Los impuestos progresivos están basados en una máxima marxista y destruyen los incentivos al progreso.
Hace cinco años que Juan trabaja en la empresa que admiraba desde chico. Al salir de la facultad, lo primero que hizo fue enviar allí su currículum y felizmente fue seleccionado. Gana un buen salario y siempre se esfuerza para que le vaya mejor. Pone mucho de sí mismo, es comprometido, y busca permanentemente cumplir y superar sus objetivos.
La semana pasada, el supervisor lo llamó a su oficina. Tenía una buena noticia para comunicarle. Luego de las evaluaciones de desempeño y en vistas a una ampliación de sus responsabilidades, le iban a dar un aumento de sueldo. Se trataba de un considerable 29% de suba.
Feliz como estaba y listo para enfrentar sus nuevos desafíos, le contó la novedad a su mujer, Florencia. Ambos festejaron. Justo estaban pensando en construir un nuevo cuarto en su casa de dos ambientes para la llegada de su bebé a mediados del año que viene. Salieron a cenar.
El problema apareció el día del pago. Cuando miró su cuenta bancaria, Juan vio algo que no cerraba. Le habían prometido un 29% de aumento, pero solo había recibido un monto que representaba una suba del 20%.
¿Quién se había quedado con su dinero?
Cuando planteó la situación en Recursos Humanos, comprendió lo que sucedía. Su sueldo bruto había aumentado efectivamente en un 29%, pero también había aumentado el monto de impuestos a pagar por ganancias. Y más que proporcionalmente. Las cuentas ahora no eran las mismas, y Juan y Florencia decidieron posponer la ampliación de su casa.
La situación que acabamos de describir es típica de los sistemas tributarios que se llaman “progresivos”. En dichos sistemas, inspirados en la máxima marxista de “a cada quien según su necesidad y de cada cual según su posibilidad”, el estado cobra más impuestos a quienes más ganan, mientras que a los que menos ganan les cobran tasas más reducidas.
Si se miran las tasas impositivas que se cobra a las personas físicas en Argentina, por ejemplo, veremos que una persona que tiene una ganancia neta anual sujeta a impuestos (es decir, menos los aportes a la seguridad social y las deducciones específicas) de hasta $ 10.000, deberá tributar el 9% más una suma fija. Si ese monto es de hasta $ 20.000, el estado le exigirá un 14% más una suma fija. Si la ganancia neta anual supera los $ 60.000, entonces el estado tomará una suma fija más el 27% del monto, y si el ingreso percibido es de más de $ 120.000 (una persona que cobra $33.000 de mano por mes, por ejemplo), entonces el gobierno se quedará con 35% más un monto fijo de $ 28.500.
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Curiosamente, y a pesar de su nombre, el impuesto “progresivo” castiga el progreso.
Es que en una economía de mercado, los ingresos de cada individuo están determinados por el valor agregado que cada persona le aporta a la sociedad. En términos más concretos, un empresario exitoso es aquel que ofrece mejores productos y servicios a sus conciudadanos y es por eso que sus ingresos son mayores. En un proceso voluntario, la gente elige entregarle su dinero a cambio de los bienes y servicios que el empresario produce.
Dentro de una empresa, el sistema funciona de manera similar. Si un empleado agrega valor, será promovido y ganará un mayor salario. Ese mayor ingreso es el resultado de su buen desempeño laboral, que está en línea con el objetivo de la empresa, que en una economía de mercado es satisfacer las necesidades del consumidor.
Por este motivo, y en línea con lo explicado por Murray Rothbard, “imponer penalidades a los que han servido mejor a los consumidores daña no solo a los productores, sino también a los consumidores”.
El daño a los incentivos que genera el impuesto progresivo a las ganancias puede comprenderse mejor si llevamos el ejemplo al extremo. El extremo de la progresividad fiscal haría que frente a cada suba de los ingresos del individuo en términos brutos, nulo sea el aumento en términos netos.
Por ejemplo, si el impuesto cobrado a una persona que gana $ 10.000 es de 25%, pero cuando pasa a ganar $ 12.000 se le cobrara 37,5%, entonces en términos netos el individuo recibiría siempre $ 7.500.
En este caso, se ve claramente que el incentivo a ganar más dinero se destruirá por completo. Finalmente, nadie tendría ganas de trabajar más y la economía colapsaría.
Una propuesta alternativa es la de cobrar un impuesto de tasa fija, o “flat tax”, que para cada nivel de ingresos tenga una misma tasa. Esto haría que los aumentos del salario bruto sean exactamente iguales a los del salario en mano, mejorando el sistema de incentivos.
Claro que este flat tax debería ser bajo e igual al mínimo de la escala actual, ya que si estuviera por encima penalizaría a todos los que hoy pagan por debajo de ese nivel.
Con un impuesto de tasa fija, quienes más ingresos generen, también aportarán más a las arcas públicas, pero no se les castigará el mejoramiento de su situación personal.
El impuesto a las ganancias de personas físicas será debatido el año que viene en el congreso. Entre otras modificaciones, se debatirá incluir una nueva escala que grave los ingresos más altos con una tasa del 40%.
Esperemos que la iniciativa no prospere. Si hay algo que no necesita este país, ni ningún otro, es seguir castigando a los que quieren progresar. Desde este lugar, vaya el pedido para una refundación completa del concepto de la progresividad, y una profunda baja de la presión impositiva sobre los empresarios y trabajadores.
Por el costo argentino, las heladeras cuestan tres veces más que en Chile
Las empresas del sector se quejan del aumento de las importaciones y del retroceso del consumo, que ya perjudicó el empleo.
Por Francisco Jueguen.
Las heladeras no frost -las de mayor tecnología- cuestan en la Argentina casi el triple que en Chile (179% más) o el doble que en Brasil. Con las cíclicas -que todavía tienen 73% del market share local la diferencia es menor. En Chile tienen un precio 28% más económico que en cualquier comercio argentino. En comparación con Brasil, la heladera nacional es un 25% más cara.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno, que exige a los empresarios más competitividad interna mientras -con algunas medidas que impulsan la transformación productiva- se bendice una mayor apertura de la economía.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno.
«La pregunta no es sobre el precio final del producto, sino qué hace el Gobierno para bajar el costo argentino», cuestionó un ejecutivo de una de las firmas fabricantes de heladeras. «Nuestros costos son la mano de obra, los proveedores monopólicos, los impuestos y los fletes. Lo que gastás en fletes en la Argentina no lo gastás en ningún otro lugar», contó.
Por la caída del consumo y una entrada de más heladeras del exterior, los productores locales vieron afectado el empleo. Gafa/Electrolux redujo su plantilla en 80 empleados. Bambi tuvo suspensiones que afectaron hasta 800 trabajadores. Días atrás, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, estuvo reunido con fabricantes de heladeras en Santa Fe (Rosario es un gran polo) y relativizó el impacto de las importaciones. «Es cierto que aumentaron [las importaciones], pero no van a cubrir más del 15% de la demanda total. Y hablamos con ellos en forma permanente», contaron en el Ministerio de Producción. «El sector tiene posibilidades, sin dudas», dijo a LA NACION para responder sobre si será una de las actividades que deberá transformarse o tendrá posibilidades de competir. «Tendrán mercado en heladeras chicas y medianas. En las grandes, doble puerta, es más difícil porque necesitan más escala. Si la demanda levanta, van a andar muy bien. Y hay segmentos donde están trabajando bien, como en las heladeras comerciales», agregaron.
Hoy hay dos grandes multinacionales con producción propia en el mercado: Mabe y Electrolux. Según un análisis de Abeceb sobre el sector, tienen 51% delmarket share. Bricket, Bambi y Pilisar (con perfil pyme) representan el 38%, y Autosal, Saiar, y Calorex (más pequeñas) completan un 11%. Hace poco, Samsumg ingresó en este sector.
Entre 2003 y 2007 el mercado fue un 50% nacional y un 50% importado. Entre 2008 y 2011, casi el 80% fue fabricación nacional. Ese porcentaje se elevó a 93% entre 2013 y 2015. Este año y 2017 no sólo son de caída del consumo (muchos compraron en cuotas y antes de la devaluación), sino de más importaciones.
En el Gobierno proyectan un mercado de 850.000 unidades en 2016 (en el sector dicen que apenas superará los 650.000). En un año la participación de productos importados, según datos oficiales, pasó de 8 al 13%. Se espera que en 2017 sea del 12%. Este año entrarán 115.000 heladeras (20% por stock de DJAI y 31% por productores locales). El resto lo trajeron los retailers. Para Producción, éste no es el problema, sino la caída del consumo, algo que -dicen- se frenó en octubre. En la industria no comparten ese veredicto aún.
179%
Precios comparativos de las heladeras en la región
Es el mayor precio final de una heladera no frost producida en la Argentina en comparación con Chile. Si se mide contra Brasil, el valor promedio local es 100% mayor. El doble.
No al 45% de Impuesto a las Ganancias: La rebelión de la oveja esquilada
Por Germán Fermo.
«En Peronia hay cinco clases sociales claramente definidas: los ricos, los medios, los pobres, los políticos, y los boludos, o sea, los que bancan con su trabajo a las otras cuatro clases.» Ciudadanos de Peronia: mi artículo de hoy está exclusivamente dedicado a los boludos que habitamos este país y que con nuestro esfuerzo cotidiano somos tributariamente esquilados para bancar al deficitario y corrupto Estado Argentino. El blanqueo que por un lado perdona a quien nunca «garpó» un sólo impuesto, sumado a la intención de taxar a quien vive «en blanco» con el 45% de Ganancias e Impuesto a la Herencia, es otro ejemplo contundente de cómo nuestro Estado se fuma sistemáticamente a quienes generan «riqueza blanca». Un clásico de Peronia: si las cuentas no cierran, esquilá a la oveja pagadora que vive legalmente.
Peronia es un terruño fiscalmente inviable. Uno de los reclamos de quienes votamos por Cambiemos fue: por favor, suplicamos que bajen la presión fiscal, sin embargo, parecería que el gobierno se fuma a su electorado e intenta subirla en vez de bajarla, demostrando nuevamente que en Peronia la ley de gravedad es al revés. Ojalá me equivoque, pero por lo que pude leer en estos días el Gobierno planearía incrementar al 45% la alícuota más alta del Impuesto a las Ganancias aplicable a un nivel de ingresos que lejos convierte a una persona en rica. Si esta decisión la hubiese tomado el kirchnerismo, los economistas chetos del «Pro» que actualmente intentan racionalizar la medida,¿hubieran estado a favor o hubiesen exigido un achicamiento rotundo del gasto, denostando semejante decisión? Desde que soy chiquito, me cuentan que en la economía argentina hay mucho trabajo «en negro», que no tributa impuestos y por lo tanto, en el agregado del país «no se paga tanto Impuesto a las Ganancias porque hay mucho empleo en groncho sin tributar».
¿El «no» al ajuste tarifario implicará un «sí» al esquilamiento del 45%? Si este fuese el caso, hay dos formas de aumentar los ingresos fiscales. Primero: taxás aún más a las pocas ovejas que hoy están «en blanco» pagando toda clase de impuestos, compensando de esta forma, la carencia tributaria que genera el voluptuoso sector «groncho» de la economía. Segundo: dejás en paz a los que viven «en blanco», quienes soportan desde hace años una presión tributaria brutal bancando con creces a un Estado corrupto e ineficiente y vas por los que viven «en negro» taxando a estos últimos, eso sería justo. Traicionando a su propio electorado, sin embargo, parecería que el oficialismo intenta ir por lo «primero» o sea, lo más fácil, taxando nuevamente a la oveja de siempre, aquélla que trabaja y vive «en blanco». Esto lo digo además en el contexto del sinceramiento fiscal: a quien vivió en groncho toda su vida le concedés perdón a bajo costo contándome la sanata de que el mismo se hizo para financiar la «noble causa de los jubilados» bombardeándome además con propagandas berretas por TV que me imagino, se pagan con fondos públicos y al pobre imbécil que vivió en blanco toda su vida lo pensás taxar al 45%, esquilándolo sin derecho a réplica. Me sumo a mucho argentino que escucho y pregunto: yo no voté esto, es injusto y no voy a volver a hacerlo.
Un perverso cambio de signo en el gradualismo de Cambiemos. Un reclamo directamente correlacionado con el anterior se refiere a la súplica electoral de bajar nuestro agobiante gasto público, sin embargo, percibo frustradamente que intentarían subirlo. La mismísima palabra «gradualismo» parecería estar redefiniéndose perversamente en estas últimas semanas. Al principio creí entender que por gradualismo se explicaba algo así como la reducción lenta, temerosa, pero sostenida del gasto público. Pero, de acuerdo a lo que escucho, parecería que el término «gradualismo» está cambiando de signo, ahora en vez de debatir sobre reducciones lentas pero sostenidas del gasto, encuentro, por el contrario, una legión de economistas que racionalizan la necesidad de gastar aún más, ignorando que estamos como estamos precisamente, por haber gastado en exceso durante los últimos 70 años de nuestra existencia deficitaria. El gradualismo «de hoy» mutó entonces a la suba lenta y sostenida del gasto financiado de dos formas: más deuda externa y más impuestos a la pequeña proporción de este país que vive «en blanco».
Cambiemos no se anima a eliminar el componente superfluo del gasto. Obviamente que entiendo la enorme restricción social que existe en esta Peronia con 32% de pobres, aquélla a la que el peronismo quebró fiscalmente durante la gestión anterior. Pero me preocupa percibir que esta restricción tan valedera y cierta se haya convertido en una permanente excusa oficialista no sólo para «no corregir» casi ningún frente fiscal relevante sino para financiar dicha «no corrección» con más impuestos a los pocos privados que bancan actualmente semejante orgía fiscal. Y comparto con ustedes una pregunta que me carcome la capocha: ¿en la Peronia de hoy, no hay espacio para reducir ni en un solo peso el gasto ineficiente, aquél cuya reducción no afectaría a la pobreza?Si mal no recuerdo, este año el Estado giró fondos al fútbol y me pregunto: ¿cuántos ítems ineficientes «como el fútbol» habrá en el presupuesto nacional y provincial cuya eliminación no afectaría a ningún pobre?¿Me tengo que fumar el cuento chino de que en la Peronia de hoy no se puede reducir el gasto público superfluo, el relacionado a ñoquis y a «quintas» de punteros políticos que usan al Estado como fuente de financiamiento electoral?
Insisto, no me refiero a aquella parte del presupuesto cuya reducción impactaría al 32% de los muchos pobres que lamentablemente produjo el peronismo, eso a esta altura es indiscutible, lo entiendo y acepto resignadamente. ¿Pero no hay un sólo espacio para atacar la parte fiscalmente ineficiente del presupuesto así evitás rompernos la nuca con el 45%? Me pregunto si Cambiemos, una fuerza que me vendió que venía a cambiar a Peronia, no se anima a ir por los ñoquis del presupuesto nacional y provincial y, a cambio, decide utilizar como válvula de ajuste de su inoperancia política otra vez más, a la oveja de siempre, aquélla que protestará por tres días el 45% y al cuarto hará lo que hizo toda su vida: laburar honestamente 14 horas, agachando la cabeza y resignándose a ser un esclavizado y esquilado ente financiador de la corrupción y política argentina.
Los que votamos a Cambiemos también existimos. Queda claro que los combos de políticas populistas del oficialismo intentan seducir a una enorme porción de la sociedad que inherentemente no los quiere, es más, quizá no importa el tamaño del esfuerzo, nunca los votarían. Pero el oficialismo debería tener también muy en cuenta que mucha clase media que los votó y a la que ahora intenta taxar ferozmente (además de Ganancias, no actualización de los límites del Monotributo, por ejemplo), tampoco lo hizo convencida y si a esa porción de la clase media le seguís mojando la oreja con más impuestos, el mapa electoral podría complicarse en más de lo esperado: los que no te votaron quizá nunca lo hagan y quienes sí lo hicimos, quizá dejemos de hacerlo. Con un Impuesto a las Ganancias del 45% les confieso que en las próximas elecciones me voy a preguntar: ¿qué sanata de cambio estoy votando? Voté a un gobierno que me llena de excusas frente a su «no cambio» y por otro lado intenta racionalizar que taxarte al 45% está bien porque en Peronia se pagan pocos impuestos en el agregado y entonces los que viven «en blanco» deben compensar por los que viven «en negro». O que en Peronia debemos converger tributariamente a Noruega aun cuando el Estado me brinde calidad de servicios como en Uganda.
La rebelión de la oveja esquilada. Con todo respeto muchachos de Cambiemos, no los votamos para esto. Qué tal si intentan al menos, un verdadero esfuerzo hacia la eficientización del gasto, o sea, aquella parte del presupuesto que podría ser reducida sin implicancias sociales, pero que obviamente requeriría de enormes costos políticos. ¿Los ñoquis, no son pobres, son ñoquis, que tal si en vez de castigar a la clase media que «vive en blanco» no reducen esa enorme porción del gasto?¿Si no hacen nada de esto, por cuánto más tiempo nos van a poder mirar a la cara y autodenominarse «Cambiemos«? En las elecciones legislativas del año próximo se me va a hacer muy difícil votarlos ¿Y saben qué?: no creo ser el único, creo que este articulo representa a mucho argentino boludo que votó cambio y sin embargo observa: más gasto, más déficit, más deuda, más impuestos y también, más piKetes. Ese argentino que los votó se siente hoy en día, una irrelevante y miserable oveja esquilada. Me despido de esta nota con un sincero abrazo a todas las ovejas de Peronia, aquéllas que mañana mismo en lugar de hacer piKetes y Kilombo, iremos a trabajar honestamente, donando la mitad de nuestro día al corrupto Estado argentino, ese que ni siquiera te brinda seguridad y justicia y ese al que el 50% de carga tributaria ya le parece poco. Cambiemos: ¿no está siendo hora de cambiar algo en serio y dejar la zaraza para otra elección?
La pérdida de US$915 millones de Trump en 1995 podría haberle ahorrado impuestos por años
Gracias a una estipulación del código tributario de Estados Unidos llamada pérdida operativa neta, es posible que Donald Trump haya eludido impuestos por hasta 18 años tras declarar una pérdida de casi US$1.000 millones en 1995. Un vistazo a qué es y cómo funciona esta estipulación.
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude.
Según The Economist, los documentos dan a conocer las participaciones financieras de “140 políticos y funcionarios, entre ellos 12 antiguos y actuales presidentes, monarcas y primeros ministros.” Además, se alega que toda la riqueza ilícita adquirida por negociar con “estados rebeldes, terroristas o narcotraficantes” fue escondida detrás de sociedades anónimas. Los asociados colaboradores de Vladimir Putin supuestamente transfirieron miles de millones al mundo offshore y el primer ministro de Islandia ya renunció a su cargo.
Todo esto dio un impacto a la comunidad internacional y consecuentemente los ojos se giraron hacia Panamá; de ahí vienen los Papeles de Panamá. Los periodistas y eruditos tomaron la ofensa contra Panamá y lo criticaron por fomentar la evasión fiscal y lavado de dinero mediante su benigna política fiscal y sus leyes permisivas de secreto bancario. De hecho, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, recientemente declaró que “las revelaciones sobre los Papeles de Panamá han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá.”
Y en esto se centran las noticias. ¿Pero es culpable Panamá?
El Compromiso de Panamá con la Transparencia Internacional
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Panamá ha hecho grandes avances desde los días de Noriega y su “narco-cleptocracia” — en las palabras de John Kerry — mediante la cual convirtió esta pequeña nación centroamericana en un hervidero del lavado de dinero y narcotráfico. Hace muy poco, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero, removió Panama de la lista gris:
El GAFI reconoce los pasos significativos que dio Panamá para mejorar la prevención del lavado de dinero y confirma que Panamá cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso según su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en junio del 2014.
De hecho, un Informe del año 2015 del Departamento de Estado de EEUU sobre el lavado de dinero y delitos financieros elogió a Panamá por sus esfuerzos. El informe concluyó que el plan actual de acción de Panama mejorará su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de dinero y creará un sistema financiero más transparente. Hace algunos años, la OCDE removió Panama de su propia lista gris entrando así en la lista blanca por sustancialmente implementar las normas internacionales en el intercambio de información tributaria. Además, Panamá ha firmado numerosos Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), incluso con los Estados Unidos, y en gran medida se ha alejado de la imagen de los años 1980s.
Como parte de su compromiso, Panama inmovilizó las acciones al portador, o las acciones que esconden el beneficiario final (el verdadero dueño), y exigió que tales acciones emitidas previa a la ley fueran entregadas a un custodio autorizado. El propósito fue para asistir las autoridades en procesar la evasión fiscal y el lavado de dinero contra los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de Panamá.
Evidentemente, Panamá ha complacido a la comunidad internacional y está cumplimiento con su compromiso de luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Lamentablemente, los Papeles de Panamá han tergiversado sus esfuerzos mientras provocan dudas sobre la eficacia de sus leyes vigentes al respecto — las mismas leyes consideradas pasos en la buena dirección. Por lo tanto, la llegada de los Papeles de Panamá plantea una pregunta muy importante: ¿Se debe culpar a Panamá? Veamos dos personas importantes involucradas en el mundo offshore: los bancos y los abogados.
Los Bancos
La apertura de una cuenta bancaria en Panamá es bastante difícil para los extranjeros. El proceso de solicitud puede demorar desde dos semanas hasta un mes y los bancos no asumen obligación alguna de aceptar al cliente. La solicitud misma puede llegar hasta treinta páginas y el uso de los abogados para facilitar la navegación del proceso es práctica común. Se requiere con frecuencia una entrevista personal y los bancos mismos deberían guardar un registro actualizado de los beneficiarios finales de la empresa, si es cuenta jurídica.
De hecho, Panamá estableció la Superintendencia de Bancos de Panamá para “velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario…para mantener y profundizar la integración financiera internacional.” Ley 2 de 2008 aclara enérgicamente lo anterior. Por ejemplo, dicha ley establece que todos los bancos se someterán a la supervisión e inspección por la Superintendencia y deberán confirmar que cumplen con el marco legal y regulatorio establecido para combatir el lavado de dinero. Además, los bancos deberán establecer normas y políticas que les permitirán conocer al cliente (leyes de KYC, por sus siglas en inglés).
Las leyes de “Conocer su Cliente,” o KYC, son bastante onerosas. Por esa razón, les hago saber algunas de las muchas disposiciones pertinentes, tipificadas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, adecuadamente llamada “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales…” La Ley 23 es parecida a la ley bancaria de Panamá — Ley 2 de 2008 — y establece las medidas básicas de debida diligencia del cliente natural y jurídica.
Los bancos deberán establecer un perfil financiero del cliente (o del beneficiario final) al abrir la cuenta bancaria y tomarán medidas para verificar e identificar la fuente de fondos. En el caso de personas jurídicas, los bancos deberán identificar y solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas. En otras palabras, si el cliente es una persona natural o persona jurídica, el beneficiario final deberá ser identificado. Si no es posible, pues, el banco se comprometerá a abstenerse de operaciones y relaciones en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final. Las personas que cumplen funciones públicas de alto nivel, incluyendo sus asociados, se someten a un escrutinio más fuerte.
Además de determinar y verificar la identidad del cliente, los bancos deberán para todas las personas conocer la naturaleza del negocio del cliente y, de manera estilo Patriot Act, examinar constantemente la relación comercial con especial atención en transacciones equivalente o más de $10,000.00. Sin embargo, los bancos jamás conocerán al cliente tan profundo como los abogados. De hecho, contratar a un abogado es por lo general el primer paso en abrir la cuenta bancaria ya que el abogado estámejor preparado que el cliente para navegar en el laberinto de documentos involucrados en el proceso. Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente comienza con los abogados — a ellos les corresponde esa obligación.
Los Abogados
Como ya se mencionó, la primera línea de defensa en la lucha mundial contra el lavado de dinero y la evasión fiscal empieza con los abogados. Por un lado, los clientes tendrán muchas más probabilidades de ser mas transparente con su abogado que con su banquero. Por otro lado, el privilegio entre abogado y cliente fomenta dicha transparencia entre las partes y, según la ley, protege la confianza del cliente.
Los abogados, entonces, se encuentran en una situación única de tener tanto acceso a información muy personal como información inculpatoria. En consecuencia, son muchos más versados en verificar la verdadera identidad del cliente. Ésta es la razón por la que el abogado es un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Las infracciones al Código de Ética serán objeto de investigación rigurosa del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá y la disciplina es administrada por la Corte Suprema. Los abogados también se someten a las metidas básicas de debida diligencia y normas de KYC que aplican a los bancos detallado en Ley 23 de abril 27 de 2015 (vea arriba). Sin embargo, a diferencia de lo que aplica a los bancos, los abogados y sus firmas se someten a obligaciones más rigurosas de KYC.
Por lo general, la Ley 2 del 1 de febrero del 2011, la cual “regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas,” obliga a que los abogados hagan efectivamente eso: conocer a su cliente. Los agentes registrados (o residentes), los cuales son los abogados o sus firmas mismas, deberán tomar las medidas necesarias para identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final para “contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera otra actividad ilícita.” Además, los agentes residentes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Específicamente, la ley profundiza con gran detalle las medidas aceptables de cumplimento y a raíz de esto lo que sigue son unas disposiciones pertinentes: Los abogados, como agentes registrados, deberán identificar al cliente y verificar su identidad con base en documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes. Además, cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, o sea una corporación misma, el abogado tendrá que proporcionar evidencia satisfactoria de la identidad de tanto el tercero como el cliente, incluyendo, pero no limitativo: (1) referencias bancarias y comerciales; (2) copias de un documento de identidad personal nacional y/o pasaporte; (3) y copias de la misma de todos accionistas — en el caso de corporación — que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% de su capital. Por encima, cuando los certificados de acciones que representan el título de propiedad estén emitidos al portador, el abogado tendrá que verificar la identidad de los que posean dichas acciones, y presentar evidencia satisfactoria de su identidad. Los abogados deberán mantener actualizados toda la información y documentos obtenidos y cualquier cambio al título de propiedad de la corporación requerirá un nuevo conocimiento a su cliente.
Hasta que se identifique al cliente y el período de debida diligencia se finalice, los agentes residentes deberán abstenerse de la presentación del servicio al cliente. Además, los agentes residentes deberán establecer y mantener políticas y procedimientos al respecto, y ciertos empleados deberán capacitarse en cómo implementar dichas políticas de conozca a su cliente, así como el mantenimiento de registros. Como sea necesario, las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, podrán solicitar la entrega de información sobre el cliente y exigir cualquier documento o registro que les facilite la lucha contra el lavado de dinero.
La lista continúa.
Conclusión
No cabe ninguna duda de que las instituciones financieras y los abogados son actores claves en lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Como ya se mencionó, Panamá ya cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso de adherirse a los estándares internacionales de transparencia bancaria. A este respecto, las leyes y normas de Panamá son mucho más fuertes que las de otras partes del mundo. Veamos brevemente el caso de los Estados Unidos:
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
Aún, los Papeles de Panamá muestran una imagen sombría del mundo offshore en Panamá. No obstante, el sistema panameño no es el coche de huida para las finanzas de los ladrones y quienes los rodean. Panamá ha realizado un esfuerzo concertado para combatir los delitos financieros de nivel local, nacional e internacional, y sobre todo tiene en su lugar los mecanismos de prevenir lo mismo. Al final, serán los bancos y abogados quienes se encargan de cumplir con las normas y leyes al respecto — a ellos les corresponde la obligación. No obstante, los abogados son humanos y algunos tal vez consideren que la ética y el imperio de la ley impiden sus propios intereses.
Y en esto deberían de haberse centrado los Papeles de Panamá. En su lugar, obviamente influido por el sensacionalismo, los Papeles de Panamá plantean dudas sobre la integridad de todo el país nada más por las acciones de un solo despacho de abogados. En realidad, la cultura y práctica del secreto financiero de Panamá no tienen nada que ver con la situación. Al contrario, fue la cultura y práctica de un despacho de abogados que vulneró la ley los responsables por dicha situación.
La elusión de impuestos de Apple ilustra la brecha entre la ley y la lógica económica
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto.
Por Greg Ip.
Apple Operations International, la subsidiaria de Apple en Irlanda.
Empresas estadounidenses como Apple Inc. no son solamente innovadoras de primera categoría en tecnología y marketing. Son, además, innovadoras de primera clase en la elusión de impuestos.
Esta es una de las lecciones evidentes del anuncio que realizó la Comisión Europea la semana pasada de que Apple le debe a Irlanda hasta US$14.500 millones en impuestos impagos. Hablando estrictamente en términos económicos, la CE tiene razón. Apple, con la ayuda de Irlanda, separó las ganancias que reporta y los impuestos que paga de la actividad comercial que genera esas utilidades. Ese comportamiento, repetido por numerosas multinacionales en otras jurisdicciones, ha creado brechas gigantescas en el sistema mundial de impuestos corporativos.
Sin embargo, determinar si la CE tiene razón o no en el aspecto legal es otra cuestión. El organismo afirma que Irlanda le dio a Apple un trato especial que constituye una ayuda estatal ilícita a una empresa privada. El gobierno irlandés lo niega y planea apelar la decisión ante los tribunales de la Unión Europea.
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto. La elusión multinacional de impuestos está creciendo precisamente porque las compañías perseverantes pueden hallar muchas maneras, y muchos gobiernos socios, para evitar pagar tributos. Las normas impositivas son tan subjetivas que una compañía puede afirmar que cumple las normas y sin embargo paga una tasa que “todos los demás ven y dicen que es de locos”, asevera Martin Sullivan, economista jefe de Tax Analysts, una consultora sin fines de lucro.
El hecho de que la elusión de impuestos corporativos haya crecido es evidente al ver las ganancias que las empresas estadounidenses reportan en paraísos fiscales. Las ganancias de las empresas de control estadounidense equivalieron en 2004 a 7,6% del Producto Interno Bruto de Irlanda. Para 2010, esa cifra se había más que quintuplicado, a 42%, según Jane Gravelle, analista del Servicio de Investigación del Congreso, que no tiene afiliación política. En Luxemburgo, la relación se ha disparado de 18,2% a 127%. En paraísos fiscales tradicionales como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, las ganancias de las subsidiarias estadounidenses equivalieron a 20 veces el PIB local en 2010.
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Existen varias razones detrás de este aumento. Una es el crecimiento de la propiedad intelectual, como las patentes, las marcas y el software como fuente de ganancias, que se pueden trasladar fácilmente entre jurisdicciones en el extranjero. Otra es la sofisticación y la audacia con las que las multinacionales explotan los resquicios entre, y los tecnicismos en, los sistemas tributarios de diferentes países. Debido a que Estados Unidos es líder en sectores intensivos en propiedad intelectual, sus empresas son naturalmente los usuarios más ávidos de tales técnicas.
Según la CE, Irlanda tomó determinaciones impositivas en 1991 y 2007 que permitieron a Apple asignar ganancias sobre las ventas en la Unión Europa a una “sede” interna que existía sólo en papel y no era gravable bajo una provisión de las leyes tributarias irlandesas que ya no está en vigencia. Por consecuencia, sostiene, la tasa tributaria efectiva de Irlanda sobre las ganancias europeas de Apple fue de 0,005%, muy por debajo del impuesto corporativo oficial de 12,5%.
La respuesta de Apple, como es costumbre, distó de ser un pedido de disculpas. “Pagamos todos los impuestos que debemos”, declaró su presidente ejecutivo, Tim Cook, en una carta a los clientes.
Cook calificó la tasa tributaria estimada de la CE como “estupideces políticas”. Un vocero del gobierno irlandés dijo: Lo que sabemos que es irlandés está siendo tributado. Lo que sabemos que no es irlandés no estamos tocando”. El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, quien suele vituperar contra malhechores corporativos, se puso del lado de Apple, argumentando que la CE ha sembrado incertidumbre y socavó la cooperación internacional, liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tomar medidas drásticas contra la elusión impositiva.
Lew también una motivación monetaria. La CE afirma que Apple debe impuestos que ocultó indebidamente de los gobiernos europeos. No obstante, EE.UU. también reclama el dinero. Pese a que Apple envió las ganancias a una unidad que no es reconocida por la ley tributaria de EE.UU., la compañía dice que las utilidades están sujetas a impuestos estadounidenses. Sin embargo, no tiene que pagar el impuesto mientras el dinero permanece fuera del país, y Cook asegura que no será repatriado hasta que la tasa de impuestos corporativos de EE.UU., actualmente de 35%, sea más de su gusto. Apple reporta una tasa impositiva de 26%, pero eso incluye impuestos sobre ingresos extranjeros que en realidad no ha pagado. Sin contar eso, su tasa tributaria en efectivo es de 19%.
Esto, sin dudas, es lo que los accionistas de Apple quieren escuchar, pero solamente profundiza el cinismo del público hacia el sistema tributario y la globalización en general.
Las empresas estadounidenses argumentan que tendrían menos incentivos para trasladar las ganancias si EE.UU. bajara su tasa impositiva para las empresas y dejara de gravar las ganancias obtenidas fuera del país. De todos modos, cuesta creer que las empresas repatriarían sus ganancias con una tasa de 25% en EE.UU. si en los paraísos fiscales pagan una tasa efectiva de cero. Poner fin al derecho a postergar las ganancias obtenidas en el extranjero podría resultar efectivo, pero eso también podría llevar a las empresas estadounidenses a abandonar EE.UU. del todo. Y, por supuesto, ambas medidas requerirían un cambio de legislación.
La iniciativa de la OCDE apunta a cerrar algunos de los resquicios que facilitan la elusión fiscal, pero quedar por verse cuán profundo puede ser su impacto. Un estudio de septiembre de 2015 para el Parlamento Europeo sugirió que una solución integral podría recaudar US$13.000 millones al año, una fracción de los US$56.000 millones a US$212.000 millones que pierde debido a “planificación impositivas enérgicas”.
De hecho, los recaudadores fiscales tal vez nunca logren seguir el ritmo de sofisticación de las empresas que eluden impuestos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que la tarea haya recaído en un regulador antimonopolio.
La UE ordena a Apple pagar una cifra récord: más de US$ 14.500 millones
Es porque considera que la empresa gozó de modo ilegal de beneficios impositivos en Irlanda. La reacción del Gobierno estadounidense.
Apple opera en Cork, Irlanda.
La Comisión Europea llegó a la conclusión de que Irlanda concedió beneficios fiscales «ilegales» a la empresa tecnológica Apple por valor de 13.000 millones de euros (14.500 millones de dólares), lo que «permitió a Apple pagar significativamente menos impuestos que otras compañías», según un comunicado de la CE.
«Los estados miembro no pueden dar beneficios fiscales a empresas seleccionadas. Esto es ilegal según las leyes de ayudas estatales de la UE», dijo hoy la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager.
Una investigación de tres años mostró que Irlanda concedió importantes ventajas fiscales a Apple durante tantos años que la cantidad real de impuestos abonados por la multinacional sobre sus beneficios europeos bajó del 1 % en 2003 a un testimonial 0,0005 % en 2014, agregó la comisaria.
Según la CE, «Irlanda debe recuperar ahora los impuestos que Apple no le pagó entre los años 2003 y 2014, más de 13.000 millones de euros (14,5 millones de dólares), además de los intereses correspondientes.
El gobierno irlandés negó que le estuviera dando un trato fiscal favorable al fabricante del iPhone y otros productos de electrónica de consumo, software para computadoras y servicios en Internet. «La posición de Irlanda sigue siendo que en este caso se abonaron todos los impuestos y no se concedió ayuda estatal», explicó Dublín en un comunicado. «Irlanda no firma acuerdos con contribuyentes».
El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, dijo que buscará la aprobación del gobierno irlandés para apelar al fallo de la UE ante tribunales comunitarios.
«Es importante que enviemos un mensaje firme de que Irlanda sigue siendo un lugar atractivo y estable para inversiones importantes a largo plazo», manifestó Noonan. «Apple está en Irlanda desde la década de 1980 y da trabajo a miles de personas en Cork».
Apple informó que recurrirá la decisión de la CE. En un comunicado, la empresa señaló que paga todos sus impuestos en cualquier lugar adonde opera y consideró que la CE «ignora» la legislación fiscal de Irlanda, al tiempo que advirtió del «profundo» efecto que la medida tendrá en la inversión en Europa.
«Vamos a apelar y confiamos en que la decisión será revocada«, señaló la empresa, después de que la CE llegase a la conclusión de que Irlanda concedió beneficios fiscales «ilegales» a la empresa tecnológica por valor de 14.500 millones de dólares.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que la decisión de la Unión Europea de ordenar a Apple devolver 13.000 millones de euros por ventajas fiscales indebidas en Irlanda «socava el espíritu de la asociación económica» con Europa.
«Las acciones de la Comisión podrían amenazar la inversión extranjera, el clima de negocios en Europa y el importante espíritu de la asociación económica entre EE.UU. y la UE», dijo un portavoz del Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.
Fuente: Clarín, 30/08/16.
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El 54,8% del precio final de un auto 0Km son impuestos
La presión impositiva es más elevada que en Brasil, México y EE.UU.; quejas de la empresas por la competitividad.
Por Francisco Jueguen.
Cada $ 10.000 gastados en la compra de un auto 0 km, alrededor de $ 5500 son impuestos. Esto significa que más de la mitad del precio final de un vehículo nuevo va directamente a engrosar las arcas del Estado.
Los gravámenes sobre los automóviles se traducen en un peso para la billetera de los consumidores: la presión impositiva total -acumulada a lo largo de la cadena de autopartistas, terminales y concesionarias- alcanza en la actualidad un 54,8%, según cálculos del sector privado. Pero además, los largos tentáculos del Estado se convierten en un inconveniente para las empresas cuando el Gobierno reclama una mejora de la competitividad sistémica, más integración al mundo y precios más económicos bajo el tamiz del flamante Plan Productivo Nacional.
Sin ir más lejos, el Ministerio de Producción mejoró a comienzos de año las escalas y alícuotas del impuesto interno a los autos pero no lo actualizó a fines de junio, pese a la inflación.
Nadie duda que los autos son caros en la Argentina. Más allá de la guerra de promociones y descuentos agresivos en los que actualmente batallan las automotrices -incluso con ventas en concesionarios a precios de fábrica-, sólo hay entre nueve y diez modelos en todo el país que cuestan menos de 200.000 pesos. El auto más económico en la Argentina ronda los 12.100 dólares. Se trata de un valor más alto, por ejemplo, que en Brasil, Chile y México. De acuerdo a un relevamiento de la revista Autofoco de octubre pasado, el país tiene los precios de los autos más altos de la región (también por encima de Chile, Perú, Colombia y Ecuador).
En toda la cadena de producción y comercialización de un auto se paga 21% de IVA, 9,13% de Ingresos Brutos, 7,69% de contribuciones patronales y ART, 4,5% de Ganancias, 4,15% de aranceles, 2,76% de tasa municipal, 2,76% de impuesto al cheque, 2,48% por impuesto a los sellos, inmobiliario y otros, y 0,34% de impuestos a las participaciones societarias.
«Entre estos impuestos se encuentran algunos muy distorsivos, como los ingresos brutos provinciales, las contribuciones sobre el trabajo, la tasa de seguridad e higiene y sellos, los cuales se acumulan en cascada sin poder eliminarse o compensarse», indicó un cálculo conjunto de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), publicado por Ámbito Financiero.
En Brasil, la carga es levemente menor. Sumados el impuesto al Producto Industrializado (IPI), a la Circulación de las Mercaderías y Servicios (ICMS) y el Programa de Integración Social (PIS/Cofins), el peso de los impuestos llega al 42%. A eso se le agrega un 7,70% de impuestos no recuperables, lo que da una carga total de 49,7 por ciento.
Las cosas varían mucho en México y Estados Unidos. En el primer caso, no hay impuestos a la producción de vehículos, sí aranceles a la importación (la tasa más aplicada es de 20%), a lo que se suma la carga impositiva sobre el precio final al consumidor (gravámen sobre autos nuevos, sobre tenencia o uso de vehículo y al valor agregado. El peso total de los impuestos sobre el precio del auto es variable y va desde el 18 al 33%.
En cambio, en la potencia del norte no hay gravámenes a la comercialización de autos, pero sí a la importación de 0 km (hasta 2,5% para miembros de la OMC, pero llega al 10% para los no miembros). Sobre el precio final, hay IVA, impuesto a las ventas y otros que varían según el estado o condado. La carga impositiva total en Estados Unidos es entre 0 y 15 por ciento.
«Cuando uno entra a una concesionaria para comprar un 0 km, entra a comprar impuestos. Y cuando sale del comercio y va a la estación de servicio, también pide que le llenen el tanque con impuestos», ironizó Diego Giacomini, director de la consultora Economía & Regiones, que agregó que la industria automotriz no es la excepción a la regla en el sector fabril. «El peor enemigo de la competitividad para el sector privado es el Estado. La relación gasto/ PBI, la presión tributaria, el costo del capital, la inflación y el costo salarial después de impuestos y en relación con la productividad son claves de la competitividad. En todos esos componentes aparece el Estado y en todos estamos peor que en la región», afirmó el economista.
El Gobierno entendió este problema y a comienzos de junio creó la Comisión de Análisis para la Reforma Tributaria, en el Ministerio de Hacienda. «Está claro. En la Argentina hay muchos sectores donde la presión tributaria afecta los precios finales y por eso vamos a revisar la estructura tributaria completa no sólo para promover el consumo, sino también la inversión», dijo a LA NACION una fuente oficial.
«El peso de los impuestos en la industria automotriz, que no es muy diferente del de la industria en general, abre el debate sobre la competitividad sistémica», señaló Dante Sica, director de la consultora Abeceb. «Es muy difícil competir con los autos coreanos o japoneses en Colombia, Chile o Perú con esta estructura», agregó el experto, que ve un leve repunte de la venta este año y «brotes verdes» en 2017 con un leve despegue brasileño.
Las claves de los precios altos
—La estructura impositiva en la Argentina tiene un fuerte peso, con impuestos altamente distorsivos.
—En la industria piden trabajar además con los costos logísticos y los costos laborales.
—En la Argentina aún falta escala para competir, pero además hay quejas con los precios los insumos básicos.
Estados Unidos: el principal paraíso fiscal del mundo
Por Miguel Angel Boggiano.
Un paraíso fiscal hoy ya no tiene nada que ver con una ubicación “offshore” sino con un conjunto de beneficios. Estos son la privacidad y el secreto de la información, la minimización de impuestos, y la administración de activos y su acceso, desde cualquier lugar del mundo. Estados Unidos provee estos beneficios a nivel federal y algunos estados llevan al extremo la posibilidad de secreto y anonimato. Esto no es una circunstancia actual: la historia empieza en 1921 e indica una política de estado que lleva casi un siglo en vigencia.
En 1921 con la “Revenue Act” aparece el primer beneficio fiscal: se exceptúa a los extranjeros del pago de impuestos sobre el interés generado por depósitos en bancos comerciales. El objetivo central fue en alentar a individuos y compañías no residentes a conducir sus negocios a través de instituciones ubicadas en los Estados Unidos. Desde entonces, a lo largo de todo el siglo XX, ha sido una política de estado beneficiar al capital extranjero que busque invertir en los Estados Unidos, con diferentes ventajas impositivas.
Desde los grandes déficits de balanza de pagos en los 60s y los 70s, los Estados Unidos saldaron la situación favoreciendo el ingreso de capital extranjero, atraído por el secreto bancario y las exenciones impositivas. Esto fue reafirmado por la Tax Reform Act de 1976 y la de 1986.
El nacimiento de FATCA
Dado que los Estados Unidos favorecían tanto a los extranjeros para realizar inversiones sin pagar impuestos en su territorio, muchos estadounidenses comenzaron a hacerse pasar por extranjeros. En consecuencia en el 2001 crearon el programa de Intermediarios Calificados (Qualified Intermidiaries) para que estos le informaran al ente recaudador de impuestos (IRS) quienes eran los ciudadanos que se hacían pasar por extranjeros. Esto fue hecho deliberadamente para que entidades gubernamentales no tuvieran que recolectar ellos mismos información acerca de extranjeros que luego tuvieran que compartir con el resto de los países. Simplemente tercerizaron esta tarea y pidieron que les enviaran sólo información acerca de estadounidenses.
El programa resultó ser un fracaso porque los bancos no le informaban a los EEUU acerca de las cuentas de los estadounidenses. El caso más resonante fue el de UBS. Fue entonces que en 2010 se crea el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para obligar unilateralmente a los bancos extranjeros a reportar efectivamente a los estadounidenses. Luego se resolvió firmar ciertos acuerdos bilaterales de reciprocidad (IGAs) que en la práctica son muy desiguales, ya que EEUU intercambia mucha menos información que la que exige (por lo pronto nunca informa el beneficiario final de una cuenta a nombre de una sociedad).
A raíz del surgimiento del FATCA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) crea el CRS (Common Reporting Standards). Este es el tratado multilateral del que se habla hoy en día y que propicia el intercambio automático de información financiera entre los países que lo suscriben. Los Estados Unidos han decidido no sumarse al CRS ya que consideran que su vía de reciprocidad es a a través de los acuerdos IGA.
Para rematar esta situación, estados como Nevada, Delaware y Wyoming ofrecen a quienes constituyen sociedades, un nivel de secreto y anonimato prácticamente absoluto, como un agregado a los beneficios a nivel federal. De esta forma, se pueden nombrar directivos nominales para esconder la verdadera identidad de los dueños de las compañías, amparándose en el privilegio del secreto abogado-cliente.
Con todo, queda a la vista que los Estados Unidos llevan un largo recorrido que posibilita el secreto fiscal, el anonimato y la exención impositiva para quienes elijan hacer negocios en su territorio. Quien crea que esto puede cambiar en un futuro cercano, está simplemente mal informado.
Desde EconomiaPersonal.com.ar siempre hemos defendido la idea de que los impuestos son un robo. Por más que se aplique cosmética, se dore la píldora y se use lenguaje políticamente correcto, la hsitoria muestra con claridad cómo surgieron los impuestos y cómo se fueron incrementando con el paso de los siglos. A modo de ejemplo, citamos el «gacioso» caso del peluquero de Hollande.
Polémica e ironías para Hollande por tener un peluquero por 10.000 euros al mes
Tras conocerse que el presidente francés destina dinero oficial para cuidar su cabello se armó revuelo en la redes sociales.
Otro político caradura que vive a nuestra costa. [EP]
El presidente francés Francois Hollande tiene un peluquero personal desde que fue comenzó su mandato en 2012 al que se le paga un sueldo mensual de 9.895 euros, publicó este miércoles el semanario satírico Le Canard Enchaîné.
El sueldo del peluquero del presidente, que fue confirmado por el gobierno y que se aproxima a lo que gana un ministro, ha levantado indignación y burlas en las redes sociales. El hashtag #Coiffeurgate era tendencia hoy en Twitter en Francia.
El contrato de trabajo de Olivier B., «peluquero personal del jefe de Estado», fue firmado el 16 de mayo de 2012 por la entonces directora del gabinete del Elíseo, Sylvie Hubac, precisa el semanario.
Este documento estipula que Olivier B. está contratado «por la duración del mandato presidencial en curso». Según el semanario, este «contrato temporal de cinco años supone una remuneración bruta acumulada de 593.700 euros«. Los honorarios van acompañados de una «eventual ‘asignación para vivienda’ y otras ‘ventajas familiares’«, agrega la publicación.
Un diputado del ultraderechista Frente Nacional (FN) se refirió al presidente socialista como «su majestad» en Twitter, mientras otros usuarios superponían pelucas afro y otros peinados extravagantes sobre imágenes del presidente para «ayudar al peluquero a ganarse su sueldo».
La semana pasada, el supervisor lo llamó a su oficina. Tenía una buena noticia para comunicarle. Luego de las evaluaciones de desempeño y en vistas a una ampliación de sus responsabilidades, le iban a dar un aumento de sueldo. Se trataba de un considerable 29% de suba.
