¿Qué hay detrás del proyecto que busca bloquear Internet ante contravenciones en la Ciudad?
Si se sanciona la ley en la Legislatura, podrían bloquear o denegar el servicio de Internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando ese medio; asociaciones y expertos en derechos civiles la consideran una afrenta a la libertad de expresión.
Por Sebastián Davidovsky.
En la Legislatura de Buenos Aires se está por tratar un proyecto de ley que permite a los fiscales tomar medidas precautorias, de clausura o suspensión sobre sitios web y aplicaciones. Incluso evitar que quienes cometieron el ilícito puedan acceder a Internet. Por ahora, y ante el rechazo de numerosos actores y organizaciones, que lo consideran una afrenta a la libertad de expresión, el proyecto podría tener modificaciones e incluso podría hasta quedar en el olvido.
En rigor, el Proyecto de Ley 2298/16 lleva la firma del diputado Daniel Presti (PRO) y de Claudio Palmeyro (del Sindical Peronista). Pero en realidad partió de un pedido hecho por Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad. Y ya atravesó la Comisión de Justicia de la Legislatura (que preside Presti). Desde quienes impulsan el proyecto, el objetivo es bloquear sitios de Internet que puedan ser utilizados para discriminación, para pornografía infantil o para grooming. Cevasco agrega aquellos que ofrecen la opción de juego online, donde «se lava dinero e impuestos» (algo que ocurrió con Bwin en distintos momentos).
Algunas voces en la Legislatura sostienen también que Palmeyro, presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, también apunta al bloqueo definitivo de Uber a partir de esta ley (después de un intento fallido con un pedido de la fiscalía al Ente Nacional de Comunicaciones). «El problema que tenemos es que a través de Internet se cometen varios delitos y contravenciones», agrega el Fiscal General, quien asegura que «de ninguna manera» el proyecto es «un acto de censura» porque solo lo podrían aplicar «en caso que haya una contravención que esté investigándose».
El proyecto es una modificación al Artículo 18, del Capítulo IV «Prevención», de la Ley N12 del procedimiento contravencional. Allí se deja por sentado la «Suspensión o Bloqueo del servicio de internet. En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información «internet» o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de «internet» bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta».
En la redacción no queda claro si la medida suspendería o bloquearía el acceso a Internet de quien causó una contravención o bien anularía la posibilidad de acceder a un servicio a través del cual se comete un ilícito (por ejemplo, clausurar preventivamente un sitio de reventa de entradas), y esa es parte de la polémica. Pero sí especifica que se podrá ordenar a las empresas prestatarias (los proveedores del servicio) que ejecuten estas acciones por pedido de un fiscal. El proyecto destaca que «se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz».
Bloquear, ¿es posible?
A nivel técnico es posible restringir el acceso a un sitio mediante el bloqueo de IP (su dirección real), aunque el bloqueo sería algo mucho más complejo. Por ejemplo: muchas veces estos sitios comparten una misma dirección IP con otros sitios que están bajo un mismo servidor. Por lo cual, al bloquear una dirección IP caerían otras páginas en la misma medida. También se puede intentar restringir un sitio en un determinado país, pero eso no invalida que un usuario pueda acceder «enmascarando» su ubicación real para saltear las barreras.
Son apenas dos ejemplos de lo dificultoso que sería de implementar esta medida sin eficacia y, además, afectando a terceros en algunos casos. «Hay una imposibilidad técnica desde una jurisdicción local de bloquear una página solo para la Ciudad de Buenos Aires. Se podría hacer pero lo debería realizar un fiscal o un juez federal, sino el bloqueo no tendría aplicación», agrega Agustín Garzón, gerente del Enacom, quien a la vez cree debería hacerse en casos «muy excepcionales». Aunque desconoce cómo hacerlo técnicamente, Cevasco cree que igual se deben bloquear esas páginas. «La opción nunca es que se siga cometiendo un delito».
La libertad de expresión, en riesgo
«No podemos dejar de advertirle a la sociedad el enorme peligro que esto representa para las garantías previstas en la Constitución Nacional que resguardan el sistema democrático y las libertades individuales», escribieron en conjunto numerosas organizaciones como Access Now, Centro de Tecnología y Sociedad – Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (Universidad de Palermo), la Fundación Vía Libre y el académico Martín Becerra, entre otros.
En el comunicado, explican que «Internet es un medio de expresión que ha permitido el acceso a la información, el intercambio de opiniones, la adquisición de conocimiento y el desarrollo económico de los individuos como casi ningún otro en la historia». Y que este proyecto «pone en serio riesgo esta herramienta al permitir que autoridades administrativas -entre ellas la fuerza policial- pueda censurar contenido para prevenir contravenciones locales. También otorga este poder a auxiliares de la justicia y a fiscales, generando masivas oportunidades para la fragmentación de Internet».
Para Gonzalo Navarro, Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) el proyecto «entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina, mediante el otorgamiento de una atribución amplia, genérica y de connotaciones ambiguas a la autoridad administrativa y a los fiscales, sin que exista la mediación de una orden judicial al respecto, propiciando de esta manera el establecimiento de condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido en Internet.», expresó.
Por su parte, Javier Pallero, analista de políticas públicas en Access Now, creó un petitorio en la plataforma Change.org titulado «No al proyecto de censura de Internet en Argentina» donde más de 17 mil personas ya se sumaron en su oposición al proyecto.
Cevasco, por su parte, no le ve objeciones al proyecto. «Le veo límites. Está vinculado a una contravención que está tipificada en la Ley. El segundo límite es que lo analiza un juez inmediatamente».
La regulación de Internet, el trasfondo
El año pasado, otro proyecto que finalmente no prosperó apuntaba a a la regulación de los foristas por parte de los medios de comunicación, para evitar contenidos racistas. Los medios podían ser sancionados ante comentarios de terceros en sus plataformas, y la iniciativa estaba firmada por Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. En 2011, el diputado Federico Pinedo propuso responsabilizar a las empresas que brindan servicios de Internet por el contenido de las webs que aloja, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la ley. El proyecto contemplaba dar de baja la web en cuestión con sólo una carta documento y no con un fallo judicial. Finalmente tampoco prosperó.
La destitución de Dilma fue la noticia más anticipada de los últimos meses en América latina. Aun así cobija un impacto impresionante. No sólo entre los brasileños. Para la Argentina, es un capítulo de la peripecia nacional. Por un lado, porque una de las variables que condicionan al gobierno de Macri es la economía de Brasil.
Por otro, porque las denuncias del Partido de los Trabajadores (PT) sobre la perpetración de un golpe blando ya fue adoptada por Cristina Kirchner para frasear sus problemas judiciales.
El desplazamiento de Dilma cumplió con todos los requisitos del ritual institucional. Michel Temer, su vicepresidente y sucesor, puso en juego su reconocida pericia para moverse en el Congreso: consiguió la adhesión de tres cuartos del Senado. Le alcanzaba con dos tercios. El proceso fue supervisado por el Supremo Tribunal Federal, una corte integrada por 11 ministros, nueve de los cuales fueron designados por los gobiernos del PT.
El impeachment se debió a que la presidenta adulteró la contabilidad fiscal. Sin embargo, hubo dos factores del contexto que aceleraron la caída. La operación Lava Jato, que desnudó el impresionante circuito de dinero negro montado por el oficialismo en Petrobras, y una crisis económica cuya solución parecía imposible por la poquísima confianza que inspiraba Dilma.
El aspecto más importante de la consolidación de Temer si se la observa desde la Argentina es su impacto sobre la economía. Los expertos calculan que por lo menos 0,5% de la caída del PBI local se explica por la recesión brasileña. Desde 2001 las exportaciones argentinas a Brasil se redujeron a la mitad. Un fenómeno dramático si se tiene en cuenta que el 60% de las manufacturas que venden en el exterior las empresas argentinas, además de ser consumidas por brasileños, son diseñadas para ellos. En el caso de los productos regionales esa proporción se acerca al 70%.
Los analistas interpretan que el reemplazo de Dilma por Temer coincide con el final de ese deterioro. El real dejó de devaluarse y, al revés, recuperó fuerza. Desde comienzos de año la paridad con el dólar pasó de 4 reales a 3,20. La inflación, que había llegado al 11%, se va a estabilizar en 7,5%. El mineral de hierro, que es la principal commodity que exporta Brasil, está recobrando su valor. La actividad industrial, desestacionalizada, creció 4% desde el piso de la recesión. Por eso los especialistas apuestan a que este año la retracción del PBI no superará el 3% y a que el año que viene crecerá el 5%. La identidad de quienes lideran la política económica no es indiferente. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, es respetadísimo por los mercados desde que presidió el Banco Central, con Luiz Lula da Silva. Y el actual jefe del Central, Ilan Goldfajn, ex economista jefe de Itaú y socio de Arminio Fraga en el fondo Gávea, es uno de los profesionales más prestigiosos de la región.
A estas buenas noticias económicas Macri debe agregar un discreto triunfo político. Desde la primera hora él apoyó a Temer, sobre todo por su estrecha vinculación con los líderes del PSDB, Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves. Rivales de Dilma en la campaña, ellos son hoy aliados indispensables para Temer. El PT hizo poco para romper ese idilio. Dilma se negó a recibir a Macri antes de que triunfara. Y Lula se sumergió en el conurbano bonaerense para hacer proselitismo a favor de Daniel Scioli. Habría que ver si no colaboró con su derrota: para ese entonces el ex presidente brasileño ya andaba manchado con petróleo.
La solidaridad de Macri con Temer y sus aliados fue operativa. Un ejemplo: antes de recibir a Barack Obama en la Casa Rosada, dialogó con Cardoso para conocer en detalle los argumentos del impeachment y explicarlos a su huésped. Por eso apenas asumió la presidencia interina, Temer envió a su canciller, José Serra, a fotografiarse en la Casa Rosada. La Cancillería adoptó una fórmula de la que jamás se movió: «Brasil está tramitando la crisis en el marco de sus instituciones».
Esta posición contrasta con la que adoptaron los gobiernos populistas. Desde que comenzó el juicio político, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador lo censuraron como un golpe. Ayer volvieron a hacerlo, sumándose a la interpretación del PT, cuya mejor presentación corrió por cuenta del senador carioca Lindbergh Farias. Sin embargo, esta vez los socios bolivarianos no lograron, como en un principio, sumar a Ernesto Samper, el secretario general de la Unasur. Un fracaso de Marco Aurelio García y Celso Amorim, cancilleres en la sombra de Dilma. O un triunfo de Serra.
Las acusaciones de golpismo son, en algunos casos, pretextos autocomplacientes. Nicolás Maduro arruinó el argumento, de tanto esgrimirlo ante quienes resisten su insoportable autoritarismo. En la Argentina, Cristina Kirchner utilizó a la depuesta presidenta de Brasil como un escudo humano. Un cariño extraño: había suspendido relaciones con ella desde 2013. Ayer la señora de Kirchner describió lo que sucedió en Brasilia como «una nueva forma de violentar la soberanía popular». Las anteriores asonadas son, de acuerdo con su manera de razonar, conocidas: la derrota del Frente para la Victoria, en noviembre pasado, y las investigaciones judiciales sobre las fechorías cometidas por ella y por su esposo.
La interpretación de la ex presidenta se extiende a su feligresía. Anteayer, los camaristas de Casación Alejandro Slokar y Ana María Figueroa y los fiscales Jorge Auat y Alejandro Alagia, militantes de la asociación kirchnerista Justicia Legítima, fueron recibidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Raúl Zaffaroni para manifestar su preocupación por un colapso de los derechos humanos en la región. Slokar se quejó de que el mercado demande «un poder judicial sumiso». Lo dijo al lado de su colega Figueroa, que ganó celebridad por recibir donaciones del procesado Julio De Vido. Curiosa declaración la de Slokar: pareció un homenaje al juez de Curitiba Sergio Moro, que, además de mandar a prisión a los principales empresarios brasileños, puso en jaque al PT y contribuyó al desplazamiento que Cristina Kirchner denuncia como un golpe.
El estado de alerta del populismo regional insinúa una deplorable regresión. Un regreso a los años en que la izquierda distinguía entre «democracia real» y «democracia formal», según ejerciera el poder ella o sus adversarios. Esta interpretación impide advertir lo que tiene de interesante la crisis brasileña: la presidenta fue desplazada mediante un procedimiento legal inobjetable. Como sucedió con Fernando Collor de Mello, también en Brasil, con Fernando de la Rúa en la Argentina o con Fernando Lugo en Paraguay. La politóloga Ana María Mustapic examinó este fenómeno en un excelente artículo publicado en 2005: «Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes. Argentina en el año 2001». Allí Mustapic explica que estas formas de reemplazo significan un progreso. Son el modo en que los presidencialismos latinoamericanos comenzaron a resolver sus crisis en el marco de la legalidad, renunciando al viejo recurso del golpe militar.
Aunque la legalidad de su administración sea irreprochable, Temer debe fortalecer su legitimidad. Por eso se lo verá hiperactivo en el campo diplomático. Ayer partió hacia la cumbre del G-20 en China, donde tiene previsto entrevistarse con Xi Jinping, con el español Mariano Rajoy y con el italiano Matteo Renzi. Habrá, además, un encuentro con el premier japonés, Shinzo Abe, organizado por André Correa do Lago, el sobresaliente representante de Brasil en Tokio. Temer todavía no se verá con Obama, que guarda un cauteloso silencio sobre la tormenta brasileña. Su secretario de Estado, John Kerry, apenas se entrevistó con Serra durante la inauguración de los olimpíadas. Obama y Temer acaso se entrevisten en tres semanas en la ONU, donde el representante brasileño será Mauro Vieira, el canciller de Dilma.
En la primera semana de octubre, cuando ya esté instalado en Buenos Aires su nuevo embajador, Sergio Danese, Temer visitará a Macri. La genética política de ambos es muy distinta. Al nuevo presidente de Brasil le toca gobernar con quienes, en las elecciones de las que surgió como vice de Dilma, fueron sus rivales. Su poder, además, no surgió de las urnas, sino de un Congreso sobre el que sobrevuela el fantasma del Lava Jato. Más allá de estas diferencias, Macri y Temer enfrentan situaciones familiares. Ambos deben procesar un ajuste económico a través de una alianza parlamentaria en permanente construcción. Y enfrentan a una oposición populista en retirada, con dramáticos contratiempos judiciales. Y, para que no todos sean sinsabores: la Argentina y Brasil inician una fase del ciclo económico que dejará atrás la recesión.
Los manifestantes llegan de todos los puntos de Venezuela. Desafían los bloqueos y las amenazas del régimen. Y prometen un día histórico. 01/09/2016
Cientos de ómnibus fueron detenidos por las autoridades chavistas en el Túnel La Cabrera, un acceso clave a Caracas.
Cientos de miles de venezolanos comenzaron a manifestarse hoy contra la opresión del régimen de Nicolás Maduro, en una marcha bautizada «La Toma de Caracas« y que promete ser histórica por sus organizadores.
En las redes sociales, los venezolanos dejan registrado su paso por diferentes pasajes y accesos a Caracas, en medio de los bloqueos que intenta establecer el régimen chavista. Bajo el hashtag#1SeptReclamoDeLibertad los usuarios de Twitter, Instagram y Facebook publican sus grabaciones en la marcha de libertad.
Venezuela Indómita, otro usuario popular, emitió un video en el cual muestra una columna de personas que avanza por Avenida Libertador al canto de «y va a caer… y va a caer.. este gobierno va caer«.
Ante el bloqueo del Túnel la Cabrera, los manifestantes decidieron cubrir la distancia hasta el centro de Caracas a pie. Finalmente, las autoridades policiales debieron abrir el importante acceso. «¡No tenemos miedo!«, fue el grito de quienes se atrevieron a desafiar a los oficiales y caminar por esa importante vía de ingreso a la capital.
Las autoridades chavistas cerraron el túnel para demorar el ingreso de los manifestantes.
Desde altas horas de la noche, los venezolanos comenzaron a arrimarse a Caracas. Al grito de «¡Libertad!» prometen una de las mayores marchas de la historia.
Comienza la Toma de Caracas entre obstáculos revolucionarios
Se espera que miles de venezolanos se concentren en la capital para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Por Daniel Lozano.
Comienza la Toma de Caracas entre obstáculos revolucionarios.
CARACAS – El pulso al estado de la oposición venezolana ha comenzado ya en los siete puntos de partida previstos para la llamada Toma de Caracas, la megaprotesta convocada por la Unidad Democrática que exige avances en el proceso revocatorio contra Nicolás Maduro . Miles de personas se asoman ya a las calles tras una noche y una madrugada plagada de incidentes. Los túneles estuvieron trancados durante horas y los accesos presentan embotellamientos provocados por la policía. Varias estaciones de Metro están cerradas.
«Ha sido una radicalización del gobierno para evitar la protesta», acusó el gobernador Henrique Capriles durante una entrevista en Unión Radio. «Es lamentable, los funcionarios del Estado, que son los que tienen que permitir el tránsito, lo impidan. ¿Cómo se sentirán esos funcionarios que tienen que parar a la gente que viene a Caracas a defender su derecho?», añadió.
El túnel de la Cabrera, que permite acceder a la ciudad desde la autopista central, se convirtió en un tapón durante horas. Cientos de personas fueron reprimidas con gases lacrimógenos, pero se lanzaron a pie al interior del túnel para seguir su camino. Al final la policía se vio obligada a abrirlo.
Comienza la Toma de Caracas.
Según el Foro Penal, se han registrado 37 detenciones en las últimas horas, a las que hay que sumar las de dos alcaldes de Primero Justicia, el partido de Capriles, en el estado Guárico.
También los colectivos radicales revolucionarios dispararon contra un autobús de manifestantes. A otro que venía de Delta Amacuro le reventaron los neumáticos, a uno procedente de Anzoátegui le lanzaron una piedra para partirle un vidrio.
La estrategia más repetida de la Guardia Nacional fue detener los transportes durante horas en plena madrugada. «Nos han detenido de forma arbitraria, nos lanzaron gases y dispararon perdigones», denunció el diputado Wilmer Azuaje, quien viajó con sus seguidores desde Barinas.
Desoyendo los llamados internacionales de la OEA, Amnistía Internacional e incluso de Unasur, el chavismo no sólo blindó la capital, sino que durante las horas previas inventó mil y una maneras, con violencia incluida, para que los «protestantes» no pudieran avanzar en dirección a Caracas. Nicolás Maduro calificó la marcha como «subversiva» y acusó a sus organizadores de buscar un «golpe de estado terrorista» contra su gobierno. El oficialismo también ha contraprogramado una manifestación para hoy, para la que cuenta con centenares de empleados públicos obligados a asistir.
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema por las tarifas del gas.
El Colegio enumera una serie de razones jurídicas que explican la discrepancia con el máximo tribunal. Como puntos centrales se encuentran la obligatoriedad de las audiencias y el costo del servicios.
«No existe disposición legal alguna que obligue a convocar a una audiencia pública para la fijación del precio del gas. La producción de gas no es un servicio público y no está regida por la ley 24.076, que regula solamente los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural», explica el texto.
Además, hace referencia a la fijación de las tarifas, las que, de acuerdo con el directorio, deberán pactarse en función de los costos de producción y no de la capacidad de pago de los usuarios. «Se alienta el errado criterio de que las compañías prestadoras de servicios públicos sólo deben percibir las tarifas que los usuarios pueden pagar, sin relación alguna con los costos de generación del recurso.»
Asimismo, apoyan la argumentación a favor del Gobierno en la ley de emergencia económica, «que se encuentra plenamente vigente, habiendo sido prorrogada hasta 2017» y que permite al Ministerio de Energía y Minería «fijar tarifas provisorias en el marco de los acuerdos transitorios ya celebrados con las licenciatarias a cuenta de la revisión tarifaria integral».
Sus derechos y virtudes han sido reconocidos desde la creación de la Asociación Nacional de las Secretarias en Estados Unidos en el año de 1942.
El 4 de septiembre se festeja el Día de la Secretaria en Argentina.
El 4 de septiembre se celebra en la Argentina el Día de la Secretaria. Sus derechos y virtudes han sido reconocidos desde la creación de la Asociación Nacional de las Secretarias en Estados Unidos en el año de 1942. En la Argentina se festeja en ese fecha en concordancia a los hechos que le dieron origen.
En Estados Unidos, en homenaje al centenario de su nacimiento, los fabricantes de máquinas de escribir realizaron en 1950 diversas actividades para conmemorar la fecha. Entre ellas, un concurso para elegir la mejor dactilógrafa. Los exitosos festejos llevaron a que la asociación que nuclea a las secretarias en ese país fijara un «Día de la Secretaria».
Otra historia afirma que el festejo anual fue organizado por la Asociación Nacional de Secretarias (ahora conocida como la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos), en 1952, en Estados Unidos. El festejo se llamó la «Semana Nacional de las Secretarias».
La caña da para todo: azúcar, bioetanol y ahora, electricidad
Inversión en Tucumán. Jorge Rocchia Ferro, del grupo Los Balcanes, invertirá US$ 50 millones para entrar al negocio de la generación a partir de la biomasa de caña. Espera cubrir la mitad de la demanda eléctrica de su provincia.
Por Matías Longoni.
Un clásico cañaveral de Tucumán.
A Jorge Rocchia Ferro, un empresario que maneja tres ingenios azucareros de Tucumán, sus amigos y rivales lo conocen como «el loco». Él parece disfrutar de ese apodo y hace lo posible para acrecentar esa fama. Su última acción fue fletar un charter repleto de productores y funcionarios hacia Brasil para anunciar allí -en plena meca del negocio azucarero- que invertirá unos 50 millones de dólares para ingresar en el negocio de la generación de electricidad a partir de la biomasa de la caña. Espera en 2017 cubrir un 10% de las necesidades de energía de su provincia.
La ciudad de Ribeirao Preto tiene el PBI per cápita más elevado de todo Brasil y está rodeada de cientos de miles de hectáreas de productivos cañaverales. Rocchia Ferro aprovechó que allí se realizaba la exposición más importante del negocio sucroalcoholero para contar sus nuevos planes, que no consisten en otra cosa que «copiar» el modelo vigente en el país vecino. Esto es, en pocas palabras, dejar de concebir a los ingenios como simples fábricas de azúcar para pasar a asignarles un papel multipropósito, que adiciona la producción de alcohol y la generación de electricidad. De esto los brasileños saben bastante: la caña y sus derivados cubren un 15% de su matriz energética.
El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, junto a su familia en Brasil, anuncia inversiones de 50 millones de dólares para generar electricidad a partir de la biomasa.
«Esta apuesta es la única que puede hacer viable a la industria azucarera argentina», dice el empresario, que ya está en pleno proceso para equipar el ingenio La Florida con una serie de turbinas que permitirán reconvertir la vieja caldera a vapor (producto de la quema del bagazo, el principal residuo de la molienda de la caña) en una potente usina generadora de electricidad. Los Balcanes ya genera unos 16 Megavatios hora (MVh) que utiliza para su propio abastecimiento energético. Con las nuevas inversiones espera crecer hasta 56 MVh y así poder inyectar los 40 MVh adcionales a la red electrica nacional. Según Rocchia Ferro, la provincia de Tucumán consume unos 500 MVh.
En la Argentina son muy pocos los ingenios azucareros adaptados para vender la electricidad excedente que generan al mercado mayorista, diversificando sus fuentes de ingresos. Lo hace Tabacal, en el norte de Salta, con unos 30 MVh, y el tucumano Colombres, con 4 MVh. La apuesta de Los Balcanes duplicaría esa oferta y afianzará una tendencia clara. «El futuro del negocio es un combo. Para ser rentable lo que debe hacerse es aprovechar al máximo la biomasa«, explica Rocchia Ferro. A partir del cultivo de la caña, la biomasa corresponde primero al jugo (del que se produce el azúcar y el alcohol), y luego al bagazo, el residuo de la molienda que aporta la energía.
El empresario pretende jugar en todos esos frentes y cree que el resto de la industria azucarera seguirá muy pronto sus pasos, a punto tal que para el mediano plazo prevé que se podrían generar unos 1.000 MVh, una cifra equivalente a todo el consumo eléctrico en las provincias del NOA. Tampoco descarta que puedan construirse nuevos ingenios azucareros en otras zonas, como Chaco, Santiago del Estero o Formosa, ya que la superficie implantada con caña debería crecer al menos un 25%, unas 130 mil hectáreas. «Realmente no veo otra salida económica y laboral para el norte que no pase por la industria azucarera», reflexiona Rocchia Ferro. Su ingenio La Florida genera 1.230 empleados directos, que se multiplican por diez veces en las actividades indirectas.
La salida hacia el negocio energético, según esta visión, provocará una nueva ola de inversiones tras la masiva irrupción de los ingenios en el negocio de la producción de bioetanol, el combustible verde con el que se corta (en una proporción del 12%) toda la nafta que se consume en el país. A diferencia de Brasil, la Argentina retomó esa senda en 2006, luego de haber discontinuado su viejo programa alcoholero en los años ochenta.
Junto al maíz, el azúcar aporta actualmente unos 1.000 millones de litros de bioetanol, pero tampoco en este flanco «el loco» se muestra satisfecho. Rocchia Ferro quiere marchar más pronto que tarde hacia el E25 (etanol al 25% de corte) que podría ser utilizado en los vehículos con motores «flex» tan difundidos en Brasil, y que la Argentina también produce para dicho mercado. Esta decisión podría incrementar el 1.400 millones de litros la demanda de bioteanol. Pensando en que el Estado homologue esos motores, Los Balcanes ya tiene 7 u 8 de esos vehículos especiales que trabajan como taxis por las calles de Tucumán.
Viejo y nuevo proteccionismo: cambian las formas pero las motivaciones son las mismas. Bastiat
Por Martin Krause.
Con los alumnos de UCEMA, vemos ahora las nuevas y viejas variantes del proteccionismo. Para considerar las primeras, analizamos el Policy Analysis paper del Cato Institute, “Regulatory Protectionism A Hidden Threat to Free Trade” por K. William Watson y Sallie James: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa723.pdf
“Pese al notable éxito de la liberalización comercial, las industrias locales siguen encontrando formas de usar el poder del estado para protegerse de la competencia externa. La práctica de usar las regulaciones locales ambientales o de protección al consumidor es una forma de disfrazar políticas proteccionistas que se han vuelto un serio problema. Este proteccionismo regulatorio daña a la economía y viola compromisos comerciales.
Factores diversos se combinan para explicar el crecimiento del proteccionismo regulatorio. La globalización económica ha provisto a los norteamericanos de acceso a una amplia variedad de productos importados. Esto ha permitido a los consumidores demandar no solamente productos de alta calidad a bajo costo sino también productos que están producidos según las preferencias filosóficas o éticas de los consumidores. Al mismo tiempo, los productores locales que buscan protección de las importaciones deben encontrar otras vías ahora que el uso de tarifas y cuotas está restringido por la ley internacional y el sentido común económico. La consecuencia es una tormenta perfecta en la que los activistas sociales y los intereses comerciales específicos se combinan para promover regímenes regulatorios que injusta e innecesariamente restringen importaciones”.
Y para el proteccionismo de antaño nada mejor que Frederic Bastiat y “La petición de los fabricantes de candelas”:
“Ustedes están en el buen camino. Rechazan las teorías abstractas; la abundancia y el buen mercado les impresionan poco. Se preocupan sobre todo por la suerte del productor. Ustedes le quieren liberar de la competencia exterior; en una palabra, ustedes le reservan el mercado nacional al trabajo nacional.
Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa ocasión para aplicar su… ¿Cómo diríamos? ¿Su teoría? No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doctrina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no aman las doctrinas, Ustedes tienen horror a los sistemas y, en cuanto a los principios, declaran que no existen en economía social; diremos por tanto su práctica, su práctica sin teoría y sin principios.
Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que el sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida Albión (¡buena diplomacia para los tiempos que corren!) en vista de que tiene por esta isla orgullosa consideraciones de las que se exime respecto a nosotros.
Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, postigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en las casa, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.”
La UE ordena a Apple pagar una cifra récord: más de US$ 14.500 millones
Es porque considera que la empresa gozó de modo ilegal de beneficios impositivos en Irlanda. La reacción del Gobierno estadounidense.
Apple opera en Cork, Irlanda.
La Comisión Europea llegó a la conclusión de que Irlanda concedió beneficios fiscales «ilegales» a la empresa tecnológica Apple por valor de 13.000 millones de euros (14.500 millones de dólares), lo que «permitió a Apple pagar significativamente menos impuestos que otras compañías», según un comunicado de la CE.
«Los estados miembro no pueden dar beneficios fiscales a empresas seleccionadas. Esto es ilegal según las leyes de ayudas estatales de la UE», dijo hoy la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager.
Una investigación de tres años mostró que Irlanda concedió importantes ventajas fiscales a Apple durante tantos años que la cantidad real de impuestos abonados por la multinacional sobre sus beneficios europeos bajó del 1 % en 2003 a un testimonial 0,0005 % en 2014, agregó la comisaria.
Según la CE, «Irlanda debe recuperar ahora los impuestos que Apple no le pagó entre los años 2003 y 2014, más de 13.000 millones de euros (14,5 millones de dólares), además de los intereses correspondientes.
El gobierno irlandés negó que le estuviera dando un trato fiscal favorable al fabricante del iPhone y otros productos de electrónica de consumo, software para computadoras y servicios en Internet. «La posición de Irlanda sigue siendo que en este caso se abonaron todos los impuestos y no se concedió ayuda estatal», explicó Dublín en un comunicado. «Irlanda no firma acuerdos con contribuyentes».
El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, dijo que buscará la aprobación del gobierno irlandés para apelar al fallo de la UE ante tribunales comunitarios.
«Es importante que enviemos un mensaje firme de que Irlanda sigue siendo un lugar atractivo y estable para inversiones importantes a largo plazo», manifestó Noonan. «Apple está en Irlanda desde la década de 1980 y da trabajo a miles de personas en Cork».
Apple informó que recurrirá la decisión de la CE. En un comunicado, la empresa señaló que paga todos sus impuestos en cualquier lugar adonde opera y consideró que la CE «ignora» la legislación fiscal de Irlanda, al tiempo que advirtió del «profundo» efecto que la medida tendrá en la inversión en Europa.
«Vamos a apelar y confiamos en que la decisión será revocada«, señaló la empresa, después de que la CE llegase a la conclusión de que Irlanda concedió beneficios fiscales «ilegales» a la empresa tecnológica por valor de 14.500 millones de dólares.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que la decisión de la Unión Europea de ordenar a Apple devolver 13.000 millones de euros por ventajas fiscales indebidas en Irlanda «socava el espíritu de la asociación económica» con Europa.
«Las acciones de la Comisión podrían amenazar la inversión extranjera, el clima de negocios en Europa y el importante espíritu de la asociación económica entre EE.UU. y la UE», dijo un portavoz del Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.
Fuente: Clarín, 30/08/16.
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Cuando los pronósticos pesimistas tropiezan con la realidad
La historia reciente esta llena de proyecciones de recesiones y colapsos de mercados que no se concretaron.
Por Josh Zumbrun.
El Brexit es el ejemplo más reciente de analistas proyectando un escenario recesivo que no se ha hecho realidad.
Es aún pronto para saberlo, pero datos disponibles ahora sugieren que la decisión británica de abandonar la Unión Europea podría ser un ejemplo más de un fenómeno recurrente: las predicciones de expertos que auguran graves consecuencias de ciertas decisiones políticas y que terminan siendo exageradas.
Los economistas son buenos para desentrañar las fuerzas que subyacen a la inflación o la productividad o para explorar los aspectos negativos de la desigualdad de la riqueza. Pero se enfrentan a retos más grandes cuando quieren extrapolar conclusiones de acontecimientos políticos, especialmente de aquellos con pocos o ningún antecedente.
“Los pronosticadores a menudo se sienten incentivados para darle vida a la probabilidad de los peores escenarios”, dijo Philip Tetlock, un experto en pronósticos políticos de la Universidad de Pensilvania. Estos expertos pueden inflar las probabilidades de desastres como una manera de aumentar la prominencia de una advertencia, o porque creen que probarse proféticos será algo de lo que podrán presumir, mientras que un pronóstico erróneo es algo que mucha gente olvida. “Con el tiempo, esto tiene un efecto corrosivo sobre la confianza [del público] en la comunidad de expertos”, dijo.
Existe una historia rica de cataclismos que nunca ocurrieron.
En 2013, algunos economistas advirtieron que las batallas por el presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que dieron lugar a fuertes recortes del gasto público, podrían arrastrar de nuevo la economía hacia la recesión. Ese año, el país norteamericano creció 2,7%.
En 2010 y 2012, algunos economistas advirtieron que los programas de compra masiva de bonos (Quantitative Easing) por parte de la Reserva Federal de EE.UU. causarían hiperinflación, provocando un alza en los precios de las materias primas y un colapso del dólar. Nada de eso ocurrió.
En 2015, las advertencias abundaron sobre lo que pasaría si Grecia rechazaba un rescate internacional: una cesación de pagos o una crisis bancaria y la salida de Grecia de la zona euro. La economía griega está lejos de ser una historia de éxito, pero no ha quebrado. Su sistema bancario ha sido maltratado y sufre de bajos depósitos, pero no se ha derrumbado, y Grecia permanece en el euro.
¿Qué se dijo sobre el Brexit?
Ya han pasado dos meses desde el referendo del 23 de junio en el que los votantes británicos decidieron salir de la Unión Europea, y cada vez está menos claro si se materializará la recesión que muchos temían, al menos en el corto plazo.
Vale la pena volver a examinar el nivel de preocupación que existía antes del referendo.George Osborne, el canciller de Hacienda del Reino Unido [equivalente al ministro de Hacienda], dijo que un voto a favor del brexit provocaría una recesión. En el período inmediatamente posterior al referendo, muchos economistas pronosticaron que la recesión comenzaría casi de inmediato.
Es cierto que en los días posteriores a la votación, los mercados bursátiles mundiales cayeron fuertemente. Tal vez, si la situación hubiera sido sólo un poco peor, un pánico más extendido habría desencadenado una caída en espiral. Los mercados, en cambio, se han recuperado. A mediados de agosto, el FTSE 100 subió a niveles casi récord.
La economía en general tampoco ha demostrado muchas señales de encaminarse a una próxima recesión.
Los minoristas inicialmente registraron una caída de las ventas pero esto se revirtió fuertemente en agosto, según datos de la Confederación de la Industria Británica. La medición de las solicitudes de seguro por desempleo del Reino Unido se redujo en julio, lo que indica que, en general, las empresas no recortaron puestos de trabajo a causa del voto.
Persimmon PLC, la empresa constructora de viviendas líder del Reino Unido, dijo que el interés por la compra de viviendas se ha mantenido “robusto” y predijo buenas ventas en el último trimestre del año.
Es todavía pronto para cantar victoria, y los datos podrían ser lentos en reconocer una tendencia a la baja. Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional y ex funcionario del Banco de Inglaterra, dijo que cree que aún si técnicamente el Reino Unido evita caer en recesión, la economía británica resultará en última instancia bastante perjudicada, lo que reivindicará muchas de las predicciones.
No obstante, los observadores del brexit “deberían haberse dado cuenta de que las preocupaciones fueron exageradas en su momento”, dijo Jay Bryson, economista global de Wells Fargo Securities, que había estimado que el Reino Unido podría caer en una modesta recesión, pero que el país era demasiado pequeño como para causar mucho daño directo al resto del mundo.
Después de todo, el Banco de Inglaterra tiene su propia moneda, lo que permitió que ésta se depreciara rápidamente. El banco central recortó sus tasas de referencia al nivel más bajo en sus 322 años de existencia. La salida de la Unión Europea puesta en marcha por el referendo del brexit es un proceso que llevará más de un año en concretarse, no algo que vaya a ocurrir de un omento a otro. Esto significa que la política monetaria y la moneda misma tendrían tiempo para adaptarse.
La visión más generosa es que el riesgo fue muy real, pero que el Banco de Inglaterra actuó con rapidez y que el mundo solo tuvo suerte esta vez.
“La reacción del mercado ha sido bastante tranquila, pero podría haber sido diferente”, dijo Paul Sheard, economista jefe de S&P Global, que previamente dijo que la incertidumbre del brexit probablemente se filtrará poco a poco y a lo largo del tiempo en la economía. “Creo que no se puede culpar a la gente que hizo la advertencia. Esto es más un problema crónico que un problema agudo. [Las consecuencias] se verán a lo largo de un período muy extendido de tiempo”.
Defensa de la Competencia investiga a las tarjetas de crédito por «abuso de posición dominante»
Apunta contra Visa. En su presentación sostiene que Prisma, la sociedad de 14 bancos privados que emite Visa, está en todas las puntas del negocio y concentra el grueso de las ventas. Los comerciantes ya hicieron presentaciones argumentando que el 3% que pagan de comisión es excesivo frente al 1,3% de Brasil.
Tarjetas de crédito bajo la lupa.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) acaba de presentar el resultado de su análisis del mercado de las tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos y una serie de recomendaciones al Banco Central y a la Secretaría de Comercio, como autoridades de aplicación de la Ley 25.065 (de tarjetas de crédito).
En rueda de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco sostuvo que la sociedad Prisma, compuesta por 14 bancos privados dedicados a emitir Visa, «abusa de posición dominante» y sugiere a la secretaría de Comercio cambiar las regulaciones. Argumenta que los bancos privados cobran una tasa por emitir la tarjeta, por el uso del plástico y por la utilización del posnet.
Según denunciaron los comerciantes, la tasa que se paga en Argentina es 3% frente a 1,5% de Perú o 1,3% de Brasil. Prisma fue creada hace tres años. No participan los bancos públicos. Defensa de la Competencia sostiene que domina en todas las puntas del negocio, ya que el 70% de las ventas son por Prisma, el 60% de las terminales electrónicas son provistas por Prisma. En caso de demostrarse esta posición dominante la multa a aplicar es $ 150 millones.
Según el análisis de la CNDC el mercado de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos presenta problemas como falta de competencia en el financiamiento para consumo, falta de transparencia (costo de financiamiento encubierto), comisiones altas para comercios grandes y retraso tecnológico, ya que se evidencia una demora en la introducción de medios de pago electrónicos.