Gonzalo Gerbasi: «La emisión del Petro por parte del gobierno venezolano en realidad sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado”
Entrevista realizada por Fernando Martínez.
En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado», según señala el jurista y experto antilavado Gonzalo Gerbasi (*).
Durante una conversación sostenida con el periodista de Lavadodinero.com, Fernando Martínez, el académico venezolano también advirtió que a pesar de que el país sudamericano ha cumplido desde el punto de vista formal con la aprobación de legislaciones apegadas a los estándares internacionales, todo indica que podría reingresar a la lista gris del Grupo de Acción de Financiera (GAFI) luego de las futuras evaluaciones.
Presentamos un resumen de la entrevista en la que el experto aborda varios aspectos vinculados con la nación petrolera en materia ALD/CFT:
– El gobierno venezolano ha anunciado la creación de criptomonedas con el respaldo de los recursos minerales del país, ¿existe el riesgo de que este sistema sea una vía para la corrupción y el lavado de dinero?
En diciembre de 2017, el gobierno nacional anunció planes para lanzar una criptomoneda denominada Petro. Posteriormente declaró que la misma tendría el respaldo del petróleo, gas natural, oro y diamantes venezolanos. Por lo revelado, podríamos pensar que no será en realidad una criptomoneda, porque no será “minada”, sino emitida por el Estado, tendrá regulaciones y supuestas garantías. Todas las características de una emisión de deuda.
Ahora bien, el gravísimo problema ético, moral y de pérdida de valores que está viviendo el país, en especial en las altas esferas gubernamentales, hacen pensar que de poner en práctica esta proposición, la delincuencia organizada inmediatamente tratará de controlar al ente regulador que se ha creado al respecto y a las personas que negocien la “criptomoneda”. Esto es fácil imaginar, porque así ha sucedido con todos los planes que ha creado el gobierno desde su inicio.
– La Fiscalía General de la República en los últimos meses ha promovido investigaciones y concretado detenciones por casos de corrupción y lavado de dinero en la estatal petrolera. ¿Desde su punto de vista significa un avance importante en la lucha contra estos delitos?
Desde el punto de vista formal es un avance que se hayan iniciado investigaciones y se hayan concretado un número importante de detenciones en casos de corrupción y legitimación de capitales en Petróleos de Venezuea (PDVSA). Sin embargo, nos parece que ha sido muy tardía el inicio de esos procedimientos. Desde prácticamente el inicio del gobierno de Hugo Chávez se comenzaron a producir las denuncias, primero de corrupción y luego de legitimación de capitales en la estatal petrolera. Con el gobierno de Nicolás Maduro la comisión de estos delitos se ha profundizado. Por eso, por su puesto sin exculpar a nadie, todo parece indicar que se trata de un pase de factura de un grupo político a otro.
La pregunta que se hace el venezolano común es por qué se inician estos procedimientos casi exclusivamente en esa empresa y no se realizan investigaciones sobre corrupción, legitimación de capitales y otros delitos en casos como: el Plan Bolívar 2000, el caso del maletín que se introdujo en Buenos Aires con dinero proveniente de PDVSA, las denuncias contra la propia familia Chávez por corrupción, el caso Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en el cual uno de los principales ministros del gobierno para ese momento declaró que se habían perdido US$ 25 mil millones, el caso de la Banca Privada de Andorra, el caso Odebrecht… por solo mencionar algunos.
– Desde el punto de vista normativo, ¿cómo se pueden evaluar los avances en la lucha ALD/CFT en Venezuela?
Desde el punto normativo, Venezuela se ha adaptado a las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros grupos de trabajo internacional que se ocupan de la prevención de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, por el hecho que nuestro país se ha convertido en el centro de distribución de drogas más importante del mundo, el hecho de estar incluido dentro de los diez países más corruptos según Transparencia Internacional, por el hecho de que funcionarios civiles y militares hayan sido acusados e incluidos en listas de personas sancionadas por corrupción y otros delitos por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pensamos que en la próxima evaluación que se le haga a nuestro país el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará que nos vuelvan a incluir en la Lista gris de ese grupo, que sin duda trae consecuencias graves para toda la población venezolana, porque en definitiva todos sufrimos las consecuencias de estar en esa lista.
– ¿El control de cambio vigente en Venezuela sigue siendo vulnerable a operaciones de LD/FT?
Normalmente todo tipo de control económico acarrea corrupción y más en un país en donde este delito es cometido a niveles exorbitantes. Por lo tanto, ese dinero proveniente de la corrupción tiene que ser legitimado y una de las formas de hacerlo es utilizando el control de cambio a través del mercado paralelo, buscando depositarlo en los sitios más recónditos del mundo a través de operaciones de ingeniería financiera u otros subterfugios para darle a ese dinero apariencia de legalidad. Mientras existan estos niveles de corrupción, exista el control de cambio y el mercado paralelo, tenemos que tener la seguridad que el mismo será altamente utilizado para legitimar capitales.
– ¿Cuáles son los efectos de las sanciones económicas impuestas por EE.UU., Canadá y recientemente la Unión Europea contra funcionarios venezolanos implicados en corrupción y violación de derechos humanos?
Los efectos fundamentales de las sanciones no solo económicas, sino también de otra índole tales como la prohibición de entrada de los sancionados a esos países, buscan hacer entender a estas personas que deben restituir el orden constitucional y las leyes en Venezuela. Hoy en día no se puede permitir que funcionarios que pretenden ser todopoderosos violen las leyes nacionales y convenciones internacionales tan importantes, suscritos y ratificados por nuestro país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estamos convencidos que de continuar esta conducta dictatorial, delincuente y arbitraria las sanciones se extenderán. Esperemos que las mismas se mantengan siendo de carácter personal y no se apliquen en forma desmedida y generalizada porque esto afectaría a todo un pueblo inocente.
– Todos los indicadores mundiales registran a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos ALD/CFT cuál es la respuesta de la banca privada?
Seguramente los innumerables tentáculos de la corrupción han penetrado, también, de alguna manera a cierto sector o personas de la banca privada y otros sectores del país. Sin embargo, nos constan los esfuerzos que hacen las juntas directivas, los gerentes, los Oficiales de Cumplimiento y las gerencias de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del sistema financiero nacional en cumplir los estándares internacionales y el cuerpo legislativo nacional que rige la materia.
– Se puede hablar de criterios de Debida Diligencia del Cliente y Prevención de la Legitimación de Capitales en la banca pública?
No tenemos por qué dudar que de manera formal la banca pública cumpla con la normativa en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin embargo, por la enorme corrupción que existe en el sector público, no podemos afirmar de manera rotunda que la banca pública no sea utilizada para legitimar capitales.
(*) —Gonzalo Gerbasi es Coordinador Académico del Programa de Estudios Avanzados en Prevención de Legitimación de Capitales. (Universidad Católica Andrés Bello – Caracas). Autor del Libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales editado por la UCAB. Coordinador del estudio «El Mercado de Capitales en Venezuela». Autor del libro El Tratamiento de la Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo en la Legislación Venezolana. Profesor de Derecho Bancario y Bursátil en el postgrado de Derecho Corporativo UNIMET. Profesor del curso Nociones Básicas de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la UNIMET.
En baúles con la insignia de la cruz roja, incautan en Brasil más de 500 millones de dólares
.
Valledupar, 24 de enero de 2018 — El senador Daniel Cabrales, publicó un tuit donde se observa en video cerca de 60 baúles estampados con el logotipo de la International Committee of the Red Cross por sus siglas en inglés (ICRC) o Cruz Roja, cargados con dinero enviado desde Cuba para “subsidiar” al Partido de los Trabajadores (PT) de ese país, según denuncias en redes sociales. Se investiga si los guacales se cargaron con la complicidad de la entidad internacional, o si supuestamente habrían actuado de buena fe. No obstante, la gente empezó a especular en las redes sociales con otros hechos, como el rescate de Ingrid Betancourt, entre otras situaciones en las cuales estuvo involucrada las FARC, al igual que la intervención de esta organización en los Acuerdos que se llevaron a cabo en la Habana con esta organización que ha sido acusada de narcotrafico.
Los baúles con la multimillonaria carga de billetes, fue decomisado por la Policía Federal, Porto de Santos, en Brasil, procedentes de Cuba, con un dinero que según denuncian en las redes sociales, habría salido de Colombia. Los baúles llenos de dinero iban cargados supuestamente con medicamentos para el Partido de los trabajadores. Igualmente según pública el senador Daniel Cabrales, en su cuenta de tuitter, se trata de una “denuncia de la comunidad, dineros de las Farc producto del narcotráfico en cajas De la Cruz Roja. Ojo ríos de dineros de la coca”.
En la carga de baúles de dinero se cree que habría unos 500 millones de dólares. Hay malestar en la ciudadanía, quien señala que “mientras en Cuba la gente se está muriendo de hambre, con absoluta seguridad es dinero del narcotráfico que las FARC que sacaron de Colombia”.
Mientras por otro lado el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Inazio Lula da Silva fue condenado este miércoles, a 12 años de prisión por corrupción. En este sentido se expresó el candidato a la presidencia, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien señaló que “Lula Da Silva, representa la corrupta izquierda que trató de tomarse el continente y ahora amenaza nuestro país. No permitiré que este modelo fracasado y criminal llegue a Colombia”.
Confirmación de la información por una fuente en Brasil:
“Disfarçados de etiquetas de medicamentos. Cheios de Dólares para espanto dos policiais”.”Nosso dinheiro do mais médicos que vai para Cuba e agora volta para financiar guerrilha armada do PT. Mais de vinte petistas preso em flagrante. Repassem e se arma contra o comunismo que quer destruir nossas famílias”. Policía Federal, Porto de santos. 60 baús de medicamentos cheios de bilhoes de dolares.
Lista negra de la Unión Europea exige reajuste del cumplimiento internacional
Por Sergio Antequera.
Un nuevo proceso de ajuste en los procedimientos de control asociados al cumplimiento y a la gestión de los riesgos deberán implementar las instituciones financieras de todo el mundo, como respuesta a la nueva lista de países catalogados como paraísos fiscales, emitida por la Unión Europea el pasado 05 de diciembre.
El listado incluye a 17 jurisdicciones calificadas por el bloque europeo como no cooperantes en relación a impuestos y transparencia en el intercambio de información. El grupo de trabajo europeo consideró que los sistemas fiscales de estas jurisdicciones no cumplen las expectativas y criterios manejados por a UE con respecto a la transparencia en la información, competencia fiscal justa y la actividad económica real, la cual puede promover estructuras fiscales artificiales.
Los 17 países considerados paraísos fiscales son: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Granada, Guam, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
El riesgo geográfico
Se espera que este nuevo listado impacte los procesos de cumplimiento y administración de riesgos que efectúan las instituciones financieras y otras entidades reguladas. “Ya iniciamos un proceso de revisión y ajuste del riesgo geográfico que representan estas jurisdicciones. Tenemos que incorporar este listado a las fuentes que manejamos para asignar un indicador de riesgo adecuado a las transacciones, entidades o individuos relacionados a estas jurisdicciones”, explicó un oficial de cumplimiento de España consultado por Lavadodinero.com.
El experto argentino Zenón Biagosch, presidente de la firma FIDESnet, considera que “todos los departamentos de gestión de riesgos y cumplimiento deberían reajustar el riesgo geográfico de las jurisdicciones incluidas en la lista emitida por la Unión Europea”. Además, señala que “pese a que la iniciativa europea solo busca incluir terceros países sin meditar sobre las inobservancias internas en materia de transparencia fiscal, la adopción de esta primera lista viene acompaña de la propuesta de medidas punitivas. Las mismas contemplan para los países incluidos la prohibición de acceso a fondos europeos y la obligación de los Estados a intensificar la vigilancia y las auditorías a quienes operen allí”.
Por su parte, el experto Arnaldo Sánchez Brugal, director de análisis del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la Unidad de Análisis Financiero en República Dominicana, señaló que “las distintas normativas dictadas por los reguladores locales instruyen a sus sujetos obligados a tomar como elemento de riesgo el riesgo geográfico, para lo cual deben identificar jurisdicciones de alto riego de acuerdo a las distintas publicaciones oficiales de entidades como la OCDE. Partiendo de esto, sí deben tener en cuanta esta lista y reajustar este factor”.
También destacó que el riesgo geográfico “es solo uno dentro de los factores a tomar en cuenta, ya que si el cliente tiene un nivel de riesgo apropiado en los demás factores y si se cuenta con buena mitigación, no debería haber mayores consecuencias”.
Otras presiones
La lista también genera presiones fiscales para los gobiernos. A partir de su evaluación y creación, aproximadamente 47 naciones alrededor del globo se han comprometido en mejorar sus sistemas fiscales y relaciones económicas con la UE en el marco de estructuras transparentes. “Esta iniciativa ya está demostrando su valor, ya que numerosos países han trabajado para cumplir con el plazo y contraer compromisos sobre la base de nuestros criterios”, dijo Toomas Tõniste, ministro de finanzas de Estonia, quien actualmente ocupa la presidencia del Consejo Europeo.
Por su parte, los gobiernos de los países que se encuentran en la lista negra podrían tener presión para cooperar con la UE y cambiar sus estándares fiscales, debido a prohibiciones impuestas. Dichos dictámenes no permiten el flujo de miles de millones de euros de ayuda y financiamiento de proyectos emitido por entes europeos (Fondo Europeo Para el Desarrollo Sustentable, Fondo Europeo Para la Inversión Estratégica y el Mandato de Préstamo Externo) a través de entidades financieras de las naciones listadas, lo que ocasiona que los gobiernos involucrados no puedan obtener beneficios de las actividades económicas relacionadas a esas movilizaciones de dinero, de los impuestos que generan y, por lo tanto, se vean obligados a mejorar sus esfuerzos fiscales.
En el caso de que decidan cooperar, las naciones de la lista negra deberán entregar información clave sobre las cuentas bancarias dentro de sus jurisdicciones y tendrían que mejorar su intercambio de datos financieros con la UE. Por otro lado, las compañías e individuos con cuentas y sociedades en los países involucrados tendrán que aceptar las acciones de las autoridades.
Descontento en Panamá
El único país latinoamericano incluido en la lista fue Panamá. En su documento oficial, la UE indicó que “Panamá tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo según lo solicitado hasta el 31 de diciembre de 2018”.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) rechazó esta afirmación y señaló que el sector financiero ha desarrollado su marco regulatorio incrementando controles y registros contables, para así prevenir delitos como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Carlos Troetsch, presidente de la ABP, indicó que “sorprende de sobremanera la decisión de la Unión Europea. Si hay algo en lo que Panamá viene trabajando es en la adecuación a los estándares mundiales y la cooperación internacional, para así continuar en una ruta hacia la transparencia”.
“Tanto nuestro gremio como colegas de los diferentes sectores financieros mantenemos un compromiso con el país, no sólo por las adecuaciones realizadas y las que aún están en discusión, si no desde la colaboración que mantenemos, tanto con el sector gubernamental como con el multilateral e internacional”, manifestó Troetsch en defensa de la estructura y moral panameña con respecto al sistema fiscal.
Por último, expresó: “consideramos que la vara para medir el compromiso de los países tiene que ser la misma. Panamá ha sido expuesto negativamente en el ámbito internacional, cuando en realidad el Gobierno Nacional y los actores del sistema financiero hemos sido y continuamos siendo firmes en avanzar en una agenda rigurosa en materia de transparencia”.
En el mismo sentido, Panamá pertenece a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y asegura estar trabajando en vistas de las recomendaciones estipuladas por el ente.
CNMV multa a bancos, empresas e individuos por casi €9 millones
Por Sergio Antequera.
.
Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Empresas como Credit Suisse AG, XYZ Heritage Foundation y Auriga Global Investors, SV, SA forman parte de las entidades implicadas en dichas sanciones. Por su parte, empresarios españoles anteriormente sentenciados a cárcel por lavado de dinero fueron mencionados en las resoluciones del CNMV, el cual es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
El BOE publicado el pasado 16 de noviembre presenta las resoluciones y sus respectivos sancionados, incluyendo monto de la multa, razón y fecha:
Resolución para Credit Suisse AG, sucursal en España
– Multa: €1.2 millones
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en Instituciones de Inversiones Colectivas (IIC) extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversión.
– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Julius Baer, AV, SA
– Multa: €1 millón
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en IIC extranjeras, en el ámbito del asesoramiento en materia de inversiones
– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.
Resolución para XYZ Heritage Foundation
– Multa: €200.000
– Razón: incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, S.A
– Fecha: 30 de ctubre de 2017
Resolución para Julio Torres Vérez y Francisco Garriga Miró
1) Julio Torres Vérez:
-Multa: €28.350
-Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A.
-Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017
2) Francisco Garriga Miró:
– Multa: €4.4 millones
– Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A. Del mismo modo, fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por lavado de dinero referentes a la compra de acciones de Parquesol en 2006, junto a su socio José Luis Zanetty, el cual recibió cuatro años de prisión.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA
– Multa: €150.000
– Razones:
A) Ausencia de separación efectiva entre los instrumentos financieros de la empresa y los de sus clientes y por la utilización indebida de instrumentos financieros de sus clientes – €75.000
B) Llevanza de los registros de operaciones con vicios esenciales – €75.000
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Sergio Turrión Barbado; Mercados y Gestión de Valores, AV, SA y Rafael Collada Barreno
1) Sergio Turrión Barbado:
– Multa: €100.000
– Razón: comunicar a don Rafael Collada Barreno información privilegiada relativa a las acciones de Vueling Airlines
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
2) Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:
– Multa: €200.000 y una sanción de suspensión de la condición de miembro de la Bolsa de Madrid, como mercado secundario oficial, por un plazo de seis meses.
– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
3) Rafael Collada Barreno – consejero delegado de Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:
– Multa: €100.000
– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA; Verónica Arranz Sánchez; Jesús Pérez Pérez y Daniel Puerta Arranz
A) No contar con una Unidad de Cumplimiento Normativo que desarrolle su actividad bajo el principio de independencia con respecto a las áreas que desarrollan actividades de prestación de servicios de inversión – €60.000.
B) No contar con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes – €45.000.
C) Carecer de un registro de recomendaciones que cumpla con las obligaciones de integridad, facilidad de acceso y reconstrucción así como de imposibilidad de manipulación – €60.000.
D) No haber informado a sus clientes adecuadamente sobre los conceptos por los que les ha cobrado la comisión de asesoramiento, de manera no ocasional o aislada – €200.000.
– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.
– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
4) Daniel Puerta Arranz – apoderado general de Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:
– Multa: €70.000
– Razón: no contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA
– Multa: €1 millón.
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en fondos clónicos e IIC extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversiones
Suiza congela mil mdd de casos Odebrecht y Petrobras
.
La Fiscalía General de Suiza reveló en Panamá a fiscales y procuradores americanos que en cuentas bancarias suizas hay mil millones de dólares congelados por la trama de sobornos y blanqueo de capitales de las compañías brasileñas de la constructora Odebrecht y de la petrolera Petrobras.
La revelación fue hecha por el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, en una cita que sostuvo este lunes en la capital panameña con un grupo de fiscales y procuradores de América Latina, entre ellos el subprocurador mexicano Felipe de Jesús Muñoz.
Las naciones de América Latina y el Caribe envueltas en el escándalo buscan información en Suiza para desenmarañar los sofisticados esquemas financieros utilizados para perderle el rastro al dinero ilícito, confirmó el fiscal suizo.
Tras aclarar que Suiza tampoco se opone a que los países de América Latina y el Caribe implicados en los escándalos Odebrecht y Petrobras traten de recuperar el dinero que les corresponde, Lauber anunció que “no tenemos la intención de quedarnos con ningún fondo ilícito”.
“No tenemos intención de quedarnos con ellos, tenemos que encontrar la fórmula de repatriar estos dineros a nuestros colegas”, subrayó.
Sin embargo, advirtió que es necesario que las naciones interesadas cumplan con los debidos procesos y los requisitos para liberar los recursos, así como respetar las leyes.
Según el fiscal suizo, una primera vía es determinar si los países reclamantes tienen pactos con Suiza para repatriación de esos dineros. De lo contrario, explicó, es necesario someterse a los términos de un convenio multilateral de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de lucha contra la corrupción que también debe estar ratificado por la nación que pide la devolución del dinero.
Otra ruta es negociar un acuerdo con Suiza, afirmó.
Odebrecht está involucrada en uno de los más graves escándalos de corrupción política para el enriquecimiento ilícito mediante una red de sobornos para ganar multimillonarios contratos de construcción de obras públicas que traspasó las fronteras de Brasil y penetró poderosos estratos estatales, gubernamentales, políticos y económicos en 10 países de América Latina y el Caribe, con intensas operaciones de lavado de dineros.
La cifra inicial de coimas pagadas por la mega—constructora fue establecida en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de EU en al menos 788 millones de dólares en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela (además de Angola y Mozambique). Washington aseguró que es el “mayor escándalo” de sobornos en el extranjero de la historia.
Petrobras está inmersa en un gigantesco entramado de corrupción descubierto en marzo de 2014 con la denominada “Operación Lava Jato” de sobornos a políticos y empresarios para el blanqueo de recursos de la poderosa petrolera estatal brasileña.
Los dos escándalos, que están interrelacionadas, involucran una serie de otros delitos que están en proceso de investigación judicial en los países implicados en la trama.
Criminales. Sin entrar en detalles sobre el caso de cada país con respecto al dinero en cuentas suizas, Lauber relató que “el punto no es que en Suiza encuentren obstáculos el resto de las Fiscalías, sino hallar la forma para ayudar en las investigaciones criminales de las contrapartes”.
“Suiza no es el policía del mundo, solo queremos mantener la cooperación y apoyar los esfuerzos que hacen nuestros colegas que llevan investigaciones criminales”, alegó.
Las leyes suizas e internacionales “cuando se trata de intercambio de información en estos esquemas tan complicados de lavado de dinero toma tiempo”, puntualizó, al destacar que es esencial acoplar las jurisdicciones nacionales y resolver las diferencias y reclamos, sin ignorar a los abogados defensores.
Acuerdo En su reunión de un día en Panamá, los representantes de las fiscalías o procuradurías de varias naciones americanas con los de Suiza y Portugal se comprometieron a luchar con firmeza en contra de la corrupción.
También decidieron estrechar la cooperación internacional con intercambio de información, abogaron por fortalecer los procesos de recuperación y repatriación de activos ilícitos y pidieron que, para investigar y atacar la corrupción, las fiscalías generales y las procuradurías sean autónomas para que actúen con libertad sin presiones externas.
El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela – Parte I
Por Juan Alejandro Baptista.
¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a Venezuela se puede considerar un dinero sucio? Son muchas las preguntas que se hacen profesionales de cumplimiento del mundo en torno a Venezuela. No es para menos.
Cuando un país es continuamente mal calificado y relacionado a situaciones, actores y realidades negativas, uno de los primeros sectores en reaccionar es la banca. La industria financiera es [aparenta ser] hipersensible a los “bad boys” y en el caso de Venezuela parecen sobrar las razones para aplicar medidas radicales orientadas a mitigar los riesgos.
Cuando se tiene un jefe de estado y un alto gobierno sancionados por nexos con el narcotráfico; cuando se ocupa los últimos lugares (166) en el ranking de percepción mundial de la corrupción; cuando el gobierno mantiene políticas estatales violatorias de los derechos humanos; cuando se acaba con la democracia; y cuando se malversan descaradamente los fondos del estado y las riquezas de la nación… las relaciones financieras, económica y políticas con el resto del mundo se complican.
Esto se ha agravado recientemente con las recomendaciones emitidas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el pasado 20 de septiembre para que las entidades estadounidenses sepan cómo detectar el dinero producto de la corrupción procedente de Venezuela (FinCEN emite recomendaciones para detectar dinero producto de la corrupción en Venezuela). Por si fuera poco, cuatro días después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Venezuela en un grupo de naciones, cuyos ciudadanos (en el caso de Venezuela solo algunos funcionarios públicos y sus allegados) tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. En este selecto grupo Venezuela está acompañada de naciones cuestionadas como Corea del Norte, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Ante todo esto, para cualquier entidad o instituciones financiera internacional, tener nexos comerciales con “venezolanos” se presenta como una misión “suicida”. Aunque las autoridades y entes internacionales afirman que los riesgos “deben ser gestionados”, el “de-risking” parece ser el Acetaminofén contra esa “migraña”. Ya desde hace muchos años, numerosas entidades han cerrado cuentas de individuos, empresas y bancos venezolanos, pero cada vez los requisitos son más, las cuentas son menos y la animadversión contra los venezolanos aumenta.
Si bien la corrupción parece formar ya parte de la estructura moral de la sociedad venezolana y el flujo de dinero ilícito ha sido de proporciones impensables, creo que el de-risking no es la solución, aunque reconozco que es la salida más práctica, rápida y, en algunos casos, económica. Generalizar no suele ser justo.
Muchos de los fondos que salen del país están ligados a esquemas de corrupción, pero también hay “capital flight” que deben ser identificados como una oportunidad para el sector bancario. Los dos elementos clave para lidiar con estas “escamosas” relaciones bancarias son la “debida diligencia” y la “gestión de los riesgos”. Obviamente, hay que tener claro que no todas las instituciones financieras están en capacidad operativa para manejar los riesgos asociados a los clientes venezolanos, por eso en algunos casos el “de-risking” no es solo una medida cobarde para huir del riesgo, sino una justificada decisión gerencial.
En el próximo blog, continuaré con el tema, pero con un enfoque distinto, ya que hablaré un poco de cómo algunos bancos internacionales y países -los mismos que hablan de “alto riesgo”, de-risking y cierran puertas a venezolanos migrantes- han sido grandes cómplices de los líderes corruptos de la ultrajada Venezuela. Una doble moral que asquea.
El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela (Parte II)
Por Juan Alejandro Baptista. 30/09/17
En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema financiero venezolano como al internacional.
Empecemos con los de adentro. Para resumir, podemos decir que en casi dos décadas de gobierno chavista, las instituciones financieras venezolanas han tenido que mutar, pasando de ser unos bancos “normales” con elevados estándares internacionales a ser unos “sobrevivientes” del Comunismo del Siglo XXI.
Sin embargo, algunos banqueros se han arropado en esa condición lastimosa de “sobrevivientes”, para solapadamente convertirse en brazos financieros de los corruptos más grandes que ha conocido la historia moderna latinoamericana (título que solo se lo pueden disputar sus colegas brasileños, aunque me atrevería a aportar por los venezolanos). Prestigiosos empresarios de las finanzas consideraron ineludible la mutación para evitar el fin de sus emporios financieros, para “salvar sus empresas”, olvidándose del costo social que ese supuesto “sacrificio” implicaba; peor aún, olvidándose del costo moral (y quizás legal) que conlleva el ser cómplices estratégicos de gobernantes genocidas, narcotraficantes e inhumanos.
Mientras millones de venezolanos han migrado en la búsqueda de una mejor vida, muchos banqueros hicieron una “migración moral”, saliendo de ese “poco rentable” lugar llamado “decencia” y reubicándose en el oscuro y rentable mundo de la corrupción.
Lo más triste, es que cuando hablo de banqueros no solo me refiero a dueños, accionistas, directivos y altos gerentes… no, empleados de todos los niveles asumieron las prácticas corruptas como estrategia de “sobrevivencia”, doblegando sus principios morales e implementando en su día a día la “ceguera voluntaria” como forma de subsistencia, el cobro ilegal de “vacunas” a los clientes como recurso compensatorio por los escuetos salarios que ganan; y el cobro de comisiones a los proveedores como una manera de compensar las paupérrimas condiciones en que vive la mayoría de venezolanos.
Es solo cuestión de tiempo para que públicamente se conozcan sus nombres y sean identificados como los banqueros del chavismo, cuando eso suceda el mundo verá con vergüenza e indignación a esos inescrupulosos empresarios que lograron multiplicar sus capitales (que ya eran grandes), a cambio de las vidas, la dignidad y el futuro de los venezolanos.
Ahora voy con los de afuera. Quiero reiterar lo que dije en la primera parte de estas reflexiones, donde claramente expuse lo difícil que es para los bancos internacionales ofrecer servicios a entidades e individuos venezolanos, con razones muy justificadas. Muchos de estos bancos han aplicado medidas basados en análisis de riesgos técnicos, serios, y han sido coherente en sus políticas por muchos años.
No obstante, hay entidades que han experimentado un proceso de mutación similar a sus colegas venezolanos, incluso hay algunas que nunca han tenido que mutar, porque desde siempre comprendieron que el chavismo podía ser “desgracia para los venezolanos, pero riqueza para los vivos”.
Para nadie es un secreto que los primeros diez años de chavismo, Venezuela recibió enormes cantidades de dinero producto de los elevados precios del petróleo (algunas estimaciones hablan de US$ 800.000 millones entre 1998 y 2008). Si a esto le sumamos la malversación de los fondos colectados por impuestos, la apropiación indebida de los recursos generados por la explotación de oro, diamantes, bauxita, coltán, gas natural y otros minerales, entre otras fuentes de recursos del estado venezolano, la cifra es sencillamente enorme.
Gran parte de estos recursos han sido y siguen siendo malversados… pero ¿cómo puede un puñado de bandidos de tercer nivel extraer tal cantidad de recursos de una nación? Todos los que se toman la molestia de leer estas humildes reflexiones lo saben: gracias a complejas estructuras y entramados jurídicos internacionales conformados para “ocultar, movilizar, disfrazar” el origen sucio de ese dinero. Todos también sabemos que en estas estructuras las instituciones financieras son el “catalizador” necesario.
Bancos de todos los tamaños y de todas las latitudes han sido cómplices silentes, recibiendo, manipulando, invirtiendo y ocultando millones de dólares que les han permitido aumentar sus dividendos y, en algunos casos, hasta recapitalizar sus golpeadas arcas.
Muchos bancos no se preocupan por conocer al Beneficiario Final, por el contrario, en algunas ocasiones son cómplices en los procesos para esconder el origen de los fondos, con tal de recibir las enormes comisiones ofrecidas por los corruptos y de contar con capitales que buscan una “mano amiga” para ser invertidos.
Además de los bancos de los clásicos paraísos fiscales que todos conocemos, muchas entidades ubicadas en Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Argentina, Brasil, entre otros países de la región tienen sus manos manchadas. Las unidades de banca privada y los asesores de inversión han recibido con los brazos abiertos los enormes capitales chavistas, justificándose ellos mismo con la excusa de que son “capital flight” buscando un destino seguro.
Muchos han financiado enormes desarrollos de bienes raíces en el Sur de Florida, en Panamá, en República Dominicana, etc., conscientes pero a la vez ignorando que detrás de esas “grandes inversiones de desarrollo” hay solo “grandes testaferros”.
Muchos procesadores de pago, entidades bancarias y comercios se beneficiaron por años de la ilegal práctica de raspar los cupos, metodología aplicada por venezolanos que viajaban al exterior (mayormente Aruba, Curazao, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y España) para extraer de sus tarjetas de crédito el monto de dólares comprados al gobierno venezolano a precio preferencial. Aviones llenos de venezolanos eran recibidos con los brazos abiertos hasta que el gobierno madurista acabó con el negocio de los cupos de dólares. Desde entonces, los mismos venezolanos que antes traían divisas a cambio de una comisión que podía ser de hasta el 30%, ahora son vistos con malos ojos, incluso hay países que ahora les pide visa para entrar al país.
A pesar de todo, hay mucho capital venezolano generado con honestidad. La banca internacional (por lo menos la que tenga algo de mística y seriedad) debe intentar diferenciar claramente el dinero sucio del dinero limpio para no aplicar medidas restrictivas injustas a quienes no se merecen ser tratados como personas o entidades “de alto riesgo”.
Hay banqueros que no han caído en el bajo mundo de la corrupción, por ellos apuesto para que desde adentro y desde afuera de Venezuela sigan trabajando con decencia, sin permitir que el agradable olor del dinero produzca en ellos la triste mutación que los convierta en cómplices.
Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e incómodos relacionados a varios de los integrantes de la sede católica.
Libero Milone fue nombrado auditor en 2015 como parte de la estrategia del Papa Francisco para hacer más transparentes las finanzas de la organización religiosa más influyente del mundo. En junio de este año, Milone abandonó el cargo con un presunto “acuerdo mutuo”. Sin embargo, el pasado 24 de septiembre, reveló que la iglesia lo amenazó con detenerlo si no firmaba la renuncia.
Milone, quien se desempeñó como presidente de Deloitte Italia, explicó que los estatutos le permiten al auditor general aplicar controles para detectar formas de corrupción y lavado de dinero, pero hay una “maniobra para ralentizar o bloquear la reforma financiera emprendida por el Papa Francisco”.
Según denunció, para poder obtener información sustancial de las finanzas del Vaticano debía exigirla a numerosos miembros de la institución religiosa, los cuales no estaban obligados a darla, gracias a la falta de leyes clara y precisas.
En contraposición, Giovanni Angelo Becciu, sustituto en la Secretaria de Estado vaticana, señaló que Milone espió la vida privada de representantes de la iglesia y traspasó fronteras indebidas, agregando que si Milone no dimitía, hubiera sido procesado por sus actos ilegales cometidos en el desempeño de sus funciones.
El reporesentante del Vaticano, agregó que Milone fue “más allá de sus competencias y encargó a una sociedad externa actividades investigativas sobre la vida privada de personas de la Santa Sede, un delito que ha dañado la confianza depositada en él”.
La reforma del Papa Francisco creó una trinidad de entes para gestionar y dirigir las finanzas del Vaticano. Dicho triángulo está compuesto por el Consejo para la Economía, liderado por el cardenal Reinhard Marx; el Superministerio de Finanzas, presidido anteriormente por el cardenal George Pell; y el Auditor General, posición la cual ocupaba Libero Milone. Sin embargo, hoy en día solo el cardenal Reinhard ocupa su puesto, mientras que las otras dos ramas están sin representante alguno.
Por su lado, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), mejor conocido como el banco vaticano, actualmente presidido por Jean-Baptiste de Franssu, maneja millonarias sumas de dinero donde parte del capital son depósitos de aproximadamente 14.960 clientes. Dicho banco se ha visto envuelto en escándalos financieros, como el de Ettore Gotti Tedeschi, el cual había sido nombrado por Benedicto XVI como encargado de dicha institución, para posteriormente ser destituido del cargo y ser acusado de falta de transparencia.
Fraude Millonario
Por otra parte, el IOR señaló un fraude de €17 millones y activara acciones legales en contra de terceros ante la justicia de Malta. La Santa Sede no especificó el esquema fraudulento que afecto su patrimonio, pero aseguró daños significativos a la entidad.
El desconocimiento del operativo explica de manera explícita como el IOR y las ramas financieras del Vaticano están envueltas en barreras de opacidad y de poca transparencia, pues la Santa Sede no indica en qué medida está involucrado el banco religioso.
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Por José María Irujo.
Francisco Arroyo Vieyra, en el IV Foro de Jefes del Parlamento de los países del G20, en abril de 2013, en la Ciudad de México.
.
El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
Acta de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde se menciona al embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra.EL PAÍS
.
La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que EE UU alertara de que carteles de la droga de México y grandes compañías utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.
UN CUARTO DE SIGLO AL CALOR DEL PRI
El embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, ha encadenado cargos públicos durante más de un cuarto de siglo al calor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde que fuera elegido diputado en 1991, este licenciado en Derecho de 58 años nacido en León (Guanajuato, México) se maneja bien entre los resortes del poder. Ha sido diputado local, federal y senador. Y en el camino, ha ocupado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados (2012) y ha trabajado como asesor de la Secretaría de Fomento de Guanajuato.
Con 15 años, el político desembarcó en la rama juvenil del PRI, el Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias (MNJR). Desde este trampolín, inició una exitosa carrera en la formación. Fue secretario de acción legislativa del partido, presidente de la conferencia de coordinadores parlamentarios y precandidato a gobernar Guanajuato.
Exlocutor de radio, columnista de prensa, actor –interpretó a un sacerdote en la cinta de la que fue productor Luna Escondida (2010)-, Arroyo Vieyra posee dos hoteles en el Estado de Guanajuato. «Soy un hombre con recursos que generan recursos para vivir con dignidad. Tengo una hoja de vida limpia y honesta», incide el actual embajador en una conversación telefónica con este periódico.
El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.
Las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos. El documento explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide (México), socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD (2,5 millones de euros)». Este dinero, según él, «podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.
Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD (1.5 millones de euros) y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.
Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo, un veterano y conocido político del PRI, las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas. El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.
En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.
En 2013, la Cámara de Diputados de México que presidía Arroyo Vieyra contrató asesorías por adjudicación directa de 7,9 millones de pesos (371.104 euros). De esta cantidad, 3,2 millones de pesos (150.287 euros) fueron a parar a la firma de Salinas y Asociados. El embajador afirma que el pago que recibió en Andorra de este bufete no guarda relación alguna con estas adjudicaciones. “Le pedí a Pedro (Salinas) que fuera mi consejero en algunos asuntos. El presidente de la Cámara no maneja recursos y tiene una asesoría muy modesta. Es un abogado muy prestigioso, fue un consejero honorario, de buena voluntad. En 2013 yo no participé en ningún litigio”.
Arroyo Vieyra señala que la cuenta se abrió en “2011 o 2012” y que estuvo activa “tres o cuatro años”. El diplomático justifica así su decisión de cobrar a través del Principado: “Había un promotor de la BPA que nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguró”.
El embajador de México en Uruguay no es el único político de este país que ha tenido cuentas en la BPA de Andorra. EL PAÍS reveló que Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI tuvo en este mismo banco una cuenta de seis millones de dólares (5,045 millones de euros). Y que manejó un total de 17 millones en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas mediante una sociedad opaca. La citada empresa estaba gestionada por BK Group, una firma holandesa de servicios fiduciarios. La Fiscalía de Andorra investiga a Lara Aréchiga y ha solicitado a México detalles sobre su trayectoria política para lograr una identificación completa.
SALINAS ARRAMBIDE: “NO HE ABIERTO NINGUNA CUENTA A NADIE”
El abogado Pedro Salinas Arrambide, del bufete de Ciudad de México Salinas Arrambide Asociados, admite haber tenido una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Sin embargo, el defensor niega ser el intermediario ante esta entidad del embajador de México en Uruguay, el priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra. “Yo no le he abierto ninguna cuenta a nadie. Si se refiere a una sola que tengo a mi nombre y que abrí para mí…”, responde el abogado en un cuestionario.
Salinas Arrambide explica que abrió el depósito en la BPA para guardar ingresos “totalmente lícitos” de su actividad profesional. “Un amigo me comentó que ese banco tenía buenos rendimientos y que era un buen lugar para tener mis inversiones, contacté con ellos y me vinieron a visitar a mi despacho de Ciudad de México funcionarios de esta institución [la BPA], hace aproximadamente cinco años”, añade.
El letrado justifica así su vínculo con el diplomático: “Somos conocidos y amigos desde hace muchos años y le conocí por mi actividad profesional. Es por ello que hemos coincidido en algunos proyectos profesionales, sin que exista ninguno vigente”.
“Lo cierto es que hemos tenido en el pasado juntos, con otros profesionistas, acuerdos de asociación profesional para la atención de algunos proyectos específicos, donde yo me he desempeñado como abogado, que ya han concluido”, detalla el letrado.
Salinas Arrambide responde de este modo cuando se le pregunta si declaró ante la Hacienda mexicana sus ingresos de la BPA: “Me ofende su pregunta, pero sí, siempre cumplo mis obligaciones fiscales”.
Exministro de Honduras se declara culpable en NY de Lavado de dinero
La corte del distrito sur de Nueva York anunció este martes que el exministro de Inversiones de Honduras, Yankel Rosenthal Coello, se declaró culpable de Lavado de dinero a favor de narcotraficantes.
La corte del distrito sur de Nueva York anunció este martes que el exministro de Inversiones de Honduras, Yankel Rosenthal Coello, se declaró culpable de lavado de dinero a favor de narcotraficantes de ese país centroamericano.
En un comunicado, la corte destacó que Rosenthal, de 48 años de edad y quien fuera también presidente del club de futbol DC Marathón, se declaró culpable de intentar realizar en 2013 transacciones monetarias sobre propiedades derivadas de delitos de narcotráfico.
La corte precisó que Andrés Acosta García, cómplice de Rosenthal, se declaró también culpable de participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre de 2015.
“Como admitieron en la corte federal de Manhattan, Yankel Rosenthal y Andrés Acosta trataron de ayudar a los narcotraficantes hondureños en el Lavado de dinero producto de sus crímenes”, expresó el fiscal en funciones del distrito, Joon Kim. Kim añadió que Rosenthal trató de ocultar el dinero de las drogas a través de la compra de bienes raíces de los Estados Unidos, contribuciones políticas en Honduras e incluso mediante la inversión en un equipo de fútbol profesional.
De acuerdo con los documentos de la corte, Rosenthal intentó lavar más de un millón de dólares de dinero de la droga aceptando fondos de narcotraficantes en Honduras y usando su propio acceso al crédito para financiar un acuerdo de bienes raíces en la ciudad de Doral, Florida.
Asimismo, Rosenthal canalizó cientos de miles de dólares de sobornos de narcotraficantes que buscaban protección oficial como supuestas contribuciones de campaña para su primo Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, quien compitió por la presidencia de Honduras.
La sentencia para Rosenthal, que será dictada el próximo 19 de enero, podría alcanzar los 10 años de prisión.
En la carga de baúles de dinero se cree que habría unos 500 millones de dólares. Hay malestar en la ciudadanía, quien señala que “mientras en Cuba la gente se está muriendo de hambre, con absoluta seguridad es dinero del narcotráfico que las FARC que sacaron de Colombia”.
