impuesto sobre ingresos por aquel entonces. El modelo 1040 fue establecido como la declaración normal de impuestos que, aunque cambiada en muchas formas a través de los años, permanece en uso hoy día.
Uno de los problemas con la ley de impuesto sobre ingresos fue cómo definir ingreso “legítimo”. El Congreso resolvió este problema enmendando la ley en 1916 y suprimiendo la palabra “legítimo” al definir ingresos. Como resultado, todos los ingresos estaban sujeto a gravamen, aunque fuera obtenido por medios ilegales. Algunos años después el Tribunal Supremo declaró que la quinta enmienda no podía ser usada por contrabandistas y otros que derivaban ingresos con actividades ilegales, a fin de eludir el pago de impuestos. En consecuencia, muchos que infringieron varias leyes asociadas con actividades ilícitas, y pudieron escapara a la justicia por esos crímenes, fueron encarcelados por evasión de impuestos.
Con anterioridad a la promulgación del impuesto sobre ingresos, muchos ciudadanos pudieron proseguir sus asuntos financieros sin conocimiento directo del Gobierno. Individuos ganaban sus salarios, los negocios ganaban sus utilidades, y la fortuna era acumulada o gastada con poca o ninguna interacción con entidades gubernamentales. El impuesto sobre ingresos cambió fundamentalmente esta relación, dando al Gobierno el derecho y la necesidad de conocer todas las formas de la vida económica de individuos o negocios. El Congreso reconoció la inherente intromisión del impuesto sobre ingresos en los asuntos personales de los contribuyentes y así, en 1916, proveyó a los ciudadanos con algún grado de protección, al requerir que la información de impuestos sobre ingresos fuera mantenida confidencial.
La primera guerra mundial y los 1920s.
La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial incrementó grandemente la necesidad de ingresos y el Congreso respondió aprobando la Ley de Ingresos de 1916. La Ley de 1916 aumentó la menor tasa de impuestos de un 1 a un 2 por ciento, y elevó la tasa mayor al quince por ciento en contribuyentes con ingresos de más de $1.5 millones de dólares. La ley de 1916 también impuso gravámenes en haciendas y ganacias comerciales excesivas.
Impulsado por la Guerra y mayormente financiado por el Nuevo impuesto sobre ingresos, hacia 1917 el Presupuesto Federal era casi igual al presupuesto total de todos los años entre 1791 y 1916. Con necesidad de aún mas ingresos, la Ley de Ingresos de Guerra disminuyó las exenciones y aumentó grandemente las tasas de impuestos. En 1916, un contribuyente necesitaba un ingreso gravable de $1.5 millones para pagar una tasa de 15%. Hacia 1917, un contribuyente con sólo $40,000.00 afrontaba una tasa de 16% y el individuo con $1.5 millones . afrontaba una tasa de impuestos de 67%.
Otra ley sobre ingresos fue aprobada en 1918, que una vez más aumentó los impuestos, esta vez elevando la tasa más baja hasta un 6%, y la más alta a un 77%. Estos cambios aumentaron el ingreso de $716 millones en 1916 a 3,600 millones en 1918, que representaba alrededor de un 25% del PDB. Sin embargo, aún en 1918, sólo un cinco por ciento de la población pagaba impuestos sobre ingresos, y aún así el impuesto sobre ingresos cubría una tercera parte del costo de la guerra.
La economía floreció durante los 1920s, a lo que siguieron recaudaciones crecientes del impuesto sobre ingresos. Esto permitió al Congreso disminuir los impuestos cinco veces, finalmente regresando a la tasa menor de un 1% y a disminuyendo la mayor a un 25%, reduciendo la carga del Presupuesto Federal como parte del PDB a un trece por ciento. Al disminuir las tasas de gravámenes, y declinar las recaudaciones de impuestos, la economías se fortaleció aún más.
En Octubre de 1929 el desplome del mercado de valores marcó el inicio de la gran depresión. A, reducirse la economía, se redujeron también los ingresos del Gobierno. En 1932 el Gobierno Federal recaudó sólo $1.900 millones, comparado con $6.600 millones en 1920. Ante los crecientes déficits presupuestales, que alcanzaron $2,700 millones en 1931, el Congreso siguió la prevaleciente sabiduría económica de ese tiempo, y aprobó la Ley de Impuestos de 1932, que aumentó dramáticamente las tasas de impuestos una vez más. Esto fue seguido de otro aumento de impuestos en 1936 que mejoró nuevamente las finanzas gubernamentales a tiempo que debilitaba más la economía. Hacia 1936 la tasa de impuestos más baja había alcanzado un 4% y la máxima hasta un 79%. En 1939 el Gobierno codificó sistemáticamente las leyes de impuestos de forma que todas las subsiguientes legislaciones impositivas hasta 1954 enmendaron ese código básico. La combinación de una economía deprimida y los repetidos aumentos de impuestos elevaron la carga de impuestos gubernamentales a un 6.8% del PDB hacia 1940.
El Impuesto de Seguridad Social
El estado de la economía durante La Gran Depresión condujo en 1935 a la aprobación de la Ley de Seguridad Social. La ley proveía pagos conocidos como “compensación por desempleo”, a los trabajadores que hubieran perdido sus trabajos. Otras secciones de la ley daban ayuda pública a los ancianos, los necesitados, los incapacitados y a ciertos menores. Estos programas fueron financiados por un impuesto de 2%, mitad del cual sería deducido directamente del pago del empleado y la otra mitad recaudado de los empleadores a favor de los empleados. Este impuesto era recaudado de los primeros $3,000 del salario o sueldo del empleado.
La Segunda Guerra Mundial
Aún antes de que Estados Unidos entrará en la Segunda Guerra Mundial, los crecientes gastos para la defensa y la necesidad de dineros para ayudar a los oponentes a la agresión del Eje, condujo a la aprobación en 1940 de dos leyes de impuestos que aumentaron los impuestos personales y de corporaciones, a las que siguió un nuevo aumento de impuestos en 1941. Hacia el fin de la guerra, la naturaleza del impuesto sobre ingresos había sido cambiada fundamentalmente. La reducción en los niveles de exención significaba que los contribuyentes con ingresos gravados de sólo $500.00 tenian la más baja tasa de impuestos de un 23%, mientras que contribuyentes con ingresos de más de $1 millón afrontaban una tasa de un 94%. Esos cambios de impuestos aumentaron las recaudaciones de $8,700 millones en 1941 a $45,200 millones en 1945. Aun con una economía estimulada por la producción de tiempos de guerra, los impuestos federales como parte del PDB crecieron de un 7.6% en 1941 a un 20.4% en 1945. Más allá de las tasas y recaudaciones, sin embargo, otro aspecto que cambió en el impuesto sobre ingresos fue el aumento en el número de contribuyentes de 4 millones en 1939 a 43 millones en 1945.
Otro rasgo importante que cambió en el impuesto sobre ingresos fue la vuelta a la retención de ese impuesto como se había hecho en la Guerra Civil. Esto facilitó grandemente la recaudación del impuesto tanto para el contribuyente como para la Oficina de Ingresos Internos. Sin embargo, también redujo grandemente la percepción del contribuyente de la cantidad de impuesto que estaba siendo recaudada, es decir, redujo la transparencia del impuesto, lo que facilitó aumentar impuestos en el futuro.
Desenvolvimientos después de la Segunda Guerra Mundial.
Las rebajas de impuestos que siguieron a la Guerra redujeron la carga de impuestos federales, como proporción del PDB, de un máximo de 20.9% en 1944 a un 14.4% en 1950. Sin embargo, la Guerra de Corea creó una necesidad de ingresos adicionales que, combinada con la extensión de la cobertura de la Seguridad Social a personas autoempleadas, significó que para 1952 la carga de impuestos había regresado a un 19.0% del PDB.
En 1953 la Oficina de Recaudaciones Internas recibió un nuevo nombre: Servicio de Recaudaciones Internas (IRS). El nuevo nombre fue escogido para enfatizar el aspecto de servicio de su trabajo. Para 1959, el IRS se había convertido en la organización de contabilidad, recaudación y procesamiento de declaraciones más grande del mundo. Se introdujeron computadores para automatizar y hacer más eficiente su trabajo y para mejorar el servicio a los contribuyentes. En 1961 el Congreso aprobó una ley requiriendo que los contribuyentes individuales usaran su número de seguridad social como una forma de identificar su declaración de impuestos. Para 1967, todas las declaraciones de impuestos personales y de negocios se procesaban por medio de computadores, y para los últimos 1960s el IRS había desarrollado un método computadorizado para seleccionar las declaraciones de impuestos que debían ser examinadas. Esto hizo que la selección de declaraciones para ser auditadas fueran más justas para el contribuyente y permitió al IRS enfocar sus recursos de auditoría sobre aquellas declaraciones con más probabilidad de ser auditadas.
A través de los 1950s, la política de impuestos fue crecientemente vista como un instrumento para aumentar las recaudaciones y cambiar los incentivos en la economía, pero también como herramienta para estabilizar la actividad de la macroeconomía. La economía permaneció como objeto de ciclos de auge y desplome y muchos políticos aceptaron sin reparos la nueva política económica de aumentar o disminuir los impuestos y gastos para ajustar la demanda agregada y asi suavizar el ciclo de negocios. Áun así, sin embargo, la máxima tasa de interés en 1954 permaneció a un 87% de impuesto sobre ingresos. A tiempo que el impuesto sobre ingresos experimentó algún tipo de revisión o enmienda, casi todos los años, desde la gran reorganización de 1954, algunos años marcaron cambios significativos. Por ejemplo, la Ley de Reforma de Impuestos de 1969 redujo las tasas de impuesto sobre ingresos para individuos y fundaciones privadas.
Comenzando en los finales de los 1960s., y continuando a través de los 1970s., Estados Unidos experimentó persistentes y crecientes tasas de inflación, llegando últimamente a un 13.3% en 1979. La inflación tiene un efecto destructor en muchos aspectos de la economía, pero también puede crear caos en un sistema de impuestos sobre ingresos, a menos que se tomen precauciones adecuadas. Específicamente, a menos que las coordenadas del sistema de impuestos, es decir, los niveles impositivos y sus exenciones determinadas, deducciones y créditos, sean reguladas para la inflación, un alza continua del nivel de precios moverá a los contribuyentes a más altos niveles de contribución al reducir los valores de sus exenciones y deducciones.
Durante este tiempo los impuestos sobre ingresos no tenían regulados los indices de inflación y, movidos por una inflación creciente, y a pesar de repetidas leyes de disminución de impuestos, la carga de impuestos se elevó de un 19.4% del PDB a un 20.8% del PDB. Combinados con altas tasas de impuestos, inflación creciente, y una pesada carga regulatoria, esta alta carga de impuestos causó que la economía disminuyera seriamente su actuación, todo lo cual creó las bases para la rebaja de impuestos de Reagan, también conocida como La Ley de Recuperación Económica de 1981.
La rebaja de impuestos de Reagan.
La Ley de Recuperación Económica de 1981, que disfrutó de fuerte apoyo bipartidista en el Congreso, representó un cambio fundamental en el curso de la política federal de impuesto sobre ingresos. Promovida inicialmente durante muchos años por el entonces representante Jack Kemp (R-NY) y el entonces senador Hill Roth (R-DE), presentaba una reducción de un 25% en los niveles de impuestos, implementados en un plazo de tres años, y con indices de inflación de ahí en adelante. Esto disminuyó en un 50% el nivel más alto de impuestos.
La Ley de 1981 también presentó un abandono dramático en el tratamiento de los desembolsos para plantas y equipos que hacían los negocios, es decir, recuperación del costo de capital, o depreciación del impuesto. Hasta entonces, la recuperación del costo de capital trataba, en términos generales, de seguir un concepto conocido como depreciación económica, que se refiere al descenso que tienen en el valor de mercado los recursos de producción después de un período específico de tiempo. La Ley de 1981 desplazó explícitamente el concepto de depreciación económica, creando en su lugar el Sistema de Recuperación Acelerada de Costos, que redujo grandemente la pérdida de incentivos que afrontaban las inversiones de negocios, y finalmente preparando el camino para el subsiguiente auge en la formación de capital. En adición a la acelerada recuperación de costos, la Ley de 1981 instituyó un Crédito de impuestos de un 10% de la inversión, para estimular la formación adicional de capital.
Antes de la rebaja de impuestos de 1981, y en muchos círculos aún después, la opinión prevaleciente era que la política de impuestos es más efectiva cuando modula la demanda agregada que cuando la demanda y la oferta no concuerdan, esto es, cuando la economía va hacia la recesión o cuando se sobrecalienta. La rebaja de impuestos de 1981 representó una nueva forma de considerar la política de impuestos, aunque era de hecho un regreso a una forma más tradicional, o neoclásica, de perspectiva económica. La idea esencial era que los impuestos tienen su primero y principal efecto en los incentivos económicos que afrontan individuos y negocios. De modo que la tasa de impuesto del último dólar ganado, esto es, el dólar marginal, es mucho más importante para la actividad económica que la tasa de impuestos que afronta el primer dólar ganado o que la tasa de impuestos media. Reduciendo las tasas de impuesto marginal, se creía que las fuerzas naturales del crecimiento económico estarían menos restringidas. Los individuos más productivos dirigirían entonces más energías hacia actividades productivas que hacia el ocio, y los negocios tomarían entonces ventaja de muchos más oportunidades lucrativas. También se pensaba que al reducir las tasas de impuesto marginal, ampliaría la base impositiva puesto que entonces los individuos dirigirían más de sus ingresos y actividades hacia formas sujetas a impuestos que hacia las exentas.
La rebaja de impuestos de 1981 representó el alejamiento de previas filosofías políticas sobre impuestos, una explícita y deseada y la segunda por implicación. El primer cambio fue el nuevo enfoque sobre las tasas del impuesto marginal e incentivos, como factores claves en como el sistema de impuestos afecta la actividad económica. El segundo alejamiento político fue apartarse del impuesto sobre ingresos e ir hacia el impuesto sobre consumo. El cobro de costos acelerado fue una manifestación de este cambio en el lado de los negocios, pero el lado individual también vió un cambio significativo en la implementación de varios preceptos para reducir el impuesto múltiple sobre el ahorro individual. La Cuenta de Retiro Individual, por ejemplo, fue promulgada en 1981.
Simultáneamente con la promulgación de las rebajas de impuestos en 1981, el Consejo de la Reserva Federal, con el completo apoyo de la Administración Reagan, alteró la política monetaria a fin de traer la inflación bajo control. Las acciones de la Reserva Federal disminuyeron la inflación más rápido y más lejos de lo que se previó en aquel momento, y una consecuencia fue que la economía cayó en una honda recesión en 1982. Otra consecuencia del colapso de la inflación fueron los niveles de gastos federales , que por haber sido considerados a un nivel superior a la prevista inflación, resultaron ser muchos más altos en términos ajustados a la inflación. La combinación de las rebajas de impuestos, la recesión, y el aumento por una vez de gastos federales ajustados a la inflación, produjo déficits presupuestales históricamente altos que, a su vez, condujeron a un aumento de impuestos en 1984 que se igualaban a algunas de las rebajas de impuestos dispuestas en 1981, especialmente del lado de los negocios.
Al bajar la inflación y entrar en efecto más y más de las rebajas de impuestos de la Ley de 1891, la economía comenzó un fuerte y sostenido modelo de crecimiento. Aunque la penosa medicina de la desinflación hizo lento e inicialmente escondió el proceso, los efectos beneficiosos de las rebajas de la tasa marginal y las reducciones de los incentivos negativos a la inversión se enraizaron, según lo prometido.
El sistema de Seguridad Social se mantuvo esencialmente igual desde su promulgación hasta 1956. Sin embargo, a partir de 1956 la Seguridad Social comenzó una casi continua evolución al irse añadiendo más y más beneficios, comenzando con la adición de los beneficios del Seguro de Incapacidad. En 1958 se extendieron los beneficios a los que dependían de trabajadores incapacitados. En 1967, los beneficios de incapacidad fueron extendidos a viudas y viudos. Las enmiendas de 1972 proveyeron beneficios automáticos de costo de la vida.
En 1965 el Congreso promulgó el programa de Cuidados Médicos, que proveía para las necesidades médicas de personas de 65 o más años, independientemente de sus ingresos. Las enmiendas crearon también el Programa de Ayuda Médica, que provee asistencia médica para personas de bajos ingresos y recursos.
Por supuesto, la expansión de la Seguridad Social y la creación de Cuidados Médicos y Ayuda Médica requirieron impuestos para ingresos adicionales, de forma que el impuesto básico sobre la nómina se aumentó repetidamente a través de los años. Entre 1949 y 1962 la tasa de impuesto sobre la nómina ascendió continuamente desde su tasa inicial de 2 por ciento a un 6 por ciento. Las expansiones de 1965 condujeron a mayores aumentos en la tasa combinada de impuestos a la nómina subiendo a un 12.3% en 1980. De forma que en 31 años la carga máxima de impuestos de la Seguridad Social aumentó de unos meros $60.00 en 1949 a $3,175.00 en 1980.
A pesar del aumento de la carga del impuesto sobre la nómina, las expansiones de beneficios que el Congreso promulgó en años anteriores llevaron a profundas crisis de fondos en el programa de Seguridad Social en los primeros 1980s. Eventualmente el Congreso legisló algunos pequeños cambios programáticos en los beneficios de Seguridad Social, junto a un aumento en la tasa de impuesto sobre la nómina hasta un 15.3% en 1990. Entre 1980 y 1990, la carga máxima de impuesto sobre la nómina más que se duplicó hasta $7,849.00.
La Ley de Reforma de Impuestos de 1986.
Siguiendo a la promulgación de los cambios de impuestos en 1981, 1982 y 1984, había un sentimiento creciente de que el impuesto sobre ingresos necesitaba de una revisión más fundamental. El auge económico que siguió a la recesión de 1982 convenció a muchos dirigentes políticos de ambos partidos que tasas de impuestos más bajas eran esenciales a una economía fuerte, a tiempo que el constante cambio de la Ley hizo llegar a muchos una apreciación de la complejidad del sistema de impuestos. Más aún, los debates durante este período llevaron a un entendimiento general de las distorsiones impuestas a la economía, y la pérdida de empleos y salarios, que surgían de las muchas peculiaridades en la definición de la base de impuestos. Se desarrolló una nueva y más amplia filosofía de la política de impuestos de que el impuesto sobre ingresos mejoraría grandemente si se rechazaban todas estas disposiciones especiales y se disminuían aún más las tasas de impuestos. De forma que en el mensaje de 1984 sobre el Estado de La Unión, el Presidente Reagan abogó por una reforma total del impuesto sobre los ingresos, de forma que tuviera una base más amplia y tasas más bajas, y fuera más justo, más simple y más consistente con la eficiencia económica.
La culminación de este esfuerzo fue la Ley de Reformas de Impuestos de 1986, que disminuyó la más alta tasa de impuesto estatutorio desde un 50% a un 28%, a la vez que el impuesto sobre las corporaciones fue reducido de un 50 a un 35%. El número de niveles de impuestos fue reducido y la exención personal y las cantidades de deducción normal fueron aumentadas y reguladas de acuerdo con la inflación, aliviando así a millones de contribuyentes de cualquier carga de impuesto federal. Sin embargo, la Ley también creó nuevos impuestos mínimos alternativos, personales y de corporaciones, que demostraron ser demasiado complicados, innecesarios y económicamente dañinos.
La Ley de Reformas de Impuestos de 1986 fue esencialmente neutra en cuanto a ingresos, es decir, no tenía el propósito de aumentar o disminuir los impuestos; pero pasó de los individuos a las corporaciones algunas de las cargas impositivas. Mucho del aumento del impuesto sobre los negocios fue el resultado de un aumento en el impuesto sobre la formación de capital de negocios. Logró algunas simplificaciones para los individuos a través de la eliminación de cosas tales como promedio de ingresos, la deducción por el interés del consumidor, y la deducción de los impuestos locales y estatales sobre ventas. Pero en muchos aspectos la Ley añadió complejidad al impuesto sobre negocios, especialmente en el área de impuestos internacionales. Algunas de las disposiciones de demasiado alcance de la Ley condujeron también a una baja en los mercados inmobiliarios, que jugaron un papel importante en el subsiguiente colapso de la industria de Ahorros y Préstamos.
Contemplada en un contexto más amplio, la Ley de Impuestos de 1986 representó el penúltimo pago de un proceso extraordinario de reducción de tasas de interés. En el período de 22 años de 1964 a 1986, la máxima tasa de impuesto individual fue reducida de un 91 a un 28 por ciento. Sin embargo, a causa de que los contribuyentes de mayores ingresos escogían cada vez más el recibir sus ingresos en forma sujeta a impuestos, y a causa de la ampliación de la base de impuestos, la progresividad del sistema de impuestos en realidad aumentó durante este período.
La Ley de Impuestos de 1986 también representó un regreso temporal en la evolución del sistema de impuestos. Aunque llamado impuesto sobre ingresos, el sistema federal de impuestos ha sido en realidad, por muchos años, un impuesto híbrido de ingreso y consumo, con el balance inclinándose hacia un impuesto de consumo ol alejándose de él, con muchas de las principales leyes de impuestos. La Ley de Impuestos de 1986 inclinó el balance, una vez más, hacia el impuesto sobre ingresos. De mayor importancia en este sentido fue el regreso a referencias a la depreciación económica en la formulación del sistema de recuperación de costo de capital, y las significativas nuevas restricciones en el uso de las Cuentas de Retiro Individual.
Entre 1986 y 1990 la carga de impuesto federal se elevó, como parte del PDB, desde un 17.5 a un 18 por ciento. A pesar del incremento en la carga general de impuestos, déficits federales persistentes, debido a todavía mayores niveles de gasto gubernamental, crearon presiones casi constantes para aumentar los impuestos. De forma que en 1990 el Congreso aprobó un significativo aumento de impuestos presentando una tasa de impuestos máxima de 31 por ciento. Poco después de su elección, el Presidente Clinton insistió en que el Congreso aprobara un segundo gran aumento en 1993, en el cual la máxima tasa de interés fue elevada a 36% y aun fue añadido un sobrecargo de 10%, dejando la máxima tasa de impuestos efectiva en un 39.6 por ciento. Claramente, la tendencia hacia menores tasas de interés marginales había sido revocada, pero, como resultó más tarde, sólo temporalmente.
La ley de Alivio al Contribuyente de 1997 hizo cambios adicionales al código de impuestos, dando una modesta rebaja de impuestos. La pieza central de la Ley de 1997 fue un significativo nuevo beneficio impositivo a ciertas familias con niños, a través del Crédito de Impuestos por Niño. Sin embargo, el factor realmente significativo de este alivio impositivo fue que el crédito era reintegrable a familias de más bajos ingresos. Es decir, en casos en que la familia hubiera pagado un impuesto “negativo”, o recibido un crédito en exceso de su responsabilidad anterior a la ley. Aunque el sistema impositivo había otorgado anteriormente créditos impositivos personales, como el Crédito Sobre el Ingreso Ganado, el Crédito Impositivo por Niño comenzó una tendencia en la política de impuesto federal. Los alivios impositivos anteriores fueron generalmente otorgados en la forma de tasas de impuesto menores o aumentos en deducciones o exenciones. La Ley de 1997 lanzó una moderna proliferación de créditos impositivos individuales y especialmente créditos reintegrables que son, en esencia, programas de gastos funcionando a través del sistema impositivo.
Los años inmediatamente posteriores al aumento de impuestos de 1993 vieron también continuar otra tendencia que fue, una vez más, cambiar de nuevo el balance del híbrido impuesto ingreso-consumo hacia el impuesto sobre consumo. En este caso el movimiento fue enteramente en la parte individual, en la forma de una proliferación de vehículos impositivos para promover ahorros de propósito específico. Por ejemplo, Las Cuentas de Ahorros Médicos fueron promulgadas para facilitar el ahorro en gastos médicos. Se promulgó una cuenta de retiro individual (IRA .Individual Retirement Account) para la educación, en la Sección 529 del Programa de Tutoría Calificada, con el objeto de ayudar a los contribuyentes a pagar futuros gastos de educación. Adicionalmente, se promulgó una nueva forma de vehículo de ahorro, llamada ROTH IRA, que se diferenciaba de otros vehículos de ahorro como el IRA tradicional, y planes 401(k) basados en el empleador, en que las contribuciones eran hechas en dólares posteriores al pago de impuestos y en que las distribuciones estaban libres de impuestos.
A pesar de las más altas tasas de impuestos, otros aspectos fundamentales de la economía tales como la baja inflación y las bajas tasas de interés, un mejor cuadro internacional con el colapso de la Unión Soviética, y la llegada de informaciones tecnológicas cuantitativamente nuevas, condujeron a fuertes resultados económicos a través de los 1990s. Esto, a su vez, llevó a un aumento extraordinario de la carga impositiva agregada, con los impuestos federales, en razón del PDB, llegando a una cima de postguerra de 20.08 en 2000.
La rebaja de impuestos de Bush
Hacia 2001, los ingresos totales de los impuestos habían producido un supuesto superávit unificado de presupuesto federal de $281,000 millones, con un acumulado superávit proyectado de $5.6 billones. Mucho de este superávit reflejaba una creciente carga impositiva como parte del PDB, debido a la interacción de resonancias crecientes de los ingresos y una estructura de progresivas tasas de impuestos. En consecuencia, bajo la dirección del Presidente Bush, el Congreso detuvo los proyectados aumentos futuros de la carga de impuestos, aprobando la “Ley de Alivio de Impuestos y Reconciliación” de 2001. La pieza central de la rebaja de impuestos de 2001 fue la recuperación de algo del terreno perdido en los 1990s en cuanto a menores tasas de interés de impuestos. Aunque la tasa de reducciones tendría efecto en un período de varios años, la máxima tasa de interés caerá de un 39.6 a un 33 por ciento.
La rebaja de impuestos de 2001 representó una vuelta a un número de tendencias distintas en la política de impuestos. Por ejemplo, amplió la Ley de Crédito de Impuestos de Apoyo Infantil, de $500.00 a $1,000.00 por niño. También aumentó el Crédito de Impuestos a los Niños Dependientes. La rebaja de impuestos de 2001 también continuó a moverse hacia un impuesto de consumo, expandiendo una serie de incentivos de ahorros. Otro rasgo de la rebaja de impuestos de 2001, particularmente digno de mención, es que pone los impuestos de haciendas, regalos y saltos generacionales en un curso de eventual abolición, que es también otro paso hacia un impuesto al consumo. Un rasgo nuevo en la rebaja de impuestos de 2001, comparada con la mayoría de las grandes leyes de impuestos, es que está casi desprovista de clásulas de impuesto a negocios.
La rebaja de impuestos de 2001 dará fuerza adicional a la economía en los próximos años, a medida que sus disposiciones se vayan haciendo efectivas y, en verdad, un argumento para su aprobación ha sido siempre el que es una forma de seguro contra un revés económico. Sin embargo, ignorada por la Administración Bush y por el Congreso, la economía ya estaba en descenso mientras la Ley estaba siendo debatida. Afortunadamente, el descenso fue breve y poco profundo, pero ya está claro que las rebajas de impuestos que fueron aprobadas y entraron en efecto en 2001, jugaron un papel significativo en apoyar la economía, abreviar la duración del descenso, y prepararla para una recuperación robusta.
Una lección del descenso económico fue el peligro de considerar una economía fuerte como cosa dada. El fuerte crecimiento de los 1990s condujo a hablar de una “nueva economía” que muchos estimaban estaba virtualmente a prueba de recesión. La popularidad de este supuesto era fácil de entender cuando se considera que sólo ha habido una muy leve recesión en los 18 años previos. Tomando a pecho esta lección, y a pesar de los crecientes beneficios de la rebaja de impuestos de 2001, y las tempranas señales de recuperación, el Presidente Bush hizo un llamado, y el Congreso aprobó, una ley de estímulo económico. La ley incluía una extensión de los beneficios de desempleo para ayudar a aquellos trabajadores y familias que estaban tensos debido a la depresión. La ley también incluía una disposición para proveer una temporal pero significativa aceleración de las concesiones por depreciación en las inversiones comerciales, asegurando así que la recuperación y expansión serán fuertes y equilibradas. Es interesante que la disposición sobre depreciación significa también que el impuesto federal sobre los negocios ha vuelto a su tendencia hacia un impuesto sobre consumo, haciéndose paralelo una vez más a la tendencia del impuesto individual.-
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Fuente: Ediciones EP.
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El engaño del intercambio de información entre USA y Argentina
diciembre 26, 2016
MENTIRAS: INTERCAMBIO INFORMACIÓN ENTRE EEUU Y ARGENTINA
Por
La Nación publicó el sábado pasado una nota totalmente sesgada, inexacta y con la clara intención de intimidar a los argentinos para acogerse al sinceramiento fiscal. «Se firmó el acuerdo de intercambio fiscal que le permitirá a la AFIP acceder a las cuentas de los argentinos en EEUU«, indica el título.
Debajo del título aparecen dos afirmaciones que son sencillamente falsas: “Será de carácter automático (FALSO 1) y comenzará a regir en enero (FALSO 2)”.
FALSO 1:
El acuerdo es “a requerimiento” es decir por pedido de la AFIP como indica en el Artículo 5 “Exchange of Information Upon Request” (Intercambio de información a requerimiento). Es cierto que el Artículo 6 habla de “Automatic Exchange of Information” (Intercambio automático de información) y el Artículo 7 habla de “Spontaneous Exchange of Information” (Intercambio espontáneo de información). Vale aclarar que el Artículo 5 tiene dos páginas y los Artículos 6 y 7 tienen unos cinco renglones cada uno.
En los Artículos 6 y 7 simplemente se indica que podría haber este tipo de intercambio y que las autoridades competentes deberán determinar en el futuro qué información se intercambiará de forma automática (no se establece NADA en este acuerdo). (Pueden descargar el acuerdo haciendo click aquí).
Gentileza de Martin Litwak, noten la diferencia entre un acuerdo de información automática como el que tiene Brasil con los EEUU y este acuerdo entre Argentina y los EEUU:
Incluso si la AFIP le pidiera a la administración tributaria estadounidense (IRS – Internal Revenue Service) un gran cúmulo de pedidos a requerimiento, el IRS no tiene esa información porque para tenerla le tendría primero que pedir a los bancos que la compilen de forma sistemática. Para esto están los Acuerdos IGA que nuestro país aún no tiene (Argentina intentará conseguir el IGA Modelo 1A)
FALSO 2:
El acuerdo está firmado por el Embajador de los EEUU, Noah Mamet. Puede firmarlo válidamente por sus facultades extraordinarias y plenipotenciarias, sin necesidad de que lo apruebe el Congreso de los EEUU. Sin embargo, como indica el Artículo 14, el artículo entrará en vigencia un mes después de que Argentina informe que cumplió los requisitos internos para validar el acuerdo. Para eso Argentina necesita tener el acuerdo aprobado por el Congreso. En consecuencia no hay manera de que el acuerdo entre en vigencia antes de marzo-abril 2017, momento en que se reabren las sesiones del Congreso. Desde entonces, habrá que contar un mes más.
El acuerdo se aplicará “en períodos fiscales empezando desde el 1 de enero del año calendario siguiente al que este acuerdo entra en vigor”. Esto quiere decir, nunca antes del 1 de enero de 2018.
Una nota de color extra: Donald Trump bien podría cancelar o echar para atrás este acuerdo, dado que el ya será presidente de los EEUU mucho antes de que este acuerdo entre en vigor.
No deja de sorprender el ánimo deliberado de una parte importante de la prensa para malinformar a los argentinos e influenciarlos engañosamente para que ingresen al blanqueo. Hay un verdadero aparato político montado al efecto.
Les dejo mi pariticipación en el programa de Mauro Viale por A24:
Fuente: cartafinanciera.com, 25/12/16.
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En Argentina la matemática es subjetiva
noviembre 19, 2016
Contabilidad creativa
La primera vez que escuché las palabras “contabilidad creativa” pensé que se trataba de un chiste. No es ningún chiste. Existe y se aplica: la aplica el Gobierno cuando quiere ocultar el aumento del déficit o la oposición cuando necesita forzar un financiamiento imposible.
-¿Usted qué quiere que le responda? Yo tengo papers para todo; a favor y en contra, me dijo, inmutable, un asesor presidencial kirchnerista, en la radio, durante la campaña.
Según Kamal Nasser, la contabilidad creativa es “la transformación de los números de la contabilidad financiera de lo que realmente son a lo que quien los prepara quiere que sean, aprovechando las reglas existentes y/o ignorando algunas o todas ellas”.
A la hora de dar ejemplos se cita el caso Enron, una empresa que tardó sólo 24 días en pasar de un valor de 70.000 millones de dólares a poco más de 100 millones.
En Argentina, señores, la matemática es subjetiva: dos más dos es “depende”, y no cuatro.
Ahora que Juan Manuel Abal Medina se despertó y encontró, sorprendido, un país lleno de pobres, el Senado dio por amplia mayoría media sanción a la “ley de emergencia”.
Se trata de aumentar un 15% las asignaciones por hijo y por embarazo y “crear” un millón de empleos formales mediante la reconversión de planes sociales, junto a un Consejo de la Economía Popular que deberá proponer en menos de 180 días un salario social complementario para los trabajadores en negro.
El proyecto es encantador y quizá le faltó pedir otro reno para Papá Noel, de modo que los regalos lleguen antes a los niños.
¿Quién podría estar en contra? Yo, sin ir más lejos, querría seis millones de puestos de trabajo y un 300% de aumento para la AUH. ¿Votamos?
Detrás de la escena todos secretean: Macri va a tener que vetarlo. En el fondo importa más eso que el proyecto en sí.
Hay también -cuándo no- intereses de parte: con ese dinero podría triplicarse la asignación, pero se elige “crear” puestos de trabajo a través de cooperativas: la asignación evita el clientelismo y ésta otra opción, quizá, lo fomente.
Por otro lado, en la medida en que la propuesta política se aleja de la realidad concreta, se vuelve reaccionaria: nada peor que deprimirse por algo que nunca va a pasar.
¿Cómo inventar un millón de puestos de trabajo sin invertir a la vez, para que los beneficiarios trabajen en algo?
A menos que se crea en la necesidad urgente de cortar el borde del pasto de las plazas, ¿en qué trabajarían sin inversión de capital con el que desarrollar los emprendimientos?
Como este ítem básico ni siquiera está contemplado, es imposible hablar del costo real del sueño culposo de Abal Medina. La contabilidad creativa surge a la hora de tener que explicar el financiamiento: aumentar impuestos. Uno de ellos es el impuesto a la renta financiera que funciona en el imaginario como funciona el aguinaldo en el caso individual: cuando llegue podré comprarme todo, cancelar las deudas y ser feliz.
Es del todo cierto: es injusto que ese impuesto no exista, pero su entidad en la recaudación es discutible.
Ya hay hoy un grupo de rentas financieras alcanzadas con el impuesto, pero es verdad que casi la totalidad de las rentas generadas en Argentina no están sujetas a impuesto cuando quien las gana es un individuo y no una empresa.
También tienen trato excepcional, por ejemplo, las remuneraciones de la actividad petrolera o el Poder Judicial cuando no paga Ganancias.
Según el economista Martín Tetaz, de nuestro equipo en Radio Mitre, algo que relativiza el impacto de la renta financiera es que el 58,1% de los títulos públicos y el 34,5% de los depósitos de plazo fijo en pesos pertenecen al ANSeS y al BCRA. Como probablemente se los exceptuaría del pago, la recaudación bajaría a la mitad. A la vez los fondos de jubilados están en un 64,4% en títulos públicos y obligaciones negociables, y también se verían afectados.
Los impuestos de las mineras también figuran en la lista de financiamiento: en este punto la discusión es esquizofrénica: hay quienes afirman que las mineras sólo pagan el 3% de lo que extraen, y las mineras sostienen que pagan más impuestos acá que en Chile o Perú: 30,4% en Argentina, 18,7% en Chile y 20,4 en Perú.
Es imposible que las dos cosas sean ciertas a la vez, pero lo es también desentrañarlo.
En el caso de los impuestos al juego todavía vuela como un pájaro negro la frustración de Vidal para imponerlo en la provincia de Buenos Aires: en su gabinete se ilusionaron con 1.200 millones extras elevando de 12 al 19% Ingresos Brutos de los bingos, pero el tándem Angelici-Mautone intervino para bajarlo.
En paralelo, el gobierno anunció el bono de $ 2.000 a $ 3.500 para los empleados estatales. El dinero que lo financia no fue aportado por Robin Hood: nos costará a todos nosotros entre 150 y 200 pesos por habitante.
De los 365 días del año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, al menos 172 se destinan a trabajar para el Estado. Según el salario un trabajador formal, debe trabajar entre 172 y 217 días para cumplir con los impuestos municipales, provinciales y nacionales. El día del año en el que empezamos a trabajar para nosotros mismos esta entre el 21 de junio y el 5 de agosto.
Fuente: Clarín, 19/11/16.
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El impuesto a las ganancias progresivo es un robo
noviembre 17, 2016
Contra el impuesto progresivo a las ganancias
Los impuestos progresivos están basados en una máxima marxista y destruyen los incentivos al progreso.
Hace cinco años que Juan trabaja en la empresa que admiraba desde chico. Al salir de la facultad, lo primero que hizo fue enviar allí su currículum y felizmente fue seleccionado. Gana un buen salario y siempre se esfuerza para que le vaya mejor. Pone mucho de sí mismo, es comprometido, y busca permanentemente cumplir y superar sus objetivos.
La semana pasada, el supervisor lo llamó a su oficina. Tenía una buena noticia para comunicarle. Luego de las evaluaciones de desempeño y en vistas a una ampliación de sus responsabilidades, le iban a dar un aumento de sueldo. Se trataba de un considerable 29% de suba.
Feliz como estaba y listo para enfrentar sus nuevos desafíos, le contó la novedad a su mujer, Florencia. Ambos festejaron. Justo estaban pensando en construir un nuevo cuarto en su casa de dos ambientes para la llegada de su bebé a mediados del año que viene. Salieron a cenar.
El problema apareció el día del pago. Cuando miró su cuenta bancaria, Juan vio algo que no cerraba. Le habían prometido un 29% de aumento, pero solo había recibido un monto que representaba una suba del 20%.
¿Quién se había quedado con su dinero?
Cuando planteó la situación en Recursos Humanos, comprendió lo que sucedía. Su sueldo bruto había aumentado efectivamente en un 29%, pero también había aumentado el monto de impuestos a pagar por ganancias. Y más que proporcionalmente. Las cuentas ahora no eran las mismas, y Juan y Florencia decidieron posponer la ampliación de su casa.
La situación que acabamos de describir es típica de los sistemas tributarios que se llaman “progresivos”. En dichos sistemas, inspirados en la máxima marxista de “a cada quien según su necesidad y de cada cual según su posibilidad”, el estado cobra más impuestos a quienes más ganan, mientras que a los que menos ganan les cobran tasas más reducidas.
Si se miran las tasas impositivas que se cobra a las personas físicas en Argentina, por ejemplo, veremos que una persona que tiene una ganancia neta anual sujeta a impuestos (es decir, menos los aportes a la seguridad social y las deducciones específicas) de hasta $ 10.000, deberá tributar el 9% más una suma fija. Si ese monto es de hasta $ 20.000, el estado le exigirá un 14% más una suma fija. Si la ganancia neta anual supera los $ 60.000, entonces el estado tomará una suma fija más el 27% del monto, y si el ingreso percibido es de más de $ 120.000 (una persona que cobra $33.000 de mano por mes, por ejemplo), entonces el gobierno se quedará con 35% más un monto fijo de $ 28.500.
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Curiosamente, y a pesar de su nombre, el impuesto “progresivo” castiga el progreso.
Es que en una economía de mercado, los ingresos de cada individuo están determinados por el valor agregado que cada persona le aporta a la sociedad. En términos más concretos, un empresario exitoso es aquel que ofrece mejores productos y servicios a sus conciudadanos y es por eso que sus ingresos son mayores. En un proceso voluntario, la gente elige entregarle su dinero a cambio de los bienes y servicios que el empresario produce.
Dentro de una empresa, el sistema funciona de manera similar. Si un empleado agrega valor, será promovido y ganará un mayor salario. Ese mayor ingreso es el resultado de su buen desempeño laboral, que está en línea con el objetivo de la empresa, que en una economía de mercado es satisfacer las necesidades del consumidor.
Por este motivo, y en línea con lo explicado por Murray Rothbard, “imponer penalidades a los que han servido mejor a los consumidores daña no solo a los productores, sino también a los consumidores”.
El daño a los incentivos que genera el impuesto progresivo a las ganancias puede comprenderse mejor si llevamos el ejemplo al extremo. El extremo de la progresividad fiscal haría que frente a cada suba de los ingresos del individuo en términos brutos, nulo sea el aumento en términos netos.
Por ejemplo, si el impuesto cobrado a una persona que gana $ 10.000 es de 25%, pero cuando pasa a ganar $ 12.000 se le cobrara 37,5%, entonces en términos netos el individuo recibiría siempre $ 7.500.
En este caso, se ve claramente que el incentivo a ganar más dinero se destruirá por completo. Finalmente, nadie tendría ganas de trabajar más y la economía colapsaría.
Una propuesta alternativa es la de cobrar un impuesto de tasa fija, o “flat tax”, que para cada nivel de ingresos tenga una misma tasa. Esto haría que los aumentos del salario bruto sean exactamente iguales a los del salario en mano, mejorando el sistema de incentivos.
Claro que este flat tax debería ser bajo e igual al mínimo de la escala actual, ya que si estuviera por encima penalizaría a todos los que hoy pagan por debajo de ese nivel.
Con un impuesto de tasa fija, quienes más ingresos generen, también aportarán más a las arcas públicas, pero no se les castigará el mejoramiento de su situación personal.
El impuesto a las ganancias de personas físicas será debatido el año que viene en el congreso. Entre otras modificaciones, se debatirá incluir una nueva escala que grave los ingresos más altos con una tasa del 40%.
Esperemos que la iniciativa no prospere. Si hay algo que no necesita este país, ni ningún otro, es seguir castigando a los que quieren progresar. Desde este lugar, vaya el pedido para una refundación completa del concepto de la progresividad, y una profunda baja de la presión impositiva sobre los empresarios y trabajadores.
Fuente: inversor.global, 17/11/16.
Más información:
El robo institucionalizado: Los impuestos
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