La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Por Rob Barry y Rachel Louise Ensign.
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. cuentan pilas de billetes destinados a Dubai.
SOBRE EL OCÉANO ATLÁNTICO — Las maletas de mano en el compartimento de arriba del asiento 7G en un reciente vuelo de Estados Unidos a Dubai contenían miles de billetes, de US$20, US$50 y US$100, envueltos prolijamente con bandas elásticas y plástico.
Las valijas pertenecían a Abdi Warsame, un inmigrante somalí que trabaja para una empresa de envío de dinero que el año pasado perdió acceso al sistema bancario internacional. La firma ahora transporta el dinero a mano.
Los billetes han desaparecido del sistema financiero estadounidense. Tras llegar a Dubai, ingresaron a una opaca red de comercio, préstamos y remesas que se extiende por África del Este y Medio Oriente.
Los bancos estadounidenses han cerrado miles de cuentas de personas y organizaciones consideradas sospechosas, de alto riesgo o difíciles de monitorear, incluyendo firmas de envío de dinero, bancos extranjeros y organizaciones sin fines de lucro que operan en otros países. Esto deja al margen del sistema financiero tanto a inocentes como a aquellos que el gobierno estadounidense desearía vigilar, una consecuencia imprevista por Washington.
El gobierno de EE.UU. le ha pedido a los bancos e instituciones financieras que identifiquen y reporten indicios de financiación de terrorismo y lavado de dinero. Debido al temor de recibir multas onerosas, muchas entidades rechazan a cualquiera que parezca sospechoso. Eso lleva a las firmas excluidas a buscar alternativas, como trasladar el dinero en maletas, una práctica que deja cientos de millones de dólares fuera del sistema bancario, según un grupo de legisladores que en enero pidió una revisión del problema a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el brazo de investigación del Congreso.
“Todo el flujo de dinero va a la clandestinidad y eso se vuelve contraproducente para el propósito original de poder rastrearlo”, dice Dilip Ratha, economista jefe de la división del Banco Mundial que estudia las remesas. “Es un poco paradójico”.
Los inmigrantes en EE.UU. enviaron unos US$54.000 millones al exterior en 2014, estima el Banco Mundial. Las empresas que transfieren dinero incluyen desde gigantes globales como Western Union Co. y MoneyGram International Inc. hasta firmas pequeñas como la de Warsame.
Un reciente sondeo del Banco Mundial entre 82 firmas de envío de dinero indicó que más de la mitad perdieron cuentas bancarias en 2014. Cerca de un cuarto de los encuestados han cerrado o ahora operan sin cuentas bancarias empresariales.
Pilas de billetes en un mercado de Somalilandia, una región cuya soberanía no es reconocida fuera de sus fronteras.
Desde la promulgación de la Ley Patriota en 2001, requisitos de divulgación más estrictos han generado un extraordinario flujo de datos de bancos y otras entidades financieras. Los reportes sobre clientes —unos 55.000 al día— provienen en su mayoría de bancos y firmas de servicio de dinero, pero también de casinos, corredoras y aseguradoras. Cerca de 200 millones de los 220 millones de informes reunidos desde 2001 son obligatorios cuando los clientes hacen transacciones de más de US$10.000.
Autoridades estadounidenses dicen que el sistema ha revolucionado su capacidad de investigación de fraude, narcotráfico y financiación de terrorismo. El gobierno examina los datos y extrae hasta 1.000 pistas al mes vinculadas con terroristas, incluido Estado Islámico, que son entregadas a investigadores. El año pasado, las instituciones financieras reportaron sospechas de financiación de terrorismo unas 2.200 veces.
Los contenidos de estos reportes son secretos y los clientes no son informados al respecto. Los bancos casi nunca se enteran de si conducen a un arresto.
Western Union indica que gasta US$200 millones al año monitoreando actividades sospechosas, como clientes que envían dinero a regiones de alto riesgo en Medio Oriente. Analistas a veces revisan sus perfiles en redes sociales en busca de propaganda ligada al terrorismo. La firma mejoró sus sistemas de vigilancia tras alcanzar una conciliación por US$94 millones con cuatro estados en 2010 relacionada con el Lavado de dinero.
J.P. Morgan Chase & Co. pagó en 2014 una multa de US$1.700 millones por no reportar actividades sospechosas de Bernard Madoff, que había sido condenado por fraude piramidal. El banco tiene ahora unos 9.000 empleados dedicados a monitorear el lavado de dinero y ha cerrado las cuentas de miles de clientes considerados de alto riesgo.
Un puesto de cambio de divisas en un mercado de Hargeisa, Somalia.
Estos requisitos de EE.UU. tienen un alcance global. John Cryan, copresidente ejecutivo de Deutsche Bank AG , señaló durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero que regulaciones “muy, muy onerosas” han exigido a los bancos asumir nuevos papeles. “Hemos sido lentos en reconocer que somos una extensión de las fuerzas del orden público”, aseveró.
Autoridades que analizan los datos para el gobierno reconocen el costo de vigilar decenas de millones de clientes bancarios, y algunos banqueros dicen que el monitoreo es demasiado amplio, lo que socava su eficacia. Jaikumar Ramaswamy, un ejecutivo de cumplimiento de Bank of America Corp. y ex fiscal federal, dice: “Me sorprende la cantidad de tiempo que dedico no al culpable, sino a perseguir al inocente”. En vez de buscar agujas en un pajar, agrega, el sistema exige que los bancos “entreguen cada trozo de paja para asegurarse de que es paja, y no una aguja”.
En 1998, cuando se formó la empresa de transferencia de fondos de Warsame, el negocio de remesas a Somalia estaba en auge. El colapso del gobierno somalí a principios de los años 90 llevó a que la población somalí en EE.UU. se multiplicara por más de 10 y la gente necesitaba formas de enviar dinero a casa.
La empresa de Warsame pide a los clientes identificación, coteja sus nombres con listas de vigilancia del gobierno y se somete a inspecciones de los reguladores. Si una transacción despierta sospechas, cuenta Warsame, las tres personas del departamento de cumplimiento a veces hacen búsquedas en línea o mandan a sus agentes en Somalia a indagar al destinatario.
Las autoridades no lo han acusado a él ni a su empresa de irregularidades, pero desde 2008, un banco tras otro comenzó a rechazar a la firma. En 2010, logró abrir cuentas en Merchants Bank of California NA, de Carson, California. Sin embargo, a mediados de 2014, la Oficina del Contralor de la Moneda ordenó al banco dejar de procesar transacciones de clientes, incluidos negocios de envío de dinero, tiendas de licores, casas de empeño, vendedores de joyas, lavaderos de autos y dispensarios de marihuana, si no podía “garantizar razonablemente la legitimidad de las fuentes y usos de fondos”.
Merchants Bank le informó a la firma de Warsame que cerraría sus cuentas a menos que limitara los envíos de dinero a 55 países, ninguno en África. Merchants Bank se abstuvo de comentar al respecto.
Una caja fuerte en una oficina de remesas en Hargeisa, Somalia.
El cierre de las cuentas convirtió el negocio de Warsame en una operación de alto riesgo. “No sé por cuánto tiempo podré continuar”, observa. Tras llegar a Dubai, el dinero ingresó a una red, en mayor medida informal, de préstamos, cambios de divisas y rutas comerciales que desde hace generaciones han movido efectivo a lo largo de África del Este y Medio Oriente.
Al igual que muchos inmigrantes somalíes en EE.UU., Warsame envía remesas, unos US$300 al mes a su padre de 97 años. El somalí se preguntó por cuánto tiempo más el dinero podrá llegar al país. Las remesas equivalen a una cuarta parte de la economía de este país devastado por la guerra.
“Si cierras el flujo de fondos porque tienes miedo de que llegue a las manos de terroristas y delincuentes, eso es exactamente lo que sucederá”, afirma Saad Ali Shire, un funcionario regional. “La gente se verá forzada a usar personas y organizaciones sombrías; habrá menos transparencia”.
Oil, la petrolera de Cristóbal López, se presentó en concurso de acreedores
Por Lucía Salinas.
Acorralada por la Justicia y con un interventor desde ayer, la petrolera llamó a un concurso para «reordenar la compañía», que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP.
Con la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.
López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.
Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.
Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín. Ayer el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.
En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».
La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.
En este complejo escenario legal, desde Indalo remarcaron que tanto López como De Sousa «están preocupados por la repercusión mediática» del caso y que buscan por fuera de Oil, «consolidar las empresas y mantener 29.000 fuentes laborales tanto de manera directa como indirecta».
El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».
Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.
Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.
Desde hace semanas viene mencionándose en ámbitos políticos y periodísticos el tema de la figura legal del «arrepentido» y su consiguiente consagración legislativa. Se la presenta como un instrumento de política criminal más que idóneo para lograr mayores éxitos en las investigaciones que se están llevando a cabo ahora mismo, de alto voltaje político-social; incluso, funcionarios o magistrados que se han pronunciado al respecto, y el periodismo en general, lo consideran una asignatura pendiente de nuestra legislación.
Con el respeto que me merecen por sus investiduras y sus méritos profesionales, aquellos que se escudan en la «inexistencia» de una legislación adecuada están faltando a la verdad -acaso para justificar el fracaso de investigaciones truncas o estancadas- o incurren en un grave error.
La legislación sobre el arrepentido, así como la del «testigo o imputado colaborador» (en otros términos, la de la «colaboración eficaz»), está vigente y puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que uno de sus objetos procesales sea el Lavado de activos de origen ilícito. Y esto ocurre desde junio de 2011.
Por falta de práctica en el desarrollo de las investigaciones patrimoniales que deberían iniciarse contemporáneamente a aquellos procesos seguidos contra el crimen organizado, o bien por ignorancia relativa a todos los instrumentos legales que se poseen, no se conoce ningún caso en el que se haya echado mano de los institutos del arrepentido o del testigo o imputado que brinden «cooperación eficaz» en causas por lavado de dinero.
Con acierto, se dice que el del arrepentido es un instituto utilizado en las causas por narcotráfico o por secuestros extorsivos, pero se ignora o, en su caso, no se comunica, que también se encuentra legislado para otros supuestos.
La primera legislación que se dictó en nuestro país al respecto fue en virtud de la ley 24.424, modificatoria de la ley 23.737 de estupefacientes y psicotrópicos, que incorporó a ésta el artículo 29 ter, por el que se dispuso que puede disminuirse la pena hasta la mitad o, incluso, eximirse de ella a quien aporte datos útiles para la investigación o identifique a coautores en las investigaciones por narcotráfico.
Más adelante, en la ley 25.241, se legisló, para los casos de terrorismo, un sistema por el cual el imputado por este delito podrá obtener excepcionalmente la reducción de la pena a la escala de la tentativa o a la mitad siempre que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener este beneficio, el imputado debe brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o ayudar a esclarecer el objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquel respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración. Incluso, la ley prevé la posibilidad de aplicar el mínimo legal de la especie de pena merecida por el imputado en el caso en que la información permita acreditar la existencia de una asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, en tanto determine el sometimiento a proceso de quienes no hubieren sido imputados hasta el momento de su colaboración.
Luego, por virtud de la ley 26.364, se incorporó el artículo 41 ter al Código Penal, que prevé la posibilidad de reducir la pena en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo a quienes, siendo partícipes o encubridores, brinden información útil en los casos de privación ilegal de la libertad calificada, trata de personas y secuestro extorsivo.
Por fin, con la sanción de la ley 26.683, en oportunidad de modificarse las normas penales referidas a lavado de activos de origen ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo, se dispuso que las previsiones contenidas en la ley 25.241 referidas al «arrepentido» serán aplicables a los procesos por el delito de Lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del Código Penal -ver abajo-), permitiéndole incluso al juez disponer la reserva de la identidad del testigo o del imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de ellos.
En estos días se escuchan declaraciones periodísticas de imputados que sugieren que colaborarían con la Justicia en caso de que existiera una ley del arrepentido. Como esa ley existe y está vigente podríamos decir, con Ortega y Gasset: «¡Argentinos, a las cosas!».
Es entonces necesario reconocer que nuestro legislador ya cumplió con brindar una herramienta más que idónea para mejorar las investigaciones por lavado de dinero. Todos los magistrados y funcionarios del sistema judicial deberían recordar que, por ley de la Nación, están habilitados a ofrecerles a todos los imputados por el delito de lavado de dinero la posibilidad de brindar información útil para ser beneficiados con el instituto del arrepentido.
—Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Fuente: La Nación, 30/03/16.
ARTICULO 303 del Codigo Penal Argentino
1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.
3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Detectan en EE.UU. otros 30 millones de dólares vinculados a Báez
Por Daniel Santoro.
Se trata de 99 giros financieros que están en la causa abierta por los fondos buitre contra el empresario K. Aparecen el financista de Austral y el comprador de La Rosadita.
Contando millones en La Rosadita. Martín Báez y Daniel Pérez Gadín.
Otros misteriosos 30 millones de dólares vinculados al entorno de Lázaro Báez fueron descubiertos por la justicia de EE.UU., revelaron a Clarín fuentes judiciales. Son fondos enviados desde Argentina o Uruguay por varias de las 148 empresas administradas por Helvetic en Las Vegas e investigadas por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuán. Helvetic constituyó la empresa Sernorte que fue la compradora de la financiera “La Rosadita”, clave en la ruta del dinero K.
Además, varias de las operaciones las ordenaron empresas de Ernesto Clarens, el primer financista de Báez y de Néstor Kirchner.
Sernorte compró la financiera SGI “La Rosadita” a Federico Elaskar a mediados del 2011, luego de que Lázaro Báez detectara que había un faltante de dinero en la plata que manejaban ese financista y el valijero Leonardo Fariña. El video que reveló Telenoche de canal 13 de TV corresponde a fines del 2012, cuando “La Rosadita” ya era propiedad de Sernorte y la manejaba el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.
Los 99 movimientos financieros por estos nuevos 30 millones de dólares están en la causa que abrieron los fondos buitre contra Lázaro Báez en Las Vegas (Nevada) gracias al fallo llamado “discovery” que le permitía buscar bienes del estado argentino en los EE.UU. Muchos de estos son por cifras como 199.000 o 399.000 dólares cómo si no quisiera superar los techos de 200 mil o 400 mil dólares.
La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, mañana pedirá al juez federal Sebastián Casanello que incorpore este documento oficial de la Justicia de EE.UU. a su causa sobre la ruta del dinero K. En base a este informe, el fiscal federal Guillermo Marijuán, por ejemplo, podría pedir llevar la investigación contra Lázaro y Martín Báez, entre otros, a las financieras y bancos que permitieron la fuga de la plata al exterior. Ocaña también formulará una denuncia en Uruguay debido a que varios de los agentes de bolsa usados en la intermediación financiera tienen domicilio en Montevideo.
La primera operación de los apoderados de las 148 empresas de Las Vegas -creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y administradas por la misteriosa Aldyne de las islas Seycheles– es un giro de 400 mil dólares que el financista histórico de Báez y conocido de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, hizo en noviembre del 2010, a través del corredor de bolsa de Uruguay PT BEX (Ver fácsimil página 4). PT BEX es el mismo corredor de bolsa uruguayo que hizo de intermediario, también en esa época, para que el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, recibiera 620.000 dólares para la compra de esa imprenta privada desde Southern Securities de Nueva York.
PT BEX ya era conocida por intervenir en polémicas compras bursátiles de la ANSES cuando la manejaba Boudou y en el escándalo del Partido Popular de España del llamado caso Bárcenas que movió 22 millones de dólares de plata proveniente de coimas. La principal financiera de Clarens llamada Invernest auxilió al crecimiento de Austral Construcciones desde su creación en el 2003 e incluso comparte la misma dirección que Austral en el pasaje Carabelas de la Capital.
La segunda operación registrada por la justicia de EE.UU. son 181 mil dólares transferidos enviados por Helvetic desde el LGT bank de Liechtenstein a una cuenta en el Citibank de Nueva York que tiene como beneficiario a la empresa Charbonier Corporation. Helvetic es dirigida por el misterioso cordobés llamado Néstor Ramos pero no se sabe quien es el accionista mayoritario de esa firma inscripta en Lugano, Suiza. Según la declaración del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, “Helvetic es propiedad de Lázaro Báez”.
La cuarta también la ordenó Helvetic para transferir 427 mil dólares también desde el LGT bank a una cuenta de Mellon Bank Securities Services en el Mellon bank de Nueva York. Más adelante Helvetic hace otra operación de 229 dólares desde el LGT al Northern Trust International bank de Nueva Jersey con beneficiario final a la empresa Nirsin Incorporated de la isla de Samoa.
En otro caso la orden de transferencia por 1.099.000 la dio la empresa uruguaya Cavial para sacar la plata del Standard Chartered Bank de Nueva York para depositarla en una cuenta de Helvetic.
El informe de la Justicia de EE.UU. también señala que a pedido de Helvetic se crearon en Las Vegas las empresas fantasma Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd. Y que ahora debería investigar Casanello para qué se usaron.
Aumenta la amenaza terrorista pero también los retos de la banca internacional
Por Departamento editorial de LavadoDinero.com
Bélgica y Pakistán en la última semana dan cuenta que el terrorismo aumenta y se globaliza. Aunque algunos países han creado fuertes escudos de protección contra los ataques, los especialistas apuntan a que los sofisticados mecanismos de su financiamiento imponen al mundo financiero nuevos retos. Independientemente de que Latinoamérica sea un territorio – por ahora – libre de esta categoría de ataques, eso no implica que transacciones realizadas en el sistema financiero de la región, no aporten fuerza a la logística de estas acciones criminales.
“Para cometer un atentado terrorista en un país occidental no es necesaria una gran cantidad de dinero. Estamos en presencia de lo que podemos denominar un terrorismo “low cost”. Los préstamos al consumo que se conceden de una forma muy rápida pueden ser un nuevo patrón de financiación terrorista”, explica a Lavadinero.com el catedrático español, Juan Miguel del Cid Gómez experto en temas de terrorismo.
Por citar un ejemplo, Amedy Coulibaly, uno de los terroristas que cometió el atentado de París, obtuvo un préstamo “express” de 6.000 euros que le permitió comprar las armas que se utilizaron. El reciente ataque en el metro de Bruselas tampoco implicó una operación costosa.
Coulibaly al pedir el préstamo, rellenó el formulario con algunos datos falsos que no fueron comprobados por la entidad financiera y tampoco declaró el destino de los fondos.
Sería necesario reforzar el control sobre este tipo de préstamos, aplicando una mayor diligencia sobre el cliente y sobre todo conocer cuál va a ser el destino de los fondos.
Hay que insistir en las diferencias
A diferencia del Lavado de dinero, la Financiación del terrorismo utiliza cantidades de dinero relativamente pequeñas que pueden desplazarse a través del sistema financiero informal, correos de efectivo y organizaciones de caridad.
En ocasiones el dinero sigue una sola dirección: recolección, envío, retiro y rápida utilización para cometer el atentado.
Hay que considerar que la mayoría de las transacciones financieras son neutrales en el sentido de establecer alertas. La transacción toma un significado real sólo cuando la realizan personas consideradas como una amenaza real o potencial (conocidos o presuntos terroristas o que mantienen relaciones con ellos).
“Lo fundamental es la relación entre la persona y la transacción, en lugar de la propia transacción”, insiste del Cid.
Apenas unos días antes de los ataques en Bélgica en la conferencia anual organizada en Miami por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) participantes de alto nivel concluyeron que:
– Los bancos deben hacer informes de actividades sospechosas y de dinero procedente de instituciones benéficas. Se deben buscar canales formales e informales para mejorar el intercambio de información. Esto es clave para minimizar las amenazas.
– Investigaciones evidencian que el narcotráfico latinoamericano financia a organizaciones irregulares como Hezbolá.
– La banca ha invertido grandes sumas de recursos en la capacitación de su personal y en sistemas tecnológicos, pero los grupos delictivos también han cambiado la manera de obtener y manejar su capital.
– El adoctrinamiento se puede presentar en zonas donde hay minorías étnicas.
Embestida regulatoria
Las presiones internacionales sobre la banca aumentarán sin duda. Los movimientos terroristas como Isis han lanzado recientemente amenazas al mundo y las grandes potencias apuntarán a quitarle oxígeno financiero.
El director ejecutivo de Lavadodinero.com, Alejandro Baptista reitera que el desafío es fortalecer los procesos de control y detección del financiamiento del terrorismo, porque en los próximos meses se espera una nueva embestida regulatoria que aumente la presión sobre las instituciones financieras.
Dijo que Ricardo Echegaray va a terminar preso. Volvió a cruzar a los jueces federales y a Angelici por «almorzar con Oyarbide».
Entrevista a Lilita Carrió.
Elisa Carrió volvió a hablar y como siempre, dejó frases para la polémica.
La diputada de la Coalición Cívica-ARI, aliada del gobierno de Mauricio Macri, criticó una vez más al ex funcionario K y hoy titular de la AGN: «Echegaray va a terminar preso».
Y se cruzó una vez más con los jueces federales y en particular con Norberto Oyarbide, a quien vinculó con el titular de Boca y amigo de Mauricio Macr, el empresario Daniel Angelici.
Estas son solo veinte frases que dejó la diputada en «La Cornisa», el programa de Luis Majul en América:
«Echegaray es cómplice y parte de la asociación ilícita, es socio de Rudy Olloa, ex chofer de Néstor Kirchner. Va a terminar preso».
«Los jueces federales son una vergüenza para la Argentina, porque hoy le falta a la gente todo lo que se robó y ellos garantizaron impunidad. Garantizaron un robo persistente durante ocho años».
“Acá hay dos figuras; Lázaro Báez y Cristóbal López. El jefe de la Asociación ilícita era Néstor Kirchner y después, Cristina”.
“Lázaro estaba encerrado porque la AFIP lo había investigado, y cuando se ve encerrado llama a un grupo de abogados: la única forma es limpiar una ley de blanqueo. El blanqueo garantizó la impunidad de Lázaro. Cristina le empieza a pedir las acciones a Cristóbal López”.
“Macri va a tener que elegir si lo quiere a Angelici como socio o a mí como socia. Lo puede tener como socio en Boca, no en la Justicia”.
“Angelici conversa con Oyarbide para que se jubile. Ese señor tiene que ir preso por corrupto y por ladrón. Si no hay justicia, este Gobierno va a volver a robar y el siguiente también”.
“Yo tengo la sensación de que Comodoro Py se está riendo del país”.
«¿Cómo es posible que yo tenga que estar con custodia permanente sin poder caminar mientras los señores jueces federales ganan $200.000? Tengo 15 personas de la Policiía Metropolitana».
«Algunos jueces se han enriquecido vilmente, son muy corruptos, hay uno que tiene el sobrenombre ‘coima’. A Norberto Oyarbide lo denuncié por cohecho agravado en 1997. Ese señor tiene que ir preso y ser ajusticiado por ladrón»
«Hay vínculos entre jueces, fiscales, dirigentes políticos y barrabravas».
“El juez Ercolini es una vergüenza, denunciamos en 2008, desmembró la causa, Stolbizer presentó irregularidad… si todos dijeron lo mismo es por algo. Garantizaron un robo al menos de siete u ocho años”.
“Yo ya no creo en nada. Lo único que les digo, y algunos periodistas como (Hugo) Alconada, Jorge Lanata, vos (por Luis Majul), hemos entregado todo para que haya justicia”.
“Yo tengo una excelente relación con Macri”. Pero luego dijo: “Tengo diferencias con mi gobierno”.
“Yo creo que Durán Barba es doble agente; es un personaje que yo detesto, como a todos los asesores de imagen. Asesora que no hay que meterse en temas de corrupción”.
«La inflación es producto del déficit fiscal, de lo que se robaron».
«Si no hay justicia, este gobierno va a volver a robar. Y el que viene también».
«Argentina tiene que salir de la impunidad. No puedo garantizar que este Gobierno no robe si no se termina con la impunidad, como sociedad tenemos que romper la impunidad».
«Le pido al pueblo que salga a pedir justicia a las plazas».
“Enfrente a la aduana se planean los crímenes de la efedrina, el triple cirmen, el de Unicenter y el de Maschwitz”.
“Hay tipos de cuarta como Martín Báez contando millones de dólares, tomando el mejor whisky”.
“Le pido al pueblo argentino: tengan hambre y sed de justicia y pídansela a los jueces”.
Los Kirchner siguen ganando millones por sus negocios con Lázaro Báez
La Justicia encontró decenas de cheques y facturas por alquileres de empresas del empresario K de las propiedades de la familia Kirchner.
Por Nicolás Wiñazki.
El Hotel Los Sauces en El Calafate.
Desde ayer, el caso de “La Ruta del Dinero K” tiene un nuevo denunciante. La novedad es impactante porque quien relacionó a los Kirchner con la corrupción gubernamental es su socio histórico: el propio Lázaro Báez. En una entrevista con Infobae, el empresario vinculó con el enriquecimiento ilegal a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Ella había dicho días atrás que su familia “jamás, pero jamás” había sido socia comercial del principal beneficiario de contratos multimillonarios de obra pública nacional que le otorgaron desde la Presidencia y la Gobernación tanto su hermano, Néstor, como su cuñada, Cristina.
Clarín accedió a pruebas que constan en la causa Hotesur, que investiga a los Báez y a los Kirchner por posible lavado de dinero: esos documentos muestran que las finanzas de ambas familias son indisolubles.
Los Kirchner siguen ganando millones gracias a sus negocios con los Báez. Al menos hasta ayer.
En julio del año pasado, el juez Claudio Bonadio allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, y también los hoteles de su familia. Antes de que las pruebas que recolectó en el sur llegasen a su despacho le quitaron la instrucción del caso en el que indagaba sobre la economía de Báez, y también sobre la de los Kirchner. Parte del caso Hotesur es ahora instruido por el juez Daniel Rafecas. El fiscal, que impulsa medidas de prueba, es Carlos Stornelli.
Entre el material que recolectó Bonadio en las oficinas de Máximo, se encontraron 29 facturas por alquileres de inmuebles propiedad de los Kirchner: quien pagó esas rentas fue Austral Construcciones, la compañía madre del holding de Lázaro Báez.
En los despachos de la inmobiliaria de los K, ubicada en la avenida presidente Néstor Carlos Kirchner 496, la Justicia también recolectó 93 recibos por operaciones de banco “celebrados”entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones. Y varios contratos de alquileres de propiedades que el ex hijo presidencial le rentó a Báez.
Entre otros documentos, Bonadio también sumó a la causa Hotesur una “clausula accesoria” que vincula a Máximo Kirchner con Austral. Son papeles que queman. ¿Cuál es la verdadera relación entre el hijo del matrimonio que gobernó la Argentina durante doce años y su principal beneficiario de obra pública?
En otro allanamiento judicial, esta vez realizado en El Calafate, la Justicia descubrió que Báez alquiló habitaciones que posiblemente nadie haya utilizado en hoteles K que él había administrado, como el Alto Calafate: si se prueba que eso pasó, se comprobaría que las familias socias en varios negocios realizaron maniobras típicas entre quienes intentan lavar dinero de origen ilegal.
En un operativo que el juzgado de Bonadio hizo en el hotel preferido de la ex presidenta Cristina, Los Sauces, ubicado al lado de su casa en El Calafate, una de las empleadas interrogadas por la Justicia admitió que ese emprendimiento turístico también tenía firmados contratos por el alquiler de habitaciones con empresas de Báez.
La excepción al sistema que se investigaba en los tribunales al respecto es que los Kirchner nunca firmaron un acuerdo económico con Báez para administrar comercialmente el hotel Los Sauces, tal como hicieron los otros tres negocios turísticos que tienen en Santa Cruz. Ese hotel fue manejado comercialmente por otra familia que también fue beneficiada por obra pública nacional, los Relats.
Aun así, Baéz también tiene firmados contratos de alquiler por habitaciones en ese hotel boutique. Sus empresas que invirtieron en ese negocio de los Kirchner fueron, tal como declaró una empleada del lugar, las constructoras Kank y Costilla, Localzo y Locurto. En la primera de ellas, Lázaro es accionista junto a su hijo, Martín, el mismo que apareció en el video de la financiera “La Rosadita” contando millones de dólares en efectivo.
Esos contratos, dice el acta judicial del allanamiento en Los Sauces, se encontraban en otro hotel porteño de los Relats, el Panamericano. Bonadio no llegó a allanarlo porque le quitaron la instrucción de la causa Hotesur. Además de estos negocios, los Kirchner son socios de los Báez en un hotel de El Chaltén, llamado La Aldea. Y su sociedad Los Sauces SA le alquile inmuebles a compañías del empresario K.
En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta Cristina retiró dividendos por esos acuerdos comerciales por más de un millones y medio de pesos. Su hijo, Máximo, por alrededor de 800 mil pesos.
La disputa de Báez con los Kirchner, encarnada en Alicia, parece haber roto el pacto de silencio que entre dos familias que, según la hipótesis de la Justicia, tienen finanzas indisolubles, acrecentadas por fondos multimillonarios. Y siempre públicos.
Echegaray ahora dice que Báez «va a terminar preso”
Dijo que en su gestión se impulsó la causa por las facturas truchas en Bahía Blanca.
Echegaray, anoche en TN: «Lázaro Báez va a terminar preso».
El actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, volvió a hablar de Lázaro Báez. Sostuvo que «va a terminar preso» y aseguró que la investigación por las facturas truchas fue impulsada durante su gestión. Sin embargo, omitió decir que el empresario patagónico y socio de los Kirchner no fue investigado durante su mandato en la AFIP.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
Echegaray estuvo anoche en el programa «El Juego Limpio», de Nelson Castro. Durante la entrevista surgió el nombre de Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro, “amigo empresario” de Leonardo Fariña” y preso desde 2014 acusado de ser el jefe de una organización que operaba en Bahía Blanca.
“La AFIP, bajo mi gestión, llevó este caso a la justicia y hoy Suris está encarcelado”, dijo Echegaray, orgulloso”. “Pero Báez, no”, retrucó Nelson Castro. “Está muy bien, libre. Hay otra gente que ha tenido facturas apócrifas y la ha pasado muy mal”, siguió el periodista. “Yo no sé si está bárbaro. Va a terminar preso ”, remató Echegaray.
“Fue nuestra gestión la que impulsó esa causa a través del grupo económico Suris. Una de las firmas, Austral Construcciones, se valía de facturas apócrifas [de las empresas del amigo de Fariña]. Esa causa derivó en otras causas penales”, dijo el ex funcionario K.
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Efectivamente, fue la AFIP de Echegaray la que hace cinco años comenzó una investigación sobre Suris por la emisión de facturas apócrifas que terminaron en más de 200 empresas. Pero luego la causa quedó detenida cuando el actual presidente de la AGN cerró las oficinas del ente recaudador en Bahía Blanca y desplazó a los investigadores.
Según consignó el diario La Nación, del conjunto de empresas de Lázaro Báez, “la receptora de las facturas truchas fue Alcalis de la Patagonia, que luego regularizó su situación, al menos con respecto al pago del IVA por “2 millones”.
Echegaray fue denunciado en varias causas por encubrir a Báez desde la AFIP. A fin de año, el juez Norberto Oyarbide lo sobreseyó en uno de esos expedientes. Pero el juez Sebastián Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión que involucra a las empresas Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios.
Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.
Dato no menor es que en 2014, en plena investigación de la causa por las facturas truchas Echegaray admitió un vínculo comercial entre Báez y la familia Kirchner. “Sí”, repondió cuando le preguntaron. “En la vida en sociedad todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de una lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial”, aclaró.
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez
Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF, José Sbatella.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: «En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada» contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
El paso de Sbatella por la UIF
A lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.
El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.
Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
El juez Casanello le prohibió al empresario salir del país y desprenderse de bienes; sospecha que lavó fondos obtenidos con un fraude fiscal.
Por Paz Rodríguez Niell.
Lázaro Báez. Foto:Archivo
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria anoche a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI , conocida como La Rosadita.
Los fondos lavados -de acuerdo con las sospechas del juez- habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Además de citarlo, Casanello le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes.
La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas de días muy agitados en esta causa. El martes pasado El Trece difundió imágenes de las cámaras de seguridad de SGI que mostraban a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, contando pilas de dólares y euros en la financiera (una cueva, según dieron ya por probado los investigadores), junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
Lázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de las tres administraciones kirch.-neristas y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la ex presidenta y su familia. Hasta ahora, pese a que enfrenta, desde hace años, decenas de causas en distintos juzgados, jamás había sido procesado por sus negocios. La primera vez que Lázaro Báez fue citado a indagatoria fue en este expediente.
La hipótesis de esta causa es que el dinero que se ve en los videos de las cámaras de SGI era de los Báez. Y que Pérez Gadín y Rossi (ex marido de Iliana Calabró y supuesto armador de empresas off shore) fueron los encargados de montar la ingeniería para borrar su origen y esconder su destino.
En las grabaciones hay una secuencia de unos pocos segundos que es clave. «Esto sobró», le dicen a Martín Báez cuando termina un recuento y le dan un billete de 100 dólares, relataron fuentes del caso a LA NACION. Esta frase sólo se entiende si él y su familia eran los dueños del dinero, creen los investigadores.
Pero los videos comprometen a Lázaro Báez, además, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. No sólo estaban su hijo y su contador; también, Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez: Top Air, que comparte domicilio legal con otras firmas de su grupo.
Lázaro Báez y el Juez Casanello.
Zanzot también fue llamado a indagatoria con una resolución firmada anoche. Deberá presentarse el 25 de abril. El 22 de ese mismo mes será el turno del tercero de los acusados que Casanello citó ayer: Gustavo Fernández, que era el presidente de SGI y también aparece en los videos. Ellos completan una ronda de indagatorias que ya incluía a Martín Báez, a Rossi y a Daniel y Sebastián Pérez Gadín. Por el momento, ninguno puede salir de la Argentina ni desprenderse de bienes.
Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso.
«No es una prueba, es la maniobra en sí misma. El dinero y los personajes. Ahí está», dijo a LA NACION un funcionario judicial. En los casos por lavado rara vez se accede a una prueba semejante. Justamente porque quienes diseñan las estrategias de lavado de dinero se esfuerzan por evitar la trazabilidad de los fondos. Por eso usan plata en efectivo, títulos al portador, empresas off shore; jamás transferencias que puedan dejar huellas. Semejante registro fílmico es insólito.
Casanello mandó revisar en la AFIP los perfiles patrimoniales de todos los involucrados para ver si tenían declarada tamaña liquidez a la fecha de los videos. El resultado difícilmente les dé bien. Las pilas, los bolsos deportivos y el escenario (esta «cueva») indican que era dinero negro. ¿Era, además, el producto de delitos anteriores? El juez sospecha que sí.
Martín Báez, el primero de los Báez que fue citado, compartía los negocios y formaba parte de la conducción de las empresas de su padre. Fue, por ejemplo, quien firmó por Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez, el contrato por el alquier de habitaciones en hoteles de los Kirchner -más una supuesta «consultoría hotelera»-. A cambio, desembolsó 20,5 millones de pesos.
Estas operaciones, así como las obras públicas asignadas a los grupos de Báez fueron el objeto de distintas causas penales en Buenos Aires y Santa Cruz, pero no prosperaron jamás. Ninguno de los jueces que recibió denuncias por sus negocios citó siquiera a Báez.
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Lo que se investiga en la causa de Casanello es «Lavado de Dinero». No una infracción cambiaria ni una evasión. El lavado de dinero es un delito mucho más grave, pero exige que los fondos que se lavan sean de origen ilícito. Hoy, el caso que más podría complicar a Báez y mostrar este presunto origen espurio del dinero está, también, en el juzgado de Casanello. Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez.
La hipótesis, en este caso, es que se usaban las facturas para inventar gastos. Así, se estafaba a la AFIP. Con toda una arquitectura detrás no era una mera evasión, sino una verdadera defraudación. Un fraude impositivo.
En la causa de Casanello, que fue impulsada por Margarita Stolbizer, están imputados, además de Báez, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Ese caso, el que investiga a quienes producían y usaban las facturas falsas, se tramita en la justicia de Bahía Blanca. Austral Construcciones es una de las firmas acusadas de haber usado estas facturas para simular gastos inexistentes.
Lázaro Báez ya fue indagado por Casanello. El juez lo citó por su presunta vinculación con la extraña compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña hizo «en comisión». El propio Fariña dijo que el dinero era de Báez, pero después se desdijo. Esa fue la única vez que el empresario enfrentó a la Justicia desde el lugar de los acusados (terminó en «falta de mérito»). El 26 de abril deberá volver a hacerlo. Ahora, por una investigación que apunta al corazón de su estructura de negocios.
Obra pública, estafa y lavado
El caso que avanza contra Báez investiga una compleja maniobra.
Lázaro Báez
Empresario
El imputado
Fue uno de los principales contratistas de obra pública de la era K. Lo denunciaron en decenas de causas que no prosperaron. Ahora, declarará acusado de haber lavado dinero que evadió estafando al Estado.
Sebastián Casanello
Titular del Juzgado federal 7
El juez
Investiga a Báez, su círculo y otros empresarios por lavado. Procesó a Elaskar y Fariña (los que confesaron por TV y se desdijeron). Con el video de «La Rosadita» ordenó 8 nuevas indagatorias.
Federico Elaskar, con Alejandro Fantino: «Van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita»
El financista que denunció el lavado de dinero en «La Rosadita» se refirió a los videos difundidos estos días; también habló de Lázaro y Martín Báez, de Fabián Rossi, de Cristina y Néstor Kirchner.
Federico Elaskar en Animales Sueltos.
La trama por «La ruta del dinero K» no se detiene. Luego de una semana agitada en la que aparecieron numerosos videos de Martín Báez, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín junto a su hijo contando millones de dólares en la famosa «La Rosadita» en Puerto Madero, sólo faltaba la palabra de Federico Elaskar, el financista que denunció la maniobra de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.
En exclusiva con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Elaskar defendió su postura y apuntó muy fuerte contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Además, dijo que desfiló «media Casa Rosada» por «La Rosadita» y afirmó: «Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
Las frases más picantes de Federico Elaskar en Animales Sueltos
«Van a ver desfilar a media Casa Rosada ahí adentro. Secretarios, seguro». (en referencia al gobierno kirchnerista)
«La Rosadita era una cueva ultra mega vip. Yo los quiero ver a todos presos».
«La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles Cristina decía que tenía ocupada el 80% de su hotel y le ingresaba su propia plata».
«Esto va de Báez para arriba, es para el único lugar que va».
«Lo habrán llamado a Spielberg para montar el escenario de esa bodega en lo de Báez».
«Hay muchos sudando la gota gorda. Perez Gadín y Rossi que van a decir… ¿yo no era?»
«No hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos».
«Voy a hacer lo imposible para que se esclarezca todo esto. Pero no me voy a inmolar».
«Alguna protección debe tener Báez todavía. El 29/12 había gobierno nuevo, no obstante le dieron falta de mérito».
«Lázaro Báez es el delincuente mas grande de la Argentina».
«Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
«Me dio asco verlos contar plata como ciudadano. Fue el reflejo de la corrupción del kirchnerismo».
«Yo en SGI armé desde el logo, el color, la alfombra. Había casi 40 cámaras, que grababan interna y externamente. Se podía ver desde cualquier lado. Cuando yo me fui de la empresa empezaron a mandarse estas cagadas.»
«A Fariña lo conocí a través de Molinari porque querían comprarme la financiera. Pero el que vino a cerrar el negocio fue Pérez Gadín que se presentó como la mano derecha de Báez».
«La mía era la única financiera prolija, por eso la querían».
«Apenas vendí empezaron a apretarme mandándome fotos de una persona que yo quería mucho».
«Yo en lo de Lanata aparecí porque no me pagaron nunca nada y no los denuncié, porque, con todo respeto a la familia de Nisman, mirá lo que le pasó a él».
«Rossi es un pelotudo. Generaba empatía porque te traía alguna putita que generaba en el teatro. Yo lo conocí a él por Juan Carlos Calabró, que era cliente mío».
«Esa guita es obvio que no está bien habida. Pero ellos te van a decir que estaban haciendo una operación innmobiliaria, mientras puedan justificar el origen no van a tener problemas».
«Cuando yo dí el testimonio en lo de Lanata, al otro día tenía más diputados dando denunciándome en Comodoro PY que presentes en el Congreso».
«Me arrepiento de haberle dado bola al boludo de Fariña y de haber transado con Perez Gadín para vender mi empresa».
«Si hoy existiera la ley del arrepentido, van todos presos».
«El docor Casanello me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito. No es imparcial. A mí tardó una semana en llamarme, a ellos un mes. La justicia argentina no está funcionando».
«Yo estoy con parte médico. A mí me hace muy mal ir a Comodoro Py, no porque me de miedo declarar, sino porque me agarran ataques de pánico. Estoy con tratamiento psiquiátrico».
«Estoy bastante hinchado las pelotas. Tengo muchas ganas de hablar y no puedo».
«Mataron a un fiscal a cinco cuadras de mi casa. House of Cards es un poroto al lado de esto».
«Yo pensé que estaba colaborando con mi declaración en lo de Lanata».
