Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude.
Según The Economist, los documentos dan a conocer las participaciones financieras de “140 políticos y funcionarios, entre ellos 12 antiguos y actuales presidentes, monarcas y primeros ministros.” Además, se alega que toda la riqueza ilícita adquirida por negociar con “estados rebeldes, terroristas o narcotraficantes” fue escondida detrás de sociedades anónimas. Los asociados colaboradores de Vladimir Putin supuestamente transfirieron miles de millones al mundo offshore y el primer ministro de Islandia ya renunció a su cargo.
Todo esto dio un impacto a la comunidad internacional y consecuentemente los ojos se giraron hacia Panamá; de ahí vienen los Papeles de Panamá. Los periodistas y eruditos tomaron la ofensa contra Panamá y lo criticaron por fomentar la evasión fiscal y lavado de dinero mediante su benigna política fiscal y sus leyes permisivas de secreto bancario. De hecho, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, recientemente declaró que “las revelaciones sobre los Papeles de Panamá han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá.”
Y en esto se centran las noticias. ¿Pero es culpable Panamá?
El Compromiso de Panamá con la Transparencia Internacional
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Panamá ha hecho grandes avances desde los días de Noriega y su “narco-cleptocracia” — en las palabras de John Kerry — mediante la cual convirtió esta pequeña nación centroamericana en un hervidero del lavado de dinero y narcotráfico. Hace muy poco, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero, removió Panama de la lista gris:
El GAFI reconoce los pasos significativos que dio Panamá para mejorar la prevención del lavado de dinero y confirma que Panamá cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso según su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en junio del 2014.
De hecho, un Informe del año 2015 del Departamento de Estado de EEUU sobre el lavado de dinero y delitos financieros elogió a Panamá por sus esfuerzos. El informe concluyó que el plan actual de acción de Panama mejorará su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de dinero y creará un sistema financiero más transparente. Hace algunos años, la OCDE removió Panama de su propia lista gris entrando así en la lista blanca por sustancialmente implementar las normas internacionales en el intercambio de información tributaria. Además, Panamá ha firmado numerosos Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), incluso con los Estados Unidos, y en gran medida se ha alejado de la imagen de los años 1980s.
Como parte de su compromiso, Panama inmovilizó las acciones al portador, o las acciones que esconden el beneficiario final (el verdadero dueño), y exigió que tales acciones emitidas previa a la ley fueran entregadas a un custodio autorizado. El propósito fue para asistir las autoridades en procesar la evasión fiscal y el lavado de dinero contra los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de Panamá.
Evidentemente, Panamá ha complacido a la comunidad internacional y está cumplimiento con su compromiso de luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Lamentablemente, los Papeles de Panamá han tergiversado sus esfuerzos mientras provocan dudas sobre la eficacia de sus leyes vigentes al respecto — las mismas leyes consideradas pasos en la buena dirección. Por lo tanto, la llegada de los Papeles de Panamá plantea una pregunta muy importante: ¿Se debe culpar a Panamá? Veamos dos personas importantes involucradas en el mundo offshore: los bancos y los abogados.
Los Bancos
La apertura de una cuenta bancaria en Panamá es bastante difícil para los extranjeros. El proceso de solicitud puede demorar desde dos semanas hasta un mes y los bancos no asumen obligación alguna de aceptar al cliente. La solicitud misma puede llegar hasta treinta páginas y el uso de los abogados para facilitar la navegación del proceso es práctica común. Se requiere con frecuencia una entrevista personal y los bancos mismos deberían guardar un registro actualizado de los beneficiarios finales de la empresa, si es cuenta jurídica.
De hecho, Panamá estableció la Superintendencia de Bancos de Panamá para “velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario…para mantener y profundizar la integración financiera internacional.” Ley 2 de 2008 aclara enérgicamente lo anterior. Por ejemplo, dicha ley establece que todos los bancos se someterán a la supervisión e inspección por la Superintendencia y deberán confirmar que cumplen con el marco legal y regulatorio establecido para combatir el lavado de dinero. Además, los bancos deberán establecer normas y políticas que les permitirán conocer al cliente (leyes de KYC, por sus siglas en inglés).
Las leyes de “Conocer su Cliente,” o KYC, son bastante onerosas. Por esa razón, les hago saber algunas de las muchas disposiciones pertinentes, tipificadas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, adecuadamente llamada “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales…” La Ley 23 es parecida a la ley bancaria de Panamá — Ley 2 de 2008 — y establece las medidas básicas de debida diligencia del cliente natural y jurídica.
Los bancos deberán establecer un perfil financiero del cliente (o del beneficiario final) al abrir la cuenta bancaria y tomarán medidas para verificar e identificar la fuente de fondos. En el caso de personas jurídicas, los bancos deberán identificar y solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas. En otras palabras, si el cliente es una persona natural o persona jurídica, el beneficiario final deberá ser identificado. Si no es posible, pues, el banco se comprometerá a abstenerse de operaciones y relaciones en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final. Las personas que cumplen funciones públicas de alto nivel, incluyendo sus asociados, se someten a un escrutinio más fuerte.
Además de determinar y verificar la identidad del cliente, los bancos deberán para todas las personas conocer la naturaleza del negocio del cliente y, de manera estilo Patriot Act, examinar constantemente la relación comercial con especial atención en transacciones equivalente o más de $10,000.00. Sin embargo, los bancos jamás conocerán al cliente tan profundo como los abogados. De hecho, contratar a un abogado es por lo general el primer paso en abrir la cuenta bancaria ya que el abogado estámejor preparado que el cliente para navegar en el laberinto de documentos involucrados en el proceso. Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente comienza con los abogados — a ellos les corresponde esa obligación.
Los Abogados
Como ya se mencionó, la primera línea de defensa en la lucha mundial contra el lavado de dinero y la evasión fiscal empieza con los abogados. Por un lado, los clientes tendrán muchas más probabilidades de ser mas transparente con su abogado que con su banquero. Por otro lado, el privilegio entre abogado y cliente fomenta dicha transparencia entre las partes y, según la ley, protege la confianza del cliente.
Los abogados, entonces, se encuentran en una situación única de tener tanto acceso a información muy personal como información inculpatoria. En consecuencia, son muchos más versados en verificar la verdadera identidad del cliente. Ésta es la razón por la que el abogado es un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Las infracciones al Código de Ética serán objeto de investigación rigurosa del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá y la disciplina es administrada por la Corte Suprema. Los abogados también se someten a las metidas básicas de debida diligencia y normas de KYC que aplican a los bancos detallado en Ley 23 de abril 27 de 2015 (vea arriba). Sin embargo, a diferencia de lo que aplica a los bancos, los abogados y sus firmas se someten a obligaciones más rigurosas de KYC.
Por lo general, la Ley 2 del 1 de febrero del 2011, la cual “regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas,” obliga a que los abogados hagan efectivamente eso: conocer a su cliente. Los agentes registrados (o residentes), los cuales son los abogados o sus firmas mismas, deberán tomar las medidas necesarias para identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final para “contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera otra actividad ilícita.” Además, los agentes residentes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Específicamente, la ley profundiza con gran detalle las medidas aceptables de cumplimento y a raíz de esto lo que sigue son unas disposiciones pertinentes: Los abogados, como agentes registrados, deberán identificar al cliente y verificar su identidad con base en documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes. Además, cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, o sea una corporación misma, el abogado tendrá que proporcionar evidencia satisfactoria de la identidad de tanto el tercero como el cliente, incluyendo, pero no limitativo: (1) referencias bancarias y comerciales; (2) copias de un documento de identidad personal nacional y/o pasaporte; (3) y copias de la misma de todos accionistas — en el caso de corporación — que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% de su capital. Por encima, cuando los certificados de acciones que representan el título de propiedad estén emitidos al portador, el abogado tendrá que verificar la identidad de los que posean dichas acciones, y presentar evidencia satisfactoria de su identidad. Los abogados deberán mantener actualizados toda la información y documentos obtenidos y cualquier cambio al título de propiedad de la corporación requerirá un nuevo conocimiento a su cliente.
Hasta que se identifique al cliente y el período de debida diligencia se finalice, los agentes residentes deberán abstenerse de la presentación del servicio al cliente. Además, los agentes residentes deberán establecer y mantener políticas y procedimientos al respecto, y ciertos empleados deberán capacitarse en cómo implementar dichas políticas de conozca a su cliente, así como el mantenimiento de registros. Como sea necesario, las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, podrán solicitar la entrega de información sobre el cliente y exigir cualquier documento o registro que les facilite la lucha contra el lavado de dinero.
La lista continúa.
Conclusión
No cabe ninguna duda de que las instituciones financieras y los abogados son actores claves en lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Como ya se mencionó, Panamá ya cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso de adherirse a los estándares internacionales de transparencia bancaria. A este respecto, las leyes y normas de Panamá son mucho más fuertes que las de otras partes del mundo. Veamos brevemente el caso de los Estados Unidos:
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
Aún, los Papeles de Panamá muestran una imagen sombría del mundo offshore en Panamá. No obstante, el sistema panameño no es el coche de huida para las finanzas de los ladrones y quienes los rodean. Panamá ha realizado un esfuerzo concertado para combatir los delitos financieros de nivel local, nacional e internacional, y sobre todo tiene en su lugar los mecanismos de prevenir lo mismo. Al final, serán los bancos y abogados quienes se encargan de cumplir con las normas y leyes al respecto — a ellos les corresponde la obligación. No obstante, los abogados son humanos y algunos tal vez consideren que la ética y el imperio de la ley impiden sus propios intereses.
Y en esto deberían de haberse centrado los Papeles de Panamá. En su lugar, obviamente influido por el sensacionalismo, los Papeles de Panamá plantean dudas sobre la integridad de todo el país nada más por las acciones de un solo despacho de abogados. En realidad, la cultura y práctica del secreto financiero de Panamá no tienen nada que ver con la situación. Al contrario, fue la cultura y práctica de un despacho de abogados que vulneró la ley los responsables por dicha situación.
Inauguran el nuevo Canal de Panamá y un barco chino hace el primer viaje
La obra, que triplica la capacidad de los buques y necesitó de 30 mil trabajadores, tardó nueve años en finalizarse.
El costo de la ampliación global se eleva ya a 5.450 millones de dólares.
CIUDAD DE PANAMÁ.- Panamá inauguró hoy la demorada ampliación de su célebre Canal interoceánico en una ceremonia que contó con 12 de los 70 presidentes y jefes de Estado invitados asistían al estreno del tercer juego de esclusas, incluyendo mandatarios de Centroamérica y el Caribe, Chile , Paraguay y Taiwán, a los que se sumaron directivos de las mayores navieras del mundo y miles de entusiasmados.
A las 7.50 hora local (1250 GMT) el portacontenedores chino «COSCO Shipping Panamá» entró por la esclusa de Aguas Claras, en el Océano Atlántico, para iniciar el primer recorrido de un buque neopanamax de 9.472 TEUs hasta Cocolí, en el extremo Pacífico, donde se espera que llegue a las 17 hora local.
El consorcio liderado por la española Sacyr y la italiana Salini Impregilo entregó esta semana la obra por la que pasa el 5 por ciento del comercio mundial a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y por la que desembolsó unos 5.400 millones de dólares hasta la fecha.
El portacontenedores chino COSCO Shipping Panamá.
La obra casi triplica la capacidad de los buques hasta 14.000 TEUs (contenedores de 20 pies), con lo que abarcan al 98 por ciento de la flota mundial activa. Las nuevas de esclusas, con dimensiones de 427 metros de largo por 55 metros de ancho y 18,3 metros de profundidad, requirieron un total de 4,4 millones de metros cúbicos de hormigón y 30.000 trabajadores a lo largo de casi 9 años.
Fueron construidas por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la empresa española Sacyr, que firmó en el 2009 un contrato de 3.118 millones de dólares pero ha presentado reclamos económicos que suman unos 3.400 millones de dólares.
El costo de la ampliación global se eleva ya a 5.450 millones de dólares, por encima de los 5.250 millones por la que se firmó en el 2007.
La Cancillería panameña consideró el acto un éxito diplomático por la asistencia de representantes de casi todos los países invitados, incluyendo grandes clientes como China, Japón, Perú, Corea del Sur, Colombia y México .
Pero analistas creen que el nivel de las delegaciones se vio afectado por la reciente filtración de millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que puso en evidencia como ricos y poderosos de todo el mundo utilizan sociedades offshore para evadir impuestos y lavar capitales.
La divulgación periodística de 11.5 millones de documentos privados del Estudio de abogados panameño Mossack Fonseca ha dado estado público a mucha información confidencial relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore.
Según los datos proporcionados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), unos 500 bancos de todo el mundo fueron empleados por el bufete para crear cuentas bancarias a 15.600 compañías.
A continuación, brindamos una lista de los diez bancos que más cuentas abrieron a las empresas offshore:
Así msimo, los documentos filtrados permitieron identificar las jurisdicciones donde fueron registradas las compañías offshore:
Bahamas
Isle of Man
Ras Al Khaimah
Belize
Jersey
Samoa
British Anguilla
Malta
Seychelles
British Virgin Islands
Nevada
Singapore
Costa Rica
New Zealand
United Kingdom
Cyprus
Niue
Uruguay
Hong Kong
Panamá
Wyoming
De estas jurisdicciones, Panamá, Costa Rica y Uruguay son los países latinoamericanos más utilizados para crear las empresas offshore. Abajo presentamos las diez jurisdicciones más utilizadas por el Estudio de abogados panameños:
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Es importante destacar que usar corporaciones offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con gobiernos abusivos que imponen fuertes restricciones y ejercen una vigilancia opresiva. También es cierto que en muchas ocasiones las sociedades offshore pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.
‘Panamá es un país netamente financiero’: Della Togna
Entrevista a Luis Della Togna, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá. Redacción La Estrella de Panamá.
¿QUÉ OPINA DE LA DECISIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DEL TURISMO DE SUSPENDER EL SEGURO TURÍSTICO OFRECIDO POR PANAMÁ A LOS VISITANTES?
Yo siento que es lamentable que se haya suspendido, esperemos que sea temporalmente. El programa tenía muy buenos fundamentos, muy buena razón de ser. Como todo programa de seguros, debe ser revisado. En efecto, ha habido abusos en la relación primas/siniestralidad. Se debe hacer un análisis, pero no se debiera eliminar. El tema de seguro turístico que se le ofrecía a los que pasaban por Panamá, obviamente es un valor agregado que se ofrecía y que permitía decir que Panamá no es solamente un país seguro, es tan seguro que te ofrece una protección mientras estés en Panamá.
¿QUÉ IMPACTO TIENE PARA EL SECTOR QUE PANAMÁ SE ENCUENTRE LAS LISTAS GRISES INTERNACIONALES DE ORGANISMOS COMO EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)?
Desde que tengo uso de razón, a Panamá siempre se le ha querido colocar en alguna lista diciendo que hacemos o dejamos de hacer tales o cuales cosas. Obviamente, tiene implicaciones para el que quiere invertir en el país. No es bueno, debemos evitar estar en este tipo de listas. Desde la Superintendencia, nosotros hemos hecho todo lo necesario para no estar en esas listas. Gracias a Dios, cuando el Fondo Monetario Internacional hizo su última revisión, nosotros en nuestra área de la superintendencia salimos bastante bien. Pero no solamente se mide un área, se mide todo el país. Hemos aportado a que Panamá pueda salir de esa lista gris, porque, en efecto, sí tienen un impacto en las actividades financieras que el país desarrolla. Este año estamos implementando que todas las compañías tienen que rendir sus informes bajo las normas financieras internacionales, esto acarrea que tengamos un equipo lo suficientemente calificado en el tema. Todo lo que es la actividad de supervisión está llegando a niveles nunca antes vistos, y para eso necesitamos una Superintendencia dotada de ejecutivos y de personal calificado.
¿QUÉ INICIATIVAS SE HAN TOMADO EN MATERIA LEGAL PARA EL SECTOR?
Luego de la implementación de la Ley 12 de 2012, que es la que lleva adelante todo la concerniente a la regulación en el sector, se tomaron todas las tendencias modernas en el tema de supervisión y regulación. Se pudieron establecer situaciones nuevas y dependencias nuevas, como nuevos canales de intermediación.
¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO?
Nosotros en la Superintendencia hemos venido desarrollando foros de prevención de lavado de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector seguros. Se trata de un tema específico del sector. En estos momentos, el sector de los seguros no ha sido señalado como otras áreas del sector financiero por su vulnerabilidad. Sin embargo, reconocemos que ya hay delincuentes financieros de cierto perfil donde identifican que hay un flujo importante de efectivo.
¿QUÉ PAPEL JUGARÁ LA SUPERINTENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FATCA?
El tema FATCA es un tema en el cual todo el sector financiero panameño ha dedicado a observar y trabajar para que nuestro país cumpla con este requerimiento del gobierno estadounidense. Panamá es un país que cumple con las medidas que den un buen nombre a nuestro sistema financiero.
PERO, ¿IMPLEMENTAR ESTE SISTEMA EN EL QUE SE COMPARTIRÁ INFORMACIÓN DE CLIENTES AL FISCO ESTADOUNIDENSE NO ATENTA CONTRA LA REGULACIÓN EXISTENTE? ¿HAY QUE MODIFICAR LA REGULACIÓN VIGENTE PARA QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR?
Para los efectos de la regulación propia en el ámbito de seguros no hemos identificado un área en la que tengamos que mejorar. Hasta el momento, la relación directa entre el sector nuestro de seguros y la oficina de impuestos de Estados Unidos será llevada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos. Ellos son los que en un momento dado tendrán que entregar la información. Las compañías aseguradoras ya han tenido que cumplir con los requerimientos exigidos y el objetivo es que el sistema sea lo más adecuado posible a la necesidad.
¿EN QUÉ CONDICIÓN SE ENCUENTRA LA CARTERA MOROSA DEL SECTOR?
Uno de los elementos que afectaba a la actividad aseguradora en el pasado era la alta morosidad que tenían los aseguradores. Las personas compraban el seguro y no lo pagaban, sin embargo mientras no se cancelaba el seguro estaba disponible. Las personas venían y pagaban de una vez cuando lo necesitaban. Esta situación no puede ser aceptada ya que crea un impacto significativo en la parte financiera y afecta el respaldo. Había personas que pasaban todo un año sin pagar las primas y tenían las pólizas de vida y en vez de renovar con la misma compañía, abrían otra. Sin embargo estaban asegurados aunque nunca llegaron a pagar el seguro.
¿QUE SE HIZO PARA CAMBIAR ESTA SITUACIÓN?
Las personas ahora tienen un periodo de gracia de un mes. Sin embargo, si no han pagado hay una suspensión de la cobertura donde la póliza está abierta. En la eventualidad de que algo ocurra durante ese periodo, no le será cubierto el siniestro. Con esto se ha logrado que se reduzca la morosidad que había en el sector.
¿QUÉ SECTORES TIENEN EL MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO?
El sector automotriz tiene una dinámica interesante. Sobre todo si se siguen vendiendo los autos como si estuvieran en feria. Entran alrededor de 20 mil autos mensuales y cada uno de ellos lleva seguro. Póliza de salud adicional. También creo que hay un mercado muy interesante para el área de seguros de vida, considero que es un área que está por explotar.
¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL FUTURO?
Panamá es un país netamente financiero que experimenta un fuerte crecimiento económico. Y la industria aseguradora va de la mano de ese crecimiento. Hoy por hoy, la actividad aseguradora tiene 657 millones de dólares en crecimiento (de primas en seguros directos) en función del año anterior y tenemos un 11.51% de crecimiento al 30 de junio. Esto muestra la confianza que todos los panameños le ponemos a seguir invirtiendo en nuestro país y seguir protegiendo nuestro patrimonio. Panamá es un gran promotor de la actividad aseguradora en la región. Este crecimiento atrae a nuevas compañías aseguradoras y permite a los panameños acceder a nuevos productos que antes no tenía.
Aumenta presión sobre bancos locales por lista gris del GAFI
PANAMÁ – Una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada.
Este requerimiento es consecuencia de la inclusión de Panamá en lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Por el hecho de estar en país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo en la mañana de hoy Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) pide en la circular a las instituciones financieras estadounidenses que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidos.
Tras la publicación de la lista gris, los bancos panameños están recibiendo visitas y llamadas por parte de sus corresponsales en Estados Unidos y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, reconoció ayer que la presión sobre los bancos ha aumentado. Diamond dijo que la inclusión en la lista gris afecta a la reputación de los bancos y constituye una amenaza para la competitividad del centro bancario internacional. “Un centro financiero serio nunca está en listas discriminatorias”, apuntó.
Tanto el GAFI como el FinCEN reconocen en sus respectivos reportes que el país se ha comprometido al más alto nivel político para poner un marcha un plan de acción que reduzca las deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: Ecobusiness, Panamá. 22/08/14.
El S.S. Ancon cruza el Canal de Panamá en esta foto del 15 de agosto de 1914. Reuters
CIUDAD DE PANAMÁ — Más de 2.000 invitados —damas en deslumbrantes vestidos de noche, caballeros con traje oscuro y corbata— convergieron en la noche del viernes en el cavernoso Centro de Convenciones Figali en lo que se podría llamar la gala del siglo. Era la celebración de los 100 años de la apertura del Canal de Panamá.
El evento principal fue un gran espectáculo de canto y baile que contó la historia de Panamá desde su emersión geológica del mar hace tres millones de años hasta la actualidad. Los acróbatas ondularon por el escenario y giraron en cuerdas descendiendo en trapecios para simular el nacimiento del istmo que separaría dos grandes océanos.
Un espectáculo de flamenco marcó la colonización española. Un dragón chino y un cantante de calipso antillano conmemoraron los héroes anónimos que aportaron el trabajo para la obra agotadora y peligrosa que abriría el istmo siglos después. Bailarinas de swing saludaron el éxito de Estados Unidos en completar el canal después del fracaso francés. También estuvieron el gran jazzista Danilo Pérez, la cantante popular Sandra Sandoval y el rey salsero Rubén Blades, todas celebridades panameñas. Roberto Durán, otrora sensación del boxeo panameño, también se hizo presente.
Los panameños están orgullosos de su canal. Usted puede preguntarse por qué, ya que esta espectacular hazaña de ingeniería es puramente el producto de la iniciativa y el ingenio americanos. Sin los yanquis de principios del siglo XX —topógrafos, ingenieros, industriales, investigadores médicos y doctores— jamás podría haber sido construido.
Sin embargo, desde la perspectiva de esta pequeña nación de 3,8 millones de habitantes, la celebración del centenario era un momento para reconocer su propio logro con el canal —15 años de una exitosa administración— y un futuro prometedor.
Cuando Jimmy Carter firmó en 1977 el acuerdo para transferir la propiedad del Canal a Panamá, muchos apostaban que los panameños no estarían a la altura. Los panameños han demostrado que quienes dudaban de ellos estaban equivocados.
Bajo el liderazgo de Panamá, el canal no sólo se ha mantenido como una de las rutas de navegación más importantes del mundo. Ha pasado de ser un anticuado servicio público estatal, con su zona cuasi-socialista para los trabajadores, a una empresa moderna que tiene como objetivo maximizar los ingresos y competir a nivel internacional. La privatización de los puertos en ambas costas y el ferrocarril que corre al lado del canal, así como la construcción de un tercer juego de esclusas, son testimonios del pensamiento visionario y emprendedor que la propiedad panameña ha traído.
En una entrevista el miércoles con el presidente ejecutivo de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano, un empleado del canal desde hace casi 40 años, pregunté cómo Panamá ha logrado proteger el canal de las interferencias políticas. Quijano le da el crédito al presidente Guillermo Endara (1989-1994), quien durante el período de transición de manos de EE.UU. a la gestión panameña tuvo la visión de anticipar que las meras leyes no serían suficientes. Endara lideró el esfuerzo para proteger la independencia de la Autoridad del Canal con una enmienda constitucional que hace más difícil —aunque no imposible—politizar sus operaciones.
Quijano también apunta a lo que él llama la cultura profesional de la Autoridad del Canal y su junta directiva. Eso llegó con los estadounidenses, pero los panameños la han heredado y mantenido, como pude ver en el gran edificio de la sede de la Autoridad, en la colina de la zona del canal que durante mucho tiempo fue un símbolo de la presencia de EE.UU. y donde Quijano tiene su oficina. Los jardines y las oficinas perfectamente cuidados y el personal disciplinados sugieren capital humano de alta calidad y competencia gerencial.
Como en cualquier negocio, hay desafíos. El canal de 1914 no es ni lo suficientemente ancho ni profundo para buques «post Panamax», y Quijano dice que Panamá ha perdido algunos negocios a manos del Canal de Suez a causa de ello, a pesar de que la ruta de Suez desde el Lejano Oriente hasta la costa este de EE.UU.es cuatro días más larga.
«Deberíamos tener terminadas [las nuevas y mayores esclusas] hace dos años», admite. Uno de los retrasos se produjo a principios de este año cuando el consorcio español contratado para el trabajo exigió más dinero debido a los excesos de costos. Panamá se negó, y la mayor parte del proyecto quedó detenido. La construcción se ha reanudado mientras la solución de las disputas está encaminada.
Cuando le pregunté a Quijano si estaba preocupado por la propuesta de una empresa chino-nicaragüense para construir en Nicaragua un canal que competiría con Panamá, sonrió y dijo que ellos podrían «saber algo que yo no». Pero señaló que «en 122 años, el Canal de Panamá ha retirado 545 millones de metros cúbicos de tierra. El canal propuesto en Nicaragua requeriría la remoción de 5.500 millones de metros cúbicos». La conclusión obvia es que la construcción de un canal a través del istmo de Nicaragua en cinco años, como propone la empresa chino-nicaragüense, rayaría en la fantasía. Quijano dice que su estimación es que ese proyecto costaría de US$67.000 a US$70.000 millones, por lo que sería prohibitivo para cualquier inversionista privado.
Con atajo nicaragüense o no, los administradores del Canal de Panamá entienden que la supervivencia de su conducto depende de la competitividad global. Está por verse si la clase política de Panamá ha absorbido las lecciones del éxito de la Autoridad del Canal. La respuesta bien podría determinar si la celebración del sesquicentenario será tan alegre o no. Fuente: The Wall street Journal, 18/04/14.
Panamá salió de Lista Gris de Paraísos Fiscales y sigue en observación por Trata de Personas
Por Fernando Martínez.
Panamáfue excluido de las listas de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual fue calificado por el organismo como un “avance significativo para la competitividad de su industria de servicios financieros y legales a nivel internacional”.
El vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, y el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijeron en un comunicado que la incorporación de Panamá a los países que colaboran con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) supone un «avance significativo» para la competitividad de su industria de servicios financieros y legales a nivel internacional.
El canciller del país centroamericano, Juan Carlos Varela, y el titular de Economía, Alberto Vallarino coincidieron en que este logro ayudará a Panamá a obtener una mejor calificación de inversión.
«Han trabajado duro para lograr su salida de las listas de paraísos fiscales y ha dado notables pasos hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en un tiempo corto», fueron algunas de las consideraciones de Ángel Gurria, secretario general de la OCDE.
La OCDE formalizó la inclusión de Panamá en la lista de países que cumplen las normas de transparencia tributaria, pero Gurria precisó que el Global Forum -encargado de elaborar esas listas- deberá seguir evaluando si sus leyes permiten el acceso y el intercambio de información. El gobierno panameño “ha introducido cambios internos a fin de que los acuerdos puedan ser eficaces (…) Es importante que Panamá continúe trabajando para aplicar plenamente las normas», dijo el funcionario.
Un camino de convenios
Con la firma de un convenio el pasado 30 de junio para impedir la doble tributación con Francia – el duodécimo en su tipo-, Varela ya consideraba que “podemos garantizarle al país que saldrá de la lista gris del OCDE”.
Durante los últimos 16 meses Panamá ha logrado convenios similares con México, Barbados, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Qatar y Singapur.
Estos acuerdos como reseña el portal Centralamericadata.com se plantean evitar la “doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre las rentas exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o administrativas o sus entidades locales”.
En el caso específico de EE.UU, el pasado 23 de febrero de 2010, con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del lavado de dinero, a través del comercio internacional, la evasión fiscal y la doble tributación ambos países firmaron acuerdos de Transparencia Comercial (UTC) para comparar datos reportados en los puertos de ingreso y egreso de los bienes exportados e importados, para certificar que coincidan con los declarados por los operadores de comercio exterior.
Más regulaciones
Pero la firma de convenios con una docena de países no es suficiente. Se ha requerido la aprobación de regulaciones claves para cumplir los compromisos suscritos con varios países, tal es el caso de la Ley 2, la cual obliga a los abogados o bufetes que actúen como agentes residentes, a cumplir medidas para conocer a sus clientes, lo cual se convierte en un frente del gobierno de la nación del canal para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo al diario capitalino La Prensa que además se adecuó el Código Fiscal para la conformación de una Unidad de Precios de Transferencia dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) que se ocupará de los aspectos técnicos y de fiscalización en esa materia. Panamá es considerado el segundo país del mundo que registra el mayor número de compañías off shore.
Críticas al proceso
Richard Murphy, fundador de la Red de la Justicia Fiscal, un grupo con sede en Londres que lucha por una mayor transparencia en las transacciones financieras globales, fue consultado por Lavadodinero.com y considera que la lista gris de la OECD es ineficiente.
“Pasa el tiempo y otra vez vemos la evidencia de que para salir de la lista gris, los países firman muchos de sus 12 convenios de doble tributación, (…) para ser efectivos debería exigirse un mínimo de 60 acuerdos fiscales bilaterales”.
El experto aseveró que el volumen de datos intercambiados exigidos por la OECD es bajo, por lo que el intercambio estipulado en los acuerdos es poco.
Murphy agregó que aunque dichos convenios obligan a las naciones a intercambiar información bancaria con gobiernos extranjeros que adelantan investigaciones sobre evasión fiscal, los investigadores deben especificar en sus solicitudes escritas a cuál cuenta quieren acceder y por qué. “Esto es imposible en la mayoría de los casos”, concluyó.
Otro reto
Mientras Panamá se muestra optimista de estar a un paso de salir de la lista gris, el 11° “Reporte sobre la Trata de Personas” presentado por la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, ubicó a este país en el nivel LV2 en la evaluación general de los países latinoamericanos.
Dicha posición significa que a pesar de los esfuerzos, el número de víctimas aumenta y no se intensifican los esfuerzos para enfrentar el problema.
En el amplio informe que tiene como norte estimular la acción para combatir la esclavitud de la época moderna, se hicieron las siguientes recomendaciones:
· Promulgar leyes en contra de la trata de personas para prohibir de manera férrea el trabajo forzado.
· Ampliar los esfuerzos de aplicación de la ley en la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la trata de personas.
· Ofrecer más recursos a los servicios de las víctimas
· Optimizar el entrenamiento policial y funcionarios de migración
· Establecer una Fiscalía especializada en estos delitos.
· Desarrollar sistemas formales para identificar a las víctimas.
Por su parte, la cancillería panameña publicó un comunicado en el cual puntualiza que han realizado “grandes esfuerzos por sí mismos y con la ayuda económica y asistencia técnica de gobiernos amigos y de organismos internacionales, para reforzar el combate a la Trata de manera integral”.
Reseña el comunicado que el 2 de marzo de 2011 una Comisión Técnica presentó al Ministerio de Seguridad Pública un proyecto de ley el cual contempla normas para elevar a “tema de Estado” la política nacional contra la Trata de Personas.
Con la aprobación de la ley, se crearía la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, como un organismo técnico administrativo para tipificar este flagelo como delito. Así se atendería el problema desde el ámbito de la prevención, persecución, investigación y enjuiciamiento de tratantes.
En la nota oficial se aclara que “las apreciaciones del gobierno americano deben ser consideradas por nuestro país, como parte del intercambio de información y de buenas prácticas que debe existir entre los Estados partes de las convenciones”.
Preguntas y respuestas
– ¿Qué es un paraíso fiscal?
La OECD lo define como una jurisdicción que no tiene impuestos a los ingresos. Otra característica es que no se requiere la presencia física para abrir una cuenta bancaria, registra fallas en los procedimientos legislativos, legales y administrativos para garantizar la transparencia de las operaciones y posee reglas que bloquean el efectivo intercambio de información fiscal con las autoridades impositivas extranjeras.
Estados Unidos y Europa han presionado en los últimos años para que se elaboren leyes que disminuyan el uso de paraísos fiscales off shore por parte de las instituciones financieras.
– Qué vínculos tiene el tráfico de personas con el lavado de dinero?
El tráfico de personas involucra la venta y traslado de personas a otros países o dentro de un país para realizar trabajos forzados, la gente es atraída y engañada con promesas de trabajos bien pagos y de tener una vida mejor.
Otra metodología es que la gente migra ilegalmente, da su consentimiento para ser contrabandeado en otro país a cambio del pago de una suma de dinero.
El tráfico de personas es la industria criminal de más rápido crecimiento en el mundo, por su bajo riesgo y sus grandes ganancias, según la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas.
Los traficantes de personas necesitan de servicios financieros para movilizar y ocultar el dinero sucio, por ello en la actualidad sus pasos financieros reciben mayor atención.
El Grupo de Acción Financiera considera en varios análisis que los traficantes de seres humanos usan agencias de viaje, remesadoras de dinero, compañías dedicadas a jardinería, oficinas de abogados y restaurantes para cometer estos delitos. Fuente: LavadoDinero.com, 07/07/11.
EE.UU. fija su agenda de libre comercio: Primero Corea, luego Colombia y Panamá
Por Tom Barkley
WASHINGTON – El representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, dijo a los legisladores el miércoles que el presidente Barack Obama enviará al Congreso en las próximas semanas el tratado de libre comercio de Corea del Sur, y espera finalizar acuerdos parecidos con Colombia y Panamá tan pronto se resuelvan algunos temas pendientes.
El gobierno de Barack Obama enfrenta un cronograma ajustado para conseguir la aprobación para que el acuerdo con Corea entre en efecto antes del primero de julio, cuando entra en vigor el pacto de libre comercio entre Corea del Sur y la Unión Europea.
Según el testimonio de Kirk en la apertura de sesión ante el Comité de Medios y Arbitrios –el primero desde que los republicanos se hicieron con el control de la cámara en enero –el presidente tiene la intención de presentar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea en las próximas semanas y está deseando trabajar con el Congreso para asegurar su aprobación a mediados de año.
Kirk instó al Congreso a aprobar el acuerdo comercial revisado «sin demora», pero se opuso a las exigencias de los republicanos para enviar también de inmediato los pactos con Colombia y Panamá.
El funcionario dijo que el presidente le ha instruido «intensificar de inmediato el compromiso» con los dos países para resolver los asuntos pendientes tan pronto como sea posible, y que la próxima semana una misión de investigación será enviada a Colombia, aunque no estaba seguro de si participaría en la misma.
Agregó que Colombia y Panamá deben estar «preparados para llevar a cabo medidas adicionales significativas» en la mejora de las normas laborales y otras cuestiones.
Los partidarios del pacto con Colombia están presionando para que se apruebe dentro de seis meses, pero el gobierno de Obama no se han comprometido con ese plazo, porque les preocupa que los trabajadores sindicados – tradicionalmente muy escépticos de los acuerdos comerciales – pueden utilizar el acuerdo de libre comercio con Colombia para montar una campaña de oposición. Los líderes sindicales han condenado la violencia contra los organizadores laborales en Colombia. El gobierno colombiano ha señalado que trabaja para mejorar la situación.
El presidente de la junta directiva del Comité de Medios y Arbitrios, Dave Camp, (Republicano de Michigan) expresó su exasperación por la falta de progreso repitiendo una demanda que hizo el miércoles en un discurso para que se presentaran al Congreso los tres acuerdos comerciales a mediados de año.
Los grupos empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes, también enviaron declaraciones durante la audiencia pidiendo al gobierno que tramite los acuerdos de Colombia y Panamá sin más negociación.
El embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva, dio la bienvenida a la promesa de avanzar en el acuerdo comercial, pero rechazó la idea de que se haya avanzado poco en materia de derechos humanos y laborales en el país. «Es provechoso sacar partido de viejos argumentos fundamentados en el pasado de Colombia», dijo Silva en una declaración exigiendo una «nueva evaluación» por parte del gobierno estadounidense.
Kirk también instó al Congreso a renovar medidas comerciales que expiran a finales de semana, incluyendo un programa que permite el acceso libre de aranceles a las importaciones de Colombia y Ecuador, así como un plan de capacitación para trabajadores desplazados por el comercio.
Panamá: Los turistas tendrán un Seguro Médico gratuito para casos de urgencias
Desde el pasado 17 de enero, Panamá ofrece a todos los turistas que llegan al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen un seguro médico gratuito, con cobertura en casos de emergenciasque ocurran dentro de los primeros treinta días de estancia en el país. GENERALI es la encargada de emitir la póliza, y su contrato estará vigente durante los próximos dos años. También cubre a panameños que viven en el extranjero y regresen temporalmente al país.
La póliza de seguro cubre incidentes como muerte accidental (hasta 20.000 dólares), hospitalización y gastos médicos en caso de lesiones a raíz de accidentes o en caso de contraer alguna enfermedad en territorio panameño (7.000 dólares), gastos de odontología de urgencia (hasta 2.000 dólares), asistencia legal administrativa por accidente (hasta 3.500 dólares) y, perdida o robo de documentos, entre otros. La póliza no cubrirá incidentes a causa de negligencia -aquellos relacionados con alcohol y drogas-, al igual que los provocados por practicar deportes extremos.
«Sin lugar a dudas, el seguro médico representa un incentivo más para el turista que visita Panamá, además de los otros atractivos que ofrece el país como destino turístico. Asimismo, las personas que hagan uso de los servicios de salud del país podrán comprobar por qué Panamá es un lugar ideal para el turismo médico, con médicos altamente capacitados y hospitales de primer nivel», afirma el Ministro de Turismo de Panamá y director de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah.
EL CAMPO ESTÁ EMBARCADO EN UN PROCESO TECNOLÓGICO Y HUMANO QUE DA EMPLEO A LOS JÓVENES Y NUTRE LAS CIUDADES DEL INTERIOR. PARA CONSOLIDARSE NECESITA CONSENSO POLÍTICO Y MENOS IMPUESTOS.
Por Iván Ordóñez.
Es difícil proponer algo sin diagnóstico, y para los fenómenos sociales como la economía un diagnóstico se hace con buena investigación histórica. En la actualidad Roy Hora es a mi entender el mejor historiador contemporáneo del agro argentino, sobre todo de sus orígenes. Una de sus tesis centrales es que la pampa argentina de fines del siglo XIX era un mar de pequeños productores (muchos arrendatarios, algunos dueños y muy pocos colonos) con islas de grandes explotaciones autosuficientes, conocidas como las estancias. El trabajo de Hora desafía abiertamente la visión de buena parte del progresismo argentino sobre el pasado remoto y el presente del campo.
Otra de las tesis de Hora es que, contrariamente a lo que se cree, los productores ganaderos de principios de siglo eran empresarios innovadores en tecnologías blandas y duras. Ese ciclo expansivo se termina en la década del 30, cuando se combinan la colonización final del territorio agrícola y la creación de las juntas reguladoras de granos y carnes, que en un principio fueron una transferencia de recursos desde la aduana a los productores agropecuarios, pero en pocos años se transformaron en el eje de lo que se llamó “discriminación de las pampas”.
A las juntas le siguieron la agencia estatal que monopolizaba el comercio exterior (IAPI, sigla de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), los impuestos a las exportaciones y las cuotas de exportación. Durante largos períodos estos instrumentos actuaron de manera combinada, siempre con los mismos objetivos: reducir el precio de los alimentos que consumen los argentinos y elevar la recaudación del fisco. El primer objetivo casi nunca se cumplió, el segundo sólo en el corto plazo. Existe una diferencia fundamental entre los impuestos a las exportaciones y el resto de los instrumentos: juntas, IAPI y cupos dejan un lugar abierto a la discrecionalidad, que a su vez abre la puerta a la corrupción.
La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas.
El “daño colateral” de esta estrategia, que de manera casi ininterrumpida es la regla en política agropecuaria argentina, es muy claro: ataca la facturación de los productores agropecuarios, sin discriminar entre sus ganancias. Así afecta en mayor medida a los productores que enfrentan mayor volatilidad climática o que se encuentran lejos de los centros de consumo. Además, desincentiva la inversión en tecnología.
La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas. La nada misma. En el mismo período, por otra parte, la cantidad de cabezas de ganado cayó de 3 vacas a 1,6 vacas por habitante.
Es imposible entender la “parálisis de las pampas” sin entender la “discriminación de las pampas”. Es imposible entender la “segunda revolución de las pampas”, que introdujo los fertilizantes sintéticos y la siembra directa, sin entender el pasado lejano que relata Roy Hora y la revolución que implicaron los 90, cuando por primera vez en 60 años le dejaron al campo vender al mismo dólar al que pagaba sus insumos. El espíritu innovador del que habla Hora seguía ahí: ahora por fin tenía los recursos. En 1997 la producción de granos alcanzó las 52 millones toneladas, el doble que siete años antes.
Los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.
De la misma manera, es imposible comprender la “tercera revolución de las pampas”, que estamos viviendo y que está basada en la digitalización de la producción, la introducción de nuevos materiales y el cuidado del medio ambiente, sin tomar en cuenta que los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.
Hacer agricultura es más que sembrar una semilla. La compleja red de contratos que producen los agronegocios genera empleos de calidad para jóvenes hiperformados, de programadores a ingenieros agrónomos, para jóvenes que no lograron terminar el secundario (a fin de cuentas, la mitad de los adolescentes argentinos) y también para aquellos que tienen una tecnicatura.
UTOPÍA FARM-OSA
Es imposible pensar cualquier intervención pública sobre el paisaje rural sin abrir la conversación sobre la excesiva carga tributaria que enfrenta la actividad, particularmente la producción de granos. Como un negativo, es imposible hablar de política hortícola sin reconocer que casi la totalidad de sus productos se comercializa en negro.
Para crecer, los productores argentinos de commodities necesitan una reducción de la carga impositiva, particularmente de ese mal impuesto que son las retenciones. Ya sin esa brutal transferencia de ingresos de la ruralidad a la urbanidad los recursos se volcarán en dinamizar la ruralidad. Los ejemplos de que esto es real y no una quimera abundan en nuestro pasado, pero también en nuestros contemporáneos.
El pequeño productor pampeano de commodities para prosperar precisa de tres elementos: proteger su flujo de ingresos ante las fluctuaciones climáticas y de precios, mejorar su conectividad física y virtual y finalmente un entorno urbano atractivo para vivir. Lo primero se soluciona con seguros climáticos, mercados de futuros y rentabilidad plena sin tributos especiales. Lo segundo y lo tercero, facilitando que la riqueza que produce se transforme en infraestructura social en el lugar en el que reside. Un ejemplo de esto se encuentra en el excelente trabajo de Humberto Miranda que describe el proceso de urbanización en la frontera agrícola en el nordeste brasileño entre 1990 y 2010. El paisaje de las comunidades rurales cambió radicalmente: se multiplicaron las ciudades de hasta 20.000 habitantes y otras crecieron hasta los 50.000 habitantes. Un fenómeno similar se da en el estado de Goiás, con ciudades de menor porte como Quirinopolis o la capital del estado, Goiania, que entre 1990 y 2010 duplicó su población, hasta alcanzar el millón y medio de habitantes.
¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales?
Desde 2000 en Paraguay, en la zona lindera a Ciudad del Este y gracias al impulso de los brasiguayos, la producción de soja y maíz se multiplicó casi por cuatro, arañando hoy los 5 millones de hectáreas. Eso no es todo: las pujantes colonias de menonitas que escaparon de la Unión Soviética al norte de Formosa (una zona que muchos no dudarían de calificar de monte desértico) se destacan por producir una parte sustantiva de los lácteos, carnes y hortalizas que consumen los paraguayos.
¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales? Obviamente, con estos indicadores el 94% del presupuesto de la provincia se sostiene con aportes de la Nación, que en el fondo son aportes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no está predestinado que sea así. Surcada por dos ríos monumentales como el Bermejo y el Pilcomayo, más de 200 kilómetros de costa del Paraná frente a Asunción, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, existe la posibilidad de Farm-osa: una provincia que si no alimenta al mundo, al menos lo hace con su región.
No tenemos que irnos de Argentina para encontrar comunidades rurales prósperas y exitosas: Tandil, Rafaela, Villa María y Río Cuarto son polos de atracción de población. ¿Qué hermana a esas ciudades rurales de tres provincias distintas? No son capitales provinciales, poseen una matriz productiva diversificada que pivotea en los agronegocios como eje y cuentan con al menos una sede universitaria. Ahí vive una Argentina posible.
El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo.
En el mundo de las especialidades –aquellos productos que no se estandarizan como los granos– es necesario crear mercados concentradores reales que blanqueen el negocio y eleven la transparencia en la formación de precio. La combinación de ambos factores elevará la calidad de los productos, desde la cebolla y la leche hasta el durazno y la carne vacuna. Ese salto de calidad permitirá a su vez un salto exportador; ese salto exportador traccionará con demanda un incremento en la producción, que se traducirá en mejoras en la productividad e inversión en el negocio hortícola y frutal, en las carnes tradicionales y “no tradicionales” y en los miles de alimentos que produce el ecosistema de agronegocios. El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo. El vino y la soja nos lo enseñan.
El blanqueo permitirá elevar la transparencia en la formación de precio de las especialidades y así lograr un múltiple objetivo en apariencia contrapuesto: que el productor gane más a la vez que el consumidor paga menos.
LA MALDICIÓN DE EXPORTAR ALIMENTOS
Tal maldición no existe. Los importadores chinos de carne roja que representan la mitad de nuestras exportaciones pagaron en promedio por el kilo de carne a los frigoríficos argentinos exportadores unos 320-350 pesos durante 2020, un número muy similar al que los porteños pagaron en la carnicería de su barrio por el mismo producto. La cuarentena estricta y larga destruyó más de 3 millones de empleos informales y golpeó el salario real de los trabajadores formales: el poder de compra de los argentinos se desmoronó. La carne no está cara; los argentinos somos más pobres.
El desafío para desarrollar el país en torno a la exportación de alimentos es la construcción de una coalición política que promueva la idea y esta solo es posible si hay incentivos claros para hacerlo. Estos incentivos son posibles si se construye un consenso social que da votos en pos de que esa coalición gobierne. Esos votos, a su vez, jamás estarán si existe la percepción de que la exportación compite con el consumo local. Esto no puede dirimirse solo en el plano discursivo.
Los ministerios son importantes, pero todas estas iniciativas precisan agencias con poder de fuego. Los bancos estatales como el Nación, Provincia y BICE requieren de divisiones especializadas en agronegocios más robustas, que abandonen el paradigma “one size fits all” y se aboquen a crear soluciones acordes a los productores de commodities y especialidades. La AFIP de un país cuyo principal sector productivo son los agronegocios debe abandonar la postura autocomplaciente de que “es difícil cobrarle impuesto a las ganancias al campo”. La potencia tecnológica con la que hoy cuenta la agencia de recaudación es la clave para abandonar impuestos que agregan al sesgo anti exportador (como los derechos de exportación o los ingresos brutos) y focalizarse en impuestos “virtuosos” como el impuesto a las ganancias. Un SENASA plenamente alineado es la pieza que cierra ese circuito, porque permitiría acompañar la transparencia fiscal con la garantía de inocuidad.
¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje?
Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene un rol privilegiado en esta estrategia. Su capilaridad supera la de cualquier otro organismo estatal del país: hay estaciones experimentales en cada rincón del territorio. Sin embargo, debe modernizarse: la visión productivista debe integrarse con un objetivo comercial, los productores agropecuarios (grandes y pequeños) buscan ganancias, el INTA debe asistirlos en el objetivo de ganar dinero de manera sustentable, no en “producir más”.
Nada de lo expuesto es extremadamente novedoso; es apenas un compendio de mejores prácticas tomadas de otros países. El éxito de estas políticas se juega en su diseño, pero sobre todo en la implementación. Deben conjugarse calidad profesional y voluntad política, humildad para escuchar al sector privado con sus aportes y dotes para la persuasión a la hora de seducirlo para sumarse a soluciones superadoras. Demandan una claridad de visión y una pasión por cambiar que no abunda. Muchas de estas iniciativas no requieren de recursos adicionales, solo de mejor coordinación en el uso de recursos públicos y privados, trabajando juntos.
Las grandes organizaciones siempre muestran falencias a la hora de administrar recursos para alcanzar múltiples objetivos. El mantra tiene que ser sencillo: exportar más. En un nuevo gobierno, todo el accionar debe pasar un test simple: ¿sirve para exportar más? Si la respuesta es afirmativa, ese es el camino correcto. Caso contrario, desechar.
¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje? ¿Que teníamos las respuestas pero no la capacidad de generar acuerdos? ¿Que no nos animamos? El descenso al subdesarrollo está amenazando nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir libremente qué queremos hacer, nuestro derecho a buscar la felicidad. El tiempo de desarrollar la Argentina, exportar y sacar millones de la pobreza es ahora.
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude. 
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
