Se sabe que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades hicieron cada vez más rigurosos y extensos los controles de seguridad en los aeropuertos. Si bien últimamente algunas aerolíneas -“aflojaron” un poco, no viene mal dar algunos consejos para llevar a cabo este proceso de manera rápida y exitosa, cumpliendo debidamente con los protocolos de seguridad.

Desde la compañía de asistencia al viajero Assist Card recomiendan, antes que nada, arrancar el viaje de manera prolija: que cada pasajero prepare, en persona, su equipaje, tanto el de mano como las valijas que se van a despachar. Este es el modo más razonable de no llevarse ninguna sorpresa.

Una vez en el pre-embarque, al momento de pasar por el scanner, la compañía sugiere considerar estos aspectos:

1. Tomar todas las pertenencias personales que se lleven puestas o en los bolsillos, en particular las metálicas (celular, reloj, cinturón, monedas y anillos, entre otros) y colocarlas en el interior de la mochila o bolsa de mano. Sólo se perderán de vista unos pocos minutos.

2. Igualmente, si se llevan aparatos electrónicos y cargadores, hay que tenerlos juntos en la misma zona del equipaje. Para evitar perder tiempo en revisaciones innecesarias, las notebooks deben ser llevadas fuera de su funda.

3. En viajes internacionales pueden solicitar quitarse el calzado. Es conveniente tener puestos zapatos que sean fáciles de sacar. Lo mismo para los chicos.

4. Los líquidos siempre son un tema, pero no es complicado respetar las normas. Está permitido llevarlos pequeñas cantidades. Por ejemplo, perfumes, pastas dentales y desodorantes personales, jarabes, espumas, entre otros, en una cantidad que no supere los 100 mililitros por contenedor.

Si bien no suelen ser demasiado estrictos en este punto, no conviene fiarse: la norma indica que todo líquido o gel debe ser llevado en bolsa de plástico transparente y cerrada (con cierre tipo zip o similar), cuya capacidad no sea superior a 1 litro o 20 x 20 cm.

Además, está permitido transportar sólo una bolsa por persona. Estos pequeños contenedores deben quedar colocados en la bolsa holgadamente para permitir al personal de seguridad una más fácil inspección. Léase, no pueden llevarse decenas de frasquitos apretujados en una bolsa.

Los pasajeros que lleven estas bolsas, deberán presentarlas por separado del equipaje de mano en los controles de seguridad.

5. En cuanto a las botellas de agua, los pasajeros podrán adquirir líquidos en cantidades adicionales a las descriptas en las tiendas situadas en los aeropuertos después del control de seguridad (por las dudas, guarde el ticket de compra). Si viaja con bebés, podrá llevar también leche o jugos.

6. Los repelentes de insectos también tienen estas restricciones. La empresa Aerolíneas Argentinas comunicó por estos días que permitirá el transporte de repelentes en aerosol en el equipaje despachado, mientras que en la cabina, sólo el formato crema (hasta 100 ml).

7. Conviene remarcar el tema de los elementos cortantes: nunca llevar tijeras, alicates ni otros artículos similares (por inofensivos que parezcan).

8. Los medicamentos (líquidos o sólidos) deben ser transportados con la orden médica y conviene, también, colocarlos en bolsa plástica transparente.

Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.

Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.

La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.

Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.

Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por Lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.

La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.

El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.

Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.

En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina (Kichner), a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.

Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.

Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.

Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.

En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.

En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.

En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.

Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.

El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.

Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.

El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.

La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.

Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.

Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.

A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.

Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.

La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.

En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.

El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.

A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.

El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.