Nuevas regulaciones sobre Terrorismo y Lavado de Dinero o la utopía del status quo
febrero 14, 2024
Por Juan Félix Marteau.
El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina es la ineficacia. Por eso, a priori, no debería llamar atención que el Senado de la Nación convierta en ley el proyecto de reformas impulsado por la Administración Fernández, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: se trata de otro artificio normativo para superar la próxima evaluación internacional que el país debe enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no conmoverá un ápice la maquinaria burocrática que estableció un extendido control sobre los usuarios del sistema financiero formal, sin obtener ningún resultado ostensible en aquello que pomposamente se denomina el “combate” contra la gran criminalidad financiera, en particular la que se encuentra asociada instrumentalmente a los negocios ilícitos más rentables, como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes.
La nueva norma que, por distracción o ignorancia, impulsan ahora los legisladores oficialistas y apoyan las fuerzas políticas mayoritarias, incluida su mentora, la corriente del kirchnerismo tardío, vuelve a otorgar más facultades regulatorias a la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo cuya pretenciosa fama la alcanzó en sus momentos de mayor politización facciosa, con el uso arbitrario de querellas en causas penales contra los adversarios de turno. Ahora, la ley recarga las tintas sobre las entidades de la economía virtual, las organizaciones sin fines de lucro, los llamados “beneficiarios finales” de las operaciones financieras y los abogados. Gracias a esto, este dispositivo estatal obtendrá más información sensible de los nuevos sujetos obligados, sin que ello implique modificar un fenómeno crítico:, tal como está estructurada organizacionalmente esta unidad, puede servir para muchas cosas, como profundizar el conocimiento de los clientes que realizan operaciones normales y legítimas, pero no para luchar efectivamente contra lavadores y financistas ilegítimos.
La realidad tiene cara de hereje, aunque cueste admitirlo en un ámbito subyugado por el normativismo de los estándares y las buenas prácticas globalistas: en estos 23 años de membresía en GAFI, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, ha acumulado un stock de cerca de 480.000 reportes de operaciones sospechosas, además de una incalculable masa de big data que los “sujetos obligados” (actualmente, cerca de 80.000 personas y entidades) le remiten sistemáticamente sobre los intercambios comerciales realizados por los clientes que operan dentro del sistema formal, pero es incapaz de producir información financiera de calidad para que la justicia investigue y condene a los autores responsables y decomise los bienes ilícitos. Dicho sea de paso, los 5.500 Informes de inteligencia que este organismo diseminó en estos últimos ocho años carecen de una base normativa sustentable. Ello explica, en parte que, en este casi cuarto de siglo, las condenas por lavado apenas superen el centenar, las investigaciones por financiamiento del terrorismo se cuenten con la mano y, lo que es peor, el menoscabo a la economía de las grandes organizaciones delictivas sea prácticamente marginal. La nueva ley solo permitirá mantener este status quo regulatorio elefantiásico que resulta incapaz de proteger a los argentinos de la amenaza creciente de criminales organizados y terroristas.
Con relación a este último aspecto, el nuevo texto legal profundiza la consigna del progresismo garantista, hegemónico en este último tiempo, de degradar la categoría legal terrorismo a una mera intención que puede manifestarse en el autor de cualquier delito, por insignificante que éste sea. La consecuencia bizarra es que hoy -y a diferencia de lo que sucede en todos los ordenamientos comparados de referencia como Alemania, Italia, España, Francia-, nuestro Código Penal no cuenta con un apartado especial que defina a través de tipos penales precisos qué actos terroristas constituyen hechos punibles. Este retorcimiento jurídico, propio de quienes pregonaban que así se evitaba “criminalizar a la protesta social”, lo que consigue en verdad es disolver la posibilidad de reprimir a los actores terroristas y erosionar la cooperación internacional con los países que sí persiguen este tipo de delitos graves.
Esta nueva retroalimentación legal a un sistema fallido que van a consagrar los senadores sintonizaba bien con el gobierno anterior, férreo defensor del inmovilismo, pero contrasta de plano con las revolucionarias premisas que el presidente Javier Milei estableció para su gobierno: liberar a la gente de la pesada e inútil carga que impone el Estado en aquellas áreas -como la seguridad- dominadas por la casta parasitaria. Siguiendo la lógica interna de esta consigna política y considerando seriamente las consecuencias que podrían derivarse de la posición asumida por el Jefe de Estado en su revelador viaje a Israel, cuando declaró la enemistad al extremismo violento representado por Hamas -denominado el “nazismo del Siglo XXI”, la deducción obligada es que la Argentina necesita con urgencia contar con herramientas institucionales de otra envergadura para estar a la altura de estos desafíos.
Bajo el significativo estímulo de dejar atrás un largo periodo de decadencia institucional y moral, un programa legal en esta materia debería producir cambios estructurales tales como dotar al Estado de una verdadera plataforma de inteligencia financiera -articulada con el sistema de inteligencia nacional-, identificar y designar con determinación los actores que amenazan la seguridad nacional para aplicarles duras medidas preventivas, reforzar con real poder represivo a los fiscales y jueces para contrarrestar la acción de terroristas y bandas criminales y, algo no menor, asegurar que el nuevo funcionariado de la administración pública esté forjado por el profesionalismo, la experiencia y la templanza que esta intensa misión conlleva. Sin esta determinación, seguiremos recreando utopías para que nada cambie, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a sufrir el escarnio del abuso y la violencia.
Fuente: lanacion.com.ar, 14/02/24
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El Lavado de Dinero en la industria del Seguro
marzo 3, 2020
“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”.
Por Fernando Martínez.
A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas y de control antilavado de dinero.
En general, existe la creencia de que como no existe manejo de efectivo, en la generalidad de las transacciones con seguros, entonces la actividad no es vulnerable a ser blanco de los criminales para legitimar capitales.
Para el criminólogo y Jefe de la Unidad Estratégica de Análisis e Inteligencia Criminal del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Edwin Granados, en Latinoamérica persiste una visión poco precisa de los riesgos que implica la ecuación de la industria de seguros, el fraude y el LD/FT.
– ¿Existe en la región una clara conciencia de los riesgos del lavado de dinero a través de la industria de seguros o sencillamente la previsión se centra en el fraude?
En Latinoamérica, no hay una clara consciencia de que éste sea un tema que les sea inherente. En términos generales, tanto las compañías de seguros como los intermediarios de seguros y supervisores, por no tener claro la forma efectiva en que esto puede darse, no le dan interés. Los primeros como sujetos obligados básicamente orientan sus esfuerzos al riesgo de incumplimiento de la norma, y pasan de lejos el asunto. Ha faltado inculcar más que se trata de una problemática de carácter social. El negocio de los seguros también tiene una alta cuota de responsabilidad. Acá el tema no es tanto si se centra en el fraude o en el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el tema es que ambos están entremezclados y si no se comprende su dinámica, aún la atención en el fraude no dará el resultado efectivo que cubra éste otro aspecto. Ambos están íntimamente relacionados. El fraude es un delito precedente del LA-FT, en seguros de daños no es factible un lavado de dinero directo, como si lo es en seguros de vida con inversión. Por esa razón, hay que tener una doble visión en el ámbito asegurador para poder comprender el espectro de este riesgo.
– ¿Es el sector seguros tan vulnerable al LD/FT tanto como el sector bancario o bursátil al lavado de dinero?
Sí lo es, pero es más lento, más pausado y elaborado. Se han constituido mecanismos alternos a los que que en otrora se utilizaban, buscando la banca como medio directo. El crimen organizado dispone de tiempo y métodos para ir más lento, pero igual son efectivos con formas encubiertas para finalmente lograr el objetivo de insertar dinero ilícito en los sistemas bancarios, es decir, no llegan con los billetes directamente a la entidad bancaria, sino utilizan otros sectores como intermediarios en el proceso de lavado. Luego desde estas entidades, el dinero llega limpio a los bancos, lo cual por supuesto no genera ningún tipo de sospechas. Es por esta razón que se deriva la importancia de conocer en cada uno de estos negocios los mecanismos posibles para ejecutar esos ilícitos, pues pueden estar siendo utilizados para lavar y servir de puente a los bancos.
Las alarmas
-¿Cuáles son las principales alarmas que debe encender la industria aseguradora ante el crimen organizado?
Bueno, hay que tomar en cuenta que en la vida de los seguros existen dos procesos principales, el primero referido al proceso de aseguramiento, momento en el cual se produce el vínculo con el cliente, desde ese momento existen distintas señales que podrían despertar alerta para el intermediario de seguros o bien para la compañía de seguros. Para citar un comportamiento vital, que puede generar una alarma, es básicamente cuando el asegurado se niega a brindar información sensible. Es necesario aclarar que en materia de seguros no siempre se pide el respaldo de ingresos, que es sensible y esto tiene una clara explicación también. Ahora, el segundo y eventual proceso es el de reclamación, pues por la naturaleza del negocio de los seguros no se espera que necesariamente deba presentarse un reclamo, esto en virtud de que el negocio de los seguros es principalmente la compra de riesgos, cuando estos riesgos se materializan de manera constante y el asegurado evidencia un alto Índice de siniestralidad, es entonces cuando la entidad aseguradora deberá evaluar inmediatamente al cliente.
– ¿En qué consiste esta evaluación?
Se debe elaborar en primer lugar un análisis técnico del riesgo moral de ese cliente y mediante la investigación técnica proveer los elementos necesarios para evaluar si está ante un cliente con sospecha de lavado de dinero y proceder entonces con el cumplimiento de la norma respectiva. Por esta razón no se pueden ver estos temas como separados y cuando hablamos de «tipologías» en realidad estamos hablando en algunos casos de indicadores de fraude, no se puede pensar en seguro de daños en tipologías como típicamente se le denomina a estos comportamientos atípicos en el ámbito bancario. Hay muchas diferencias el negocio es muy distinto.
– ¿Hace más vulnerable a la industria de los seguros la figura del “intermediario”?
La diferencia del riesgo de LD/FT entre el intermediario y el asegurador, es de vital importancia porque ambos se necesitan irremediablemente, esto por ejemplo hace una distinción con el negocio bancario. Pues bien, es necesario comprender los roles de cada uno, sus distintas participaciones y sobre todo tener la capacidad de determinar sobre cuál de estos grupos -asegurador e intermediarios- recae las responsabilidades y que tan viable es que alguno de estos diga: ese no es mi problema.
Fuente: LavadoDinero.com, 07/07/14.
Más información:
Prevención del Lavado de Dinero
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Posgrado en Inteligencia, Crimen Organizado y Terrorismo
marzo 20, 2018
Inteligencia, Crimen Organizado y Terrorismo
Inteligencia, Crimen Organizado y Terrorismo
Los contenidos, duración y exigencias para aprobar este curso de posgrado se corresponden con los del primer módulo de la Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado.
La ausencia de carreras de grado en inteligencia estratégica y las limitadas opciones en los campos de seguridad y defensa, plantean la necesidad de un proceso de capacitación destinado a crear y consolidar habilidades en profesionales y funcionarios, con destino a su empleo en la actividad pública o privada. El planeamiento estratégico en la conducción política del Estado, exige conocimientos diversos sobre planeamiento, toma de decisiones, seguridad interior, inteligencia estratégica, inteligencia de negocios, inteligencia criminal y demás niveles que la integran. Sugiere la oportunidad de dar inicio al curso, articulado por la Universidad de Buenos Aires con la colaboración de la Escuela Nacional de Inteligencia. Los contenidos académicos, además de su uso en la gestión estatal y privada, contribuyen a la comprensión del rol que cumple la inteligencia en la anticipación de riesgos ciudadanos, ante el avance del crimen organizado, sin pausa y sin fronteras.
El curso de posgrado en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado transmite aptitudes para el análisis, comprensión, asesoramiento y difusión especializada de la información, transformada en inteligencia. Integra estudios de los sistemas Institucionales y políticos del Estado, de la seguridad y defensa de la Nación.
Duración:
80 hs.
martes y jueves
de 17 a 21 hs.
Inicio
martes 3 de abril
Lugar
Libertad 1235
Escuela Nacional de Inteligencia
CALENDARIO ACADÉMICO 2018
OBJETIVOS
- Transmitir conocimientos, técnicas, procedimientos y aptitudes profesionales para dirigir e integrar equipos técnicos de investigación en ámbitos de la inteligencia aplicada, defensa nacional, seguridad interior y escenarios de toma de resoluciones, en los ámbitos estatales y privados.
- Introducir al conocimiento del crimen organizado trasnacional.
- Introducir a la identificación de técnicas y procedimientos de análisis criminal.
DESTINATARIOS
Profesionales y funcionarios de áreas de seguridad, defensa e inteligencia.
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1
- Inteligencia I (40 hs.)
AUTORIDADES
Escándalo financiero en Letonia
marzo 2, 2018
Misiles, lavado de dinero, amenazas de muerte: 3 claves para entender el gigantesco escándalo financiero en Letonia, que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia
Una pequeña ex república soviética se ha convertido en el escenario de una trama digna de una novela de espionaje, donde las grandes potencias se enfrentan y los capitales se mueven bajo un manto de opacidad que ha provocado varios escándalos financieros.
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Un banco declarado en quiebra, el gobernador del Banco Central detenido, acusaciones de lavado de dinero y supuestos vínculos de corrupción con Corea del Norte y Rusia.
Esa fue la pesadilla que cayó sobre Letonia luego que Estados Unidos dirigiera toda su artillería contra el sistema bancario de ese país.
En las últimas dos semanas, Letonia -la pequeña, pero estratégicamente importante ex república soviética- ha sido el escenario de una saga que incluye tantos personajes como acusaciones, y que enfrenta los intereses de Washington, Moscú y Pyongyang.
El escándalo público comenzó cuando el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al banco letón ABLV de lavar dinero.
Al poco tiempo, el Banco Central Europeo congeló los pagos a ABLV para evitar que se produjera una «salida masiva de fondos». Bloqueado y sin más opciones de sobrevivencia, finalmente la entidad se declaró en bancarrota.
En un caso separado, la Agencia Anticorrupción de Letonia detuvo por supuestos sobornos al gobernador del Banco Central, Ilmars Rimsevics, quien negó los cargos y dijo que temía por su vida.
Y como si fuera poco, el ministro de defensa de Letonia denunció que había en curso una «campaña de desinformación» orquestada desde el extranjero.
Rusia y Corea del Norte han permanecido en silencio, mientras crecen las dudas sobre la posible caída de otros bancos letones.
Estas son algunas de las claves que pueden ayudar a entender cómo se está desarrollando esta trama político-financiera.
Primera clave
La acusación de Estados Unidos
La Red de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, acusó al tercer banco privado más importante de Letonia, ABLV, de haber «institucionalizado el lavado de dinero» como pilar de sus prácticas comerciales.
En el mismo documento, el gobierno dijo que «las prácticas deficientes en los bancos fomentan una amplia gama de conductas ilícitas, incluida la actividad vinculada con el programa de armas de Corea del Norte y la corrupción relacionada con Rusia y Ucrania«.
«FinCEN se compromete a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de este tipo de riesgos», agrega.
Ahí comenzó la avalancha. Washington bloqueó a la entidad financiera y lo mismo hizo el Banco Central Europeo al declararlo «inviable». La declaración de quiebra fue el paso siguiente y de esa manera ABLV quedó sepultado.
Por la opacidad con que realizaba sus transacciones, es prácticamente imposible trazar el origen preciso de los fondos que el banco manejaba, una práctica extendida en Letonia, cuyo sistema financiero ha sido largamente cuestionado.
«En Letonia, hay una cultura bancaria basada basada en la idea de atender a clientes no-residentes de oriente y occidente. Esta idea estaba basada en el eslogan´Estamos más cerca que Suiza´«, dice Aldis Austers, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales de Letonia, en conversación con BBC Mundo.
«La cantidad de transacciones con dinero ilegal a través de estos bancos ha llegado a una escala cósmica».
Letonia, una de las tres naciones bálticas que obtuvo su independencia luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, tiene una larga historia de acusaciones sobre su presunto rol como «paraíso» para el lavado de dinero ruso, según las autoridades estadounidenses y europeas.
En Letonia niegan las acusaciones y denuncian ser víctimas de una campaña internacional en su contra.
Segunda clave
¿Gobernador corrupto o víctima de un complot?
Mientras iba desarrollándose la caída del banco ABLV, otro escándalo golpeó al país báltico: la agencia anticorrupción del país detuvo al gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimsevics, miembro además de Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
La máxima autoridad monetaria del país, acusado de exigir sobornos a los bancos locales, fue interrogado por agentes letones de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (KNAB) y posteriormente dejado en libertad tras el pago de una fianza.
Apenas tuvo la ocasión, Rimsevics defendió su inocencia. Negó tajantemente haber reclamado sobornos y culpó a varios bancos letones de intentar sacarlo de su puesto.
«Me he convertido en el objetivo de bancos que quieren destruir la reputación de Letonia», dijo el gobernador.
Según su versión, las entidades financieras lo culpan de recibir sobornos por haber impulsado investigaciones de la agencia anticorrupción contra ellas. Y el objetivo encubierto es básicamente provocar su caída para reemplazarlo por otro banquero más complaciente.
«He recibido amenazas de muerte y he informado de ellas a las fuerzas de seguridad», dijo Rimsevics, quien, en medio del escándalo, fue suspendido de sus funciones.
Algunos analistas han dicho que los dos casos (del banco y del gobernador letón) ponen sobre la mesa la pregunta sobre si las ex repúblicas soviéticas deberían ser miembros de la zona euro.
«El doble escándalo va a dañar la reputación de las instituciones reguladoras del país y de su sector financiero», comenta Otilia Dhand, vicepresidenta de la consultora de análisis de inteligencia Teneo Intelligence.
Esta situación, «probablemente hará que los bancos que trabajan con personas no residentes busquen adoptar modelos de negocio más convencionales».
Tercera clave
La presunta «operación para desinformar»
Aunque el primer ministro de Letonia, Maris Kucinskis, defendió el rol de la agencia anticorrupción en la detención del gobernador, otros miembros del Ejecutivo se han ido sumando a las teorías conspirativas que rodean el caso.
El ministerio de Defensa, Raimonds Bergmanis, declaró en un documento público que las acusaciones contra Rimsevics serían una operación foránea.
«Hay una alta probabilidad de que se esté llevando a cabo una operación masiva de información desde el extranjero, que es idéntica -en su estructura y ejecución- a las operaciones comunicacionales que fueron observadas en Francia, Alemania y Estados Unidos, antes de las elecciones».
La declaración cita como ejemplo de esta presunta operación para desinformar, una serie de noticias publicadas en distintos portales de internet que habitualmente no generan información del ámbito económico o nunca antes han publicado sobre Letonia en sus portales.
«Este método permite multiplicar la noticia en poco tiempo y garantiza visibilidad en los motores de búsqueda».
Las elecciones en Letonia están previstas para octubre.
«Creo que todo esto está más relacionado con seguridad nacional, más que con seguridad bancaria», le dice a BBC Mundo Anders Aslund, miembro del centro de análisis Atlantic Council, con sede en Washington.
«No está claro quién es el verdadero actor detrás de esto«. agrega.
Fuente: BBC Mundo, 01/03/18.
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El Petro, una puerta de entrada para el crimen organizado
febrero 14, 2018
Gonzalo Gerbasi: «La emisión del Petro por parte del gobierno venezolano en realidad sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado”
En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado», según señala el jurista y experto antilavado Gonzalo Gerbasi (*).
Durante una conversación sostenida con el periodista de Lavadodinero.com, Fernando Martínez, el académico venezolano también advirtió que a pesar de que el país sudamericano ha cumplido desde el punto de vista formal con la aprobación de legislaciones apegadas a los estándares internacionales, todo indica que podría reingresar a la lista gris del Grupo de Acción de Financiera (GAFI) luego de las futuras evaluaciones.
Presentamos un resumen de la entrevista en la que el experto aborda varios aspectos vinculados con la nación petrolera en materia ALD/CFT:
– El gobierno venezolano ha anunciado la creación de criptomonedas con el respaldo de los recursos minerales del país, ¿existe el riesgo de que este sistema sea una vía para la corrupción y el lavado de dinero?
En diciembre de 2017, el gobierno nacional anunció planes para lanzar una criptomoneda denominada Petro. Posteriormente declaró que la misma tendría el respaldo del petróleo, gas natural, oro y diamantes venezolanos. Por lo revelado, podríamos pensar que no será en realidad una criptomoneda, porque no será “minada”, sino emitida por el Estado, tendrá regulaciones y supuestas garantías. Todas las características de una emisión de deuda.
Ahora bien, el gravísimo problema ético, moral y de pérdida de valores que está viviendo el país, en especial en las altas esferas gubernamentales, hacen pensar que de poner en práctica esta proposición, la delincuencia organizada inmediatamente tratará de controlar al ente regulador que se ha creado al respecto y a las personas que negocien la “criptomoneda”. Esto es fácil imaginar, porque así ha sucedido con todos los planes que ha creado el gobierno desde su inicio.
– La Fiscalía General de la República en los últimos meses ha promovido investigaciones y concretado detenciones por casos de corrupción y lavado de dinero en la estatal petrolera. ¿Desde su punto de vista significa un avance importante en la lucha contra estos delitos?
Desde el punto de vista formal es un avance que se hayan iniciado investigaciones y se hayan concretado un número importante de detenciones en casos de corrupción y legitimación de capitales en Petróleos de Venezuea (PDVSA). Sin embargo, nos parece que ha sido muy tardía el inicio de esos procedimientos. Desde prácticamente el inicio del gobierno de Hugo Chávez se comenzaron a producir las denuncias, primero de corrupción y luego de legitimación de capitales en la estatal petrolera. Con el gobierno de Nicolás Maduro la comisión de estos delitos se ha profundizado. Por eso, por su puesto sin exculpar a nadie, todo parece indicar que se trata de un pase de factura de un grupo político a otro.
La pregunta que se hace el venezolano común es por qué se inician estos procedimientos casi exclusivamente en esa empresa y no se realizan investigaciones sobre corrupción, legitimación de capitales y otros delitos en casos como: el Plan Bolívar 2000, el caso del maletín que se introdujo en Buenos Aires con dinero proveniente de PDVSA, las denuncias contra la propia familia Chávez por corrupción, el caso Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en el cual uno de los principales ministros del gobierno para ese momento declaró que se habían perdido US$ 25 mil millones, el caso de la Banca Privada de Andorra, el caso Odebrecht… por solo mencionar algunos.
– Desde el punto de vista normativo, ¿cómo se pueden evaluar los avances en la lucha ALD/CFT en Venezuela?
Desde el punto normativo, Venezuela se ha adaptado a las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros grupos de trabajo internacional que se ocupan de la prevención de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, por el hecho que nuestro país se ha convertido en el centro de distribución de drogas más importante del mundo, el hecho de estar incluido dentro de los diez países más corruptos según Transparencia Internacional, por el hecho de que funcionarios civiles y militares hayan sido acusados e incluidos en listas de personas sancionadas por corrupción y otros delitos por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pensamos que en la próxima evaluación que se le haga a nuestro país el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará que nos vuelvan a incluir en la Lista gris de ese grupo, que sin duda trae consecuencias graves para toda la población venezolana, porque en definitiva todos sufrimos las consecuencias de estar en esa lista.
– ¿El control de cambio vigente en Venezuela sigue siendo vulnerable a operaciones de LD/FT?
Normalmente todo tipo de control económico acarrea corrupción y más en un país en donde este delito es cometido a niveles exorbitantes. Por lo tanto, ese dinero proveniente de la corrupción tiene que ser legitimado y una de las formas de hacerlo es utilizando el control de cambio a través del mercado paralelo, buscando depositarlo en los sitios más recónditos del mundo a través de operaciones de ingeniería financiera u otros subterfugios para darle a ese dinero apariencia de legalidad. Mientras existan estos niveles de corrupción, exista el control de cambio y el mercado paralelo, tenemos que tener la seguridad que el mismo será altamente utilizado para legitimar capitales.
– ¿Cuáles son los efectos de las sanciones económicas impuestas por EE.UU., Canadá y recientemente la Unión Europea contra funcionarios venezolanos implicados en corrupción y violación de derechos humanos?
Los efectos fundamentales de las sanciones no solo económicas, sino también de otra índole tales como la prohibición de entrada de los sancionados a esos países, buscan hacer entender a estas personas que deben restituir el orden constitucional y las leyes en Venezuela. Hoy en día no se puede permitir que funcionarios que pretenden ser todopoderosos violen las leyes nacionales y convenciones internacionales tan importantes, suscritos y ratificados por nuestro país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estamos convencidos que de continuar esta conducta dictatorial, delincuente y arbitraria las sanciones se extenderán. Esperemos que las mismas se mantengan siendo de carácter personal y no se apliquen en forma desmedida y generalizada porque esto afectaría a todo un pueblo inocente.
– Todos los indicadores mundiales registran a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos ALD/CFT cuál es la respuesta de la banca privada?
Seguramente los innumerables tentáculos de la corrupción han penetrado, también, de alguna manera a cierto sector o personas de la banca privada y otros sectores del país. Sin embargo, nos constan los esfuerzos que hacen las juntas directivas, los gerentes, los Oficiales de Cumplimiento y las gerencias de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del sistema financiero nacional en cumplir los estándares internacionales y el cuerpo legislativo nacional que rige la materia.
– Se puede hablar de criterios de Debida Diligencia del Cliente y Prevención de la Legitimación de Capitales en la banca pública?
No tenemos por qué dudar que de manera formal la banca pública cumpla con la normativa en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin embargo, por la enorme corrupción que existe en el sector público, no podemos afirmar de manera rotunda que la banca pública no sea utilizada para legitimar capitales.
(*) —Gonzalo Gerbasi es Coordinador Académico del Programa de Estudios Avanzados en Prevención de Legitimación de Capitales. (Universidad Católica Andrés Bello – Caracas). Autor del Libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales editado por la UCAB. Coordinador del estudio «El Mercado de Capitales en Venezuela». Autor del libro El Tratamiento de la Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo en la Legislación Venezolana. Profesor de Derecho Bancario y Bursátil en el postgrado de Derecho Corporativo UNIMET. Profesor del curso Nociones Básicas de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la UNIMET.
Fuente: lavadodinero.com, 07/02/18.
Más información:
Petro, la criptomoneda de una Venezuela fallida
¿Es viable el petro, la criptomoneda de Venezuela?
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La doble moral de la banca mundial en torno a Venezuela
octubre 24, 2017
El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela – Parte I
¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a Venezuela se puede considerar un dinero sucio? Son muchas las preguntas que se hacen profesionales de cumplimiento del mundo en torno a Venezuela. No es para menos.
Cuando un país es continuamente mal calificado y relacionado a situaciones, actores y realidades negativas, uno de los primeros sectores en reaccionar es la banca. La industria financiera es [aparenta ser] hipersensible a los “bad boys” y en el caso de Venezuela parecen sobrar las razones para aplicar medidas radicales orientadas a mitigar los riesgos.
Cuando se tiene un jefe de estado y un alto gobierno sancionados por nexos con el narcotráfico; cuando se ocupa los últimos lugares (166) en el ranking de percepción mundial de la corrupción; cuando el gobierno mantiene políticas estatales violatorias de los derechos humanos; cuando se acaba con la democracia; y cuando se malversan descaradamente los fondos del estado y las riquezas de la nación… las relaciones financieras, económica y políticas con el resto del mundo se complican.
Esto se ha agravado recientemente con las recomendaciones emitidas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el pasado 20 de septiembre para que las entidades estadounidenses sepan cómo detectar el dinero producto de la corrupción procedente de Venezuela (FinCEN emite recomendaciones para detectar dinero producto de la corrupción en Venezuela). Por si fuera poco, cuatro días después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Venezuela en un grupo de naciones, cuyos ciudadanos (en el caso de Venezuela solo algunos funcionarios públicos y sus allegados) tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. En este selecto grupo Venezuela está acompañada de naciones cuestionadas como Corea del Norte, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Ante todo esto, para cualquier entidad o instituciones financiera internacional, tener nexos comerciales con “venezolanos” se presenta como una misión “suicida”. Aunque las autoridades y entes internacionales afirman que los riesgos “deben ser gestionados”, el “de-risking” parece ser el Acetaminofén contra esa “migraña”. Ya desde hace muchos años, numerosas entidades han cerrado cuentas de individuos, empresas y bancos venezolanos, pero cada vez los requisitos son más, las cuentas son menos y la animadversión contra los venezolanos aumenta.
Si bien la corrupción parece formar ya parte de la estructura moral de la sociedad venezolana y el flujo de dinero ilícito ha sido de proporciones impensables, creo que el de-risking no es la solución, aunque reconozco que es la salida más práctica, rápida y, en algunos casos, económica. Generalizar no suele ser justo.
Muchos de los fondos que salen del país están ligados a esquemas de corrupción, pero también hay “capital flight” que deben ser identificados como una oportunidad para el sector bancario. Los dos elementos clave para lidiar con estas “escamosas” relaciones bancarias son la “debida diligencia” y la “gestión de los riesgos”. Obviamente, hay que tener claro que no todas las instituciones financieras están en capacidad operativa para manejar los riesgos asociados a los clientes venezolanos, por eso en algunos casos el “de-risking” no es solo una medida cobarde para huir del riesgo, sino una justificada decisión gerencial.
En el próximo blog, continuaré con el tema, pero con un enfoque distinto, ya que hablaré un poco de cómo algunos bancos internacionales y países -los mismos que hablan de “alto riesgo”, de-risking y cierran puertas a venezolanos migrantes- han sido grandes cómplices de los líderes corruptos de la ultrajada Venezuela. Una doble moral que asquea.
Fuente: lavadodinero.com
El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela (Parte II)
Por Juan Alejandro Baptista. 30/09/17
En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema financiero venezolano como al internacional.
Empecemos con los de adentro. Para resumir, podemos decir que en casi dos décadas de gobierno chavista, las instituciones financieras venezolanas han tenido que mutar, pasando de ser unos bancos “normales” con elevados estándares internacionales a ser unos “sobrevivientes” del Comunismo del Siglo XXI.
Sin embargo, algunos banqueros se han arropado en esa condición lastimosa de “sobrevivientes”, para solapadamente convertirse en brazos financieros de los corruptos más grandes que ha conocido la historia moderna latinoamericana (título que solo se lo pueden disputar sus colegas brasileños, aunque me atrevería a aportar por los venezolanos). Prestigiosos empresarios de las finanzas consideraron ineludible la mutación para evitar el fin de sus emporios financieros, para “salvar sus empresas”, olvidándose del costo social que ese supuesto “sacrificio” implicaba; peor aún, olvidándose del costo moral (y quizás legal) que conlleva el ser cómplices estratégicos de gobernantes genocidas, narcotraficantes e inhumanos.
Mientras millones de venezolanos han migrado en la búsqueda de una mejor vida, muchos banqueros hicieron una “migración moral”, saliendo de ese “poco rentable” lugar llamado “decencia” y reubicándose en el oscuro y rentable mundo de la corrupción.
Lo más triste, es que cuando hablo de banqueros no solo me refiero a dueños, accionistas, directivos y altos gerentes… no, empleados de todos los niveles asumieron las prácticas corruptas como estrategia de “sobrevivencia”, doblegando sus principios morales e implementando en su día a día la “ceguera voluntaria” como forma de subsistencia, el cobro ilegal de “vacunas” a los clientes como recurso compensatorio por los escuetos salarios que ganan; y el cobro de comisiones a los proveedores como una manera de compensar las paupérrimas condiciones en que vive la mayoría de venezolanos.
Es solo cuestión de tiempo para que públicamente se conozcan sus nombres y sean identificados como los banqueros del chavismo, cuando eso suceda el mundo verá con vergüenza e indignación a esos inescrupulosos empresarios que lograron multiplicar sus capitales (que ya eran grandes), a cambio de las vidas, la dignidad y el futuro de los venezolanos.
Ahora voy con los de afuera. Quiero reiterar lo que dije en la primera parte de estas reflexiones, donde claramente expuse lo difícil que es para los bancos internacionales ofrecer servicios a entidades e individuos venezolanos, con razones muy justificadas. Muchos de estos bancos han aplicado medidas basados en análisis de riesgos técnicos, serios, y han sido coherente en sus políticas por muchos años.
No obstante, hay entidades que han experimentado un proceso de mutación similar a sus colegas venezolanos, incluso hay algunas que nunca han tenido que mutar, porque desde siempre comprendieron que el chavismo podía ser “desgracia para los venezolanos, pero riqueza para los vivos”.
Para nadie es un secreto que los primeros diez años de chavismo, Venezuela recibió enormes cantidades de dinero producto de los elevados precios del petróleo (algunas estimaciones hablan de US$ 800.000 millones entre 1998 y 2008). Si a esto le sumamos la malversación de los fondos colectados por impuestos, la apropiación indebida de los recursos generados por la explotación de oro, diamantes, bauxita, coltán, gas natural y otros minerales, entre otras fuentes de recursos del estado venezolano, la cifra es sencillamente enorme.
Gran parte de estos recursos han sido y siguen siendo malversados… pero ¿cómo puede un puñado de bandidos de tercer nivel extraer tal cantidad de recursos de una nación? Todos los que se toman la molestia de leer estas humildes reflexiones lo saben: gracias a complejas estructuras y entramados jurídicos internacionales conformados para “ocultar, movilizar, disfrazar” el origen sucio de ese dinero. Todos también sabemos que en estas estructuras las instituciones financieras son el “catalizador” necesario.
Bancos de todos los tamaños y de todas las latitudes han sido cómplices silentes, recibiendo, manipulando, invirtiendo y ocultando millones de dólares que les han permitido aumentar sus dividendos y, en algunos casos, hasta recapitalizar sus golpeadas arcas.
Muchos bancos no se preocupan por conocer al Beneficiario Final, por el contrario, en algunas ocasiones son cómplices en los procesos para esconder el origen de los fondos, con tal de recibir las enormes comisiones ofrecidas por los corruptos y de contar con capitales que buscan una “mano amiga” para ser invertidos.
Además de los bancos de los clásicos paraísos fiscales que todos conocemos, muchas entidades ubicadas en Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Argentina, Brasil, entre otros países de la región tienen sus manos manchadas. Las unidades de banca privada y los asesores de inversión han recibido con los brazos abiertos los enormes capitales chavistas, justificándose ellos mismo con la excusa de que son “capital flight” buscando un destino seguro.
Muchos han financiado enormes desarrollos de bienes raíces en el Sur de Florida, en Panamá, en República Dominicana, etc., conscientes pero a la vez ignorando que detrás de esas “grandes inversiones de desarrollo” hay solo “grandes testaferros”.
Muchos procesadores de pago, entidades bancarias y comercios se beneficiaron por años de la ilegal práctica de raspar los cupos, metodología aplicada por venezolanos que viajaban al exterior (mayormente Aruba, Curazao, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y España) para extraer de sus tarjetas de crédito el monto de dólares comprados al gobierno venezolano a precio preferencial. Aviones llenos de venezolanos eran recibidos con los brazos abiertos hasta que el gobierno madurista acabó con el negocio de los cupos de dólares. Desde entonces, los mismos venezolanos que antes traían divisas a cambio de una comisión que podía ser de hasta el 30%, ahora son vistos con malos ojos, incluso hay países que ahora les pide visa para entrar al país.
A pesar de todo, hay mucho capital venezolano generado con honestidad. La banca internacional (por lo menos la que tenga algo de mística y seriedad) debe intentar diferenciar claramente el dinero sucio del dinero limpio para no aplicar medidas restrictivas injustas a quienes no se merecen ser tratados como personas o entidades “de alto riesgo”.
Hay banqueros que no han caído en el bajo mundo de la corrupción, por ellos apuesto para que desde adentro y desde afuera de Venezuela sigan trabajando con decencia, sin permitir que el agradable olor del dinero produzca en ellos la triste mutación que los convierta en cómplices.
Fuente: lavadodinero.com
Más información:
El Antilavado como excusa para el de-risking bancario (Discriminación sectorial)
De-Risking: Discriminación sectorial
La lucha antiterrorista dificulta el envío de dinero
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Congreso Internacional Prevención LA/FT – Miraflores, Perú
octubre 2, 2017
Noveno Congreso Internacional Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Miraflores, Perú.
Martes 17 de Octubre.
APESEG
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Miraflores, Perú.
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Fuente: apeseg.org.pe
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Posgrado en Prevención de Lavado de Activos Financieros
febrero 7, 2017
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Fuente: finint.org
Argentina: Escasa prevención a la Financiación del Terrorismo
octubre 3, 2016
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero.
Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales inconclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar «severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas».
Así lo revela un crudo informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras cosas, que en el país «existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista».
El informe, de 25 páginas, fue elaborado por el equipo liderado por Juan Félix Marteau, el coordinador nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta dependencia, que tiene línea directa con el ministro de Justicia, Germán Garavano, elaboró una dura radiografía de los peligros que presenta la Argentina por el «desmantelamiento legislativo en materia de lucha contra el terrorismo» y los «canales abiertos que pueden ser usados por grupos terroristas por su alto nivel de vulnerablidad».
Además, se busca crear por decreto una unidad de coordinación de combate de estos delitos con el apoyo de todos los ministerios, del Poder Judicial y del sector privado.
El trabajo que realizaron Garavano y Marteau fue elevado hace 10 días a Mauricio Macri y se presenta no sólo como un informe más de la herencia recibida: apunta a crear por decreto una «estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo», con la coordinación de una unidad concentrada en el Ministerio de Justicia pero con el aporte de los ministerios, dependencias autónomas y el sector privado.
«Frente a la vulnerabilidad severa de los sistemas de financiamiento del terrorismo en la Argentina debemos actuar cuanto antes. No podemos esperar a que grupos terroristas sustenten económicamente en el país la capacitación de redes, la comunicación o el traslado de equipos y personal», señaló Marteau a LA NACION.
¿Se han detectado en la Argentina fondos provenientes del terrorismo?, preguntó este diario a Marteau: «No hay esa constancia -respondió-, pero existe un sistema legal y financiero que lo permite perfectamente.» Este funcionario se reunió la semana pasada con su par de Estados Unidos, Daniel Glasser, con quien compartió la radiografía de la dura realidad argentina; el funcionario norteamericano se mostró dispuesto a colaborar con las medidas que impulsa el Gobierno.
El estudio sostiene que «la particularidad que presenta la financiación del terrorismo -a diferencia del lavado de activos- es que los fondos implicados no necesariamente provienen de un origen ilícito, sino que es su destino criminal el que termina generando su ilegitimidad». Por ello, la tarea que plantearon Garavano y Marteau al Presidente apunta a identificar el movimiento de fondos cuyo objetivo sea dar sustento económico a actividades u organizaciones orientadas a producir graves consecuencias para la integridad física de las personas y, a la vez, generar un alto impacto social, económico y político. Entre los puntos centrales de la advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema financiero argentino se pueden detallar:
Reformas para el GAFI. Se señala que «no se han promovido las reformas institucionales adecuadas para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos que pueden ser utilizados para la financiación de actos terroristas que puedan desarrollarse no sólo en el país, sino también en la región u otro lugar distante». Ésta es una exigencia contemplada en la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no se cumple actualmente.
Carencia de normas. Tanto el gobierno actual como el GAFI advierten que «la Argentina carece de una norma para criminalizar al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas con independencia del fin perseguido».
Información sensible. Quedó en evidencia como deficiencia que «no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y organizaciones terroristas y tampoco se ha demostrado la eficacia del sistema para resolver solicitudes de extradición».
Transferencias por cable. Si bien el informe señaló que las entidades financieras y cambiarias están alcanzadas por regulaciones del Banco Central para transferencias telegráficas, hasta hoy no se previeron disposiciones para transferencias locales. Así, «no existe un enfoque basado en el riesgo sobre transferencias telegráficas y no hay obligación de finalizar la relación comercial con entidades financieras que no las controlen».
Correos de efectivo. El documento destaca que «no se encuentran coordinadas las medidas contra financiación del terrorismo entre la Aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad para el control del transporte transfronterizo de divisas».
Congelamiento y decomiso de activos terroristas. Se advirtió que en la Argentina existe una ineficacia en las medidas para congelar fondos de las personas y organizaciones listadas como terroristas por la ONU, en tanto no existen procedimientos para descongelar y deslistar.
Sistemas alternativos. Este punto muestra que no existe en el país regulación ni supervisión de las compañías de remesas de fondos, así como tampoco hay una supervisión adecuada de las casas de cambio.
ONG sin fines de lucro. Alerta que no existen normas de supervisión para el combate de la financiación del terrorismo sobre organizaciones sin fines de lucro. Allí se puso la lupa en las mutuales y cooperativas que se montaron durante el kirchnerismo con un escaso control de sus movimientos de fondos.
Manipulación política. El informe sostuvo que Cristina Kirchner distorsionó los datos para la estadística del GAFI y se permitió que aparezca como cooperador internacional en la designación de terroristas (100 personas) y congelamiento de fondos (euros 98.000), cuando el kirchnerismo aplicó esta severa medida a personas que no eran terroristas.
Las conexiones con la denuncia de Nisman
- La denuncia por encubrimiento a Irán de parte del gobierno de Cristina Kirchner que elevó en su momento el fallecido fiscal Alberto Nisman fue tomada en cuenta por actual el Ministerio de Justicia para investigar las posibles conexiones entre esa causa y eventuales delitos de financiamiento de grupos terroristas.
- Así, un informe elaborado desde la cartera de Justicia destaca que «habrían existido durante estos últimos años importantes movimientos de fondos, de contactos y de relaciones de orden económico entre los actores públicos y privados» que propiciaron el memorándum de Irán y la Argentina por la causa AMIA.
- El documento reveló que «en estos últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo -incluido el soporte económico- para encubrir a los responsables del ataque terrorista perpetrado contra la AMIA en el marco de un Estado gravemente debilitado para impedir tales acciones».
Fuente: La Nación, 03/10/16.
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La lupa en las causas del kirchnerismo
Advierten que la matriz de corrupción pudo ocultar movimientos de fondos de otros ilícitos.
Las causas judiciales por corrupción del kirchnerismo podrían comprobar «la posible existencia de una matriz financiera ilegítima que ha permitido el movimiento y la protección del dinero proveniente de diversos ilícitos». Así lo señala el informe del Ministerio de Justicia elaborado por la Unidad de Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que dirige Juan Marteau, con la supervisión del ministro Germán Garavano .
De esta manera, ese informe sostiene que «la venta de medicamentos adulterados (caso Zanola), de la comercialización de precursores químicos de uso múltiple (casos triple crimen y efedrina), de la adjudicación irregular de obra pública (caso Báez), así como también de la ejecución políticamente condicionada de programas sociales y de vivienda (casos Sueños Compartidos y Milagro Sala) permiten verificar los vacíos legales e institucionales que presenta el Estado frente a la significativa economía subterránea existente en la Argentina».
Además, el informe, de 25 páginas, destaca que en estas causas judiciales en trámite se «pone en evidencia la debilidad de los controles regulatorios y de supervisión sobre los vehículos financieros espurios, los compartimientos estancos, que impiden el intercambio de información sobre las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado ilegal; la precaria y lenta respuesta de los organismos especializados de las administraciones nacional y provinciales ante los requerimientos judiciales referidos a la situación patrimonial y financiera de los sospechados de cometer delitos con repercusión económica».
También se advirtió en ese documento, al que tuvo acceso LA NACION, sobre la «connivencia de algunos funcionarios públicos en la conformación de estructuras societarias ficticias creadas para mover fondos ilegítimos». De esta manera, el equipo dirigido por Marteau aseveró: «Es evidente que en este cuadro de situación se ha gestado una plataforma apta para la circulación de fondos que pueden ser utilizados para la comisión de actos de terrorismo o el sostenimiento de organizaciones e individuos terroristas«.
Por otra parte, la porosa y peligrosa Triple Frontera (Brasil, Paraguay y la Argentina) vuelve a ser materia de análisis de los expertos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Así, el informe elaborado por el Ministerio de Justicia destacó que la Triple Frontera «continúa siendo un lugar apto para el transporte transfronterizo de dinero ilegal, mostrando la porosidad de las fronteras» y un espacio apto para las transacciones financieras para eventuales grupos terroristas.
El año pasado, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre «un nexo» en el tráfico de armas, estupefacientes y personas en la Triple Frontera como «fuentes de financiación para organizaciones terroristas».
Fuente: La Nación, 03/10/16.
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La lucha antiterrorista dificulta el envío de dinero
marzo 31, 2016
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las valijas pertenecían a Abdi Warsame, un inmigrante somalí que trabaja para una empresa de envío de dinero que el año pasado perdió acceso al sistema bancario internacional. La firma ahora transporta el dinero a mano.
Los billetes han desaparecido del sistema financiero estadounidense. Tras llegar a Dubai, ingresaron a una opaca red de comercio, préstamos y remesas que se extiende por África del Este y Medio Oriente.
Los bancos estadounidenses han cerrado miles de cuentas de personas y organizaciones consideradas sospechosas, de alto riesgo o difíciles de monitorear, incluyendo firmas de envío de dinero, bancos extranjeros y organizaciones sin fines de lucro que operan en otros países. Esto deja al margen del sistema financiero tanto a inocentes como a aquellos que el gobierno estadounidense desearía vigilar, una consecuencia imprevista por Washington.
El gobierno de EE.UU. le ha pedido a los bancos e instituciones financieras que identifiquen y reporten indicios de financiación de terrorismo y lavado de dinero. Debido al temor de recibir multas onerosas, muchas entidades rechazan a cualquiera que parezca sospechoso. Eso lleva a las firmas excluidas a buscar alternativas, como trasladar el dinero en maletas, una práctica que deja cientos de millones de dólares fuera del sistema bancario, según un grupo de legisladores que en enero pidió una revisión del problema a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el brazo de investigación del Congreso.
“Todo el flujo de dinero va a la clandestinidad y eso se vuelve contraproducente para el propósito original de poder rastrearlo”, dice Dilip Ratha, economista jefe de la división del Banco Mundial que estudia las remesas. “Es un poco paradójico”.
Los inmigrantes en EE.UU. enviaron unos US$54.000 millones al exterior en 2014, estima el Banco Mundial. Las empresas que transfieren dinero incluyen desde gigantes globales como Western Union Co. y MoneyGram International Inc. hasta firmas pequeñas como la de Warsame.
Un reciente sondeo del Banco Mundial entre 82 firmas de envío de dinero indicó que más de la mitad perdieron cuentas bancarias en 2014. Cerca de un cuarto de los encuestados han cerrado o ahora operan sin cuentas bancarias empresariales.
Desde la promulgación de la Ley Patriota en 2001, requisitos de divulgación más estrictos han generado un extraordinario flujo de datos de bancos y otras entidades financieras. Los reportes sobre clientes —unos 55.000 al día— provienen en su mayoría de bancos y firmas de servicio de dinero, pero también de casinos, corredoras y aseguradoras. Cerca de 200 millones de los 220 millones de informes reunidos desde 2001 son obligatorios cuando los clientes hacen transacciones de más de US$10.000.
Autoridades estadounidenses dicen que el sistema ha revolucionado su capacidad de investigación de fraude, narcotráfico y financiación de terrorismo. El gobierno examina los datos y extrae hasta 1.000 pistas al mes vinculadas con terroristas, incluido Estado Islámico, que son entregadas a investigadores. El año pasado, las instituciones financieras reportaron sospechas de financiación de terrorismo unas 2.200 veces.
Los contenidos de estos reportes son secretos y los clientes no son informados al respecto. Los bancos casi nunca se enteran de si conducen a un arresto.
Western Union indica que gasta US$200 millones al año monitoreando actividades sospechosas, como clientes que envían dinero a regiones de alto riesgo en Medio Oriente. Analistas a veces revisan sus perfiles en redes sociales en busca de propaganda ligada al terrorismo. La firma mejoró sus sistemas de vigilancia tras alcanzar una conciliación por US$94 millones con cuatro estados en 2010 relacionada con el Lavado de dinero.
J.P. Morgan Chase & Co. pagó en 2014 una multa de US$1.700 millones por no reportar actividades sospechosas de Bernard Madoff, que había sido condenado por fraude piramidal. El banco tiene ahora unos 9.000 empleados dedicados a monitorear el lavado de dinero y ha cerrado las cuentas de miles de clientes considerados de alto riesgo.
Estos requisitos de EE.UU. tienen un alcance global. John Cryan, copresidente ejecutivo de Deutsche Bank AG , señaló durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero que regulaciones “muy, muy onerosas” han exigido a los bancos asumir nuevos papeles. “Hemos sido lentos en reconocer que somos una extensión de las fuerzas del orden público”, aseveró.
Autoridades que analizan los datos para el gobierno reconocen el costo de vigilar decenas de millones de clientes bancarios, y algunos banqueros dicen que el monitoreo es demasiado amplio, lo que socava su eficacia. Jaikumar Ramaswamy, un ejecutivo de cumplimiento de Bank of America Corp. y ex fiscal federal, dice: “Me sorprende la cantidad de tiempo que dedico no al culpable, sino a perseguir al inocente”. En vez de buscar agujas en un pajar, agrega, el sistema exige que los bancos “entreguen cada trozo de paja para asegurarse de que es paja, y no una aguja”.
En 1998, cuando se formó la empresa de transferencia de fondos de Warsame, el negocio de remesas a Somalia estaba en auge. El colapso del gobierno somalí a principios de los años 90 llevó a que la población somalí en EE.UU. se multiplicara por más de 10 y la gente necesitaba formas de enviar dinero a casa.
La empresa de Warsame pide a los clientes identificación, coteja sus nombres con listas de vigilancia del gobierno y se somete a inspecciones de los reguladores. Si una transacción despierta sospechas, cuenta Warsame, las tres personas del departamento de cumplimiento a veces hacen búsquedas en línea o mandan a sus agentes en Somalia a indagar al destinatario.
Las autoridades no lo han acusado a él ni a su empresa de irregularidades, pero desde 2008, un banco tras otro comenzó a rechazar a la firma. En 2010, logró abrir cuentas en Merchants Bank of California NA, de Carson, California. Sin embargo, a mediados de 2014, la Oficina del Contralor de la Moneda ordenó al banco dejar de procesar transacciones de clientes, incluidos negocios de envío de dinero, tiendas de licores, casas de empeño, vendedores de joyas, lavaderos de autos y dispensarios de marihuana, si no podía “garantizar razonablemente la legitimidad de las fuentes y usos de fondos”.
Merchants Bank le informó a la firma de Warsame que cerraría sus cuentas a menos que limitara los envíos de dinero a 55 países, ninguno en África. Merchants Bank se abstuvo de comentar al respecto.
El cierre de las cuentas convirtió el negocio de Warsame en una operación de alto riesgo. “No sé por cuánto tiempo podré continuar”, observa. Tras llegar a Dubai, el dinero ingresó a una red, en mayor medida informal, de préstamos, cambios de divisas y rutas comerciales que desde hace generaciones han movido efectivo a lo largo de África del Este y Medio Oriente.
Al igual que muchos inmigrantes somalíes en EE.UU., Warsame envía remesas, unos US$300 al mes a su padre de 97 años. El somalí se preguntó por cuánto tiempo más el dinero podrá llegar al país. Las remesas equivalen a una cuarta parte de la economía de este país devastado por la guerra.
“Si cierras el flujo de fondos porque tienes miedo de que llegue a las manos de terroristas y delincuentes, eso es exactamente lo que sucederá”, afirma Saad Ali Shire, un funcionario regional. “La gente se verá forzada a usar personas y organizaciones sombrías; habrá menos transparencia”.
Fuente: The Wall Street Journal, 30/03/16.
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