La Enciclopedia Británica define el sistema tributario como “la parte de los ingresos de un estado que se obtiene por cuotas y cargas obligatorias a sus sujetos”. Es casi tan adecuada y concisa como puede ser una definición: no deja espacio para discutir qué es un sistema tributario. En esa exposición de los hechos, domina la palabra “obligatorias”, sencillamente por su contenido ético. La reacción inmediata es preguntarse por el “derecho” del Estado a este uso del poder. ¿Qué permiso, en términos morales, aduce el Estado para apoderarse de propiedades? ¿Es su ejercicio de la soberanía suficiente por sí mismo?

En esta cuestión de la moralidad hay dos posiciones que nunca pueden reconciliarse. Aquéllos que sostienen que las instituciones políticas provienen de la “naturaleza del hombre”, disfrutando así de una divinidad indirecta, o aquéllos que consideran al Estado como la piedra angular  de la integración social, no encuentran ningún problema en el sistema tributario per se: la toma de propiedades por el Estado se justifica por su existencia o sus resultados benéficos. Por el contrario, quienes sostienen la primacía del individuo, cuya misma existencia es su justificación de derechos inalienables, se inclina por la postura de que en la obtención obligada de cuotas y cargas el Estado está meramente ejerciendo su poder, sin consideraciones morales.

El presente estudio sobre el sistema tributario empieza en la segunda de estas posiciones. Es tan parcial como sería un estudio que empezara con la postura igualmente no probada de que el Estado es una institución natural o socialmente necesaria. La objetividad completa desaparece cuando un postulado ético es la premisa mayor de un argumento, y una discusión sobre la naturaleza del sistema tributario no puede excluir los valores.

Si asumimos que el individuo tiene un indiscutible derecho a la vida, debemos conceder que tiene un derecho similar a disfrutar del fruto de su trabajo. A esto lo llamamos propiedad. El derecho absoluto de propiedad deriva del derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los medios de vida deben identificarse con la vida misma. Si el Estado tiene un derecho prioritario a los frutos de nuestro trabajo, su derecho a la existencia está cualificado. Aparte del hecho de que no puede establecerse dicho derecho prioritario, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos, nuestras inclinaciones (como demuestran nuestros esfuerzos por evitar pagar impuestos) son rechazar este concepto de prioridad. Nuestro instinto está en contra. Protestamos ante la apropiación de nuestra propiedad por una sociedad organizada igual que lo hacemos si una sola unidad de la sociedad realiza este acto. En el último caso, calificaremos sin dudar al acto como un robo, un malum per se. No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.

Observemos los resultados del sistema tributario, los síntomas, para ver si se viola el principio de la propiedad privada y cómo. Para mayor evidencia, examinemos su técnica y tal y como sospechamos la intención de robar a partir de la posesión de herramientas eficaces, igualmente las encontraremos en la técnica del sistema tributario, una historia reveladora. La carga de esta crítica intransigente al sistema tributario será, por tanto, probar su inmoralidad por sus consecuencias y sus métodos.

A modo de introducción, podríamos fijarnos en el origen del sistema tributario, bajo la teoría de que los inicios determinan los finales y aquí encontramos un montón de injusticias. Un estudio histórico de la fiscalidad lleva inevitablemente a botines, tributos, rescates: los propósitos económicos de las conquistas. Los barones que pusieron barreras de peaje en el Rin eran cobradores de impuestos. Como lo eran las bandas que “protegían”, a cambio de un precio fijo, a las caravanas que iban al mercado. Los daneses periódicamente se invitaban a Inglaterra y permanecían como invitados no deseados hasta que se les pagaba el llamado “impuesto danés” (“dane geld”): durante mucho tiempo permaneció como la base de los impuestos de propiedad ingleses. Los conquistadores romanos introdujeron la idea de que lo que recaudaban de los pueblos sometidos era sencillamente un pago por mantener “la ley y el orden”. Durante mucho tiempo, los conquistadores normandos recaudaron tributos arbitrarios a los ingleses, pero cuando, por el proceso natural de amalgama de los dos pueblos, apareció la nación, las recaudaciones se regularizaron mediante costumbres y leyes y se llamaron impuestos. Llevó siglos eliminar la idea de que estas exacciones no servían más que para mantener cómodamente una clase privilegiada y para financiar sus guerras sangrientas: de hecho, este propósito nunca se negó u ocultó hasta que el constitucionalismo difuminó el poder político.

Todo eso pasó, salvo que tengamos la temeridad de comparar esta antigua palabrería con reparaciones, extraterritorialidad, cargas para mantener ejércitos de ocupación, huidas con propiedades, toma de recursos naturales, control de vías de comercio y otras técnicas de conquista. Puede argüirse que aunque el sistema fiscal tuviera un principio tan desagradable podría haber rectificado y convertirse en algo ciudadano, decente y útil. Así que debemos aplicarnos a la teoría y práctica de la fiscalidad para probar que en realidad es el tipo de cosa arriba descrita.

Primero, respecto de método de recaudación, los impuestos se dividen en dos categorías: directos e indirectos. Los impuestos indirectos se llaman así porque llegan al estado a través de recaudadores privados, mientras que los directos llegan sin intermediarios. Los primeros se asocian a bienes y servicios antes de que lleguen al consumidor, mientras que los segundos son principalmente demandas ante la acumulación de riqueza.

Veremos que los impuestos indirectos son un precio por un permiso para vivir. No se puede encontrar en el mercado una sola satisfacción a la que no estén asociados varios de estos impuestos, ocultos en el precio y nos vemos en la obligación de pagarlos o irnos sin ellos: como irnos equivale a privarse del sentido de la vida o incluso de la propia vida, pagamos. La inevitabilidad de la existencia de esta carga se expresa en la asociación popular de la muerte y los impuestos. Y es esta característica la que  atribuye los impuestos indirectos al estado, de forma que cuando examinamos los precios de los productos básicos nos asombramos de la desproporción entre el coste de producción y la carga para permitir su compra. Alguien ha estimado el número de impuestos que lleva una barra de pan en más de cien: obviamente algunos no le son atribuibles, porque sería imposible definir en cada barra su parte de impuestos sobre la escoba usada en la panadería o la gasolina utilizada por el camión de reparto. El whisky es probablemente el ejemplo más notorio de la forma en que los productos se han convertido de satisfacciones en objetos de impuestos. El coste de fabricación de un galón de whisky, por el que el consumidor paga alrededor de veinte dólares es de menos de medio dólar: el resto corresponde parcialmente a los costes de distribución, pero la mayoría del dinero que atraviesa el mostrador va a mantener los funcionarios de la ciudad, el condado, el estado y la nación.

El revuelo sobre el coste de la vida tendría más sentido si se dirigiera a los impuestos, el principal componente del coste. Debería también advertirse que aunque el problema del coste de la vida afecta principalmente a los pobres, es además en este segmento de la sociedad donde inciden más los impuestos indirectos. Es necesariamente así, porque quienes están en los estratos de menos ingresos constituye la mayor porción de la sociedad que debe contar con la mayor parte del consumo y por tanto con la mayor parte de los impuestos. El estado reconoce este hecho al gravar bien de uso más extendido. Un impuesto sobre la sal, no importa lo pequeño que sea, comparativamente, recauda mucho más que un impuesto sobre los diamantes y es de mayor significación social y económica.

No es el volumen de la recaudación, ni la certidumbre de su cobro lo que da preeminencia a los impuestos indirectos en el esquema de apropiación del estado. Su cualidad más recomendable es que son subrepticios. Es como si dijéramos tomar mientras la víctima no mira. Quienes se esfuerzan por dar a los impuestos un carácter moral están en la obligación de explicar la preocupación por parte del Estado por esconder los impuestos en el precio de los bienes. ¿Hay en ello una confesión de culpabilidad? En los últimos años, en su búsqueda de ingresos adicionales, el Estado jugueteando con la idea de un impuesto a las ventas, un precio por el permiso a vivir directo e inequívoco: los estadistas más inteligentes se han opuesto a esta medida por razones de conveniencia política. ¿Por qué? Si el Estado sirve a un buen fin los productores difícilmente se opondrán a pagar su sostenimiento.

Simplemente por razón del método, no deliberadamente, la tasación indirecta genera un beneficio a los recaudadores privados y por esta razón difícilmente puede esperarse una oposición a los pagos desde ese rincón. Cuando el impuesto se paga antes de la venta se convierte en un elemento de coste que debe añadirse a todos los demás costes al calcular el precio. Como el beneficio esperado es un porcentaje del total, se aprecia que el propio impuesto se convierte en una fuente de ingresos. Cuando la mercancía debe pasar por las manos de varios procesadores y distribuidores, los beneficios acumulados por el impuesto pueden ser tan altos como la cantidad recaudada por el Estado, o incluso mayores. El consumidor paga el impuesto más los beneficios compuestos. En este aspecto son particularmente notorios los pagos aduaneros. Si seguimos la importación de seda en bruto, del importador al limpiador, el hilador, el tejedor, el acabador, el fabricante, el mayorista, el vendedor, cada uno añadiendo su parte al precio pagado por su predecesor, vemos que en el precio que paga la señora por su vestido hay mucho más de lo que requiere el plan arancelario. Sólo este hecho ayuda a hacer a los mercaderes y fabricantes indiferentes al los males del proteccionismo.

El apoyo tácito a los impuestos indirectos deriva de otro subproducto. Cuando un desembolso considerable en impuestos es un prerrequisito para iniciar un negocio, las grandes acumulaciones de capital tienen una evidente ventaja competitiva y difícilmente podríamos esperar de estos capitalistas que defiendan una rebaja en los impuestos. Cualquier granjero puede fabricar whisky y muchos lo hacen, pero la inversión necesaria en timbres fiscales y distintas tasas de licencia hacen que apertura de una destilería y la organización de agencias de distribución sea un negocio sólo para grandes capitales. Los impuestos han obligado a las agradables cantinas de propiedad individual a dar paso al bar de lujo bajo hipoteca a la cervecera o la destilería. Igualmente, la fabricación de cigarrillos se ha concentrado en las manos de unas pocas corporaciones gigantescas con la ayuda de nuestro sistema fiscal: cerca de tres cuartas partes del precio de venta de un paquete de cigarrillos son una recarga por impuestos. Realmente sería extraños que esos intereses fueran a oponerse a los impuestos indirectos (lo que nunca harán), así que el consumidor desinformado, sin voz y desorganizado se ve forzado a pagar el precio superior generado por la competencia limitada.

Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas y acumulaciones, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos anticipados. Así que no hay manera de pasar la carga. El pagador no tiene alternativa.

Los impuestos directos claros son los que se recaudan en rentas, herencias, donaciones, valor del terreno. Veremos que esas apropiaciones se prestan a la propaganda de que paguen los ricos y se apoyan en la envidia de los incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial de “nivelación”. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena de recursos. Pero cuando la guerra o la necesidad de mejorar la pobreza masiva exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que adquiere durante una “emergencia” y así, después de una serie de guerras y depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de nuestra política fiscal y aquellos en quienes recaen deben contentarse con recortar los gravámenes o tratar de transferirlos de un hombro a otro.

Aunque se había previsto, durante los debates del impuesto sobre la renta en la primera parte del siglo, la etiqueta de que paguen los ricos resultó ser un término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos, operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A medida que aumentan los gastos del Estado, lo que siempre ocurre, las inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de lado y el estado mete mano a todos los bolsillos. Así, en Filadelfia, el poder político reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga, no sólo como retención del salario, sino aún más mediante los llamados impuestos de seguridad social. Por cierto que éstos demuestran la completa inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues es obvio que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una miseria a un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es comparable en modo alguno con un seguro, ficción que se ha abierto paso en nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.

Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que en los altos; hay más legados pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquellos que son menos capaces de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren. El intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de graduaciones no es real. Incluso un pequeño impuesto a una renta de mil dólares anuales causará al pagador alguna dificultad, mientras que un impuesto del 50% sobre cincuenta mil dólares deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil y seguir usando unos pantalones con remiendos. También debería recordarse que el ingreso del trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar, mientras que las grandes rentas derivan principalmente de negocios u operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes rentas se ven favorecidos. Son los pobres los que pagan más por los impuestos para que paguen los ricos.

Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar. Durante la guerra, cuando se introdujo la retención en las nóminas, los trabajadores tuvieron que adivinar la paga que llagaba a casa y se despedían cuando este neto, después de impuestos, no mostraba ningún incremento comparado con el trabajo extra que costaría: el ocio también es una satisfacción. El que busca premios rechaza otro compromiso lucrativo porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más alto. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos de sucesiones.

Mientras nos ocupamos del asunto del desaliento de la producción por los impuestos, no deberíamos olvidar el mayor peso de los impuestos indirectos, aunque esto no sea tan obvio. El nivel de producción de una nación viene determinado por el poder de compra de sus ciudadanos y en la medida en que este poder viene minado por los gravámenes, el nivel de la producción se reduce proporcionalmente. Es un silogismo estúpido y perfectamente indecente mantener que lo que recauda el Estado lo gasta y que por tanto no hay rebaja en el poder total de compra. Los ladrones también gastan su botín con mucha más generosidad que los verdaderos propietarios y basándose en el gasto podríamos hacer una defensa del valor social del robo. Es la producción, no el gasto, lo que engendra producción. Sólo mediante la aportación de contribuciones comercializables al fondo general de riqueza se aceleran los engranajes de la industria. Por el contrario, toda deducción de este fondo general de riqueza ralentiza la industria y todo gravamen a los ahorros desanima la acumulación de capital. ¿Por qué trabajar si no se gana nada? ¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?

En principio, como percibieron los redactores de la Constitución, el impuesto directo es el peor, pues niega directamente la sacralidad de la propiedad privada. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: el Estado se acerca sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad de cuestionar el derecho del propietario a sus bienes. Sin embargo el impuesto directo proclama rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y revocable. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables se ve así liquidado y sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado. Es mediante la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha logrado la centralización que deseaba Alexander Hamilton a partir de la implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su comunidad, sino un súbdito del gobierno federal.

Publicado el 2 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

[De Out of Step: The Autobiography of an Individualist]

Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.

Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.

Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no especificado.

Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.

Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.

En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas  en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.

Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?

No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.

En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma social.

Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de acomodamiento nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.

Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, conscientes de una iniquidad? Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento, trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.

Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.

Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo está claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas.

Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de 1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.

En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.

La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.

Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.

Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.

El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra.

La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.

Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de  su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula  viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.

Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.

Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.

Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.

Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto se basa en la coacción.

Publicado el 15 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.