Cómo evitar el próximo carnaval financiero
octubre 3, 2025
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
La sucesión de fraudes, quiebras y crisis que han marcado las últimas décadas —desde esquemas Ponzi monumentales hasta quiebras tecnológicas y manipulación de índices de referencia— no es un punteo de anécdotas aisladas. Constituye, más bien, la señal de un fallo sistémico: la colisión entre incentivos privados mal alineados, arquitecturas regulatorias fragmentadas y una cultura pública que ha normalizado la incomprensión de los riesgos financieros. El resultado es un mercado que, con demasiada frecuencia, traslada pérdidas a familias, empleos y estabilidad social.
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Casos paradigmáticos: síntesis y lecciones
Bernard Madoff representa la cara más dramática y humana del desastre. Sentenciado a la pena máxima —150 años de prisión— por montar lo que se considera el mayor esquema Ponzi conocido, su caso recordó que la enorme sofisticación aparente puede ocultar fragilidad operativa, y que la connivencia involuntaria o deliberada de intermediarios agrava la tragedia. La documentación judicial y las crónicas periodísticas conservan el relato de una estafa que arrasó el patrimonio de particulares, fundaciones y fondos.
Las investigaciones y demandas posteriores pusieron el foco sobre bancos que habían tratado con Madoff, y uno de los capítulos más ilustrativos fue el acuerdo de JPMorgan Chase: la entidad acordó en 2014 pagar 2.600 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con su presunta inacción pese a señales de alerta. Ese acuerdo no borra la pregunta central: ¿hasta qué punto las instituciones financieras toleraron o ignoraron irregularidades por interés propio?
El caso del fondo Abacus, con Goldman Sachs en el centro, mostró otro riesgo: el conflicto de agencia. En 2010 la Securities and Exchange Commission (SEC) resolvió una denuncia contra Goldman por la comercialización de un producto sintético ligado al mercado hipotecario, con un acuerdo por 550 millones de dólares y exigencias de reforma en prácticas comerciales. La acusación no era mera mala praxis técnica: señalaba que los diseñadores del producto tenían posiciones contrarias a las de los clientes a quienes se les vendía, una estructura que convierte al asesor en jugador y vendedor al mismo tiempo.
Más reciente en la cronología, Wirecard —la fintech alemana entonces alabada por mercados y gobiernos europeos— colapsó cuando se descubrió que cerca de 1.900 millones de euros «faltaban» en sus cuentas. La compañía entró en insolvencia y su caída puso en evidencia fallas de auditoría, supervisión y credulidad política. La lección es doble: las narrativas de éxito tecnológico pueden enmascarar déficits de control, y la presión política para preservar empleos o relato económico puede retardar controles efectivos.
En el nuevo terreno de las criptomonedas, el derrumbe de FTX es el ejemplo vivo de cómo modelos de negocio opacos y conflictos operativos pueden traducirse en pérdidas planetarias. La caída de FTX y el proceso penal contra su fundador muestran que la ausencia de reglas claras y supervisión efectiva en mercados emergentes produce víctimas masivas —clientes minoristas incluidos— y exige respuestas regulatorias contundentes. En 2024, la justicia estadounidense condenó y sancionó duramente a los responsables de esa trama.
Finalmente, la manipulación de índices referenciales (como la LIBOR) y la constatación de mercados de divisas concertados descubiertos por autoridades, han sido episodios que erosionaron la confianza en la infraestructura misma del mercado, con multas y procesos contra bancos globales. Estos hechos confirman que no basta con supervisores débiles o sanciones ex post: hay que modelar incentivos para evitar la captura y el abuso antes de que el daño sea sistémico.
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Causas estructurales: por qué se repiten las fallas
No existe una única explicación; hay un mosaico de factores que interactúan:
—Desalineación de incentivos: remuneraciones basadas en resultados de corto plazo, estructuras de comisiones y posiciones en sentido contrario fomentan la toma de riesgos oportunista.
—Complejidad opaca: productos financieros empaquetados en estructuras casi herméticas resultan ininteligibles para la mayoría de supervisores y clientes.
—Regulación fragmentada y política débil: la regulación frecuentemente es reactiva, capturada por intereses sectoriales o limitada por fronteras nacionales en un mercado que opera globalmente.
—Cultura institucional permisiva: cuando la reputación y el lobby institucional pesan tanto como la ley, la prudencia queda subordinada a la ganancia. Alan Greenspan, en su testimonio de 2008, reconoció una falla de juicio en confiar en que la autorregulación sería suficiente para contener excesos. Esa admisión pública resalta el problema: las creencias ideológicas pueden volverse riesgos sistémicos.
Paul Volcker, por su parte, sintetizó con ironía el descrédito de una «innovación» financiera que ha generado más complejidad que valor social, cuando observó que muchas de las llamadas innovaciones no habían contribuido al crecimiento real en la economía; su comentario sobre el cajero automático se ha transformado en emblema de una crítica mayor a la deriva de la ingeniería financiera
Qué funciona y qué no: principios de una reforma creíble
La prevención del próximo gran fraude exige medidas que combinen técnica, institucionalidad y cultura pública:
1. Órganos reguladores verdaderamente independientes. No basta con crear entidades; hay que blindar su financiación, rotación de personal y mecanismos contra la captura política. La autonomía debe ser real y operativa.
2. Transparencia operativa radical. Registros centralizados de posiciones, contrapartes y exposición a derivados que permitan auditorías en tiempo razonable y acceso razonado por autoridades.
3. Fiduciaria obligatoria y sanciones personales. Endurecer la responsabilidad legal de ejecutivos y auditores, con sanciones proporcionales y realistas que disuadan la toma de riesgos deliberada.
4. Herramientas de supervisión tecnológica. Reguladores con capacidades analíticas para detectar patrones anómalos (matching de transacciones, análisis de redes, control estadístico) antes de que las pérdidas se escalen.
5. Cooperación internacional. Los productos y flujos transfronterizos exigen marcos acordados y procedimientos de ejecución que no permitan a actores trasladar operaciones a jurisdicciones de baja vigilancia.
6. Protección y premio al whistleblower. Incentivos para empleados y consultores que detecten irregularidades y las eleven con garantías reales.
7. Educación financiera pública. Una ciudadanía que entienda los productos, y que pueda exigir mejores prácticas, constituye la defensa última contra la normalización de abusos.
Además, en mercados nuevos (fintech, criptomonedas) es imprescindible aplicar el principio de «prudencia antes que permisividad»: la innovación no puede ser un asidero para eludir supervisión. Los casos de las criptomonedas $LIBRA y Diem —una estafa pump & dump y un caso de vacíos normativos, respectivamente— alertan sobre la necesidad de marcos claros desde el diseño.
Entre la ética y el mercado: la necesidad de un capitalismo más humano
Frente a este escenario, la discusión va más allá de reformas puntuales. Lo que está en juego es el sentido mismo del sistema económico global. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, subrayó que “la economía necesita de la ética para su correcto funcionamiento”. No se trata de moralizar superficialmente los mercados, sino de reconocer que, sin un anclaje en valores, las finanzas se convierten en un casino global que traslada las pérdidas a los más vulnerables.
El Distributismo, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia y defendido por pensadores como G.K. Chesterton y Hilaire Belloc, proponía desde principios del siglo XX un modelo donde la propiedad y la producción estuvieran más equitativamente distribuidas. Aunque en gran medida fue relegado por la hegemonía del capitalismo financiero, existen ejemplos de empresarios que buscaron ese equilibrio. En Argentina, Enrique Shaw —hoy en proceso de beatificación— mostró que era posible conjugar rentabilidad económica con respeto a la dignidad humana, uniendo eficiencia empresarial con compromiso social.
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La resistencia a la regulación
Cada intento de imponer controles más estrictos a las instituciones financieras se topa con la resistencia férrea de lobbies y parlamentos. La reforma de Wall Street posterior a 2008, conocida como Dodd-Frank, fue denunciada por Madoff como un chiste. Y, en efecto, buena parte de sus disposiciones fueron luego diluidas. La lógica de los ciclos electorales, sumada a la influencia del dinero en la política, hace que la reforma estructural del sistema financiero sea siempre una promesa postergada.
Es sabido que la acumulación de capital en muy pocas manos tiende a crear desigualdades extremas si no se establecen mecanismos correctivos. El problema es que esas desigualdades no son solo económicas: generan un poder político que captura al Estado, impidiendo que las regulaciones se materialicen.
No todos los problemas se resuelven con normas técnicas. La restauración de la confianza requiere un cambio cultural: una ética pública que presuma responsabilidad en la esfera financiera y una dirigencia dispuesta a sacrificar ventajas de corto plazo por la estabilidad y el bien común. La justicia, entendida como sanción ejemplar y reparación real a las víctimas, tiene un componente simbólico importante; pero sin reformas estructuradas la sanción individual se queda en anécdota.
Las sanciones monumentales y las condenas dramáticas generan titulares, pero sin arquitecturas que impidan la repetición del delito, el mercado permanecerá vulnerable. En otras palabras: la justicia punitiva sin arquitectura preventiva es meramente paliativa.
Entrar en acción
El diagnóstico está claro: cuando la búsqueda del rendimiento convierte al mercado en un laberinto opaco y sus actores en agentes que entran en conflicto con los intereses de sus clientes y del público, la receta para la catástrofe está servida. Evitar el próximo carnaval financiero exige, simultáneamente, fortalecimiento institucional, translación de incentivos y una renovación ética del ejercicio profesional en finanzas.
Propongo tres pasos operativos y urgentes: (1) blindar la independencia y la capacidad técnica de los reguladores; (2) imponer requisitos de transparencia operativa en tiempo real para instrumentos complejos; (3) endurecer la responsabilidad fiduciaria con sanciones efectivas contra directores, auditores y gestores que oculten o faciliten fraudes. Si la economía no pone límites al oportunismo interno, la próxima crisis no será un fallo técnico: será la consecuencia previsible de decisiones humanas.
El mercado financiero no es una ruleta ni un teatro para ganancias sin costo colectivo. Es una infraestructura social que funciona —o falla— según las reglas que la sociedad impone. La tarea es política y técnica, requiere voluntad ciudadana y decisión de la dirigencia. Actuar ahora no es un ademán moral: es una inversión en estabilidad, crecimiento y en la dignidad de millones que confían sus ahorros, pensiones y esperanzas a instituciones que deben responder por ellas.
Fuente: Ediciones EP, 03/10/25.
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Estafador de Florida roba millones y se declara culpable en tribunal federal
octubre 2, 2025
Por Tez Romero.
Un residente que se hizo pasar por asesor financiero se declara culpable de un fraude multimillonario que tuvo como blanco cuentas de jubilación y les robó a muchos los ahorros de toda la vida.
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Un fraude multimillonario de inversión y préstamos PPP, orquestado por un residente de Florida que se hizo pasar por asesor, ha resultado en una declaración de culpabilidad en un tribunal federal.
Jared Dean Eakes, quien se presentó como profesional financiero pero no contaba con licencia ni registro como asesor de inversiones, se declaró culpable de fraude electrónico y fraude bancario tras orquestar un plan que desvió más de 2,7 millones de dólares de inversores y más de 4,6 millones de dólares en préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Nómina (PPP).
Los registros judiciales muestran que Eakes operaba a través de una red de entidades, entre ellas GraySail Capital LLP, GraySail Capital Management LLC y Small World Capital. Se dirigía a personas que buscaban transferir sus ahorros para la jubilación, prometiéndoles invertir sus activos en fondos legítimos. En cambio, Eakes redirigía su dinero a cuentas que controlaba, utilizando documentos falsificados y falsas promesas. Los fondos se movían a través de bancos como SunTrust, JP Morgan Chase y Ally Bank, a menudo sin el conocimiento ni el consentimiento de los clientes.
Las víctimas, muchas de las cuales transfirieron sus cuentas IRA y 401(k) a Eakes para invertirlas, vieron desaparecer los ahorros de toda su vida. Según investigadores federales, Eakes reembolsó a algunos clientes con dinero robado a otros, creando la ilusión de rendimientos constantes mientras ocultaba el fraude subyacente. El esquema se desmanteló después de que transacciones sospechosas desencadenaran una investigación federal, que reveló un patrón de engaño, firmas falsificadas y transferencias no autorizadas.
El caso del gobierno detalla cómo Eakes utilizó a Small World Capital como fachada, enviando documentos de inversión falsos a custodios como Equity Trust Company. Posteriormente, canalizó los fondos robados a sus propias cuentas, utilizando las ganancias para gastos personales, viajes y para cubrir reembolsos de inversores anteriores. En total, el esquema de fraude electrónico generó $2,737,462.20 de al menos nueve víctimas, con pérdidas individuales que oscilaron entre $24,397 y más de $1.1 millones.
La conducta delictiva de Eakes no se limitó al fraude de inversiones. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, se dedicó a explotar el programa federal de préstamos PPP. Utilizando empresas fantasma registradas en Wyoming sin actividad comercial real, Eakes presentó solicitudes de préstamo falsas, con documentos del IRS y registros de nómina falsos. Obtuvo $4,603,280 en fondos PPP de múltiples prestamistas y luego desvió el dinero a cuentas personales y comerciales. Las autoridades no encontraron evidencia de que los fondos se utilizaran para nóminas o gastos comerciales legítimos.
En septiembre de 2025, Eakes se declaró culpable de fraude electrónico y fraude bancario. Se enfrenta a una pena de hasta 50 años de prisión y debe confiscar bienes por un total de más de 7,3 millones de dólares, incluyendo las ganancias de ambos esquemas. La sentencia está programada para el 22 de enero de 2026 en el tribunal federal de Jacksonville.
El caso es un duro recordatorio de que incluso los clientes más experimentados pueden caer víctimas de estafadores sofisticados.
Fuente: investmentnews.com, 02/10/25
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El plan de paz de Trump para Gaza
octubre 2, 2025
Por Adalberto Agozino.
Donald Trump ha vuelto a situar a Medio Oriente en el centro del tablero internacional con la presentación de un plan de paz de veinte puntos para Gaza.
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Este lunes 29/09/25 acompañado por Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente estadounidense planteó una hoja de ruta que, de aceptarse, supondría el fin de la guerra que desde 2023 devasta la Franja y abriría paso a una etapa de transición bajo tutela internacional.
El plan, sin embargo, ha sido recibido con lecturas opuestas. Mientras Israel y gran parte del mundo árabe lo avalan, Hamás se encuentra ante un dilema existencial: aceptar un desarme que significaría su disolución política o rechazar la propuesta y exponerse a una ofensiva militar sin precedentes.
Un marco de veinte puntos
El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos, la retirada gradual del ejército israelí, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la creación de una “Junta de Paz” encabezada por el propio Trump y en la que participaría Tony Blair, además de expertos internacionales y palestinos no vinculados a milicias.
El texto exige la desmilitarización total de Hamás y la destrucción de su infraestructura bélica. En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización, integrada por países árabes y apoyada por EE. UU., asumiría la seguridad en el territorio y entrenaría a un nuevo cuerpo policial palestino.
Aunque el plan menciona la “posibilidad futura” de un Estado palestino, evita comprometer un calendario, dejando la cuestión en suspenso. Ese silencio es, para muchos, su mayor debilidad.
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Los aspectos positivos del plan
El mayor logro de la iniciativa reside en su capacidad de generar un consenso regional inédito. Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han mostrado su apoyo al plan, aislando políticamente a Hamás y empujándolo a negociar. También la Autoridad Palestina ha expresado disposición a participar en la reconstrucción, aunque con reservas.
En el terreno, la propuesta ofrece una perspectiva inmediata de alivio humanitario: el desbloqueo de la Franja, el envío masivo de medicinas, alimentos y agua, y el inicio de un plan de reconstrucción económica supervisado por la ONU. Para los más de 1,5 millones de gazatíes desplazados, agotados tras dos años de guerra, el plan representa la única esperanza de frenar la catástrofe.
Además, el acuerdo permitiría recuperar a los rehenes aún en poder de Hamás, un reclamo prioritario para la sociedad israelí.
Los aspectos negativos: protectorado y rendición
El plan también acumula críticas severas. Organizaciones palestinas y voces de la sociedad civil lo califican de “rendición impuesta” que excluye a los propios palestinos de decidir su futuro. El diseño de una Gaza administrada por una Junta de Paz liderada por Trump se interpreta como un modelo paternalista, o incluso neocolonial.
Otro punto controvertido es el desarme obligatorio de Hamás. Para el movimiento islamista, renunciar a sus armas equivale a disolverse. La Yihad Islámica Palestina ya ha rechazado de plano el plan, y sectores duros de Hamás advierten que aceptarlo sería suicida.
También en Israel hay divisiones. Netanyahu apoya el plan, pero enfrenta la oposición de sus socios de ultraderecha, que lo acusan de “fracaso diplomático”. Para ellos, el fin de la guerra limitaría sus aspiraciones de recuperar Gaza por la fuerza y pondría en riesgo la coalición de gobierno.
Por último, la ausencia de un horizonte claro para un Estado palestino mantiene abierta la herida histórica del conflicto.
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Cómo interpretan el plan los actores involucrados
–Estados Unidos
Para Trump, el plan representa un triunfo personal y diplomático. El presidente lo calificó de “uno de los días más grandes de la civilización”, presentándose no solo como mediador, sino como garante y protagonista directo del proceso. Washington interpreta el acuerdo como un “punto de no retorno” en el que Hamás debe elegir entre desarmarse o desaparecer. La administración republicana subraya, además, que el plan podría consolidar los Acuerdos de Abraham de 2020 y extender la normalización entre Israel y el mundo árabe.
Para el presidente Donad Trump, en lo personal, lograr un alto alfuego duradero en Gaza lo acercaría a su objetivo de obtener el Premio Nobel de la Paz, equiparándose con su rival demócrata Barack Obama, y le dejaría las manos libres para su segundo obtetivo: imponer la paz entre Ucrania y Rusia.
–Israel
Netanyahu respalda públicamente el plan porque cumple con los objetivos militares: debilitar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurar que Gaza no vuelva a ser una amenaza. Pero en el interior de su gobierno la propuesta provoca fisuras. Los socios de ultraderecha acusan al primer ministro de “claudicar” y advierten que aceptar el plan podría significar el final de la coalición. Netanyahu, pragmático, mantiene un doble discurso: apoya el texto ante la comunidad internacional, pero insinúa ante sus aliados que Israel mantendrá presencia militar en partes de Gaza, incluso si el plan avanza.
–Hamás
El grupo islamista percibe el plan como una “rendición impuesta”. Sus líderes rechazan de plano la exigencia de desarme y ven con recelo la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, que consideran una nueva forma de ocupación. Al mismo tiempo, Hamás afronta divisiones internas: mientras la facción política en Doha evalúa un sí condicionado, los mandos militares dentro de Gaza insisten en continuar la resistencia armada. Para la milicia, entregar de golpe a todos los rehenes supondría quedarse sin su última carta de negociación
–La Autoridad Palestina (ANP)
La dirigencia de Fatah en Cisjordania celebra los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero denuncia que el plan legitima la exclusión de los palestinos de la toma de decisiones. Mahmoud Abbas ha mostrado disposición a participar en la reconstrucción de Gaza, aunque dirigentes de su círculo advierten que el esquema podría fracturar aún más la unidad nacional palestina.
–El club de los mediadores árabes (Qatar, Egipto, Turquía)
Estos países han desempeñado un papel esencial. Qatar y Egipto presionan a Hamás para aceptar la iniciativa, conscientes de que un rechazo podría desencadenar una ofensiva israelí devastadora. Turquía, tradicional aliada del grupo islamista, intenta suavizar las condiciones del plan, pero también se muestra pragmática: prefiere un acuerdo imperfecto antes que un Gaza arrasada. Para el bloque árabe, el plan supone la oportunidad de estabilizar la región y evitar un desbordamiento del conflicto.
–La Liga Árabe
La organización panárabe está dividida. Algunos Estados lo consideran un punto de partida positivo, mientras que otros lo tachan de “suicida” por las exigencias de desarme inmediato y la indefinición sobre la retirada israelí. El secretario adjunto Hosam Zaki alertó de que el texto contiene cláusulas “inaceptables” y que la falta de concreción deja a los palestinos en una situación vulnerable.
–Europa y la ONU
La Unión Europea ha recibido el plan con cautela, valorando la apertura humanitaria pero recordando que la solución debe incluir el derecho de autodeterminación palestino. Naciones Unidas lo interpreta como una oportunidad para abrir un corredor humanitario estable, aunque advierte de que la “Junta de Paz” no puede sustituir la voluntad soberana de los palestinos.
–La sociedad civil en Gaza
Los testimonios recogidos en medios internacionales revelan una postura ambivalente. Muchos gazatíes desconfían de Trump y de Israel, pero al mismo tiempo confiesan que apoyarían “cualquier plan que acabe con la guerra”. Exhaustos y devastados, priorizan el alto el fuego inmediato por encima de la arquitectura política que pueda surgir después.
Tres escenarios posibles
- Aceptación condicionada de Hamás
Hamás, bajo presión de Qatar, Egipto y Turquía, podría aceptar el plan con reservas, exigiendo garantías sobre la retirada total de Israel y revisiones en las cláusulas sobre desarme y gobernanza. Sería el escenario más estable a corto plazo, aunque con enormes dificultades de implementación y tensiones internas dentro del movimiento palestino.
- Rechazo y escalada militar
Si Hamás opta por rechazar la propuesta, Trump ya ha dado “luz verde” a Israel para intensificar la ofensiva. Este escenario conduciría a una guerra total en Gaza, con un saldo devastador en vidas humanas y el riesgo de una crisis regional mayor. Netanyahu, respaldado por Washington, podría buscar la destrucción definitiva de Hamás.
- Aceptación parcial y bloqueo político
Una tercera opción sería un sí ambiguo por parte de Hamás, que aceptase el alto el fuego y la liberación de rehenes, pero dilatase su desarme y su salida del poder. Esto permitiría un alivio inmediato de la situación humanitaria, pero mantendría un conflicto latente. El resultado sería una Gaza fragmentada, bajo control parcial de fuerzas internacionales, con una paz frágil y susceptible de romperse en cualquier momento.
Entre la esperanza y el abismo
El plan de Trump para Gaza no garantiza la paz, pero redefine los términos del conflicto. Por primera vez en dos décadas, la comunidad internacional y gran parte del mundo árabe se alinean en torno a una propuesta que podría acabar con la guerra. Pero esa misma unidad deja a Hamás en la encrucijada: aceptar una desmovilización que amenaza su existencia, o arrastrar a Gaza a un desenlace aún más sangriento.
El reloj corre. Trump ha dado apenas “tres o cuatro días” para una respuesta. En Oriente Próximo, como tantas veces, la paz depende de una delgada línea entre la diplomacia y la guerra.
Fuente: alternativepressagency.com, 02/10/25
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Ucrania está en el centro de tres triángulos entrelazados para contener a Rusia
octubre 2, 2025
Por Andrew Korybko.
Se trata del Triángulo de Lublin de 2020 (Ucrania, Polonia y Lituania), la alianza de facto de 2022 entre Ucrania, Polonia y el Reino Unido, y el Triángulo de Odessa de principios de agosto con Rumania y Moldavia.
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En los últimos años, Rusia ha acusado sistemáticamente a Occidente de convertir a Ucrania en una potencia «antirrusa» con fines de contención, ante lo cual Putin autorizó la operación especial en curso. Un año y medio antes de su inicio, Polonia, Lituania y Ucrania formaron el «Triángulo de Lublin», que implica cooperación militar y continúa tambaleándose cinco años después de su creación. Exactamente una semana antes del inicio de la operación especial, el Reino Unido, Polonia y Ucrania formaron una alianza de facto .
Estos dos triángulos facilitaron los esfuerzos del Reino Unido por sabotear las conversaciones de paz de la primavera de 2022, por lo que Polonia tiene la misma responsabilidad, como se explica aquí , perpetuando así el conflicto hasta la actualidad. Justo después de conocerse la noticia de que Putin y Trump celebrarían su primera reunión presencial desde el regreso de este último al poder, que posteriormente tuvo lugar en Anchorage , Ucrania anunció la formación de otro triángulo con Rumanía y Moldavia . Su » Triángulo de Odessa » es, por lo tanto, el tercero centrado en Ucrania por contener a Rusia.
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Se espera que estos tres triángulos entrelazados desempeñen papeles importantes en el futuro posterior al conflicto.
- El primero, el Triángulo de Lublin, incluye a Lituania, que ahora alberga la primera base permanente de Alemania en el extranjero .
- En cuanto al segundo, involucra de manera importante al Reino Unido, que siempre ha trabajado para dividir y gobernar a Europa.
- Y por último, Francia tiene una base en Rumania y un pacto de seguridad con Moldavia, lo que podría llevar a París a explotarlos como plataformas de lanzamiento para fortalecer su recién reportada presencia secreta en Odessa .
Por lo tanto, los siete socios asociados de Ucrania (cinco de ellos formales, mientras que los otros dos —Alemania y Francia— son informales) podrían seguir suministrando armas al país para prolongar el conflicto, continuar la militarización de Ucrania posteriormente o prepararse para desplegarse allí algún día. Polonia , el Reino Unido , Francia y Alemania también firmaron pactos de seguridad con Ucrania a lo largo del año pasado, que, según este análisis, ya constituyen una especie de garantías similares a las del Artículo 5.
Como se escribió, “[El Artículo 5] obliga a los miembros a ayudar a sus aliados que sean atacados, según cada uno de ellos lo considere necesario. Si bien se menciona el uso de la fuerza armada, en última instancia, cada miembro decide si emplea esta opción. Podría decirse que Ucrania se ha beneficiado de este principio durante los últimos tres años, a pesar de no ser miembro de la OTAN, ya que ha recibido de la alianza todo lo que no sean tropas”.
Por lo tanto, es discutible que Ucrania se una formalmente a la OTAN, ya que eso no garantizaría que sus aliados enviaran tropas en su apoyo en caso de que estallara otro conflicto. Siendo más realistas, probablemente solo reanudarían y luego intensificarían la ayuda que ya prestan para evitar un conflicto potencialmente apocalíptico con Rusia. La rápida militarización de la UE, sumada a los avances en el « espacio Schengen militar » para facilitar la logística relacionada, podría crear amenazas persistentes para la seguridad de Rusia después del conflicto.
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Desde Polonia y Rumanía, los otros cinco socios de Ucrania podrían, por lo tanto, desplegar un gran número de tropas, almacenar gran cantidad de equipo militar y posiblemente continuar enviando armas y municiones a través de la frontera, ya sea para prolongar el conflicto o para continuar la militarización de Ucrania posteriormente. Rusia sin duda tendrá en cuenta estas amenazas creíbles al decidir la mejor manera de poner fin al conflicto de acuerdo con sus intereses nacionales, ya que han evolucionado tras 3,5 años de la operación especial.
Fuente: korybko.substack.com, 30/09/25