Caso de estudio: Lula y el Lavado a través de los Bienes raíces
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La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción y el pago de sobornos.
Veamos algunos detalles sobre cómo el exmandatario recibió más de US$1.100.000 de la empresa constructora OAS, como forma de pago por la asignación de multimillonarios contratos procedentes de la estatal Petróleos de Brasil S.A. (PETROBRAS).
Solaris: pago en especies
Los investigadores encontraron diversas irregularidades relacionadas a varias propiedades, pero la acusación más importante gira en torno a una propiedad triplex en el Condominio Solaris, ubicado en la costa de Sao Paulo.
Cuando el Condominio Solaris estaba siendo comercializado por la Cooperativa Habitacional de los Bancos de Sao Paulo, Lula da Silva pagó por un apartamento simple (No. 141-A) poco más de US$ 65.000. A partir de entonces se inició un proceso de blanqueo de activos, que consistió en otorgar parte de los sobornos en bienes y servicios durante varios años.
En 2009, el Grupo OAS entregó a Lula una unidad triplex No. 164-A (a pesar de que el expresidente había pagado por una unidad simple), sin que el mandatario tuviera que pagar la diferencia de precio de US$ 357.000.
En 2014, la constructora invirtió US$ 397.000 en remodelaciones y amoblado del triplex. Ese dinero nunca fue pagado por Lula, por lo que se entiende que fue parte de un esquema de sobornos.
Parte de los trabajos fueron la construcción de un ascensor privado para conectar el triplex del piso 16 al 18, aunque en el proyecto original sólo se contemplaron escaleras internas. También se remodeló para crear una oficina y se instaló porcelanato en toda la propiedad.
Los investigadores descubrieron también que la constructora pagó desde 2011 hasta el 2016 unos US$ 410.000 en diversos gastos -como mantenimiento y cuotas de condominio- asociados a varias propiedades del expresidente.
El triplex ubicado en el piso 16 está valorado actualmente entre US$ 475.000 y US$ 570.000.
Polémica y “shell companies” en torno a Solaris
La conflictiva propiedad costera estuvo envuelta en conflictos mucho antes de haberse concluido el proyecto, ya que Bancoop fue acusada de irregularidades financieras y más de 3.000 familias perdieron sus inversiones en los apartamentos que nunca recibieron.
Para aquel entonces, el presidente de la cooperativa era João Vaccari Neto, tesorero del Partido de los Trabajadores, quien posteriormente fue procesado como parte de Lava Jato bajo la sospechosa de operar parte del esquema de corrupción en Petrobras.
Vaccari contrató a la constructora OAS para terminar al menos cinco edificios de Bancoop. Uno de ellos fue el edificio donde el exmandatario Lula de Silva tiene el triplex por el que fue condenado.
Los documentos de la corte indican que Vaccari creó una serie de “Shell companies” (empresas fachada) para apropiarse indebidamente de más de US$ 145 millones colectados por la cooperativa a lo largo de los años que duró el proyecto.
La fiscalía brasileña afirma que Bancoop fue utilizada ilícitamente para cubrir gastos de centros espirituales, para un hotel cinco estrellas donde el Partido de los Trabajadores promovía reuniones, e incluso para comprar invitaciones a las carreras de Fórmula 1.
Los Escribanos deberán informar sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y las disidencias de los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos públicos la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Highton de Nolasco y Rosatti recordaron que el principio de juridicidad que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones.
Por esa razón, su regulación se realiza mediante el dictado de normas de alcance general que deben establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción jurídica, indicaron.
Destacaron que las previsiones del artículo 21 de la ley 25.246, que imponen a los escribanos la obligación de informar las operaciones sospechosas de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, respetan el principio de legalidad, resultan precisas y previsibles, responden a la necesidad de combatir el fenómeno de la criminalidad internacional y son acordes con las disposiciones de distintos instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina.Las operaciones
Agregaron que, por otra parte, la resolución UIF 21/2011 enuncia una lista de 16 hipótesis que sirven para delimitar el concepto de “operaciones sospechosas” con la claridad necesaria para que los notarios actúen en consecuencia.
En este contexto, destacaron que la obligación impuesta responde a la especial naturaleza de la actividad del notariado, que les da un rol preponderante en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros.
Afirmaron, además, que estos profesionales cuentan con conocimientos técnicos y experiencia profesional que los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuándo una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En el mismo sentido, el juez Maqueda señaló que las normas examinadas satisfacen el requisito de ser previsibles y no vulneran, por ello, el principio de legalidad.
Destacó que, conforme el artículo 21 de la citada ley, para calificar de sospechosa a la actividad y, por ende, tener que reportarla a la UIF, los escribanos públicos deben examinar si es “inusual”, si tiene “justificación económica o jurídica” o es de “complejidad inusitada o injustificada”.
Ello -indicó- no constituye una tarea de difícil realización para quienes, dada su condición de profesionales universitarios, deben tener cabal conocimiento de los negocios jurídicos en los que intervienen, de modo de poder evaluar si sus características son habituales o no, si determinadas modalidades suelen presentarse en la práctica, si se entiende la finalidad del negocio y cuál es el provecho -económico o no- para sus otorgantes.
Para Lorenzetti, la norma de la UIF contiene un criterio muy abierto y opinable de lo que puede calificarse como sospechoso. Y consideró que el tema pone “en juego la seguridad jurídica”.
Según se señaló, la técnica utilizada en la redacción de las normas impugnadas acude a una importante cantidad de conceptos jurídicos indeterminados –tales como usos y costumbres, experiencia e idoneidad, buena fe-, los que, en principio, atentan contra la especificidad y objetividad necesaria en este tipo de disposiciones jurídicas.
Cautelares para no cumplir las exigencias
Desde el 2011 y hasta la fecha se hicieron muchos planteos -sobre todo, de escribanos- para no cumplir con las obligaciones de control que le impone la UIF. Muchos se sostenían con cautelares, como es el caso de los notarios de Entre Ríos, a quienes se les cayó la cautelar en 2015. Ahora el máximo Tribunal le puso punto final a la discusión. Algo parecido pasaba con las concesionarias de autos que tenían una cautelar de un juez de Mendoza hasta 2015. Con esta sentencia de la Corte, los sujetos obligados terminarían aceptando que no les queda otra que asumir las responsabilidades que les impone la ley 25246.
El banquero Krull se declara culpable del lavado de 1.200 millones de PDVSA y todo apunta a Maduro
Nicolás Maduro, en Caracas junto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene una excelente relación.
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El alemán Matthias Krull, exjecutivo de un banco suizo, se declaró este miércoles culpable de Lavado de Dinero en una corte de Miami (Estados Unidos) como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Admitió que movió millones de dólares a favor de los hijastros de un político venezolano que fuentes de Univision Noticias identificaron como el presidente Nicolás Maduro.
En su declaración de culpabilidad, según Univisión, Krull, de 44 años y quien residía en Panamá, desveló que asesoró en operaciones de lavado de dinero a un cómplice identificado por la denuncia criminal como un empresario dedicado al negocio de la televisión y a quien el documento se refiere como ‘Conspirador 7’.
Cuatro fuentes independientes, con conocimiento directo de la investigación, confirmaron a Univision Noticias que se trata de Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión que opera en Venezuela, un hecho corroborado por otros medios de comunicación que también han identificado con sus fuentes a Gorrín como el ‘Conspirador 7’.
Howard Srebnick, abogado de Raúl Gorrín en Miami, no quiso hacer declaraciones a Univisión sobre el caso, aunque sí aseguró que su cliente niega estar involucrado en las operaciones de lavado de dinero de Krull.
Gorrín tiene propiedades en Florida, además de ser dueño en Venezuela del canal de televisión que cambió la línea editorial para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, sumándose a la censura oficial, asegura Univisión. También es propietario de Seguros La Vitalicia.
Krull reconoció a la juez que recibió instrucciones del ‘Conspirador 7’ para mover 159 millones de euros de los tres individuos identificados en la denuncia como ‘Los Chamos’.
De acuerdo a las fuentes de Univision Noticias, ‘Los Chamos’ son los hermanos Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, esposa de Maduro e hijastros del presidente que ha llevado el país al abismo.
Según el sumario del caso, el ‘Conspirador 7’ llamó a Krull a su oficina en Venezuela en relación a 200 millones de dólares. “‘Conspirador 7’, aseguro que necesitaba una decisión urgente para mover estos fondos, y quería que Krull conociera a los dueños de los fondos’’, recoge Univisión.
La investigación, denominada ‘Operation Money Flight’, que ha sido identificada como la mayor operación en materia de lavado de dinero en Florida, se reveló a finales de julio cuando fueron aprehendidos Krull, en Miami, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, en Italia. Ambos fueron identificados como los cerebros financieros de las operaciones de lavado.
Así fue operación que desmanteló una supuesta red de exfuncionarios chavistas que intentaba lavar 1.200 millones de dólares.
Otras nueve personas fueron acusadas de pertenecer al esquema. Entre ellas, el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y al portugués Hugo Andre Ramalho Gois por su supuesta participación en el complot, que utilizaba propiedades inmobiliarias en Miami y planes complejos de inversiones para lograr sus objetivos. La acusación, además, menciona una trama de lavado de dinero en la que participaron funcionarios, banqueros y algunos personajes solamente identificados como “conspiradores”, “funcionarios” o “fuente confidencial” (CS, en inglés).
El pasado viernes la fiscalía federal de Miami, encausó a un nueco personales. Se trata de Mario Enrique Bonilla Vallera, a quien se le atribuye actuar como testaferro de ‘Los Chamos’ en cuentas bancarias y otros negocios.
Los cargos establecen que el ‘Conspirador 7’ presentó a Krull a ‘Los Chamos’. El padrastro de esos chamos es identificado en la denuncia como “Funcionario Venezolano 2”. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante la audiencia, Krull permaneció sentado entre sus abogados. Univisión detalla que vestía un arrugado uniforme carcelario de color beige, medias marrones y sandalias de goma bajo las cadenas de sus tobillos. Miraba fijamente a la jueza Cecilia Altonaga desde sus lentes de pasta negros. Tomaba agua en un vaso de plástico y se inclinaba al micrófono de su mesa para responder breve y conciso a las preguntas. Solo tuvo que aclarar su voz luego de la lectura completa de los hechos que lo involucran con detalles de reuniones y “conspiradores” en la trama de lavado. “Sí, yo soy”, pronunció en inglés.
“Entiendo y estoy de acuerdo”, dijo en cuatro oportunidades y aceptó también cuando la jueza mencionó la posible sentencia de 10 años como consecuencia de su aceptación de culpabilidad.
“Krull manejaba actividades bancarias para numerosos funcionarios venezolanos y cleptócratas”, se lee en los documentos de la corte, que además señalan que era el “banquero personal del Conspirador 7”. Por tanto, aceptó, sin negarlo, que blanqueó 1.200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
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El funcionamiento de la trama
Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.
Según la demanda judicial, hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló el monto del fraude a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
Krull corroboró que en la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.
Caloia y Liuzzo no se presentan al juicio por lavado de dinero en el IOR
Vendieron presuntamente el 71 por ciento de los inmuebles propiedad del Banco Vaticano.
Por Jesús Bastante.
Oficinas del IOR. .
El Tribunal Vaticano decidió el nombramiento de tres peritos que tendrán la responsabilidad de evaluar los inmuebles para conocer su precio real
El Vaticano celebró ayer la segunda audiencia del histórico proceso penal por Lavado de Dinero que involucra a altos funcionarios del Banco Vaticano. Los acusados son el expresidente Angelo Caloia (78 años) y su abogado de confianza Gabriele Liuzzo (94 años), que no asistieron, y el ya fallecido exdirector Lelio Scaletti.
La ordenanza, leída por el juez Paolo Papanti-Pelletier al inicio de la audiencia, precisó que los imputados han sido acusados por sustracción, distracción y apropiación indebida de 57 millones de euros por la venta del 71 por ciento de los inmuebles propiedad del Instituto de Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como Banco Vaticano, entre los años 2001 y 2009.
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La audiencia duró más de dos horas y el Promotor de Justicia del Vaticano, Gian Piero Milano, evidenció que existen consistentes pruebas de la venta de numerosos inmuebles a precios devaluados y luego comprados por empresas con sede en Suiza, propiedad de los imputados o sus familiares.
«Se trata de un proceso complejo con numerosas operaciones entre Italia y Suiza que deben ser verificadas con máxima profesionalidad», indicó.
En definitiva, el Tribunal Vaticano decidió el nombramiento de tres peritos que tendrán la responsabilidad de evaluar los inmuebles para conocer su precio real y evaluar si las ventas fueron llevadas a cabo en consonancia con el mercado, reconstruir las operaciones financieras entre ambos países y entre las personas imputadas, y la traducción de toda la documentación en idioma italiano.
Se trata de un proceso complejo que podría durar varios meses y al momento no ha sido fijada una fecha para la próxima audiencia.
Suiza se une a sanciones de la UE contra miembros de la dictadura venezolana
Ya son 42 las naciones que individualmente o como parte de grupos, establecen limitaciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para movilizar sus capitales.
Por Sabrina Martín.
Suiza señaló que se suma a las sanciones para castigar la constante violación a derechos humanos en el país sudamericano. .
Se le “achica el mundo” al régimen de Nicolás Maduro; el gobierno de Suiza anunció que se suma a las sanciones contra la dictadura en Venezuela tras alinearse al paquete de medidas asumidas por la Unión Europea.
El país europeo señaló que se suma a las sanciones para castigar la constante violación a derechos humanos en el país suramericano.
Gobierno de Suiza sanciona al titular del MRI Néstor Reverol; al director del Sebin Gustavo González López; a pdta CNE Tibisay Lucena; al del TSJ Maikel Moreno; al fiscal designado por ANC Tarek William Saab, al constituyentista Diosdado Cabello y al general Antonio Benavides T.
Entre las medidas está un embargo de armas a Venezuela, prohibiendo la venta, suministro y exportación de armamento, que pudiera servir al régimen para continuar reprimiendo a la disidencia.
Asímismo, incluyó un veto de exportación y venta de equipos de espionaje “que puedan servir para seguir e interceptar comunicaciones por teléfono y por internet”.
Otras medidas incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de tránsito para personas, firmas y organizaciones relacionadas con el régimen; incluyó en su primer listado a siete ministros y funcionarios de alto rango de Venezuela.
Entre los sancionados están Diosdado Cabello, el “número dos” del chavismo; Tibisay Lucena, presidenta del chavista Consejo Nacional Electoral; el usurpador fiscal general Tarek William Saab; el presidente del chavista Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y los militares Antonio Benavides Torres, Gustavo González López y Néstor Reverol.
Suiza, que se había mantenido “bajo perfil” ante la crítica situación en Venezuela, se declaró “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales”; además calificó de “gravemente mermado” el principio de la separación de poderes.
El país europeo no escatimó en dudar de las próximas elecciones presidenciales pautadas por el régimen de Maduro y señaló que el proceso “carece seriamente de legitimidad”.
Con este anuncio, Suiza se suma a los países miembros de la Unión Europea, así como a otras 10 naciones europeas que finalmente decidieron sancionar al régimen de Nicolás Maduro.
Y es que así como el chavismo acelera las elecciones en Venezuela sin garantías que permitan comicios libres y transparentes, también se aceleran las decisiones internacionales para “ahorcar” política y económicamente a la dictadura.
Al parecer, con el pasar de los días y la profundización de la crisis y la dictadura en Venezuela, al chavismo se le achica el mundo, pues los gobiernos están tomando la decisión de aislarlo. Con esto, ahora son 42 naciones que han decidido sancionar al régimen de Maduro.
Se avecina un bloqueo financiero
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que convocará a sus homólogos de Canadá, el Reino Unido y miembros de la Unión Europea el próximo mes de abril para coordinar los esfuerzos; la intención será emprender un “paquete de encierro” como parte de nuevas sanciones conjuntas.
Los países utilizarán la red de inteligencia financiera para bloquear e impedir cualquier movimiento financiero del chavismo; se trata de más de 50 gobiernos dispuestos a seguir presionando a Nicolás Maduro para obligarlo a una salida democrática y pacífica ante la grave crisis en Venezuela.
Una lista de castigos internacionales
Hay que reconocer que el primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos; empezó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Con la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión al Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 57 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela; lo que representó un duro golpe financiero para el país suramericano sostenido por la dictadura de Nicolás Maduro.
Prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Todo esto llevó a Maduro a crear una supuesta criptomoneda chavista llamada El Petro, para evadir las sanciones; lo que trajo como respuesta de Trump la prohibición desde Estados Unidos de cualquier transacción con la cybermoneda chavista.
Nicolás Maduro ha dejado ver que las sanciones internacionales son su debilidad. Esto se vio reflejado en las negociaciones que mantenía con la oposición venezolana, pues una de sus exigencias era el cese de las sanciones en su contra.
Canadá por su parte, se ha sumado a las mismas sanciones de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente, emitieron en enero las primeras medidas específicamente contra funcionarios del chavismo.
Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, pues tomó la decisión de impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa y Costa Rica, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.
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Introducir a la identificación de técnicas y procedimientos de análisis criminal.
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Misiles, lavado de dinero, amenazas de muerte: 3 claves para entender el gigantesco escándalo financiero en Letonia, que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia
Una pequeña ex república soviética se ha convertido en el escenario de una trama digna de una novela de espionaje, donde las grandes potencias se enfrentan y los capitales se mueven bajo un manto de opacidad que ha provocado varios escándalos financieros.
Por Cecilia Barría.
«He recibido amenazas de muerte», dice Ilmars Rimsevics, el hombre en el centro de la polémica. .
Un banco declarado en quiebra, el gobernador del Banco Central detenido, acusaciones de lavado de dinero y supuestos vínculos de corrupción con Corea del Norte y Rusia.
Esa fue la pesadilla que cayó sobre Letonia luego que Estados Unidos dirigiera toda su artillería contra el sistema bancario de ese país.
En las últimas dos semanas, Letonia -la pequeña, pero estratégicamente importante ex república soviética- ha sido el escenario de una saga que incluye tantos personajes como acusaciones, y que enfrenta los intereses de Washington, Moscú y Pyongyang.
El escándalo público comenzó cuando el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al banco letón ABLV de lavar dinero.
Al poco tiempo, el Banco Central Europeo congeló los pagos a ABLV para evitar que se produjera una «salida masiva de fondos». Bloqueado y sin más opciones de sobrevivencia, finalmente la entidad se declaró en bancarrota.
En un caso separado, la Agencia Anticorrupción de Letonia detuvo por supuestos sobornos al gobernador del Banco Central, Ilmars Rimsevics, quien negó los cargos y dijo que temía por su vida.
Y como si fuera poco, el ministro de defensa de Letonia denunció que había en curso una «campaña de desinformación» orquestada desde el extranjero.
Rusia y Corea del Norte han permanecido en silencio, mientras crecen las dudas sobre la posible caída de otros bancos letones.
Estas son algunas de las claves que pueden ayudar a entender cómo se está desarrollando esta trama político-financiera.
Primera clave
La acusación de Estados Unidos
La Red de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, acusó al tercer banco privado más importante de Letonia, ABLV, de haber «institucionalizado el lavado de dinero» como pilar de sus prácticas comerciales.
Estados Unidos dice que perseguirá a los bancos que laven dinero de Corea del Norte o Rusia.
En el mismo documento, el gobierno dijo que «las prácticas deficientes en los bancos fomentan una amplia gama de conductas ilícitas, incluida la actividad vinculada con el programa de armas de Corea del Norte y la corrupción relacionada con Rusia y Ucrania«.
«FinCEN se compromete a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de este tipo de riesgos», agrega.
Ahí comenzó la avalancha. Washington bloqueó a la entidad financiera y lo mismo hizo el Banco Central Europeo al declararlo «inviable». La declaración de quiebra fue el paso siguiente y de esa manera ABLV quedó sepultado.
Por la opacidad con que realizaba sus transacciones, es prácticamente imposible trazar el origen preciso de los fondos que el banco manejaba, una práctica extendida en Letonia, cuyo sistema financiero ha sido largamente cuestionado.
Rusia, que mantiene estrechos vínculos con Letonia, permanece en silencio.
«En Letonia, hay una cultura bancaria basada basada en la idea de atender a clientes no-residentes de oriente y occidente. Esta idea estaba basada en el eslogan´Estamos más cerca que Suiza´«, dice Aldis Austers, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales de Letonia, en conversación con BBC Mundo.
«La cantidad de transacciones con dinero ilegal a través de estos bancos ha llegado a una escala cósmica».
Letonia, una de las tres naciones bálticas que obtuvo su independencia luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, tiene una larga historia de acusaciones sobre su presunto rol como «paraíso» para el lavado de dinero ruso, según las autoridades estadounidenses y europeas.
En Letonia niegan las acusaciones y denuncian ser víctimas de una campaña internacional en su contra.
Segunda clave
¿Gobernador corrupto o víctima de un complot?
Mientras iba desarrollándose la caída del banco ABLV, otro escándalo golpeó al país báltico: la agencia anticorrupción del país detuvo al gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimsevics, miembro además de Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
La máxima autoridad monetaria del país, acusado de exigir sobornos a los bancos locales, fue interrogado por agentes letones de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (KNAB) y posteriormente dejado en libertad tras el pago de una fianza.
Apenas tuvo la ocasión, Rimsevics defendió su inocencia. Negó tajantemente haber reclamado sobornos y culpó a varios bancos letones de intentar sacarlo de su puesto.
«Me he convertido en el objetivo de bancos que quieren destruir la reputación de Letonia», dijo el gobernador.
Rimsevics dice que teme por su vida.
Según su versión, las entidades financieras lo culpan de recibir sobornos por haber impulsado investigaciones de la agencia anticorrupción contra ellas. Y el objetivo encubierto es básicamente provocar su caída para reemplazarlo por otro banquero más complaciente.
«He recibido amenazas de muerte y he informado de ellas a las fuerzas de seguridad», dijo Rimsevics, quien, en medio del escándalo, fue suspendido de sus funciones.
Algunos analistas han dicho que los dos casos (del banco y del gobernador letón) ponen sobre la mesa la pregunta sobre si las ex repúblicas soviéticas deberían ser miembros de la zona euro.
«El doble escándalo va a dañar la reputación de las instituciones reguladoras del país y de su sector financiero», comenta Otilia Dhand, vicepresidenta de la consultora de análisis de inteligencia Teneo Intelligence.
Esta situación, «probablemente hará que los bancos que trabajan con personas no residentes busquen adoptar modelos de negocio más convencionales».
Tercera clave
La presunta «operación para desinformar»
Aunque el primer ministro de Letonia, Maris Kucinskis, defendió el rol de la agencia anticorrupción en la detención del gobernador, otros miembros del Ejecutivo se han ido sumando a las teorías conspirativas que rodean el caso.
El ministerio de Defensa, Raimonds Bergmanis, declaró en un documento público que las acusaciones contra Rimsevics serían una operación foránea.
El primer ministro letón, Maris Kucinskis, apoyó la investigación contra el gobernador del Banco Central de su país.
«Hay una alta probabilidad de que se esté llevando a cabo una operación masiva de información desde el extranjero, que es idéntica -en su estructura y ejecución- a las operaciones comunicacionales que fueron observadas en Francia, Alemania y Estados Unidos, antes de las elecciones».
La declaración cita como ejemplo de esta presunta operación para desinformar, una serie de noticias publicadas en distintos portales de internet que habitualmente no generan información del ámbito económico o nunca antes han publicado sobre Letonia en sus portales.
«Este método permite multiplicar la noticia en poco tiempo y garantiza visibilidad en los motores de búsqueda».
Las elecciones en Letonia están previstas para octubre.
«Creo que todo esto está más relacionado con seguridad nacional, más que con seguridad bancaria», le dice a BBC Mundo Anders Aslund, miembro del centro de análisis Atlantic Council, con sede en Washington.
«No está claro quién es el verdadero actor detrás de esto«. agrega.
FinCEN emite letal medida contra el Banco ABLV de Letonia por riesgo de lavado
Por Sergio Antequera.
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El futuro del Banco ABLV de Letonia es incierto, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera una propuesta para el cierre de sus cuentas de corresponsalía y el cese de relaciones comerciales en el sistema bancario estadounidense, debido a su presunto accionar ilícito ligado al financiamiento del terrorismo norcoreano y el lavado de decenas de millones de dólares mediante compañías fantasma.
A través de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) y en el marco de la Sección 311 de Medidas Especiales de la Ley Patriot de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro emitió el 13 de febrero el Aviso de Reglamentación Propuesta, con el cual busca sancionar al banco europeo por blanquear millones de dólares en fondos ilegales en conexión a distintas actividades ilícitas, como el programa balístico de Corea del Norte y la transacción de montos relacionados a instituciones de dicho país conocidas por ser comerciantes de armas.
FinCEN acusa a los directivos del Banco ABLV de saber e institucionalizar las prácticas ilícitas como pilares fundamentales de la institución. Asimismo, determinó que el banco no realizó -conscientemente- un adecuado régimen antilavado y contra el financiamiento el terrorismo (ALD/CFT), permitiendo a la entidad formar parte de esquemas de blanqueo y el uso de la plataforma financiera por parte de compañías fantasma consideradas de alto riesgo, además de estar ligadas a paraísos fiscales conocidos por su secretismo bancario.
En este sentido, el documento emitido por el FinCEN señala: “la gestión de ABLV permite al banco y a sus empleados orquestar e involucrarse en esquemas de lavado de dinero y mantiene controles inadecuados sobre las cuentas de empresas fantasmas de alto riesgo”. También indica que esta institución “busca obstruir la aplicación de las normas letonas ALD/CFT para proteger estas prácticas comerciales”.
La reglamentación propuesta -que puede ser definitiva luego que pasen el período de consultas de 60 días- indica que “El fracaso de ABLV para implementar las políticas y procedimientos efectivos de AML/CFT y sanciones ha hecho que el banco sea atractivo para una gama de actores ilícitos involucrados en el crimen organizado, la proliferación de armas, la corrupción y la evasión de sanciones”.
De este modo, el Banco ABLV de Letonia es considerado por el FinCEN como una preocupación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo principal la cual debe ser sancionada cuanto antes, prohibiendo las relaciones comerciales entre el sector bancario estadounidense y la entidad financiera en cuestión, teniendo como prohibición primordial la apertura y permanencia de cuentas de corresponsalía.
Este tipo de sanción ha resultado ser mortal para numerosas instituciones financieras en el pasado, pues algunas de las cuales se han visto bajo este mandato han disminuido considerablemente su accionar al no poder comerciar u obtener con frecuencia dólares americanos. Asimismo, han sido pocos los bancos que lograron levantar este tipo de sanciones sobre sus operaciones, siempre después de haber realizado cambios enormes en su funcionamiento y dirigencia.
El Banco Central Europeo detuvo el lunes todos los pagos de la entidad crediticia letona ABLV Bank, ya que su posición de liquidez se ha deteriorado tras acusaciones de las autoridades estadounidenses de haber violado las sanciones contra Corea del Norte. En la imagen, un logo del banco ABLV en Riga, Letonia, 18 de febrero de 2018. REUTERS/Ints Kalnins
La conexión entre en independentismo catalán y el narcotrafico venezolano
Por Ricardo Fernández. @RFernan11
Para nadie es en secreto que desde hace años atrás el dinero del narcotráfico oficial venezolano en buena medida es lavado y legitimado en bancos andorranos. Las últimas medidas en relación a, secreto bancario han complicado un poco el panorama del Cartel liderado por Diosdado Cabello.
Nuestros informantes aseguran que inicialmente las operaciones de lavado se llevaron a cabo en complicidad con los hermanos Cierco, quienes incluso antes de vender el BPA «limpiaron» las identidades de las figuras venezolanas como propietarios de las cuentas cifradas. A cambio habrían recibido varios cientos de millones de dólares . Uno de los intermediarios y operadores de estas actividades es el conocido estafador y prófugo de la justicia española José Manuel Carlos Llorca , quien permanece escondido en la más exclusiva urbanización de Caracas .
Maria Reig cabeza y líder de una acaudalada familia andorrana , divorciada y de 64 de edad , quien preside un conocido banco de Andorra es una de las principales cómplices y colocadoras de dinero sucio , que es legitimado en el pequeño principado , proveniente del gobierno de Venezuela y de poderosos funcionarios y ex funcionarios de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La flor y nata de Andorra participa en esta actividad. Una gran operación internacional llevaría al albañal a ambos gobiernos: andorrano y venezolano. De esta manera iniciamos la reconstrucción del complicado rompecabezas, que nos testo Luisa Ortega Díaz. ”La familia Reig ha estado desde siempre vinculada al negocio financiero y tabaquero andorrano. Los Reig mantienen una participación en Crèdit Andorrà, una de las primeras firmas financieras del país. María Reig es consejera del banco. En 2015 la entidad alcanzó una cifra de negocio de 16.576 millones de euros y un beneficio de 72 millones. El origen de la fortuna familiar está en el tabaco. En 1909 Juliá Reig abrió la primera fábrica de Tabacos Reig en Sant Julià de Lòria, que cerró sus puertas en 2007. Puritos Reig, Churchill, o Don Julián son algunas de sus marcas más conocidas.” Desde hace meses la Hacienda española investiga a la poderosa e influyente familia Reig por diversas razones. ” Hacienda inició el pasado mes de septiembre una investigación sobre la sociedad Venusaur, propiedad de la familia andorrana Reig, una de las grandes fortunas del Principado. A través del grupo Reig Capital la familia andorrana maneja un grupo empresarial con intereses en el sector financiero, tabaquero, hotelero, y del lujo. María Reig (Barcelona, 1951), está al frente de los negocios familiares aunque es su hijo Carles Enseñat Reig quien administra varias de las sociedades. La presidenta del grupo Reig Capital es una de las personas más influyentes de Andorra, con fuerte predicamento en Cataluña.” Pero esta trama cada vez se pone mejor . Otra familia andorrana aparece seriamente comprometida con el lavado de capitales venezolanos . En esta ocasión se trata de los hermanos Higini y Ramón Cierco, quienes cuando eran propietarios la Banca Privada de Andorra (BPA) , antes de vender el banco recibieron una gran cantidad de dinero por “desaparecer” de la data de la entidad financiera las cuentas de ciudadanos venezolanos, PDVSA y CADIVI entre otras . Estamos tratando afanosamente de obtener un duplicado que pondrá a temblar a andorranos y venezolanos. La Trama involucra a altos jerarcas del CICPC. También involucra en el selecto grupo que tiene dinero en Andorra a la llamada Mafia del SENIAT y sus presuntos operadores .
El ex gobernador Sapag, acusado de querer depositar coimas por US$ 5 millones en un paraíso fiscal
El ex mandatario de Neuquén intentó abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en Belice.
El ex gobernador neuquino Jorge Sapag habría cobrado coimas por US$ 5 millones. .
El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag quedó envuelto en una fuerte polémica por una revelación periodística del diario El País, donde se lo acusa de haber intentado depositar supuestas coimas por 5 millones de dólares en la Banca privada d’Andorra (BPA), en el año 2008.
Según la documentación publicada, Sapag -quien gobernó la provincia patagónica entre 20087 y 2015- quiso abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice. Sin embargo, el banco rechazó la operatoria por sospechar que se trataba de dinero mal habido.
La entidad financiera argumentó que los fondos que Sapag pretendía depositar correspondían a «comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”.
Otro de los argumentos que expuso la BPA para rechazar la operatoria del entonces gobernador fue que se trataba de una «Persona Políticamente Expuesta (PEP)». Sapag intentó nombrar como beneficiario de las cuentas al ex secretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.
El ex mandatario preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares -alrededor de 819.000 euros- desde una empresa off shore. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el neuquino a la BPA, según esta entidad.
El concepto de una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas han tenido la obligación de implementar una diligencia debida reforzada cuando entran en contacto comercial con altas figuras políticas extranjeras y sus familiares.
Es importante resaltar que se requiere tener presente el alcance de la definición de “PEP”, pues para el GAFI, es un individuo de alto rango”, es decir, que cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de estado o de gobierno, miembros de alto rango del poder judicial o de las fuerzas armadas, ejecutivos principales de empresas del estado y miembros influyentes de los partidos políticos.
Definición que no alcanza a los individuos de mediano o de menos experiencia. No obstante, la definición va más allá que políticos y funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, el verdadero riesgo lo representan los intermediarios y los asesores, aquellos que se mantienen escondidos, que hacen los acuerdos, conocen los secretos y que por lo general son quienes participan en las aperturas de las cuentas.
El aceptar y administrar fondos de “PEP” corruptos, perjudica la reputación de cualquier Institución Financiera, dañando la confianza del público, pues ese tipo de escándalos recibe amplia publicidad o cobertura de los medios de comunicación y una fuerte reacción socio – política.
Así mismo, la Institución Financiera podría verse sometida a solicitudes de información y a la aplicación de cualquier orden judicial sobre los bienes por parte de las autoridades judiciales (incluyendo procedimientos de asistencia mutua internacional en asuntos delictivos) o enfrentar juicios por daños y perjuicios interpuestos por el Estado o las víctimas.
En ciertas circunstancias, la Institución Financiera y/o sus miembros oficiales y empleados pueden estar expuestos a acusaciones del delito de Lavado de dinero, si estaban en conocimiento o de haberlo estado, que los fondos provenían de la corrupción u otros delitos graves.
Muchos países han modificado o están en el proceso de modificar sus leyes y reglamentos, para sancionar la corrupción de empleados públicos y funcionarios de estados extranjeros, en conformidad con los convenios internacionales.
En estos Estados, la corrupción extranjera, el delito de Legitimación de Capitales está establecido, aplicándose por consiguiente todas las leyes y reglamentos pertinentes contra el delito (por ejemplo, reporte de actividades sospechosas, prohibición de notificación del cliente, entre otros.)
No obstante, incluso sin un fundamento legal, resulta manifiestamente inmoral o incompatible con la conducción apropiada a las operaciones financieras, aceptar o mantener una relación comercial si la Institución está en conocimiento o debería suponerlo que los fondos provienen de la corrupción o uso indebido de bienes públicos.
De ahí la imperiosa necesidad de que el banco identifique totalmente a toda persona sospechosa de ser un “PEP”, así como a las personas y compañías relacionadas con ella, antes de establecer cualquier tipo de relación comercial. Las instituciones deben recabar suficiente información de un cliente nuevo y verificar la información públicamente disponible para determinar si el cliente es o no una persona políticamente expuesta.
Deben investigar el origen de los fondos antes de aceptar a un “PEP”. Es importante destacar, que La Directiva de la Unión Europea, aclara la definición de personas expuestas políticamente, que los estados miembro deben implementar en Diciembre del 2007, así pues identifica a las “PEP” como: individuos extranjeros en cargos públicos prominentes, sus familiares y asociados cercanos, pero quien queda incluido en la definición puede variar de acuerdo al estado miembro, teniendo en cuenta sus diferencias sociales, políticas y económicas, expresó la comisión en un documento borrador.
En general, la función pública ejercida a niveles inferiores que el nacional no debería ser considerada prominente de acuerdo con la definición PEP. Así mismo, expreso que las personas no deberían ser consideradas PEP sino hasta como mínimo de un año después de haber asumido al cargo en cuestión.
