En unas pocas horas, la Justicia le confirmó al Gobierno las dos peores y más temidas noticias que podía esperar en el comienzo del año: ratificó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y decidió que el juez Claudio Bonadio, un hombre impermeable al kirchnerismo, seguirá al frente de la investigación de Hotesur, una sociedad de la Presidenta.
¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.
La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.
La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.
En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.
Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.
Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.
La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.
En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.
Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.
Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.
La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.
Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.
Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.
Claudio Bonadio. Juez Federal
La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.
La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.
Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.
A comienzos de 2010, se produjo el desplazamiento intempestivo de los funcionarios de la UIF, incluidos muchos colegas honestos, capaces y competentes con los que tuve la posibilidad de trabajar durante la gestión de Néstor Kirchner. El motivo era que la actual Presidente necesitaba “soldados obedientes” para golpear al Grupo Clarín de la manera que fuese posible. Con el armado de una serie de falsas acusaciones sobre lavado de activos funcional al “relato”, se pretendía corroer la larga reputación de esta empresa y, en el asalto final, lograr la imposición de multas millonarias y condenas graves para sus directivos.
El semanario Veintitrés, del Grupo Spolsky, que recibe desde hace diez años una millonaria pauta publicitaria del gobierno, publicaba, el día 19 de agosto de aquel año, una larga nota sobre supuestas maniobras criminales de la compañía de multimedios. Este aparato de propaganda realizaba un montaje con información financiera confidencial que sólo se podía obtener de las agencias estatales que pergeñaban una artificiosa investigación. Luego se pudo comprobar que ese mismo día se producía el “pase administrativo” a la UIF de un expediente que por mandato legal debía ser estrictamente reservado. La operación era burda, pero efectiva en un país donde la impunidad es un cáncer avanzado. Este es un ejemplo concreto en los que la violación de los secretos de inteligencia se mezcla con el abuso de autoridad, la tentativa de cooptación de jueces y fiscales y la utilización ominosa de medios de prensa.
En aquel momento, muchos pensaron que este era un problema estrictamente de Clarín sin advertir que el éxito de este tipo de maniobras volvía posible cualquier operación contra el enemigo de turno, en nombre del Mov. Nacional y Popular.
En un momento crítico del país, en el que resulta prioritario el reordenamiento de las funciones esenciales del Estado de acuerdo a la Constitución y para beneficio de la ciudadanía, genera una expectativa alentadora la circunstancia de que la Justicia Federal haya avanzado en el esclarecimiento de este tipo de prácticas ilícitas.
– Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).
La Falsificación de Medicinas es un delito trasnacional creciente que enciende alarmas en el mundo
Por Fernando Martínez.
Dentro de los múltiples y cada vez más complicados esquemas delictivos precedentes al Lavado de dinero, la falsificación y la piratería son de una importante significación en América Latina, tomando en cuenta los grandes niveles de informalidad.
El crimen organizado no solo falsifica marcas de ropa, música y video, joyas y obras de arte que son exhibidas en las calles de las principales ciudades latinoamericanas, sin ningún control, sino también estructura redes dedicadas a la falsificación y la venta ilícita de fármacos a través de internet.
Todo indica que la tendencia es que la falsificación de fármacos sea una actividad tan o más rentable que el tráfico de drogas ilícitas, ya que las autoridades generalmente prestan poca atención a este delito, además la forma de blanquear el dinero de esta actividad resulta más fácil para el crimen organizado.
Interpol a través de su web oficial lanza un reporte analítico con un amplio dossier sobre el alcance y la gravedad de este delito trasnacional, que se traduce además en un evidente riesgo para la salud pública.
Las redes de delincuencia importan, exportan, fabrican y distribuyen de medicamentos falsos e ilícitos. Por ello se hace énfasis en la necesidad de identificar, investigar y enjuiciar a los delincuentes responsables de tales delitos, con una actuación coordinada e intersectorial a escala internacional.
“(…) una red que gestionaba farmacias ilegales en línea, obtuvo 55 millones de dólares en dos años de actividad antes de ser desmantelada”, reseña el portal de la mayor organización policial internacional del mundo.
Interpol mantiene operaciones regionales que tienen como objetivo desmantelar las actividades de redes de delincuencia organizada transnacional dedicadas al tráfico de productos farmacéuticos ilícitos, como es el caso del sureste asiático o de las diferentes regiones del continente africano, destaca el portal interpol.int.
Tercera parte del mercado
“Se observa actualmente un notable incremento de la fabricación, tráfico y distribución de medicamentos e instrumentos médicos falsificados, desviados de los canales legales, robados e ilícitos. En algunas zonas de Asia, África y América Latina, los productos médicos falsos pueden llegar a representar hasta una tercera parte del mercado”, establece el informe.
Se destaca que los fármacos falsos contienen con frecuencia una dosis insuficiente, excesiva o nula del principio activo, lo que implica un alto riesgo para la salud. En algunos casos pueden ser mortales.
La expansión creciente de este delito aumenta debido al aumento de las transacciones a través de Internet, donde se pueden comprar de “manera fácil, barata y sin receta”.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud más de la mitad de los fármacos que se comercializan por internet son falsos.
Solo en 2015
En lo que va de año dos casos de falsificación y comercialización ilegal de medicinas han ocupado a la justicia de República Dominicana y España.
En el país caribeño la Fiscalía acusa al dirigente político opositor, José Cruz, de supuestamente crear un entramado societario integrado por 18 empresas e importar medicamentos vencidos o por vencer. Posteriormente contrataba de 10 a 15 personas por día para volver a etiquetar esos medicamentos con una etiqueta falsa, colocándoles fechas de caducidad distintas que iban de 2 a 3 años luego de la originalmente establecida.
Este caso ha sido calificado como uno de los más grandes de falsificación y lavado de dinero en Dominicana.
Por su parte en España se detuvieron a doce personas en Granada, Málaga y Almería por su relación con la operación denominada Convector, una trama de farmacias y venta ilegal de medicamentos.
El grupo criminal que involucra a más de 50 personas, se dedicaba aparentemente a la distribución inversa de medicamentos, adquiridos a precios bajos en España y vendidos después de manera irregular en el extranjero.
A los imputados en la trama se les acusa de delitos contra la salud pública (tráfico de medicamentos), falsedad documental y delitos contra la hacienda pública.
Están involucradas siete pequeñas distribuidoras y más de 200 farmacias en esta red delictiva.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) es el organismo que controla a esta práctica en España. Trascendió que solo en 2014 cerró un total de 223 páginas web que vendían todo tipo de productos farmacéuticos al margen de la ley, en un negocio que mueve millones de dólares cada año.
Báez zafó 11 años de la Justicia antes del llamado a indagatoria
Por Lucia Salinas.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. El socio de los Kirchner suma seis denuncias de peso por sus manejos empresarios. La primera en 2004, en Santa Cruz.
“Soy un hombre de bien”, suele decir Lázaro Báez. Aunque el llamado a indagatoria para el 13 de marzo en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello por la compra de un campo en Mendoza no lo sorprendió. “Era esperable” admitió una persona de su entorno, remarcando que “la indagatoria no significa que está condenado, eso lo hacen los medios” reprochó.
Las denuncias para el socio de los Kirchner empezaron en 2004, junto con su crecimiento empresarial. Todas las causas cumplieron los mismos patrones: prolongadas en el tiempo, se cerraron, no avanzaron y nunca se lo citó a indagatoria. Este blindaje judicial parece que comienza a debilitarse antes de lo previsto. “Esperaban que después de 2015 empiecen a avanzar en la causa” contó un funcionario allegado al empresario K.
En la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Patricia Kloster, se lo investiga a Báez por “corrupción a través de la obra pública y asociación ilícita”, la denuncia fue presentada por la titular del ARI, Mariana Zuvic. La presentación se realizó el 15 de abril, teniendo entre sus argumentos las denuncias realizadas en el programa PPT. La causa no progresó, ni su ampliación por “sobreprecios de hasta un 35%” en varias obras.
Báez fue incluido, además, en la megacausa iniciada por Elisa Carrió. Se nombraron varias constructoras vinculadas al empresario (Kank y Costilla, Palma S.A, Badial y Gotti S.A) como vehículo para favorecerlo con la obra pública. Todo esto fue “cosa juzgada”, señaló Lázaro a su propio diario.
En 2005, cuando Jorge Obeid era gobernador de Santa Fe, Austral ganó una licitación para la venta de maquinaria: vendió 140 motoniveladoras por 16.498.006 millones de dólares. Los Legisladores Raúl Lamberto y Hugo Marcucci denunciaron sobreprecio y se sospechó de la exportación de maquinaria. Báez depositó 10 millones de dólares en una cuenta de Liechtenstein, la transacción financiera no se ajustó a los estándares estipulados por la entidad bancaria y le implicó un embargo del dinero. Tiempo después el dinero se liberó.
La compra de estancias en Santa Cruz fue motivo de otra presentación. En 2009, Zuvic pidió que se lo investigue por la adquirir 12 en el lapso de 6 meses (unas 182 mil hectáreas) por el valor de 37 millones de dólares. El pago se hizo en efectivo, según la dirigente. Nunca hubo avances en este tema. La investigación por el supuesto desmantelamiento de la bóveda, por la ruta del dinero K, se cerró el año pasado por un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y la parte radicada en Santa Cruz que incluía la aparición de armas corrió la misma suerte.
La causa que más lo complica es la que lleva adelante Javier López Biscayart por evasión. El juez pidió a la AFIP que determine la deuda de Valle Mitre, la empresa que administraba tres hoteles de los Kirchner. Cerrando el laberinto de denuncias, en 2014 los fondos buitres liderados por NML pidieron al juez Thomas Griesa que se investiguen presuntas actividades de malversación y lavado de dinero de Báez y sus vínculos con cuatro bancos de Suiza y Lichenstein.
La inmunidad que parecía garantizarle su cercanía al poder parece llegar a su fin.
Los temores al lavado de dinero ahuyentan a RBC de América Latina
Por Alistair MacDonald y Rita Trichur en Toronto y Will Connors en Río de Janeiro.
Una sucursal de Royal Bank of Canada. Reuters
Royal Bank of Canada, el mayor banco de Canadá, se está retirando de otrora prometedores negocios en América Latina y el Caribe después de ser arrastrado por la red de las investigaciones globales sobre lavado de dinero.
En los últimos 18 meses, RBC ha cerrado muchas, si no todas, sus oficinas de gestión de activos o banca privada en América Latina, impulsado por el escrutinio de las supuestas actividades de lavado de dinero en algunas de sus cuentas en al menos tres países, según personas familiarizadas con el asunto. El banco también ha cerrado las oficinas de gestión de activos en el Caribe.
La retirada de Argentina, Brasil y Uruguay, que no ha sido detallada en anuncio alguno por parte del banco, se produce después de que un regulador de Estados Unidos consideró que los controles anti-lavado de dinero de RBC no eran satisfactorios, dijeron esas personas.
En noviembre, el banco dijo que estaba en proceso de cerrar sus oficinas de gestión de activos en el Caribe para centrarse en América del Norte, el Reino Unido y Asia. El mes pasado, RBC anunció planes para comprar National City Corp., con sede en Los Ángeles, en una transacción por valor de US$5400 millones, mientras busca reforzar en EE.UU. su negocio de atención a clientes ricos.
RBC dijo en un correo electrónico que actúa dentro de los marcos legales y regulatorios de cada país donde opera. “RBC tiene un sólido historial de cumplimiento de las normativa”, incluyendo anti-lavado de dinero, dijo el comunicado. Los funcionarios del banco se abstuvieron de responder preguntas más detalladas para este artículo.
RBC, el mayor banco de Canadá por capitalización de mercado, tiene en proceso de cierre las tres oficinas en América Latina que figuran en la sección de gestión de activos de su página web, en Santiago de Chile, São Paulo y Montevideo, además de todas sus oficinas en el Caribe.
Aunque RBC no desglosa los ingresos de gestión de activos por regiones, las operaciones internacionales de la división, fuera de Canadá, registraron ingresos de US$2.220 millones en 2014, frente a US$2.170 millones en 2013. Los activos bajo administración de esa división ascendieron a 41.100 millones de dólares canadienses (US$32.300 millones) en el año fiscal 2014.
En 2013, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que supervisa a los bancos estadounidenses y a las sucursales de bancos extranjeros en el país, consideró insatisfactorios los controles anti-lavado de dinero de RBC y ordenó al banco con sede en Toronto que rectificara esas falencias, según personas familiarizadas con el asunto.
No está claro por qué la OCC encontró inadecuados los controles de lavado de dinero de RBC. El banco dijo en su comunicado que todas las entidades financieras están sujetas a exámenes “normales” de los reguladores y que, en muchas jurisdicciones, se prohíbe por ley divulgar los hallazgos de la supervisión.
El escrutinio de los reguladores de EE.UU. sobre las medidas contra el lavado de dinero ya ha llevado a varios otros grandes bancos extranjeros, entre ellos los británicos HSBC Holdings PLC y Standard Chartered PLC, a replegarse de algunos mercados en desarrollo. HSBC —que acordó pagar US$1.900 millones en 2012 para resolver denuncias que incluían cargos que no pudo detectar el lavado de ganancias del narcotráfico a través de su filial estadounidense— dijo que se ha retirado de varios países en desarrollo para reducir el riesgo de futuros problemas de cumplimiento de las regulaciones sobre lavado de dinero.
La salida de RBC de América Latina se produce tan sólo dos años después de que el banco resaltara el alto potencial de crecimiento de ese mercado. El banco dijo en su comunicado enviado por correo electrónico que su negocio internacional de gestión de activos “es un pequeño componente del segmento mundial de RBC Wealth Management y no ha cumplido con los criterios de rendimiento durante varios años”.
El riesgo asociado con el potencial lavado de dinero no justifica las ganancias que el banco estaba obteniendo en América Latina y el Caribe, según una persona familiarizada con el asunto.
Muchos bancos globales están dando fuerte impulso al segmento de banca privada porque este ofrece un flujo constante de ingresos por comisiones que es más previsible que los ingresos de banca de inversión. Sin embargo, los riesgos asociados con el lavado de dinero están exponiendo un costado negativo de la gestión de patrimonios.
RBC ha sido involucrado recientemente en un escándalo en Brasil en el que las autoridades alegan que empresas constructoras cobraron en exceso por los contratos con la estatal Petróleo Brasileiro SA y pagaron sobornos a algunos funcionarios de la compañía. Según documentos judiciales vistos por The Wall Street Journal, US$2,4 millones de los supuestos sobornos fueron supuestamente lavados en nombre del ex director de la compañía, Paulo Roberto Costa, a través de una cuenta de RBC en las Islas Caimán.
Petrobras ha dicho que es víctima de la supuesta trama de corrupción y dice que está cooperando plenamente con los investigadores brasileños. Costa llegó a un acuerdo de culpabilidad con los investigadores a cambio de una sentencia menor y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Los fiscales brasileños creen que tienen suficiente evidencia preliminar para justificar una investigación de los bancos que proveyeron servicios financieros a los acusados de lavar el dinero procedente de sobornos y comisiones ilegales, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Varias otras instituciones financieras extranjeras han sido relacionadas con los acusados en documentos judiciales.
Las autoridades de Argentina han estado investigando el cumplimiento de las regulaciones anti-lavado de dinero por RBC, según una persona familiarizada con el asunto. La presión regulatoria de Argentina fue una de las principales razones para la retirada del banco del negocio de banca privada en la región, dijo esta persona.
En 2008, el Banco Central del Uruguay multó a RBC con US$50.140 por “omisiones” en los controles anti-lavado de dinero, según el sitio web del banco central. La multa fue impuesta después de que un traficante de drogas colombiano transfirió cerca de US$2 millones a través de una cuenta de RBC, según Ricardo Gil Iribarne, quien estaba entonces a cargo de la unidad anti-lavado de dinero del gobierno uruguayo y se fue en 2010. Aunque RBC no fue considerado penalmente responsable, fue multado por no hacer el escrutinio que normalmente deben dedicar a este tipo de transferencias de dinero, dijo Iribarne. “En realidad, había cero controles”, dijo.
RBC cerró su oficina en Montevideo en 2014, según una carta de la entidad envió el banco central. La carta no explicó las razones de la decisión.
Las preocupaciones de RBC sobre los riesgos de lavado de dinero también se han extendido a África y Europa del Este, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. En una reunión de octubre en la sede de RBC en Toronto, Stuart Rutledge, jefe internacional de gestión de patrimonio, dijo al personal de banca privada que, junto con América Latina, debían evitar atraer a clientes de partes de Europa del Este como Rusia, según una persona presente.
Rutledge no respondió a los mensajes en busca de comentarios.
—Taos Turner, Ben Dummett, Luciana Magalhaes y Ryan Tracy contribuyeron a este artículo.
Desmantelan en Colombia el esquema más grande de lavado a través de comercialización de oro
Por Fernando Martínez
Luego de una investigación de más de dos años las autoridades colombianas desarticularon una red criminal, conformada por la junta directiva y trabajadores de la empresa Goldex, dedicada supuestamente al lavado de dinero, a través de la comercialización del metal precioso.
“Este es el golpe más importante, que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, puntualizó el vice fiscal general, Jorge Fernando Perdomo.
De acuerdo con las experticias, dadas a conocer a la prensa, la operación desmantelada en la ciudad Medellín, pero que operaba a través de toda una organización que incluía a varias ciudades el país, manejó una cifra aproximada a US$ 966 millones.
El método: personas falsas y empresas fachada
La metodología utilizada por esta organización consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de toda una serie de compra-ventas ubicadas en diversas localidades del país suramericano. Acto seguido la comercializadora Goldex exportaba el metal.
Una red de personas jurídicas debidamente inscritas en diferentes cámaras de comercio del país, figuraban como proveedores de la empresa, a través de diferentes formas: empresas recién conformadas, bajos montos de capital, volumen de operaciones por millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica para ello, liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.
De acuerdo con el expediente, esta serie de proveedores contaba con una serie de sub proveedores a los cuales se les detectaron irregularidades, como el registro de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes.
La investigación arroja que supuestamente el 90% de las personas vinculadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían muerto. También detectaron empresas de papel y operaciones ficticias.
Se conoció que la exportación de Goldex era comprada a proveedores, para ello conformaron todo un carrusel de personas naturales y empresas fachadas.
La Fiscalía pudo establecer que las personas que supuestamente vendían el oro a la empresa comercializadora, que después vendía a Goldex, no existían. Las otras empresas eran recién formadas y pertenecían a los mismos socios y constituidas con un capital irrisorio, pero contradictoriamente manejaban unas transacciones económicas muy altas.
John Hernandéz Santa, representante legal de la comercializadora del metal precioso, y otras 25 personas tienen orden de captura por estar involucradas en esta organización.
Comercialización riesgosa
Desde que el gobierno colombiano creó el mecanismo de las Comercializadoras Internacionales (CI) para promover las exportaciones del país, en numerosas oportunidades las autoridades han descubierto la utilización del sistema por parte de las organizaciones criminales.
Una metodología muy utilizada por los delincuentes que incluye a las CI, es el robo a través de la devolución del IVA. Las ventas que les hacen los productores nacionales a las CI para que puedan ser vendidas en el mercado externo son consideradas una exportación, por lo que la CI puede expedir un certificado al proveedor para recibir una devolución del IVA.
Ante esta situación, las principales metodologías de estafa al fisco, en las que también puede filtrarse el Lavado, son:
– A través de exportaciones ficticias
– Exportaciones reales de mercancías ingresadas de contrabando y declaradas como de producción local.
Una hostería de Cristóbal López deriva fondos a un hotel de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Los negocios de la Presidenta: Cuando los huéspedes de “El Retorno” de Bariloche pagan con tarjeta, en la cuenta se detalla que el que cobra es “Alto Calafate”.
El líder del Grupo Indalo, el empresario K Cristóbal López, es dueño de un hotel en Bariloche que se llama “El Retorno”: cuando los huéspedes pagan sus gastos con tarjetas, en los resúmenes de cuenta se especifica después que esos fondos son cobrados por “Hotel Alto Calafate”, el principal emprendimiento turístico de Cristina Kirchner.
El hotel de López y el de la familia K son administrados por la misma firma: la sociedad Idea S.A, controlada por Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo, el hijo mayor de la Presidenta de la Nación.
La compañía Idea S.A está domiciliada en Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, Santa Cruz. Son las oficinas de la inmobiliaria de Máximo y Sanfelice, y también la dirección fiscal del “Alto Calafate”.
Clarín confirmó que las ganancias del “El Retorno” terminan en un principio en las cuentas bancarias del hotel presidencial porque así lo muestra documentación fiscal y comercial emitida por el negocio de López, y sobre todo por las tarjetas de crédito con las que se pagaron esos servicios.
Como muestra los fascímiles publicados en este artículo, las boletas de gastos de alquiler de habitaciones o del bar de “El Retorno” son facturadas por Idea S.A, pero los que pagan con crédito o débito reciben después un detalle contable desconcertante para quienes que no están informados sobre las redes comerciales del poder K: aunque se alojaron en el hotel ubicado en Villa Arelauquen, a 12 kilómetros de Bariloche, en sus bancos figura que pagarán por alojamientos en el “Alto Calafate”, ubicado a 1423 kilómetros al sur por la ruta 40. Son 16 horas 33 minutos en auto, según Google Maps.
Además de ser el dueño de “El Retorno”, Cristóbal López es titular de licencias de juego, de medios audiovisuales, de concesiones viales, y es contratista de obra pública.
Son negocios otorgados en su mayoría por la gestión gubernamental de la accionista mayoritaria del “Alto Calafate”, Cristina Kirchner. El resto de las acciones de ese hotel se reparte entre sus hijos, Máximo y Florencia; mientras que un 2 por ciento restante tiene un dueño desconocido para la opinión pública.
La empresa con la que los Kirchner manejan el “Alto Calafate” se llama Hotesur S.A. Desde mediados de noviembre pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan a esa compañía para saber si fue utilizada para lavar dinero de la corrupción.
Según los registros de la Dirección de Marcas, el nombre “Alto Calafate” solo puede ser utilizado por Hotesur, y no por Idea S.A.
¿Esas dos empresas tienen cuentas bancarias conjuntas? Los investigadores judiciales podrían indagar sobre esas complejidades contables.
Clarín informó en su edición del 5 de enero que Cristóbal López había comprado “El Retorno”, y se describió también la sensación de ex empleados del lugar: “Todos supimos que es de la Presidenta”.
Los voceros de López explicaron que compró ese hotel en Bariloche a través de su inversora M&S. La operación se realizó en septiembre de 2013, y justo un año después el lugar se cerró por reformas.
Una coincidencia que no parece producto del azar. La presidenta de Hotesur-Alto Calafate es Romina Mercado, sobrina de la Presidenta: es al mismo tiempo empleada de López en la sociedad con la que compró “El Retorno”, M&S.
A esto se suma que Sanfelice, el controlante de Idea SA, la administradora de ese hotel y del “Alto Calafate”, también fue socio y es empleado de López en la empresa Alcalis de la Patagonia.
El 29 de noviembre pasado, Clarín difundió estos lazos entre López y el “Alto Calafate”. Voceros del empresario admitieron después que Cristóbal era empleador de Mercado y Sanfelice, pero dijeron que estaban vinculados “por fuera de la situación de Hotesur”.
La documentación comercial emitida por “El Retorno” muestra otra cosa.
Los anteriores dueños de ese negocio fueron los que lo bautizaron con ese nombre, que en la jerga callejera es sinónimo de “coima”.
Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones
Por Hugo Alconada Mon.
Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.
El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, «inhallable».
«Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial», indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.
Consultados por teléfono y por correo electrónico, desde el Registro Comercial confirmaron que esa sociedad no registra novedades «desde enero de 1989», pero pidieron 24 horas para revisar su legajo. Transcurrido ese plazo, una funcionaria del Registro llamó a LA NACION para aportar otros datos en la misma línea.
Según consta en el legajo de «J+J Holding», esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada («Naamloze Vennootschap» o «NV», en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.
Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.
Consultados por LA NACION, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding «y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años».
Y precisaron que para «reactivar» esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1.027 por los «fees impagos desde 1990», además de que «un director local o representante debe ser designado».
Voceros de Báez indicaron anoche ante una consulta de LA NACION que no harían comentarios, por lo menos hasta ver publicada la información.
Austral declara millones
Pese a esas lagunas, faltantes e inconsistencias en Curazao, Austral Construcciones declaró en la nota 17, la última de su balance que cerró el 31 de diciembre de 2011, «J+J Holding NV» le pagó una fortuna durante ese año como indemnización por un supuesto «proyecto de inversión» fallido en Belice.
«Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años» en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia (de lo que se informa por separado).
Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que «J+J Holding» no informa a la Cámara de Comercio «ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989». LA NACION consultó entonces cómo podía contactar a esa firma. «No lo sabemos. Para nosotros, es inhallable», fue la respuesta.
Estas nuevas sombras que se ciñen sobre «J+J Holding» se suman a las que LA NACION ya reveló en mayo de 2013. Entre otras, que el fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local, según confirmaron entonces las autoridades de ese organismo oficial a este diario.
A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.
Nombres que se repiten
La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.
Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el «empresario» Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.
Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de los Kirchner, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.
Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha.
Y también supervisó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el juez federal Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Javier López Biscayart.
Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).
Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): «Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra».
En mayo de 2013, cuando este diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era «privada y confidencial», aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.
Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso «fue hecho para inversiones en áreas petroleras», aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz..
Del editor: qué significa. La contabilidad creativa llegó con Báez a su paroxismo. No se pueden entender sus negocios si no es bajo la lógica del lavado de dinero.
Fuente: La Nación, 11/01/15.
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Un ingreso demorado al balance contable
Los $ 254 millones no fueron consignados en 2009, sino recién dos años después
El controvertido aporte de $ 254.399.692, que en teoría llegó del Caribe para Austral Construcciones, figura en el balance de esa empresa del período que terminó el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde impera un «cepo» informativo.
En la copia de ese balance, que de todos modos obtuvo LA NACION, esa inyección de fondos se anotó en el rubro «otros ingresos extraordinarios», y se le asignó una nota explicativa que lleva el número 17.
En esa nota, los contadores indicaron que «se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años en la ciudad de Montevideo», Uruguay.
«Dicha indemnización -continúa la nota- corresponde al incumplimiento por parte del citado fideicomiso de los compromisos asumidos respecto del Proyecto de Inversión en Chapel Island, Belice, cuya participación por parte de la empresa fuera decidida y comunicada al citado fideicomiso por nota de fecha 19 de octubre de 2009 y aprobada por acta de directorio del 11 de septiembre de 2009».
Ese supuesto proyecto de inversión, no obstante, no se consignó en el balance de la propia Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2009, según verificó LA NACION. Por el contrario, en ese balance, sólo se aludió a otro fideicomiso, Northville, al que se giró $ 22,7 millones entre 2008 y 2009, pero no mencionó dato alguno sobre Chapel Island, FITA I o J+J Holding.
Según se indica sobre el cierre de la nota 17 del balance de 2011, sin embargo, algo salió mal: «Luego del acuerdo de mediación de fecha 7 de enero de 2011 que fuera incumplido por el fideicomiso, se sometió el diferendo al Laudo Arbitral por ante el Instituto Argentino de Mediación, Conciliación y Arbitraje [Ianca], laudo que con fecha 25 de febrero de 2011 resultó favorable a nuestra empresa en contra del citado fideicomiso».
«De resultas del cual -concluye la nota- se fijó una indemnización por la suma de US$ 56.350.000. Asimismo existe pendiente de concreción la obligación asumida por la empresa con el citado fideicomiso respecto a la no participación futura en el citado proyecto, por ninguna vía, ni asociada o vinculada a empresas del país ni del exterior, tema que se debería ver concretado en el ejercicio 2012″.
¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila. Publicado originalmente en Enero 2011.
Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas.Existen listas emitidas por Gobiernos que incorporan los nombres de personas y entidades legales que forman parte de investigaciones criminales, todo ello a través de evidencias.A través de estas listas oficiales se prohíbe a los ciudadanos y a empresas financieras el realizar transacciones comerciales u económicas con los que aparecen en ellas.Las listas oficiales o de gobiernos son uno de los elementos utilizados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas listas oficiales no son la preocupación que nos atañe, pues cuando existen imprecisiones sobre la información que contienen o si existen nombres similares, los Estados cuentan con mecanismos mediante los cuales los particulares pueden ver la información que sobre ellos existe, realizar modificaciones u obtener permisos y requerir que se realicen correcciones necesarias cuando estas proceden.
Lo alarmante son los efectos negativos generados por las empresas particulares que colocana diestra y siniestra nombres de personas en sus listas no oficiales. Las llamadas listas no oficiales se integran mediante el “criterio empresarial” de quien puede estar involucrado o vinculado con actividades ilícitas.Las compañías venden estas las listas no oficiales a instituciones financieras y a empresas comerciales que deben cumplir con regulaciones antilavado.Al distribuir su información por todo el mundo, bajo la premisa de: “nosotros tenemos la lista más comprensiva de los que pueden dañarlo y analizamos más fuentes que otros”, estas compañías han incluido el nombre de personas que no han cometido ilícitos y de esta manera han dañado su reputación y derecho al trabajo.La inclusión de un nombre en estas listas se asemeja en sus efectos a una sentencia de culpabilidad o de muerte legal. Quien aparece en estas listas es bloqueado en sus transacciones financieras, comerciales y en algunos casos ni siquiera les es permitido ingresar a países o el ingreso a algunos se torna en complicado.
Cuando las empresas particulares que emiten listas no oficiales cometen un error y lo corrigen, no cuentan con un proceso de comunicación de esta situación con el mismo impacto que en la emisión.
Existen diferencias primordiales entre las listas oficiales y las no oficiales: la información y evidencia que obtienen quienes las crean y los mecanismos establecidos para proteger los derechos humanos que mantienen.Los gobiernos incorporan mecanismos de revisión de datos y corrección de información, estos son el reflejo del derecho de réplica. Las empresas particulares no cuentan conestos mecanismos de protección a los derechos de las personas.
Los integradores de listas pregonan que ellos sólo colocan la información que aparece en miles de periódicos y procedimientos judiciales, adicional a los datos provistos por gobiernos. Lo que no reconocen es el grave peligro que implica el incluir datos que aparecen en diversos diarios o semanarios, es que la fuente de información que estos medios utilizan puede estar documentada de manera pobre o su presentación puede estar manipulada o poco investigada; este riesgo debe estar bien controlado.
En el caso de procesos judiciales se requiere de un conocimiento profundo de los procedimientos legales y de sus múltiples etapas. Adicional a ello, en cualquiera de estos escenarios resulta básico conocer el entorno político existente en el país donde se genera la información. Existen múltiples casos en todo el mundo donde ciertos gobiernos utilizan a los medios publicitarios y al sistema judicial para ejercer presión a grupos opositores: abuso de poder.
Luego entonces los primeros cuestionamientos que surgen son: las empresas que crean las listas, ¿conocen el entorno de la información que revisan y después publican?, ¿tienen mecanismos para detectar desinformación?, ¿cuentan con expertos en el sistema legal y político de donde proviene la información? Si tienen el acceso a esta información, ¿la presentan a los usuarios o la dan a conocer de manera amplia para que se determine la validez y oportunidad de la misma?,¿operan con el personal necesario para procesar miles de fuentes de información de manera útil, confiable y oportuna? La información y los datos presentados a los clientes deben contar con una explicación de su origen y análisis.
Lo anterior resulta primordial debido a que existen gobiernos que llevan a cabo acciones que se encuentran dirigidas a dañar a grupos contrarios a su ideología a través de la manipulación de procesos y de los medios.Se han detectado múltiples casos en los cuales un gobernante o su grupo utilizan su influencia para dañar a terceros. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, creó una estructura de trabajo para destruir la reputación de una persona o grupo de personas y esta metodología se ve resumida en la frase: “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad”. Por ello es importante detectar este tipo de manipulaciones.Por situaciones como esta la Carta de las Naciones Unidas menciona en su primer artículo a los derechos humanos.
Es un hecho que los conocimientos imprecisos causan daños a las personas en su reputación y actividades económicas, así como a lainstitución financiera que puede estar perdiendo una oportunidad de negocio legítima durante esta época de crisis.
Las listas no oficiales deben ser utilizadas como un elemento adicional en la administración de un riesgo. La realidad es que en la práctica el aparecer en estas listas es una sentencia, una marca que imprimen las empresas a las personas sin que se respete su derecho de audiencia, su derecho de réplica, sus libertades fundamentales.
¿Por el sólo hecho de aparecer en un lista no emitida por un gobierno debemos sancionar o llevar al ostracismo a una persona? ¿Estamos llevando la prevención al nivel de persecución?
Para que las empresas particulares que crean las listas no oficiales operen conforme a derecho deben hacer público el proceso y manejo que dan a los datos de las personas, deben contar con mecanismos que permitan realizarse correcciones y sobre todo deben contar con un proceso de difusión sobre la corrección de los mismos. Todos estos mecanismos deberían generar los efectos de una absolución.
Para lograr este fin es necesario realizar acciones en tres frentes: gobiernos, empresas y particulares.
Los gobiernos deben regular la integración de estas listas no oficiales y exigir la colocación salvaguardas para proteger los derechos humanos,civiles y económicos de las personas.
Las empresas que integran las listas deben continuar con su análisis y oferta de servicios. Para mejorar sus productos deben cumplir con la regulación internacional.Esto lo lograrán incorporando procesos para proteger los derechos fundamentales de los particulares.
Por último, las instituciones financieras deben acotar el valor que otorgan a las coincidencias en las listas dentro de sus análisis de riesgo, es decir, queda en todos nosotros fomentar la protección de los derechos humanos y mantener la integridad del sistema financiero, a través de labores de prevención, no de persecución.
La labor no es sencilla y el balance es delicado, pero el resultado final es meritorio y vale la pena. Todos somos responsables y debemos actuar, no sólo opinar. Las listas no oficiales deben ser reguladas, los derechos humanos respetados y la integridad de las personas mantenida.
Alberto Ávilaes socio director de In Spiritum Group,a través del se brinda consultoría a partidos políticos, instituciones financieras y entidades gubernamentales.Fue el primer latinoamericano miembro del Advisory Board de ACAMS y es expositor frecuente en foros alrededor del mundo. Puede ser contactado [email protected] y en el USA: 1 (786) 486-9914.
Los fiscales Gonella y Orsi, procesados por perjudicar de modo «deliberado» la investigación sobre Lázaro Báez
El titular de la Procelac y su segundo son investigados por no haber imputado al empresario kirchnerista en la causa por lavado de activos, tras la denuncia de Fariña y Elaskar
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva y embargó por 75 mil pesos a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi en la causa abierta en su contra por no incluir a Lázaro Baez en una imputación por lavado de activos.
«La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.
Gonella está a cargo de la procuraduría de delitos económicos (Procelac). Colaboró en el caso Báez y participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez.
Es por eso que el titular de la Procelac comenzó a ser investigado, al no haber imputado a Baez en una pesquisa por lavado de dinero, pese a contar con información previa en base a la cual correspondía incluirlo en el dictamen.
Lo mismo ocurrió con el fiscal Omar Orsi, coordinador del área de Lavado de Activos de la Procelac.
Ambos estában imputados por «prevaricato» y finalmente hoy fueron procesados y embargados.
