Fue la empresa insignia de la era K, destinataria del 78,4% de la obra pública nacional durante los últimos doce años. Con su principal dueño Lázaro Báez detenido, su familia decidió poner fin a la constructora y decidieron saldar la mayor cantidad de deudas posibles y cerrar, para siempre, Austral Construcciones.

Fin de un ciclo y de una etapa de millonarios negocios. La familia de Báez que espera en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, habló con el empresario K y decidieron que ya no hay futuro para Austral Construcciones. Doce años pasaron desde su constitución y por primera vez, está sin operar, acosada por las deudas e investigada por la Justicia por lavado de dinero y evasión fiscal.

«Esperamos que se habilite la realización de pagos a proveedores, muchos son de vialidad y se podría entregar maquinaria, pero no podemos mover nada de la empresa hasta que la Justicia lo indique», señalaron a Clarín allegados a la constructora.

Allanamiento en las oficinas de Austral Construcciones.

Con un complejo escenario judicial, las deudas fueron en constante aumento: 508 cheques emitidos sin fondos por $ 32 millones, un crédito en el Banco Nación de $ 160 millones que la entidad financiera ya calificó «con alto riesgo de insolvencia», no se pagaron las cargas patronales de los empleados. Solo una radiografía del presente de un imperio de la construcción que llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo, por obras viales.

La decisión familiar ya se tomó y Lázaro no se opuso: Austral llegó a su fin, algo anunciado. Lo próximo será el pedido de quiebra. «Por más que saldemos deudas, a qué licitación nos podemos presentar, no vamos a ganar nada más», reconocieron en el entorno del empresario K. El cerco judicial es cada vez más grande.

Predio principal de ACSA en Río Gallegos.

El próximo paso es esperar la determinación de la Justicia que allanó las oficinas de la firma durante dos días; además Lázaro Báez tiene un embargo de $ 300 millones. «Cualquier movimiento que se haga puede ser dinero que se embargue si quisiéramos pagar deudas, pero ya está, no se puede seguir» reconocieron a Clarín desde el entorno del empresario K. Además, las oficinas del  contador del empresario K, César Andrés, quedaron clausuradas por la Justicia.

Sin presencia del personal y con su portón principal cerrado sobre la Ruta 3 en el principal acceso de Río Gallegos, se observa el predio de ACSA donde la Justicia inventarió entre camionetas y maquinaria pesada, unos 505 vehículos. En los obradores quedaron máquinas que no pudieron recuperarse, casi por la misma cantidad que forma parte del patrimonio de la empresa.

Lázaro Báez en Tribunales hace una semana.

Atrás quedaron los años en los que construyeron departamentos para la familia Kirchner, los alquileres de la firma a las habitaciones de los hoteles de la ex Presidenta, los alquileres que ACSA pagó por el departamento de Recoleta propiedad de Cristina Kirchner, y sobre todo la facilidad para ganar 51 licitaciones de las 80 que el gobierno kirchnerista destinó a Santa Cruz.

Se trata del final menos pensado para la constructora más grande de Santa Cruz desde 2003, aunque el año pasado cuando aún contaba con 3.000 empleados, Báez no descartaba la idea de ponerle fin a su empresa insignia, con la derrota electoral ya no contaría con los mismos beneficios: ganar obras millonarias, sin controles y con el cobro mensual de las certificaciones de obras pese a que muchas de ellas nunca avanzaban, algo que determinó la auditoría de Vialidad Nacional.

La hija mayor de Báez, quedó al frente de Austral.

Luciana Báez, la hija mayor del empresario, quedó al frente de la constructora que redujo en más del 50% su personal desde enero cuando la firma se declaró «sin liquidez». Austral está denunciada por los manejos discrecionales y por los sobreprecios aplicados a las obras que superan en muchos casos el 50% del valor original por el que fueron licitadas, que en números generales representan más de $ 4.000 millones.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Ayer el propio Julio Mendoza -presidente de Austral- se desligó de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones de la firma. Ante el juez Sebastián Casanello, señaló que «el sector contable y financiero de Austral Construcciones respondía al accionista mayoritario», es decir Lázaro Báez, quien tenía el 95%del paquete accionario, mientras que su hijo Martín tenía el 5% restante. Pero aclaró que el dinero de ACSA «era todo en blanco», desmereciendo las declaraciones de Leonardo Fariña.

Báez cumplió su cuarta semana en prisión, ya no hay ningún tipo de comunicación con la familia Kirchner -principales socios comerciales hasta hace poco- y después de 50 allanamientos a sus propiedades el próximo paso lo darán sus hijos: cerrar para siempre Austral Construcciones.

La familia Kirchner, accionista de los hoteles Los Sauces, Alto Calafate, Las Dunas, en El Calafate; y de La Aldea, en el Chaltén, emitió un comunicado que asegura que “la familia Kirchner no explota ningún hotel, ni nunca lo hizo”.

Los cuatro negocios están siendo investigados en la Justicia en distintas causas en la Justicia por delitos de corrupción y de lavado de dinero.

El comunicado, difundido por la ex cuenta de Twitter de la Casa Rosada durante la gestión presidencial K, está ilustrado con una foto del hotel boutique que está ubicado en el terreno continuo a la casa de Cristina Elisabet Fernández en El Calafate.

Los Kirchner publicaron esta curiosa explicación sobre la actividad de sus hoteles, que hasta ahora no habían intentado ocultar, en el contexto del avance de una causa judicial que vuelve a comprometer la situación procesal de la ex presidenta Fernández y de su hijo, Máximo.

Y también se da a conocer con el cambio de juez del expediente Hotesur, que estudia la contabilidad de su hotel Alto Calafate, declarado ante la oficina anticorrupción por las mismas personas que afirman de modo sorpresivo, y falso, que no explotan hoteles.

El nuevo caso que hizo reaccionar a los hoteleros Kirchner indaga en realidad sobre la economía de otra empresa de los santacruceños llamada Los Sauces S.A: es el mismo nombre que le pusieron a uno de sus alojamientos para turistas, pero ésta que funciona como una inmobiliaria.

El texto, titulado “Comunicado de Los Sauces S.A”, es errático, profundiza de modo sorprendente a las contradicciones de la ex familia presidencial y sus comercios bajo sospecha, y genera más dudas sobre la transparencia con la que estos accionistas explotan los hoteles que dicen no explotar.

En rigor, en lugar de funcionar como desmentida a la denuncia sobre Los Sauces S.A., presentada por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y por su abogada, Silvina Martínez, confirma en realidad las bases de esa acusación, que ahora investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rivolo.

Los Kirchner, accionistas de cuatro hoteles declarados que juran no explotar, muestran con este comunicado que su situación en la Justicia los descoloca.

En uno de los párrafos, la familia hotelera K intenta instalar la idea de que todas las sociedades de la que son accionistas “tienen una actividad económica idéntica, dar en locación inmuebles a terceros, sean éstos personas físicas o sociedades percibiendo por ellos un canon locativo”.

Más allá de esa retórica comercial, los inmuebles que los Kirchner alquilan a través de sus empresas, son cuatros hoteles: primero le rentó tres de ellos Báez a través de una sociedad llamada Valle Mitre, y luego a una empresa de un socio del hijo matrimonio ex presidencial, Máximo. El cuarto, fue alquilado desde el 2006 a la familia Relats, vinculado a la obra pública pero también al mercado hotelero.

El mecanismo utilizado por los Kirchner con sus hoteles que dicen no explotar, es similar: se los dieron en alquiler a contratistas de obra pública o dueños de concesiones que da el Estado.

La denuncia de Stolbizer y Martínez, por ejemplo, acusa a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, de alquilar las propiedades de la inmobiliaria Los Sauces S.A a dos de los empresarios que más beneficiaron desde el Estado: el constructor Lázaro Báez y el experto en mercados de concesiones públicas K, Cristóbal López.

En su comunicado, Los Sauces S.A. Critica a la Justicia, las denunciantes y a la prensa que cubre la pesquisa sobre la firma.

El domingo pasado, Clarín había enumerado parte de las posibles irregularidades sobre Los Sauces S.A que denunció Stolbizer.

La empresa no tiene sede legal. No presentó balances contables hasta el 2015, aunque fue creada en el 2006. Y tiene un solo empleado: Ramón Anjel Díaz Díaz, un jubilado de El Calafate que, según los registros públicos, no paga los impuestos de la AFIP: sus jefes, los Kirchner, tampoco le abonan la protección obligatoria de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

En el comunicado de “Los Sauces S.A.”, la compañía desmintió que Díaz Díaz sea empleado de la firma. El texto afirma que es jardinero de la residencia de El Calafate de la ex presidenta.Lo confirmaron entonces los propios Kirchner: su inmobiliaria no tiene entonces ningún empleado. Cero.

1. Contra 300 años de teoría económica. La ruta del dinero K no solo terminó con Lázaro Báez tras las rejas, sino que también, de acuerdo al escrito de Casanello, hizo algo que parecía imposible: contradecir a siglos de teoría económica. Es que, al analizar el patrimonio del dueño de Austral Construcciones, el magistrado hace un raconto detallado de los ingresos y egresos del empresario y, apelando a la ironía, descubre lo que denomina como una “incompatibilidad observada entre ingresos, riqueza y consumo manifestados”.

Casanello explica a modo de ejemplo que por cada peso que “embolsó” Lázaro Báez en 2013, gastó $4,33. Pero lejos de empobrecerse, el empresario aumentó su patrimonio, es decir se volvió más rico. “La teoría económica revela que este indicador (ingresos-gastos) debe ser positivo y menor a uno en el mediano plazo. Si fuera superior a la unidad indicaría que el individuo se encuentra en una situación en la cual se gasta más que lo que ingresa”, explica el fallo.

“No se desconoce que el consumo también es función de la riqueza del agente en cuestión; ergo, el aumento tendencial del ratio mencionado conjuntamente con el incremento declarado de su riqueza se convierte en un cóctel que trescientos años de teoría económica no pueden dar cuenta”, satiriza el magistrado. En otras palabras, los números no cierran.

2. Radiografía de la obra pública K. A pesar de las asimetrías territoriales y poblacionales, la provincia de Santa Cruz se convirtió, según marca Casanello en su escrito de 122 páginas, en una provincia casi o tanto más relevante que Buenos Aires, concentrando el 11% del total de la obra pública nacional. Según una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de los Kirchner “concentraría el 11,6% de la obra pública nacional vigente, solamente superada por la provincia de Buenos Aires (14,0%), aunque el orden se invertiría si el porcentaje se basa en el total ejecutado, con un 11,2 en la provincia sureña y un 11% en territorio bonaerense”. Otro récord de la década pasada.

La frialdad de los números es abrumadora. De 83 obras, 51 serían de los Báez por un total de 16.386 millones de pesos. De ellas, hay registradas 23 obras con plazos incumplidos y una demora de pago de certificados de obra de solo 34 días, cuando para otras empresas constructoras fue de 231 días.

Y concluye: “Existió concentración de obras en el grupo económico vinculado a Lázaro Báez (…) existieron incumplimientos reiterados de los plazos de obra (…) existió una desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas, privilegiándose a las empresas del grupo Báez”.

3. El rol de Fabián Rossi. El ex marido de Iliana Calabró -que también fue procesado y se le trabó un embargo por 100 millones de pesos- ocupa varios párrafos aparte en el fallo del juez Sebastián Casanello. “El Rossi”, como se hizo conocido en el programa de Marcelo Tinelli, se despegó del rol que le atribuían en la estructura de la Rosadita, como un supuesto armador de sociedades en paraísos fiscales. «Afirmó que lo que hizo allí fue trabajar con empresas de la “moda” –Cardón, Paruolo, Old Bridge; etc.- y diseñadores –con quienes también manifestó haber trabajado en Colombia e Italia-, organizando desfiles y otros eventos comerciales”, explica el fallo.

Pero eso no es todo. Al tener que explicar por qué aparecía contando dólares en un video de SGI en Puerto Madero, Rossi se amparó en “su forma de ser” y explicó que solo intentó ayudar a los que estaban en la oficina. Así lo describió Casanello. “Con relación a las imágenes que lo captaron contando dinero, refirió que su forma de ser lo impulsó a colaborar con sus compañeros de tesorería en dicha tarea. Que sin perjuicio de ello, desconocía la propiedad, origen y destino de aquel dinero; indicando también que no se extrañaba de ver grandes cantidades de dinero”.

Otro detalle llamativo de su declaración, que figura en el fallo, es que nunca supo que Martín Báez era el hijo de Lázaro Báez. Parecería difícil de creer, pero así lo declaró. “En torno Martín Báez afirmó que si bien lo vio circunstancialmente dos o tres veces en S.G.I., jamás los unió vinculación alguna. Que cuando se lo presentaron en la financiera lo nombraron simplemente como ‘Martín’, por lo cual desconoció su nombre completo hasta que la causa tomó estado público”.

4. La conexión de Bahía Blanca. Casanello retoma la denuncia de Margarita Stolbizer para desmenuzar el mecanismo por el cual Austral Construcciones se apoyó en empresas fantasmas que funcionaron como usinas de facturas truchas para evadir impuestos. Además, marca que la “grotesca operatoria” fue detectada por inspectores de la AFIP-DGI de Bahía Blanca, sin embargo “estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca”.

Otro detalle: el juez afirma que hubo 28 comunicaciones telefónicas de un celular de Báez con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Cuándo fueron realizadas? Entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, que coincide con la fecha del video de La Rosadita.

Además, marca otra situación insólita: en ese mismo periodo de tiempo hay un viaje del jefe de la DGI a Río Gallegos, a bordo de la aeronave que pertenece a Lázaro Báez. “Nos encontramos ante una defraudación tributaria en perjuicio del Estado que, inevitablemente, debió ser perpetrada con la anuencia y complicidad de los más altos estrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos”, sentencia.

5. Compañeros de vuelo. Martín Báez viajó el 2 de noviembre de 2012 desde Río Gallegos a San Fernando en el  Lear Jet LV-ZSZ, uno los aviones privados de la empresa Top Air, de su padre. Ese mismo día, por la tarde, se encontró con Pérez Gadín y fueron inmortalizados contando dólares, fumando habanos y tomando Whisky en SGI, la financiera de Puerto Madero apodada “La Rosadita”.

Pero no voló solo. “Lo acompañaron el ex director de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ángel Rubén Toninelli, y su hijo Federico Toninelli, quien ejercería la profesión de manera ‘independiente’”, detalla el escrito judicial. El mandamás de la DGI había arribado a Santa Cruz un día antes en otro vuelo, acompañados por personaje más del entramado de la ruta del dinero K: Jorge López Geraldi, Ingeniero Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.

En otras palabras: las personas que debían controlar a Lázaro Báez (sus impuestos y sus obras) viajaban en sus aviones. Un caso que suena similar al de Ricardo Jaime y sus vuelos privados pagados por empresarios a los que él, como secretario de Transporte, debía auditar.

“El traslado de Toninelli hasta Río Gallegos, presumiblemente para reunirse con Lázaro Báez, obedece a la necesidad de garantizar esa impunidad”, resalta Casanello, sobre la causa de facturas truchas y evasión en Bahía Blanca.

6. ¿Qué era La Rosadita? Otro de los puntos claves del fallo de procesamiento de Lázaro Báez con prisión preventiva es la descripción en detalle de cómo funcionaba la financiera SGI. Dice Casanello: “Todos los servicios financieros que allí se brindaban estaban atravesados por un mismo vector: la disimulación del dinero operado, lo que evitaba rastrear su origen. Depósitos de cheques de pago diferido cuyos montos eran retirados por ventanilla a las cuarenta y ocho horas, operaciones de compra y venta de divisas por fuera del control estatal –pues no se encontraban habilitados para ello-, operaciones de bolsa con dinero ajeno –careciendo también de autorización-, mutuos que encubrían operaciones propias del sistema bancario –de nuevo, sin habilitación para operar como entidad financiera-”.

“El servicio de SGI era básicamente de intermediación; realizaba a nombre propio -hasta donde aguantaba su perfil patrimonial- pero con dinero de terceros, operaciones en entidades bancarias, y delegaba el excedente – aquello que su perfil patrimonial ya no toleraba- en otras cuevas con mayor volumen de operaciones.

7. Los clientes de la cueva VIP.  El secreto y pasar desapercibido en el mundo de las finanzas tiene su precio. En La Rosadita, lo sabían por eso su perfil de clientes era particular. “El cliente que entraba a SGI podía realizar prácticamente cualquier operación de espaldas a los controles estatales. Claro que ello llevaba aparejado un costo mayor que el ofrecido por las entidades que sí eran fiscalizadas”, explica el escrito de procesamiento

–¿Por qué realizar operaciones en una cueva, a una tasa mucho mayor, en lugar de acudir a una entidad autorizada?– se pregunta el magistrado.

Las respuestas son variadas pero todas tienen un denominador común. “La necesidad de no dejar registro del dinero manejado”. Borrar cualquier rastro. “En el mejor de los casos, ello obedece a una intención de no revelar el verdadero caudal de un negocio legítimo a fin de evitar parcialmente el pago de tributos –lo que igualmente constituye un delito, que dependiendo de su magnitud puede ser gravísimo-. En el peor, a que el dinero proviene de una variada gama de actividades delictivas. A mayor riesgo, mayor ganancia”.

¿Existió una relación entre Leonardo Fariña, la familia Báez y sus empresas? Sí. ¿Manejaba Lázaro Báez y sus empresas un caudal de dinero tal que podría haberse llevado al exterior mediante maniobras realizadas en la financiera SGI por Federico Elaskar y Fariña? Sí. ¿Existieron los vuelos con bolsos con dinero K que llegaban del sur a Buenos Aires, y viceversa? Sí. ¿La financiera SGI tenía la capacidad para armar sociedades anónimas en países del extranjero y abrir cuentas de banco para depositar fondos que salían de la Argentina por fuera del circuito legal? Sí. ¿Lázaro Báez se apropió de SGI después de que trabajaron allí su ex dueño Elaskar y Fariña? Sí. ¿Hay transferencias  de fondos en bancos del exterior realizadas por Báez, operatorias que serían habituales para él? Sí. ¿Hubo o hay dinero de Báez en bancos de Suiza? Si.

Esas preguntas y esas respuestas, palabras más, palabras menos, se hizo y respondió de ese modo el fiscal del caso de “La Ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuán, en un dictamen sobre el tema que elevó al juez Sebastián Casanello pidiendo declaraciones indagatorias de Báez, sus hijos, y sus empleados jerárquicos de sus empresas, como el contador Daniel Pérez Gadín, ex administrador del Alto Calafate, de los Kirchner.

Casanello estudió el video difundido por Telenoche en el que se vio por primera vez al hijo de Báez, Martín; a Pérez Gadín; y a otros empleados de SGI, como Fabián Rossi, contando multimillones de dólares, euros y pesos.

Fue una imagen que coronó una investigación que ya tenía pruebas concretas y absolutamente comprometedoras sobre los Báez.

El constructor era en 2003 un gerente del Banco de Santa Cruz, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner.

Pocos días antes de que su viejo compañero de aventuras políticas y financieras asumiera la Presidencia de la Nación, Báez fundó su compañía constructora  Austral Construcciones.

Hoy, los Báez tienen una fortuna extraordinaria: Lázaro se transformó en uno de los empresarios más ricos del país; es el más grande terrateniente de la Patagonia; tiene dos aviones privados (uno se le prendió fuego); cientos de autos, buena parte de ellos de alta gama; firmas dedicas a la industria del agro y hasta concesionarias de automóviles.

Báez ganó miles de millones de pesos en contratos estatales del Estado K, y él mismo ayudó después a acrecentar la fortuna del matrimonio Kirchner: le alquiló sus hoteles por fondos inéditos para el mercado; le alquila aun hoy decenas de casas a los K; construyó un  condominio con los santacruceños que fueron Presidentes, y más.

El fiscal Marijuán recolectó una enorme cantidad de pruebas, de todo tipo, que indican cómo el flujo de dinero de los Báez se movió por la Argentina y salió al mundo sin control estatal.

El propio Banco Central de la República Argentina supo antes de que Báez operar en SGI que esa financiera era una “cueva”. Incluso fue inspeccionada en forma personal por expertos de la entidad.

La financiera después conocida como “La Rosadita” siguió funcionando.

Marijuán y Casanello dieron cómo válidas las pruebas que había encontrado el fiscal José María Campagnolli, cruciales para avanzar en la causa: junto a su equipo, descubrieron cómo la plata que Elaskar había contado que había salido desde SGI a cuentas de los Báez en Suiza había vuelto al país en forma de bonos de la deuda Argentina. Son sumas que alcanzan los 50 millones de euros.

El Gobierno de los Kirchner, probó Marijuán, desoyó reportes de operaciones sospechosas emitidos por diferentes bancos sobre movimientos de dinero posiblemente irregulares de Báez. A eso se sumó la comprobación de que una financiera históricamente vinculada a los Kirchner y a Báez, llamada Invernes, había intercambiado con constructoras de Báez facturas “truchas”, sin comprobante alguno, por $ 466.573.261,15.

El total del dinero que manejó Báez que entidades financieras alertaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue gestionada por José Sbatella, sobrepasa los 900 millones de pesos.

Un porcentaje aun no estipulado de las obras públicas que debían realizar los Báez quedaron en la nada, construidas a medias, y muchas de ellas recibieron además más dinero público que por el que habían ganada las licitaciones.

Báez está preso. Sus finanzas son simbióticas, y crecieron a la par de la de los Kirchner.

Ayer, cuando entraba a su lugar de detención, un grupo de gente lo insultó, hizo alusiones a su posible accionar delictivo. Algunos pidieron que devuelva el dinero que ganó gracias al Estado.

Casanello y Marijuán están convencidos de que Báez será el primer condenado por lavado de dinero de la Argentina que proviene del empresariado, de una burguesía que creció gracias al poder. Él, y los Kirchner, ya no lo tienen.