La Unión Europea prepara mano dura para las aplicaciones de chat
Servicios en línea como Skype y WhatsApp podrían ser sometidos a las mismas normas que rigen a las empresas de telecomunicaciones tradicionales.
Por Sam Schechner en París y Stu Woo en Londres.
La pelea entre empresas tecnológicas y de telecomunicaciones tradicionales sigue esta semana en Europa.
Algunas de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo se preparan para ganar esta semana una ronda en su pelea con Silicon Valley, al menos en Europa.
Se prevé que el brazo ejecutivo de la Unión Europea proponga esta semana someter servicios de internet como Skype, de Microsoft Corp., y WhatsApp, de Facebook Inc., a algunas de las misma reglas que han regulado el negocio de las telecomunicaciones desde hace muchos años, según expertos en lobby de ambos sectores que fueron informados recientemente por funcionarios del bloque.
Skype, por ejemplo, podría tener que ofrecer servicios de llamadas de emergencia a los clientes europeos que utilizan su servicio en línea para marcar a números de teléfono tradicionales. En casos en los que asigna números de teléfono a los usuarios —lo que permite recibir llamadas de teléfonos tradicionales— podría ser obligada a permitir que esos usuarios se lleven sus números si deciden cambiarse de proveedor.
El servicio de chat WhatsApp, por su parte, podría ser sujeto a la supervisión de los reguladores de telecomunicaciones nacionales en cuestiones como la seguridad de redes.
El borrador de las propuestas aún no está determinado, pero lo que queda claro es que la UE está sugiriendo un cambio de dirección hacia lo que los ejecutivos de telecomunicaciones han estado pidiendo durante años. Los directivos del sector dicen que quieren competir en igualdad de condiciones con las empresas tecnológicas ante el auge de los nuevos servicios de comunicaciones en línea, en su mayoría gratuitos, que consideran que han socavado los servicios tradiciones de voz y texto.
Desde hace tiempo, estas empresas han querido que la UE revoque algunas de las regulaciones específicas que enfrenta su industria, en particular sobre la privacidad de los usuarios. Al no poder lograrlo, han presionado para que algunas de las normas de telecomunicaciones sean aplicadas a los servicios basados en internet.
“Sería mejor eliminar las reglas para nosotros”, dijo un ejecutivo de telecomunicaciones al tanto de las propuestas. “Pero esto es un progreso real”.
Una vocera de la Comisión Europea dijo que las normas propuestas, que también apuntan a estimular la mejora de las redes de internet de alta velocidad del continente y el proceso de asignación de frecuencias celulares, forman parte de la estrategia del bloque de “alentar inversiones en redes de próxima generación, establecer las condiciones adecuadas para redes digitales modernas y proveer igualdad de condiciones para todos los actores del mercado”.
Las propuestas aún podrían enfrentar años de debates y cambios antes de ser adoptadas. Sin embargo, representan un inusual impulso para las compañías de telecomunicaciones en sus pujas con la poderosa maquinaria de lobby de Silicon Valley.
Si bien los ejecutivos de telecomunicaciones reconocen cada vez más que servicios como Snapchat y WhatsApp les ayudan a vender planes de datos más caros, en muchas partes del mundo también han estado a la defensiva acerca de la forma en que los servicios de transmisión por internet (over-the-top) han socavado sus ofertas tradicionales.
Las dos partes también se han enfrentado en torno a cuestiones regulatorias como la neutralidad de red en Estados Unidos, cómo conectar el mundo en desarrollo y quién se beneficiará de la información detallada que las empresas de ambos sectores tienen sobre los hábitos en internet y fuera de ella de sus clientes.
Las líneas de combate están marcadas de forma particularmente clara en Europa, donde los operadores tardaron más que sus pares de EE.UU. en adoptar un modelo para generar ingresos vendiendo planes de datos en lugar de servicios de voz y texto. Gigantes de telecomunicaciones como la española Telefónica S.A. y la alemana Deutsche Telekom AGse han fastidiado desde hace muchos porque sus servicios enfrentan restricciones e impuestos específicos para su industria a los cuales no están sujetas ofertas similares de las grandes firmas tecnológicas.
Las grandes empresas de tecnología rechazan esa idea y argumentan que si bien a veces ofrecen servicios comparables, sus negocios son marcadamente distintos y necesitan normas diferentes.
“Este no es un campo en igualdad de condiciones; es un campo con distintas capas, y las reglas necesitan reflejar eso”, dijo un ejecutivo de una firma tecnológica con sede en EE.UU.
Las empresas de tecnología dicen que la supervisión de los reguladores de telecomunicaciones nacionales de la UE podría elevar los costos y conducir a disputas jurisdiccionales, lo que las desalentaría a lanzar nuevos servicios.
“Podría verse la desaparición de estas opciones más baratas de llamadas y video del mercado”, afirma James Waterworth, vicepresidente de Europa de la Computer & Communications Industry Association, un grupo de presión con sede en EE.UU. que representa a Microsoft, Facebook y Alphabet Inc., la matriz de Google, entre otras empresas.
Las nuevas propuestas son en parte el fruto del lobby del sector de telecomunicaciones durante varios años en asuntos que van más allá de las relaciones con las firmas tecnológicas.
Los lobistas del sector de telecomunicaciones se muestran optimistas en que la UE propondrá reglas que harán más fácil que los grandes operadores cobren más por el acceso a nuevas redes, lo que, según ellos, les dará incentivos para invertir en conexiones de internet más rápidas.
“Tenemos grandes esperanzas y expectativas de que creará los incentivos adecuados para invertir”, señala Steven Tas, presidente de la junta de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones.
Las empresas de telecomunicaciones europeas no están obteniendo todo lo que buscan. La UE, que ya ha aprobado legislación para eliminar las lucrativas tarifas de roaming en el bloque, dio marcha atrás la semana pasada en una norma que habría limitado el roaming gratuito a 90 días al año, después de recibir fuertes críticas de grupos de defensa al consumidor.
Otro tema controvertido es si las llamadas reglas de acceso legal, que exigen a las empresas de telecomunicaciones que permitan a la policía hacer interceptaciones telefónicas, deberían ser expandidas a las firmas de tecnología. No queda claro si las propuestas de la UE incluirían tal cambio, pero esta posibilidad plantea el riesgo de una renovada pelea sobre si las firmas de tecnología deberían ser obligadas a construir “puertas traseras” en sus servicios codificados, dicen expertos en lobby de los sectores de telecomunicaciones y tecnología.
“Hay mucho dinero que los operadores invierten en acceso a datos para las autoridades”, dice un ejecutivo de telecomunicaciones. “Deberían ser los mismos servicios, mismas obligaciones”.
Argentina, el país más elegido por extranjeros para estudiar
Buscan aprender o perfeccionar el idioma español y cursar carreras universitarias o de posgrado.
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina es el destino más elegido en Latinoamérica por los extranjeros para estudiar el idioma español y realizar carreras universitarias de grado y posgrado, según datos de la Asociación Centros de Idiomas (ACI).
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Rosario son las ciudades preferidas por los ciudadanos de otros países que llegan a la Argentina para aprender o perfeccionar el español y, explica Marcelo García, integrante de la ACI, «esto se debe a que cuentan con universidades y una intensa vida cultural».
El encanto de la capital salteña.
García señala que «el 80% de los extranjeros que llega a la Argentina para aprender el idioma lo hace a través de algún centro de lenguas arancelado en el que cursan 20 horas semanales» y dijo que tanto ese porcentaje como los que arriban en forma particular «también hacen actividades turísticas y culturales y se involucran con la sociedad».
La ACI y el Ministerio de Turismo de la Nación trabajan en forma conjunta para garantizar la calidad de las instituciones educativas a las que llegan los extranjeros y también con los operadores turísticos dedicados a este segmento con el objetivo de que los servicios turísticos sean de calidad.
Turistas en Buenos Aires, Caminito.
«Así podemos garantizar la calidad de las instituciones académicas e idiomáticas y también una buena red de prestadores de servicios turísticos para estos estudiantes», subrayó el miembro de la ACI.
Muchas de estas acciones se presentarán durante el 6° Congreso Internacional de Turismo Idiomático que se realizará en la ciudad de Salta entre el 26 y el 29 de octubre. El objetivo es elaborar un plan estratégico que facilite la llegada de estudiantes extranjeros a la Argentina.
Tanto brokers como desarrolladores se refirieron sobre los hábitos de consumo en la demanda actual, a la hora de invertir para obtener un retorno como para habitar la unidad que se elija; la gente se informa mucho antes de comprar.
Por Leandro Murciego.
El cambio de gobierno y las distintas variables económicas que con él llegaron (el fin del cepo cambiario, los anuncios de ampliación de la línea de créditos hipotecarios y el Blanqueo de capitales, entre otros) fueron redefiniendo, de algún modo, el mercado local del real estate en Buenos Aires y el entorno más cercano. Esta metamorfosis no sólo se observa en la manera de entender el negocio sino que fue afectando a los diferentes eslabones de esta gran cadena.
Para pintar un poco al buscador actual Fabián Bergier, gerente de obras de Tizado Belgrano apeló a una anécdota risueña. «En Tizado internamente solemos tener un dicho, que es cada vez más utilizado, que sirve para definir el nivel de exigencia del comprador. Cuando los clientes se acercan buscando muy buenas propiedades a muy bajo precio solemos decir que quieren, un pollo grande que pese poco. No es lo único, cada vez es más común oír a gente preguntando: ¿Qué oportunidad tenés? Pero la realidad es que tanto compradores como vendedores llegan a nosotros con una muy buena investigación previa del comportamiento del mercado».
Y agregó: «Teniendo en cuenta que para el argentino, la propiedad por herencia cultural es un refugio de valor, eso lo ha convertido en un comprador complejo: informado y, a la vez, exigente pero bastante indeciso».
En cambio para Darío López, socio del estudio Arquitectonika , el comprador argentino es conservador »pero atento a las nuevas corrientes y cuándo hay garantías de calidad y respaldo, se arriesga».
Igualmente aquí, y en esto coinciden todos los brokers consultados, cabe hacer una diferenciación entre inversor y consumidor final. El primero es un comprador más frío, calculador que va al negocio, busca nuevas zonas (lugares con proyección) o muy buenos precios y unidades compactas donde no se dispara el valor por m2 con relación a la tipología; en cambio el consumidor final para el que, en muchos casos, la compra es un acontecimiento trascendental y hasta un proyecto de vida donde a lo económico se le suma una importante cuota emocional y aspiracional el análisis es diferente. «En nuestra sociedad un factor adicional es el símbolo del estatus, ser reconocido por dónde vivimos, o el hecho de pertenecer a zonas, barrios o proyectos con amenities que nos vincule socio-económicamente y transmita al resto de la sociedad su nivel de vida», dijo Bergier.
Según López el consumidor final argentino no sólo busca mejorar el nivel de vida sino también tener una inversión sólida como resguardo del dinero. Mientras que Leonardo Rodríguez Nader, CEO y fundador de la desarrolladora CMNV, declaró que: «En los últimos años las tendencias se han vuelto más complejas y lo que antes parecía ser la única variable de valor hoy resulta ser una combinación fluctuante de variables. Lo principal a tener en cuenta es el desarrollo y a partir de ello se suele definir el resto».
Para Diego Migliorisi, socio gerente de Migliorisi Propiedades, los accesos y la seguridad de la zona continúan entre los principales factores decisivos, a la hora de comprar una vivienda: «desde ya el valor es una característica importante pero no en todos los casos y mencionó los motivos más frecuentes de compra: ahorro, inversión o los cambios de ciclo de vida familiar como divorcios, casamientos, defunciones, ampliaciones. Sin duda, cada uno de ellos merece un extenso y muy personalizado análisis que suele escapar de las generalidades».
En los últimos años muchos jugadores del sector inmobiliario ante la falta de tierra en zonas consolidadas fueron buscando nuevos espacios los cuales brindaban mayores ganancias (aunque estos también proponían mayores riesgos) es así como crecieron barrios como Vélez Sarfield y Villa Luro (ubicados en el corredor oeste de la ciudad), Santa Rita y Villa Real algo similar sucede en Núñez entre las vías y la Avenida Del Libertador o algunos corredores de Saavedra. En todos esos lugares se multiplican los proyectos inmobiliarios y en la mayoría de los casos son residenciales con unidades pequeñas.
Los miedos del mercado
Al encontrarnos en un proceso de cambio de gobierno, el mayor temor que poseen hoy las distintas partes que conforman el sector es la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el mismo a partir de la implementación de las nuevas políticas económicas.
«La tendencia de precios finales, valor de la tierra, costo de la construcción, inflación, acceso al crédito, y el blanqueo moldearan el panorama tanto para consumidores, inversores y desarrolladores», sostuvo Bergier.
López, por su parte, casi que se animó a hacer una radiografía del consumidor final y afirmó: «la documentación en regla, como el dominio del bien, vicios ocultos, y la calidad de la construcción son los aspectos en donde el argentino es más prudente».
Federico de Narváez, vicepresidente de Ribera Desarrollos, consideró que el público local es moderado y que suele temer a la compra de pozo (debido a una posible interrupción de obra, algo que sucedía en este país muy frecuente en las décadas del 70 y 80) y el ajuste inflacionario.
Según los desarrolladores la gente también desconfía en que la empresa vendedora no se encuentre en condiciones de escriturar, que la construcción no cuente con un buen nivel arquitectónico en cuanto a su funcionalidad, calidad y estética y que la zona dónde se emplace el proyecto no sea segura.
Recomendación de los expertos
Los especialistas recomiendan tener en cuenta varios aspectos al elegir la vivienda: estudiar el mercado y elegir por calidad y diseño como factor principal y luego por precio. En el caso de inmuebles por edificar o en construcción, sugieren tener la mayor cantidad de referencias posibles de quién construye y asegurarse sobre su solvencia. Asimismo, conocer aquellos proyectos anteriormente desarrollados. En usados, sugieren realizar un análisis de títulos y sus respectivos certificados de dominio e inhibición. «Lo importante en una decisión inmobiliaria es tomarse el tema con tranquilidad y consultar a especialistas, arquitectos, asesores inmobiliarios, abogados y escribanos, pensar en la vivienda para habitarla y disfrutarla», dijo Darío López. [Nota de EP: No olvide contar con el apoyo de un consultor financiero para analizar el negocio]
El español Amancio Ortega superó por poco a Bill Gates como el más rico del mundo
Ranking de la revista Forbes. La fortuna del fundador del grupo textil Inditex, dueño de la marca Zara, alcanzó los US$ 78.600 millones, apenas unos US$ 100 millones más que los US$ 78.500 millones del cofundador de Microsoft.
Amancio Ortega, presidente del grupo textil español Inditex.
El empresario español Amancio Ortega, fundador del grupo textil Inditex, superó por poco al cofundador de Microsoft, Bill Gates, como el hombre más rico del mundo en el ranking de la revista Forbes.
Así, Ortega, cuya fortuna alcanzó los US$ 78.600 millones frente a los US$ 78.500 millones de Gates, recuperó el primer puesto del ranking que ya había ostentado en octubre de 2015.
En comparación con el listado anual publicado en marzo, Ortega incrementó su fortuna en US$ 11.600 millones, mientras que Gates lo hizo en US$ 3.500 millones. En esto ayudó además que, en la última semana, las acciones de Inditex subieron más del 3% y las de Microsoft cayeron un 0,7%.
En el primer trimestre, el gigante español Inditex, dueño de la marca Zara, obtuvo un beneficio de 554 millones de euros, un incremento del 6% gracias a un fuerte aumento en las ventas.
En efecto, entre enero y marzo las ventas del grupo a través de sus ocho marcas, que incluyen Massimo Duti y Bershka, totalizaron 4.880 millones de euros, un aumento del 12%.
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude.
Según The Economist, los documentos dan a conocer las participaciones financieras de “140 políticos y funcionarios, entre ellos 12 antiguos y actuales presidentes, monarcas y primeros ministros.” Además, se alega que toda la riqueza ilícita adquirida por negociar con “estados rebeldes, terroristas o narcotraficantes” fue escondida detrás de sociedades anónimas. Los asociados colaboradores de Vladimir Putin supuestamente transfirieron miles de millones al mundo offshore y el primer ministro de Islandia ya renunció a su cargo.
Todo esto dio un impacto a la comunidad internacional y consecuentemente los ojos se giraron hacia Panamá; de ahí vienen los Papeles de Panamá. Los periodistas y eruditos tomaron la ofensa contra Panamá y lo criticaron por fomentar la evasión fiscal y lavado de dinero mediante su benigna política fiscal y sus leyes permisivas de secreto bancario. De hecho, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, recientemente declaró que “las revelaciones sobre los Papeles de Panamá han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá.”
Y en esto se centran las noticias. ¿Pero es culpable Panamá?
El Compromiso de Panamá con la Transparencia Internacional
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Panamá ha hecho grandes avances desde los días de Noriega y su “narco-cleptocracia” — en las palabras de John Kerry — mediante la cual convirtió esta pequeña nación centroamericana en un hervidero del lavado de dinero y narcotráfico. Hace muy poco, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero, removió Panama de la lista gris:
El GAFI reconoce los pasos significativos que dio Panamá para mejorar la prevención del lavado de dinero y confirma que Panamá cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso según su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en junio del 2014.
De hecho, un Informe del año 2015 del Departamento de Estado de EEUU sobre el lavado de dinero y delitos financieros elogió a Panamá por sus esfuerzos. El informe concluyó que el plan actual de acción de Panama mejorará su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de dinero y creará un sistema financiero más transparente. Hace algunos años, la OCDE removió Panama de su propia lista gris entrando así en la lista blanca por sustancialmente implementar las normas internacionales en el intercambio de información tributaria. Además, Panamá ha firmado numerosos Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), incluso con los Estados Unidos, y en gran medida se ha alejado de la imagen de los años 1980s.
Como parte de su compromiso, Panama inmovilizó las acciones al portador, o las acciones que esconden el beneficiario final (el verdadero dueño), y exigió que tales acciones emitidas previa a la ley fueran entregadas a un custodio autorizado. El propósito fue para asistir las autoridades en procesar la evasión fiscal y el lavado de dinero contra los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de Panamá.
Evidentemente, Panamá ha complacido a la comunidad internacional y está cumplimiento con su compromiso de luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Lamentablemente, los Papeles de Panamá han tergiversado sus esfuerzos mientras provocan dudas sobre la eficacia de sus leyes vigentes al respecto — las mismas leyes consideradas pasos en la buena dirección. Por lo tanto, la llegada de los Papeles de Panamá plantea una pregunta muy importante: ¿Se debe culpar a Panamá? Veamos dos personas importantes involucradas en el mundo offshore: los bancos y los abogados.
Los Bancos
La apertura de una cuenta bancaria en Panamá es bastante difícil para los extranjeros. El proceso de solicitud puede demorar desde dos semanas hasta un mes y los bancos no asumen obligación alguna de aceptar al cliente. La solicitud misma puede llegar hasta treinta páginas y el uso de los abogados para facilitar la navegación del proceso es práctica común. Se requiere con frecuencia una entrevista personal y los bancos mismos deberían guardar un registro actualizado de los beneficiarios finales de la empresa, si es cuenta jurídica.
De hecho, Panamá estableció la Superintendencia de Bancos de Panamá para “velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario…para mantener y profundizar la integración financiera internacional.” Ley 2 de 2008 aclara enérgicamente lo anterior. Por ejemplo, dicha ley establece que todos los bancos se someterán a la supervisión e inspección por la Superintendencia y deberán confirmar que cumplen con el marco legal y regulatorio establecido para combatir el lavado de dinero. Además, los bancos deberán establecer normas y políticas que les permitirán conocer al cliente (leyes de KYC, por sus siglas en inglés).
Las leyes de “Conocer su Cliente,” o KYC, son bastante onerosas. Por esa razón, les hago saber algunas de las muchas disposiciones pertinentes, tipificadas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, adecuadamente llamada “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales…” La Ley 23 es parecida a la ley bancaria de Panamá — Ley 2 de 2008 — y establece las medidas básicas de debida diligencia del cliente natural y jurídica.
Los bancos deberán establecer un perfil financiero del cliente (o del beneficiario final) al abrir la cuenta bancaria y tomarán medidas para verificar e identificar la fuente de fondos. En el caso de personas jurídicas, los bancos deberán identificar y solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas. En otras palabras, si el cliente es una persona natural o persona jurídica, el beneficiario final deberá ser identificado. Si no es posible, pues, el banco se comprometerá a abstenerse de operaciones y relaciones en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final. Las personas que cumplen funciones públicas de alto nivel, incluyendo sus asociados, se someten a un escrutinio más fuerte.
Además de determinar y verificar la identidad del cliente, los bancos deberán para todas las personas conocer la naturaleza del negocio del cliente y, de manera estilo Patriot Act, examinar constantemente la relación comercial con especial atención en transacciones equivalente o más de $10,000.00. Sin embargo, los bancos jamás conocerán al cliente tan profundo como los abogados. De hecho, contratar a un abogado es por lo general el primer paso en abrir la cuenta bancaria ya que el abogado estámejor preparado que el cliente para navegar en el laberinto de documentos involucrados en el proceso. Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente comienza con los abogados — a ellos les corresponde esa obligación.
Los Abogados
Como ya se mencionó, la primera línea de defensa en la lucha mundial contra el lavado de dinero y la evasión fiscal empieza con los abogados. Por un lado, los clientes tendrán muchas más probabilidades de ser mas transparente con su abogado que con su banquero. Por otro lado, el privilegio entre abogado y cliente fomenta dicha transparencia entre las partes y, según la ley, protege la confianza del cliente.
Los abogados, entonces, se encuentran en una situación única de tener tanto acceso a información muy personal como información inculpatoria. En consecuencia, son muchos más versados en verificar la verdadera identidad del cliente. Ésta es la razón por la que el abogado es un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Las infracciones al Código de Ética serán objeto de investigación rigurosa del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá y la disciplina es administrada por la Corte Suprema. Los abogados también se someten a las metidas básicas de debida diligencia y normas de KYC que aplican a los bancos detallado en Ley 23 de abril 27 de 2015 (vea arriba). Sin embargo, a diferencia de lo que aplica a los bancos, los abogados y sus firmas se someten a obligaciones más rigurosas de KYC.
Por lo general, la Ley 2 del 1 de febrero del 2011, la cual “regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas,” obliga a que los abogados hagan efectivamente eso: conocer a su cliente. Los agentes registrados (o residentes), los cuales son los abogados o sus firmas mismas, deberán tomar las medidas necesarias para identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final para “contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera otra actividad ilícita.” Además, los agentes residentes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Específicamente, la ley profundiza con gran detalle las medidas aceptables de cumplimento y a raíz de esto lo que sigue son unas disposiciones pertinentes: Los abogados, como agentes registrados, deberán identificar al cliente y verificar su identidad con base en documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes. Además, cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, o sea una corporación misma, el abogado tendrá que proporcionar evidencia satisfactoria de la identidad de tanto el tercero como el cliente, incluyendo, pero no limitativo: (1) referencias bancarias y comerciales; (2) copias de un documento de identidad personal nacional y/o pasaporte; (3) y copias de la misma de todos accionistas — en el caso de corporación — que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% de su capital. Por encima, cuando los certificados de acciones que representan el título de propiedad estén emitidos al portador, el abogado tendrá que verificar la identidad de los que posean dichas acciones, y presentar evidencia satisfactoria de su identidad. Los abogados deberán mantener actualizados toda la información y documentos obtenidos y cualquier cambio al título de propiedad de la corporación requerirá un nuevo conocimiento a su cliente.
Hasta que se identifique al cliente y el período de debida diligencia se finalice, los agentes residentes deberán abstenerse de la presentación del servicio al cliente. Además, los agentes residentes deberán establecer y mantener políticas y procedimientos al respecto, y ciertos empleados deberán capacitarse en cómo implementar dichas políticas de conozca a su cliente, así como el mantenimiento de registros. Como sea necesario, las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, podrán solicitar la entrega de información sobre el cliente y exigir cualquier documento o registro que les facilite la lucha contra el lavado de dinero.
La lista continúa.
Conclusión
No cabe ninguna duda de que las instituciones financieras y los abogados son actores claves en lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Como ya se mencionó, Panamá ya cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso de adherirse a los estándares internacionales de transparencia bancaria. A este respecto, las leyes y normas de Panamá son mucho más fuertes que las de otras partes del mundo. Veamos brevemente el caso de los Estados Unidos:
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
Aún, los Papeles de Panamá muestran una imagen sombría del mundo offshore en Panamá. No obstante, el sistema panameño no es el coche de huida para las finanzas de los ladrones y quienes los rodean. Panamá ha realizado un esfuerzo concertado para combatir los delitos financieros de nivel local, nacional e internacional, y sobre todo tiene en su lugar los mecanismos de prevenir lo mismo. Al final, serán los bancos y abogados quienes se encargan de cumplir con las normas y leyes al respecto — a ellos les corresponde la obligación. No obstante, los abogados son humanos y algunos tal vez consideren que la ética y el imperio de la ley impiden sus propios intereses.
Y en esto deberían de haberse centrado los Papeles de Panamá. En su lugar, obviamente influido por el sensacionalismo, los Papeles de Panamá plantean dudas sobre la integridad de todo el país nada más por las acciones de un solo despacho de abogados. En realidad, la cultura y práctica del secreto financiero de Panamá no tienen nada que ver con la situación. Al contrario, fue la cultura y práctica de un despacho de abogados que vulneró la ley los responsables por dicha situación.
La recuperación de activos del lavado de dinero: Una oficina nacional de administración de bienes secuestrados y decomisados
Por Rodrigo Luchinsky.
Algunas fuentes no oficiales indican que desde el año 1989 se recuperaron solamente $25 millones del lavado de activos. Teniendo en cuenta que transcurrieron 27 años, la cifra es verdaderamente exigua. Algunos analistas expresan que la principal razón es la ausencia de voluntad política por parte del sector público, incluyendo las fuerzas policiales y la justicia. En general, los jueces alegan las dificultades técnicas de la figura del decomiso tal como está legislada en la normativa penal. Mientras tanto, el congreso nacional dio media sanción a una ley de extinción de dominio, que espera su tratamiento por parte de la Cámara de Senadores.
Efectivamente, las razones de la escasa cantidad de decomisos tienen que ver con cuestiones de técnica legislativa, pero también con un problema de voluntad política. En este sentido, la Corte Suprema Nacional, que es la cabeza del poder judicial y el beneficiario de los bienes incautados, no mantiene estadísticas oficiales de los decomisos. En la práctica, cada juzgado es como una isla, y por lo tanto el nivel de efectividad depende de la voluntad que cada juez le imprime al asunto.
En una apretada síntesis, la dificultad técnica tiene que ver con que el decomiso de activos está considerado como una suerte de sanción (la pérdida de los objetos del delito) y no como una medida de política criminal tendiente a golpear a las organizaciones criminales en su economía, con independencia de la persecución penal de sus miembros. Y también, a decir verdad, existen cuestiones de índole constitucional que impiden aplicar sanciones a quienes no hayan sido declarados culpables por un tribunal de justicia actuando en el estricto marco de la ley. La delincuencia organizada es una problemática compleja y pluricausal que debe ser abordada de un modo multidisciplinario. En términos del diseño de políticas públicas de prevención resulta fundamental la elaboración de diagnósticos actualizados, la superación de precon¬ceptos que oscurecen la comprensión de la problemática, y un abordaje despojado de barnices ideológicos y culturales.
El decomiso es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, constituye una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
Un camino posible que implique la corrección de las dificultades técnicas de la figura y el alineamiento de la voluntad política es la creación de un ente especializado en la recuperación de activos. Esta suerte de oficina nacional de administración de bienes se¬cuestrados y decomisados, debiera tener la misión de administrar, custodiar, mantener, conservar y disponer de los bienes secuestrados y/o decomisados en los procesos penales por delitos de acción pública.
Aunque su marco de intervención debiera alcanzar a todos los bienes secuestrados o decomisados por disposición judicial, es una herramienta de especial interés para la lucha contra el narcotráfico por sus particularidades como fenómeno criminal.
La oficina nacional deberá administrar, conservar, custodiar, invertir y/o disponer, según correspondan los bienes, productos e instrumentos secuestrados y/o decomisados, tanto aquellos decomisos definitivos como los decididos sin condena por disposición del Código Penal. En tal misión, deberá coordinar con autoridades judiciales nacionales y provinciales, autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades extranjeras y organismos internacionales, aquellas políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes secuestrados y/o decomisados, pudiendo celebrar acuerdos de administración conjunta, intercambio de información y cesión de bienes a título gratuito en condición de reciprocidad.
La oficina nacional debiera actuar inmediatamente luego de ser notificada judicialmente acerca del secuestro y/o decomiso de algún bien, debiendo manifestar su intención de administrar y/o disponer de dicho bien. Para resguardar los derechos de los eventuales terceros o cuando deba restituirse el bien a quien resultara imputado, todos los ingresos patrimoniales estarán precedidos de una valuación del precio de mercado producida, cuando sea pertinente, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
De tal modo, si dadas las particularidades de los bienes, ha sido autorizada judicialmente la disposición de los bienes, nace un derecho crediticio que la oficina nacional deberá restituir con más los intereses que correspondan. En ese caso, también se resguardan con mayor fortaleza los derechos de los sujetos de la restitución: en lugar de una cosa que ha permanecido mucho tiempo sin uso, derruida, se restituye una suma líquida. En ese sentido, económicamente la oficina actuará como una suerte de compañía de seguros. Se debería constituir un fondo de reserva destinado a solventar las restituciones que deban efectuarse en forma líquida, invertido en instrumentos financieros.
Para facilitar la cooperación internacional, la oficina podría acordar intercambios de información sobre bienes sujetos a decomisos con autoridades locales e internacionales.
Los recursos que se obtengan de la administración y disposición de los bienes secuestrados y/o decomisados serán asignados, además del sostenimiento de la propia oficina, al presupuesto general de la justicia y a la administración pública para ser aplicado a la seguridad pública.
Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas
Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.
El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.
BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.
“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.
EL TEXTO COMPLETO
“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.
Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.
La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.
Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.
Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.
Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.
La elusión de impuestos de Apple ilustra la brecha entre la ley y la lógica económica
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto.
Por Greg Ip.
Apple Operations International, la subsidiaria de Apple en Irlanda.
Empresas estadounidenses como Apple Inc. no son solamente innovadoras de primera categoría en tecnología y marketing. Son, además, innovadoras de primera clase en la elusión de impuestos.
Esta es una de las lecciones evidentes del anuncio que realizó la Comisión Europea la semana pasada de que Apple le debe a Irlanda hasta US$14.500 millones en impuestos impagos. Hablando estrictamente en términos económicos, la CE tiene razón. Apple, con la ayuda de Irlanda, separó las ganancias que reporta y los impuestos que paga de la actividad comercial que genera esas utilidades. Ese comportamiento, repetido por numerosas multinacionales en otras jurisdicciones, ha creado brechas gigantescas en el sistema mundial de impuestos corporativos.
Sin embargo, determinar si la CE tiene razón o no en el aspecto legal es otra cuestión. El organismo afirma que Irlanda le dio a Apple un trato especial que constituye una ayuda estatal ilícita a una empresa privada. El gobierno irlandés lo niega y planea apelar la decisión ante los tribunales de la Unión Europea.
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto. La elusión multinacional de impuestos está creciendo precisamente porque las compañías perseverantes pueden hallar muchas maneras, y muchos gobiernos socios, para evitar pagar tributos. Las normas impositivas son tan subjetivas que una compañía puede afirmar que cumple las normas y sin embargo paga una tasa que “todos los demás ven y dicen que es de locos”, asevera Martin Sullivan, economista jefe de Tax Analysts, una consultora sin fines de lucro.
El hecho de que la elusión de impuestos corporativos haya crecido es evidente al ver las ganancias que las empresas estadounidenses reportan en paraísos fiscales. Las ganancias de las empresas de control estadounidense equivalieron en 2004 a 7,6% del Producto Interno Bruto de Irlanda. Para 2010, esa cifra se había más que quintuplicado, a 42%, según Jane Gravelle, analista del Servicio de Investigación del Congreso, que no tiene afiliación política. En Luxemburgo, la relación se ha disparado de 18,2% a 127%. En paraísos fiscales tradicionales como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, las ganancias de las subsidiarias estadounidenses equivalieron a 20 veces el PIB local en 2010.
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Existen varias razones detrás de este aumento. Una es el crecimiento de la propiedad intelectual, como las patentes, las marcas y el software como fuente de ganancias, que se pueden trasladar fácilmente entre jurisdicciones en el extranjero. Otra es la sofisticación y la audacia con las que las multinacionales explotan los resquicios entre, y los tecnicismos en, los sistemas tributarios de diferentes países. Debido a que Estados Unidos es líder en sectores intensivos en propiedad intelectual, sus empresas son naturalmente los usuarios más ávidos de tales técnicas.
Según la CE, Irlanda tomó determinaciones impositivas en 1991 y 2007 que permitieron a Apple asignar ganancias sobre las ventas en la Unión Europa a una “sede” interna que existía sólo en papel y no era gravable bajo una provisión de las leyes tributarias irlandesas que ya no está en vigencia. Por consecuencia, sostiene, la tasa tributaria efectiva de Irlanda sobre las ganancias europeas de Apple fue de 0,005%, muy por debajo del impuesto corporativo oficial de 12,5%.
La respuesta de Apple, como es costumbre, distó de ser un pedido de disculpas. “Pagamos todos los impuestos que debemos”, declaró su presidente ejecutivo, Tim Cook, en una carta a los clientes.
Cook calificó la tasa tributaria estimada de la CE como “estupideces políticas”. Un vocero del gobierno irlandés dijo: Lo que sabemos que es irlandés está siendo tributado. Lo que sabemos que no es irlandés no estamos tocando”. El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, quien suele vituperar contra malhechores corporativos, se puso del lado de Apple, argumentando que la CE ha sembrado incertidumbre y socavó la cooperación internacional, liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tomar medidas drásticas contra la elusión impositiva.
Lew también una motivación monetaria. La CE afirma que Apple debe impuestos que ocultó indebidamente de los gobiernos europeos. No obstante, EE.UU. también reclama el dinero. Pese a que Apple envió las ganancias a una unidad que no es reconocida por la ley tributaria de EE.UU., la compañía dice que las utilidades están sujetas a impuestos estadounidenses. Sin embargo, no tiene que pagar el impuesto mientras el dinero permanece fuera del país, y Cook asegura que no será repatriado hasta que la tasa de impuestos corporativos de EE.UU., actualmente de 35%, sea más de su gusto. Apple reporta una tasa impositiva de 26%, pero eso incluye impuestos sobre ingresos extranjeros que en realidad no ha pagado. Sin contar eso, su tasa tributaria en efectivo es de 19%.
Esto, sin dudas, es lo que los accionistas de Apple quieren escuchar, pero solamente profundiza el cinismo del público hacia el sistema tributario y la globalización en general.
Las empresas estadounidenses argumentan que tendrían menos incentivos para trasladar las ganancias si EE.UU. bajara su tasa impositiva para las empresas y dejara de gravar las ganancias obtenidas fuera del país. De todos modos, cuesta creer que las empresas repatriarían sus ganancias con una tasa de 25% en EE.UU. si en los paraísos fiscales pagan una tasa efectiva de cero. Poner fin al derecho a postergar las ganancias obtenidas en el extranjero podría resultar efectivo, pero eso también podría llevar a las empresas estadounidenses a abandonar EE.UU. del todo. Y, por supuesto, ambas medidas requerirían un cambio de legislación.
La iniciativa de la OCDE apunta a cerrar algunos de los resquicios que facilitan la elusión fiscal, pero quedar por verse cuán profundo puede ser su impacto. Un estudio de septiembre de 2015 para el Parlamento Europeo sugirió que una solución integral podría recaudar US$13.000 millones al año, una fracción de los US$56.000 millones a US$212.000 millones que pierde debido a “planificación impositivas enérgicas”.
De hecho, los recaudadores fiscales tal vez nunca logren seguir el ritmo de sofisticación de las empresas que eluden impuestos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que la tarea haya recaído en un regulador antimonopolio.
Datos personales: se avecina una guerra entre Big Brothers
Por Juan Gnius.
Telefónica anunció que trabaja en una plataforma que permitirá decidir a los usuarios qué tipo de información quiere compartir y con qué empresa. Denominada la cuarta plataforma de la empresa (las otras son redes, sistemas y servicios), verá la luz el año próximo.
El anuncio fue realizado este lunes por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante el 30° Encuentro de Telecomunicaciones organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la patronal Ametic, en España. El ejecutivo explicó brevemente en qué consistiría la plataforma: los clientes de la compañía podrán conocer toda la información que manejan sobre ellos las redes sociales y las compañías de Internet como Facebook, Twitter o Google, bloquear esa información o cobrar por esos datos. Telefónica aún trabaja en la interfaz de su nuevo producto.
La cuarta plataforma recolectará toda la información que ahora está dispersa de los clientes, para devolverles esos datos y que negocien directamente con los jugadores de Internet a través de Telefónica.
La jugada se inscribe en la guerra que desde hace años los operadores de telecomunicaciones llevan adelante contra las empresas de Internet, que basan sus productos y servicios sobre las redes de los operadores sin invertir en esa infraestructura. Varios de los servicios de los Internet players canibalizan ingresos que tiempo atrás eran propiedad de las telcos, como WhatsApp –propiedad de Facebook– y los SMS. A su vez, los telcos se ven obligados a respetar determinadas regulaciones que los Internet players no tienen por qué acatar. En este sentido, la estrategia regulatoria emprendida por los operadores “mismos servicios, mismas reglas” no está dando resultados.
Ahora, Telefónica apuesta a desvelar la “gratuidad” de los servicios de los jugadores de Internet con el conocido argumento: cuandoalgo es gratis en Internet, el usuario es el producto. Google, Facebook y Twitter, entre otras innumerables compañías, utilizan los datos que los usuarios le proporcionan –y otros que no– para ajustar las ventas de publicidad de acuerdo con los hábitos y consumos que detectan por medio de algoritmos. Esta táctica puede entenderse de la siguiente manera: como no puedo cobrar por el uso de infraestructura de redes, al menos que mis usuarios cobren por el uso de sus datos personales. El objetivo no es financiero, sino que consiste en “desenmascarar” a las empresas de Internet. Debilitarlas de alguna manera. Una meta difícil de lograr bajo un pensamiento mayoritario de los consumidores: los que cobran son malos y los que no, buenos (esbozado básico y linealmente).
La gran mayoría de los usuarios no presta atención a los permisos que requieren, por ejemplo, las aplicaciones que descargan en sus smartphones. Aceptan todo, con tal de utilizar la app. Y así contribuyen a la delineación de su perfil de consumidor online. De distinta manera, Telefónica y todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones también cuentan con información y conductas de sus clientes y usuarios. En la reunión mencionada, que culmina mañana, Álvarez-Pallete reconoció que “Telefónica tiene más información sobre sus usuarios que cualquier empresa de Internet. Ellos utilizan algoritmos pero nosotros tenemos datos de consumo real, de lo que compran, de lo que gastan, de sus preferencias…”, según publicó el diario El País. En definitiva, el usuario online está desnudo en una guerra de Big Brothers.
Asian-Americans: an essential life insurance marketing demographic
As this population grows, so does its buying power.
By Warren S. Hersch.
Agents and advisors looking to serve Asian-American clients would do well to take a tailored, culturally attuned approach.
If you’re aiming to expand your presence in certain markets, you could do worse than to direct the lion’s share of your attention to an often overlooked group: Asian-Americans.
Estimated at nearly 20 million, this broad and culturally diverse community — one embracing populations from more than 40 countries and who speak dozens of languages — is impressive by almost any measure.
Just name one benchmark: Household income? Financial assets? Home ownership? Children sent off to college? Asian-Americans surpass (sometimes by a wide margin) statistics for the general U.S. population.
To boot, their numbers and financial clout are growing. That translates into more dollars available to spend on protection products, solutions that Asian-Americans have not, despite a mounting need, adopted as widely as their U.S. peers.
These are among the findings of a 2016 survey by Prudential Financial, “Asian-American Financial Experience.” The focus of an August 25 media briefing hosted by Prudential at the Asia Society in New York City, the study delves into financial challenges the community shares with the larger U.S. population, from funding a secure retirement to managing expenses. Conducted by Harris poll in June, the survey authors polled 2,597 Americans (ages 25-70), about 2,100 of whom self-identify as Asian-Americans.
Agents and advisors looking to serve this community, the survey’s authors stress, would do well to take a tailored, culturally attuned approach to prospecting, planning engagements and client servicing.
“Our survey results show that the need to for a nuanced, culturally acute roadmap to helping Asian-Americans realize their financial goals has never been greater,” the report states. “Companies that take the time to understand and connect with them will be among those best positioned to serve them.”
Best positioned, to be sure, if the connecting happens at the appropriate level, for the Asian-American community is hardly monolithic. The major subgroups — Chinese-, Japanese-, Philipino-, Indian-, Vietnamese- and Korean-Americans have “unique cultural experiences, traditions and histories” the report notes, that influence their financial preparedness, needs and outlook.
Cultural differences
Chinese-Americans, for example, tend to have “higher-than-average” education and asset levels, occupy more professional positions, are “self-described savers,” possess greater knowledge of “debt management and investing” and “own a greater diversity of financial products,” than their survey peers. Pilipino-Americans, in contrast, are more likely than their counterparts to carry higher credit card debt, be employed in “a mix of manual and professional careers,” and plan to work in retirement to supplement income.
The differences extend to financial savviness and access to information. Despite their comparative affluence, Chinese-Americans tend to not leverage the services of insurance and financial service professionals as much as other Asian-Americans.
“Chinese-Americans don’t get a lot of exposure to the information and solutions we offer,” says Hurong Lou, a Prudential advisor and panelist. “In contrast, Korean- and Indian-Americans get a lot more education about investments, insurance and managing risk. For different subgroups, the levels of financial information and education vary.”
More striking than the differences are the commonalities among the groups polled. These shared characteristics — a greater propensity to save for one’s golden years, invest in children’s college education and prepare for financial emergencies — sets Asian-Americans apart from the general population. Consider these survey findings:
Twenty-two percent of Asian-American parents surveyed say providing college tuition for their children is “highly important” to them, versus 14 percent of parents in the general population.
Twenty-five percent say taking care of family members is a priority, versus 15 percent of the general population.
Buying a home also is a top goal for 24 percent of Asian-Americans, versus 17 percent of the general population.
Asian-Americans surveyed have a median personal income of $62,000 and median household income of $87,000, versus $42,000 and $62,000, respectively, for the general population.
Asian-Americans estimate the value of their household financial assets, excluding their primary residence or a business, at $445,600, on average, compared with $385,500 for the general population. Seventeen percent of Asian-Americans — about one in every six — have at least $500,000 of equity in their homes, compared with 8 percent of the general population.
Differences relative to the general population extend also to financial support and caring for family members. As the report notes:
Fully a third of Asian-Americans identify themselves as caregivers for another person — typically a spouse, parent, other relative or special-needs child — compared with 21 percent of the general population surveyed.
Seventy percent of Asian-American caregivers say they pay some of the living expenses of the person they’re helping, including 31 percent who pay all those costs. By contrast, 57 percent of caregivers in the general population shoulder some of the living expenses of the person they’re helping, including 28 percent who pay all the costs.
Thirteen percent of Asian-Americans have parents or grandparents living with them, compared with 8 percent of the general population. And 20 percent of Asian-Americans provide financial assistance to relatives, versus only 6 percent of the general population.
“What is most striking to me is that Asian-Americans, as a group, provide more financial support to relatives by almost a three-fold multiple of the general population — that’s staggering,” said Srinivas Reddy, a panelist and senior vice president and head of full service investments, Prudential Retirement, at the media briefing. “That says a lot about this demographic segment and their financial priorities.”
(Srinivas is pictured here, to the right of Prudential’s Smriti Sinha. Photo credit: Vladimir Gitt, Prudential Financial. Click on image to enlarge.)
Added Smriti Sinha, vice president of strategy initiation and development for Prudential individual life insurance: “My personal family experience dovetails with that of the larger [Asian-American] population. Actions do reflect our priorities. The community is doing its best to make sure that the extended family is supported and cared for.”
Doing without financial assistance
Asian-Americans often are not cognizant of solutions and advice that might put their own finances on better footing. The report observes that fewer than 1 in 5 Asian-Americans (18 percent) work with a financial professional, compared with 26 percent of the general population.
Why the lower rate? Survey participants cite high fees, insufficient assets and a preference to “do it on my own” as reasons for sidestepping advisors. More so than the general population, Asian-Americans also responded that they “have never found someone I can trust.”
The Prudential panelists differed as to the factors underpinning this lack of trust. Moderator Betty Liu, an anchor at Bloomberg Television, cited age as a factor: Older Asian-Americans, she suggested, may be less inclined than digitally-savvy and more culturally assimilated millennials to engaging the services of a financial professional. (Liu is pictured below, first from right. Photo credit: Vladimir Gitt, Prudential Financial. Click on image to enlarge.)
Prudential’s Hurong Lou disagreed, arguing that cultural differences — more pronounced among first-generation immigrants than second- or third-generation Asian-Americans —account for the trust gap. As they become more Americanized, he said, they “let their guard down” making them more approachable.
The personal experiences of Lou (pictured here, first from left) align with the survey findings. Those who work with a financial professional are more likely to have been born in the U.S. (23 percent vs. 16 percent who were not) and to speak English (20 percent, versus 7 percent who do not).
Sinha cited still other factors, including Asian-Americans’ “risk appetite,” “access to financial information” and insurers’ varying levels of success in solving for the community’s financial needs through their “channel of choice.” For the millennial set, that means making online interactions more engaging and streamlined. Older Asian-Americans may, in contrast, prefer the personal touch, engaging with advisors through friends, family members or community organizations.
Prudential’s Lou did the last for one Filipino couple — and the effort paid off handsomely. Affluent doctors, the husband and wife were hesitant at first to work with Lou and his team, believing they could manage assets on their own.
But, said Lou, they “liked us enough” to ask the advisor team to join a Filipino-American association where they were active. Within two months, the couple had fully embraced the Prudential agents — so much so that they organized a party for the team’s benefit and recommended Lou & Co. to friends and family invited to attend.
The fact that Lou, a Chinese-American, was of a different ethnic background proved not to be a deterrent to establishing a trusting professional relationship with the couple. Sinha, responding to a question from Bloomberg’s Liu as to whether advisors need to “look like” the community they serve, echoed the point.
“I think this gets back to authenticity — connecting in a meaningful way with our clients and prospects,” said Sinha. “It can’t just be marketing spiel. True engagement happens over time.”
Lacking financial protection
More quality time with the community needs to happen, particularly when the topics of discussion are insurance and annuities. Though a greater percentage of Asian-Americans own stocks than does the general population (29 percent vs. 23 percent), they lag in ownership of protection products.
Fewer than 3 in 10 (28 percent) of Asian-Americans have purchased life insurance outside of work, as compared to 33 percent of the general population. Their adoption rates are similarly lower for:
Life insurance purchased outside a place of employment (27 percent vs. 30 percent)
Health insurance purchased outside a place of employment (15 percent vs. 19 percent)
Fixed and variable annuity ownership (6 percent vs. 9 percent); and
Disability income insurance purchased outside a place of employment (5 percent vs. 8 percent)
“For a community that cares so much about family members, the Asian-Americans population is, oddly, the least penetrated in terms of life insurance and protection solutions,” said Reddy. “That’s why it’s so essential to educate and build awareness about our products within the community.”
That community is rapidly growing. According to U.S. Census data, the Asian-American population increased to 6.6 percent in 2014 from 4.5 percent in 2000. Much of the rise is being fueled by first-generation immigrants who now account for a large majority (73 percent) of the demographic group’s nearly 20 million citizens, a number that’s expected to double by 2050.
As their ranks have increased, so has their buying power: up a whopping 180 percent between 2010 and 2014. The life insurance and financial services industry is betting that, in the years ahead, more of their disposable dollars will be allocated to protection products.
“The median net worth of Asian-Americans today is about $100,000 more than that of the general population,” said Prudential’s Reddy. “Given their unmet protection needs, they represent a huge market opportunity for our industry.”
See the charts beginning on next page for additional highlights from Prudential Financial’s «Asian-American Financial Experience» survey.
By a substantial margin, Asian American households tend to be concentrated in the East and the West, where wages (along with living expenses) tend to be higher than they are in the Midwest or the South. (Click on chart to enlarge.)
A higher percentage of Asian-Americans than non-Asian-Americans rate several family-related financial goals as very important: having enough life insurance to protect loved ones, helping to take care of parents or other family members, and buying a home and providing college tuition for children. (Click on chart to enlarge.)
Though they’re more likely than the general population to own individual stocks, Asian-Americans lag in ownership of some protection products, including life insurance, disability income insurance, fixed/variable annuities and health insurance. (Click on chart to enlarge.)
Not only do Asian-Americans consult a higher number of resources than the general population (5.8 average resources versus 4.1), they also demonstrate a higher propensity to consume information from fewer traditional sources, such as clubs, social media and faithbased resources. (Click on chart to enlarge.)
As this chart shows, Asian-Americans outstrip the general population in education levels, but mirror the broader U.S. public in terms of household composition and marital status. (Click on chart to enlarge.)
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude. 
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
