Los hoteles de Cristina: cerrados, deteriorados o semivacíos
Clarín recorrió Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate, bajo la lupa judicial por lavado y coimas.
Por Lucía Salinas.
El hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero, propiedad de la familia Kirchner.
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Cerrado con cadena y candado, con basura acumulada en sus jardines,el hotel exclusivo de Cristina Kirchner, Los Sauces, no está incluido en la oferta hotelera de esta temorada. Las Dunas que alguna vez perteneció a Lázaro Báez, esperaba el fin de semana 30 turistas extranjeros y el poco movimiento en sus instalaciones es notorio. El más polémico de los hoteles K, el Alto Calafate refleja un marcado deterioro en sus instalaciones y hasta hace poco, reconoció el personal del lugar, no superaban el30 % de ocupación. Alquileres millonarios que con la ex Presidenta fuera del poder y con causas judiciales por delante, parecen no ser prioridad en los negocios privados con los que la familia Kirchner cuenta.
El Calafate tiene su ritmo propio y el turismo es el motor, con una nueva temporada en puerta los hoteles de Cristina Kirchner son parte de la oferta de alojamiento, con una particularidad:no conocen la ocupación plena.Fueron denunciados por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sospechados de ser usados «para el cobro de retornos» de empresarios amigos. La ex Presidenta aclaró que no se dedica al rubro hotelero, sino al inmobiliario.
Esta temporada sólodos de los cuatro hoteles de la ex Presidenta abrieron sus puertas.El más llamativo de todos por su exclusividad y concepto es Los Sauces. La Casa patagónica cuenta con 42 suites cuya decoración tuvieron la constante supervisión de la ex Presidenta. La ampliación del lugar se hizo sobre un terreno de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El hotel boutique desde su inauguración -hasta hace dos meses- fue administrado por Panatel de Silvana Relats (por U$S 50 mil mensuales) y cuya constructora familiar JCR, fue la segunda firma más beneficiada con contratos viales durante el kirchnerismo con U$S 1.600 millones.
Sin una empresa que lo administre el hotel tiene su acceso principal, una tranquera de madera cerrada con cadena y candado.En el interior del vistoso predio con un césped prolijamente cortado, las casas de madera como una muestra clara de su cierre, tienen las cortinas blancas de tela bajas. El viento no contribuye y en sus jardines la basura continúa acumulándose. Por primera vez permanece cerrado y alojarse allí costaba U$S 400 por noche.
Por la costanera «Presidente Néstor Kirchner» se llega a Las Dunas, una hostería que perteneció a Báez -preso hace siete meses- y que después vendió a Kirchner. Dejó atrás las sencillas instalaciones de doce habitaciones, para convertirse en un hotel cuatro estrellas con 40 habitaciones cuyo principal atractivo, es la vista: el Lago Argentino. «Es en dimensiones similar a otros hoteles que tienen unas 100 habitaciones, no está bien distribuido y no se aprovechó la superficie«, reconoció un trabajador de la obra.
Un gran edificio de color marrón claro y sin el estilo patagónico en su exterior que siempre le gustó a la ex Presidenta, no ofrece calidez en sus instalaciones ni ambientes. Cuenta con un gran comedor en la planta baja que prácticamente no se usa. A la tarde se preparan las mesas para la cena en el segundo piso, «comen poco acá los turistas, hoy (por el sábado) estamos esperando que lleguen al menos 30 turistas«, reconoció una de las responsables del lugar.
La base de hormigón de la ampliación del lugar la hizo Austral pero la obra la finalizó la firma de Pablo Grippo, arquitecto de Los Sauces. El empresario K pagó $3,2 millones en concepto de “alquiler” entre 2010 y 2011 a la ex Mandataria.
Alojarse en Las Dunas -administrado por Idea SA de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) cuesta de $ 2.300 a $ 4.313.
El más imponente de los hoteles K se encuentra al ingresar a la villa turística. A mano izquierda sobre el cerro e iluminado en tonos azules de noche se erige el Alto Calafate, investigado por lavado de dinero.Famoso por sus contratos con Aerolíneas Argentinas (U$S 5 millones desde 2007 a 2015) y por las habitaciones que alquiló Báez por $ 14 millones.
La expectativa que despierta el edificio de madera a la vista y grandes ventanales que permiten disfrutar del lago, choca con la realidad. Con un marcado deterioro se observa en el exterior paredes despintadas, madera corroída. Al ingresar, por una puerta lateral ya que la principal -una doble de vidrio con madera- está cerrada, se encuentra el lobby. Allí hay sólo un local que expone algunos souvenirs y lleva el registro de las ventas con una computadora de «Conectar Igualdad»,las que repartía la ANSES durante el gobierno K.
El hotel de cuatro estrellas refleja su desmejoramiento en las habitaciones: paredes conempapelado roto en algunos sectores, sumado a alfombras manchadas. Los servicios son deficientes, la señal de televisión se corta y la imagen se ve lluviosa, «es por el viento, siempre se ve así», explicaron desde el área de mantenimiento. Internet es un servicio con interrupciones constantes.
Sin mayor revestimiento acústico, todo es perceptible: los ruidos de los pasillos como las conversaciones de las habitaciones lindantes. Allí el promedio de noches que se alojan los turistas no supera las dos noches, contó el personal del hotel. «Hasta hace poco la ocupación no superaba el 30 %, ahora esperamos dos contingentes de italianos», contó una de las empleadas con más de ocho años allí.
La consulta es inevitable y muchos llegan preguntando si es el hotel de Cristina Kirchner, «curiosos hay siempre,a nosotros nos paga el sueldo Idea SA que son los que manejan el hotel», dijo una de las mozas del restaurante del lugar «Barlovento». El trato es amable pese a las dificultades que produce un edificio con bajo mantenimiento, que ofrece dos piletas con poca circulación de aire.
La habitación más económica en el Alto Calafate cuesta $ 3.911 y la más costosa $ 6.652. El Alto Calafate marcó una época en los negocios de la familia Kirchner y sus administradores se esperanzan con llenar el hotel los próximos meses.
En esta foto importa lo que no se ve. Detrás del escudo del Servicio Penitenciario Nacional y de los policías se esconde Lázaro Báez, que a su vez oculta a una ex presidenta en apuros que, de igual modo, mantiene bajo siete llaves secretos inconfesables. De ver la luz, sumirían al país en la vergüenza tanto como habilitarían la posibilidad de un destino. Al registrar la escena así, el reportero gráfico capturó mucho más que una nueva visita del detenido empresario kirchnerista a los tribunales de Comodoro Py. Perdió al hombre, pero graficó de algún modo la cadena de ocultamientos que hasta aquí se ha mantenido gracias a una impunidad que empieza a resquebrajarse. Una vez más, Báez se negó a declarar. ¿Qué falta hace, a estas alturas? Gracias al periodismo, y a algunos jueces y fiscales, se ha visto suficiente. Sólo hace falta pelar la cebolla judicial. Tirando del hilo del expediente se llega al verdadero negocio de Báez. Y a la ex presidenta y sus secretos inconfesables.
A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los grupos criminales siguen encontrando manera de utilizar a estos negocios para legitimar dinero generado de forma ilícita. Esto es más fácil cuando los establecimientos no cuentan con controles adecuados o simplemente ignoran las exigencias normativas. Tal fue el caso de dos salas de cartas legalmente constituidas en el estado de California que se vieron involucradas en una operación de lavado de más de US$ 10 millones.
La ausencia de controles antilavado permitió que Palomar Card Club (San Diego) y Village Club Card Room (Chula Vista) fueran utilizadas para legitimar dinero generado mediante una red de salas de cartas ilegales, que operaban en lujosas mansiones y a las que asistían jugadores acaudalados para apostar elevadas cantidades.
En diciembre de 2015, las autoridades estadounidenses detuvieron a 25 individuos que operaban las extravagantes salas de Poker y de Black Jack en 7 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. La red también manejaba ilegalmente negocios de apuestas por internet.
Según indican los documentos de la corte, el dinero producto de las operaciones de salas ilegales era legitimado a través del Palomar Card Club (San Diego) y del Village Club Card Room (Chula Vista). Adicionalmente, los delincuentes utilizaron cuentas bancarias, varios casinos en Las Vegas, empresas fachadas y un negocio de fianzas.
La fiscal federal Laura Duffy explicó que la organización criminal dirigía “una operación masiva que lavó más de 10 millones de dólares de procedencia ilícita a través de salas de cartas, mediante las cuales evitaban la detección de las transacciones”.
Las sesiones de juego ilegal eran organizadas en mansiones alquiladas en la zona llamada Rancho Santa Fe, a las que acudían acaudalados apostadores tres días a la semana. Participaban jugadores profesionales, que contaban con meseros, comida y prostitutas de alta gama.
La metodología
Los clientes que participaban debían extraer dinero de casinos y salas de juego de Las vegas mediante cheques, que luego eran depositados en las cuentas bancarias de los criminales o de otros jugadores. Algunos de los negocios utilizados para obtener cheques fueron los casinos Wynn y Bellagio, los cuales no fueron acusados penalmente por la fiscalía.
Durante una conversación telefónica interceptada por las autoridades, uno de los organizadores de la red explicaba que “Palomar (Card Club) es la mejor forma para lavar el dinero. No tengo que reportarlo, yo sólo deposito el dinero y no tengo ningún problema. Entre tú y yo, la mejor forma de lavar dinero es a través de estos casinos en San Diego”.
El mismo acusado explicaba a un cómplice que “si alguien tenía US$ 100.000, le transfería el dinero a su cuenta de jugador en el Palomar Card Club y ellos luego me dan fichas”. Luego el dinero era extraído mediante cheques, transferido a cuentas de otros jugadores o a cuentas bancarias.
La utilización de varios websites ilegales era una parte importante del negocio de las apuestas y de la estructura de lavado de los criminales. Algunos de los sitios de internet utilizados por la red eran www.betblackdiamond.com, www.LBTsports.com y www.diamondsb.ag.
Las salas de cartas son negocios de apuestas donde sólo se realizan juegos de cartas y los jugadores apuestas entre ellos, no contra el negocio. Las salas de carta son negocios permitidos en el estado de California, donde deben obtener una licencia estatal emitida por la Comisión de Control de Apuestas de California. Estos negocios deben cumplir con los procedimientos antilavado y deben reportar a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés).
Según la Ley de Secreto Bancario las salas de cartas son consideradas instituciones financieras. FinCEN ya ha aplicado multas a este tipo de negocios. En diciembre de 2015, la unidad de inteligencia financiera impuso una sanción de US$ 650.000 a una sala de cartas llamada Oaks Card Club de California por no tener programas de cumplimiento antilavado adecuados. Esta sala de cartas comenzó sus operaciones en 1896, “suficiente tiempo para saber qué es correcto y qué está mal”, dijo Jennifer Shasky, directora de FinCEN para la fecha de la multa.
Más recientemente, el martes 3 de octubre de 2016 FinCEN anunció una sanción de US$ 12 millones contra la empresa Cantor Gaming, una sala de apuestas deportivas, por no desarrollar e implementar un programa efectivo de AML razonablemente diseñado para asegurar y vigilar el cumplimiento de la LSB. Cantor Gaming no ha ejercido la debida diligencia (due dilegence) en la vigilancia de actividades sospechosas. Además, incurrió en múltiples violaciones de presentación y mantenimiento de registros, insuficiencia de los controles de cumplimiento contra el lavado de dinero, fallas en los procedimientos, escasa capacitación y auditorías insuficientes.
Due diligence: Este término significa hacer lo correcto, hacer lo debido al llevar a cabo un procedimiento orientado básicamente a los procesos de negocio. Implica: conocer los antecedentes, el historial profesional o laboral de una organización o persona con la que se pretenda llevar a cabo una operación o establecer una relación comercial importante, con el fin de tomar decisiones correctas.
El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.
Por Martín Dinatale.
LA NACION
Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.
En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.
Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.
«Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios», expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.
Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.
Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de «depuración y control a fondo», según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.
Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.
También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.
José Sbatella
Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.
Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.
Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.
Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.
Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades.
«Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno», reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.
Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.
En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país.
Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.
También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.
A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios.
El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.
En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.
Maniobras generalizadas e irregulares
Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades
Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar
El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas
Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles
Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias.
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Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero.
Por Martín Dinatale.
Juan Félix Marteau, coordinador nacional de Combate contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales inconclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar «severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas».
Así lo revela un crudo informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras cosas, que en el país «existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista».
El informe, de 25 páginas, fue elaborado por el equipo liderado por Juan Félix Marteau, el coordinador nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta dependencia, que tiene línea directa con el ministro de Justicia, Germán Garavano, elaboró una dura radiografía de los peligros que presenta la Argentina por el «desmantelamiento legislativo en materia de lucha contra el terrorismo» y los «canales abiertos que pueden ser usados por grupos terroristas por su alto nivel de vulnerablidad».
Además, se busca crear por decreto una unidad de coordinación de combate de estos delitos con el apoyo de todos los ministerios, del Poder Judicial y del sector privado.
El trabajo que realizaron Garavano y Marteau fue elevado hace 10 días a Mauricio Macri y se presenta no sólo como un informe más de la herencia recibida: apunta a crear por decreto una «estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo», con la coordinación de una unidad concentrada en el Ministerio de Justicia pero con el aporte de los ministerios, dependencias autónomas y el sector privado.
«Frente a la vulnerabilidad severa de los sistemas de financiamiento del terrorismo en la Argentina debemos actuar cuanto antes. No podemos esperar a que grupos terroristas sustenten económicamente en el país la capacitación de redes, la comunicación o el traslado de equipos y personal», señaló Marteau a LA NACION.
¿Se han detectado en la Argentina fondos provenientes del terrorismo?, preguntó este diario a Marteau: «No hay esa constancia -respondió-, pero existe un sistema legal y financiero que lo permite perfectamente.» Este funcionario se reunió la semana pasada con su par de Estados Unidos, Daniel Glasser, con quien compartió la radiografía de la dura realidad argentina; el funcionario norteamericano se mostró dispuesto a colaborar con las medidas que impulsa el Gobierno.
El estudio sostiene que «la particularidad que presenta la financiación del terrorismo -a diferencia del lavado de activos- es que los fondos implicados no necesariamente provienen de un origen ilícito, sino que es su destino criminal el que termina generando su ilegitimidad». Por ello, la tarea que plantearon Garavano y Marteau al Presidente apunta a identificar el movimiento de fondos cuyo objetivo sea dar sustento económico a actividades u organizaciones orientadas a producir graves consecuencias para la integridad física de las personas y, a la vez, generar un alto impacto social, económico y político. Entre los puntos centrales de la advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema financiero argentino se pueden detallar:
Reformas para el GAFI. Se señala que «no se han promovido las reformas institucionales adecuadas para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos que pueden ser utilizados para la financiación de actos terroristas que puedan desarrollarse no sólo en el país, sino también en la región u otro lugar distante». Ésta es una exigencia contemplada en la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no se cumple actualmente.
Carencia de normas. Tanto el gobierno actual como el GAFI advierten que «la Argentina carece de una norma para criminalizar al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas con independencia del fin perseguido».
Información sensible. Quedó en evidencia como deficiencia que «no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y organizaciones terroristas y tampoco se ha demostrado la eficacia del sistema para resolver solicitudes de extradición».
Transferencias por cable. Si bien el informe señaló que las entidades financieras y cambiarias están alcanzadas por regulaciones del Banco Central para transferencias telegráficas, hasta hoy no se previeron disposiciones para transferencias locales. Así, «no existe un enfoque basado en el riesgo sobre transferencias telegráficas y no hay obligación de finalizar la relación comercial con entidades financieras que no las controlen».
Correos de efectivo. El documento destaca que «no se encuentran coordinadas las medidas contra financiación del terrorismo entre la Aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad para el control del transporte transfronterizo de divisas».
Congelamiento y decomiso de activos terroristas. Se advirtió que en la Argentina existe una ineficacia en las medidas para congelar fondos de las personas y organizaciones listadas como terroristas por la ONU, en tanto no existen procedimientos para descongelar y deslistar.
Sistemas alternativos. Este punto muestra que no existe en el país regulación ni supervisión de las compañías de remesas de fondos, así como tampoco hay una supervisión adecuada de las casas de cambio.
ONG sin fines de lucro. Alerta que no existen normas de supervisión para el combate de la financiación del terrorismo sobre organizaciones sin fines de lucro. Allí se puso la lupa en las mutuales y cooperativas que se montaron durante el kirchnerismo con un escaso control de sus movimientos de fondos.
Manipulación política. El informe sostuvo que Cristina Kirchner distorsionó los datos para la estadística del GAFI y se permitió que aparezca como cooperador internacional en la designación de terroristas (100 personas) y congelamiento de fondos (euros 98.000), cuando el kirchnerismo aplicó esta severa medida a personas que no eran terroristas.
Las conexiones con la denuncia de Nisman
La denuncia por encubrimiento a Irán de parte del gobierno de Cristina Kirchner que elevó en su momento el fallecido fiscal Alberto Nisman fue tomada en cuenta por actual el Ministerio de Justicia para investigar las posibles conexiones entre esa causa y eventuales delitos de financiamiento de grupos terroristas.
Así, un informe elaborado desde la cartera de Justicia destaca que «habrían existido durante estos últimos años importantes movimientos de fondos, de contactos y de relaciones de orden económico entre los actores públicos y privados» que propiciaron el memorándum de Irán y la Argentina por la causa AMIA.
El documento reveló que «en estos últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo -incluido el soporte económico- para encubrir a los responsables del ataque terrorista perpetrado contra la AMIA en el marco de un Estado gravemente debilitado para impedir tales acciones».
Advierten que la matriz de corrupción pudo ocultar movimientos de fondos de otros ilícitos.
Las causas judiciales por corrupción del kirchnerismo podrían comprobar «la posible existencia de una matriz financiera ilegítima que ha permitido el movimiento y la protección del dinero proveniente de diversos ilícitos». Así lo señala el informe del Ministerio de Justicia elaborado por la Unidad de Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que dirige Juan Marteau, con la supervisión del ministro Germán Garavano .
De esta manera, ese informe sostiene que «la venta de medicamentos adulterados (caso Zanola), de la comercialización de precursores químicos de uso múltiple (casos triple crimen y efedrina), de la adjudicación irregular de obra pública (caso Báez), así como también de la ejecución políticamente condicionada de programas sociales y de vivienda (casos Sueños Compartidos y Milagro Sala) permiten verificar los vacíos legales e institucionales que presenta el Estado frente a la significativa economía subterránea existente en la Argentina».
Además, el informe, de 25 páginas, destaca que en estas causas judiciales en trámite se «pone en evidencia la debilidad de los controles regulatorios y de supervisión sobre los vehículos financieros espurios, los compartimientos estancos, que impiden el intercambio de información sobre las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado ilegal; la precaria y lenta respuesta de los organismos especializados de las administraciones nacional y provinciales ante los requerimientos judiciales referidos a la situación patrimonial y financiera de los sospechados de cometer delitos con repercusión económica».
También se advirtió en ese documento, al que tuvo acceso LA NACION, sobre la «connivencia de algunos funcionarios públicos en la conformación de estructuras societarias ficticias creadas para mover fondos ilegítimos». De esta manera, el equipo dirigido por Marteau aseveró: «Es evidente que en este cuadro de situación se ha gestado una plataforma apta para la circulación de fondos que pueden ser utilizados para la comisión de actos de terrorismo o el sostenimiento de organizaciones e individuos terroristas«.
Por otra parte, la porosa y peligrosa Triple Frontera (Brasil, Paraguay y la Argentina) vuelve a ser materia de análisis de los expertos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Así, el informe elaborado por el Ministerio de Justicia destacó que la Triple Frontera «continúa siendo un lugar apto para el transporte transfronterizo de dinero ilegal, mostrando la porosidad de las fronteras» y un espacio apto para las transacciones financieras para eventuales grupos terroristas.
El año pasado, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre «un nexo» en el tráfico de armas, estupefacientes y personas en la Triple Frontera como «fuentes de financiación para organizaciones terroristas».
Perú podría ser incluido en lista negra por falta de transparencia
LIMA — El Perú podría ser incluido por la Comisión Europea (CE) en la lista de los países que presentan algún tipo de carencia en materia de transparencia o de ofrecer una baja tributación a través de regímenes preferenciales o nula tributación.
Según una nota periodística publicada hoy en la revista Caretas, nuestro país corre el riesgo de ser incluido en esa lista negra luego de que se elaborara un informe preliminar sobre ese tema en la Comisión Europea, el mismo que se dio a conocer esta semana.
En la lista de países con riesgo de ser considerados paraísos fiscales por la Comisión Europea también figuran Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Vietnam, Singapur, Tailanda entre otros.
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude.
Según The Economist, los documentos dan a conocer las participaciones financieras de “140 políticos y funcionarios, entre ellos 12 antiguos y actuales presidentes, monarcas y primeros ministros.” Además, se alega que toda la riqueza ilícita adquirida por negociar con “estados rebeldes, terroristas o narcotraficantes” fue escondida detrás de sociedades anónimas. Los asociados colaboradores de Vladimir Putin supuestamente transfirieron miles de millones al mundo offshore y el primer ministro de Islandia ya renunció a su cargo.
Todo esto dio un impacto a la comunidad internacional y consecuentemente los ojos se giraron hacia Panamá; de ahí vienen los Papeles de Panamá. Los periodistas y eruditos tomaron la ofensa contra Panamá y lo criticaron por fomentar la evasión fiscal y lavado de dinero mediante su benigna política fiscal y sus leyes permisivas de secreto bancario. De hecho, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, recientemente declaró que “las revelaciones sobre los Papeles de Panamá han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá.”
Y en esto se centran las noticias. ¿Pero es culpable Panamá?
El Compromiso de Panamá con la Transparencia Internacional
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Panamá ha hecho grandes avances desde los días de Noriega y su “narco-cleptocracia” — en las palabras de John Kerry — mediante la cual convirtió esta pequeña nación centroamericana en un hervidero del lavado de dinero y narcotráfico. Hace muy poco, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero, removió Panama de la lista gris:
El GAFI reconoce los pasos significativos que dio Panamá para mejorar la prevención del lavado de dinero y confirma que Panamá cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso según su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en junio del 2014.
De hecho, un Informe del año 2015 del Departamento de Estado de EEUU sobre el lavado de dinero y delitos financieros elogió a Panamá por sus esfuerzos. El informe concluyó que el plan actual de acción de Panama mejorará su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de dinero y creará un sistema financiero más transparente. Hace algunos años, la OCDE removió Panama de su propia lista gris entrando así en la lista blanca por sustancialmente implementar las normas internacionales en el intercambio de información tributaria. Además, Panamá ha firmado numerosos Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), incluso con los Estados Unidos, y en gran medida se ha alejado de la imagen de los años 1980s.
Como parte de su compromiso, Panama inmovilizó las acciones al portador, o las acciones que esconden el beneficiario final (el verdadero dueño), y exigió que tales acciones emitidas previa a la ley fueran entregadas a un custodio autorizado. El propósito fue para asistir las autoridades en procesar la evasión fiscal y el lavado de dinero contra los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de Panamá.
Evidentemente, Panamá ha complacido a la comunidad internacional y está cumplimiento con su compromiso de luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Lamentablemente, los Papeles de Panamá han tergiversado sus esfuerzos mientras provocan dudas sobre la eficacia de sus leyes vigentes al respecto — las mismas leyes consideradas pasos en la buena dirección. Por lo tanto, la llegada de los Papeles de Panamá plantea una pregunta muy importante: ¿Se debe culpar a Panamá? Veamos dos personas importantes involucradas en el mundo offshore: los bancos y los abogados.
Los Bancos
La apertura de una cuenta bancaria en Panamá es bastante difícil para los extranjeros. El proceso de solicitud puede demorar desde dos semanas hasta un mes y los bancos no asumen obligación alguna de aceptar al cliente. La solicitud misma puede llegar hasta treinta páginas y el uso de los abogados para facilitar la navegación del proceso es práctica común. Se requiere con frecuencia una entrevista personal y los bancos mismos deberían guardar un registro actualizado de los beneficiarios finales de la empresa, si es cuenta jurídica.
De hecho, Panamá estableció la Superintendencia de Bancos de Panamá para “velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario…para mantener y profundizar la integración financiera internacional.” Ley 2 de 2008 aclara enérgicamente lo anterior. Por ejemplo, dicha ley establece que todos los bancos se someterán a la supervisión e inspección por la Superintendencia y deberán confirmar que cumplen con el marco legal y regulatorio establecido para combatir el lavado de dinero. Además, los bancos deberán establecer normas y políticas que les permitirán conocer al cliente (leyes de KYC, por sus siglas en inglés).
Las leyes de “Conocer su Cliente,” o KYC, son bastante onerosas. Por esa razón, les hago saber algunas de las muchas disposiciones pertinentes, tipificadas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, adecuadamente llamada “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales…” La Ley 23 es parecida a la ley bancaria de Panamá — Ley 2 de 2008 — y establece las medidas básicas de debida diligencia del cliente natural y jurídica.
Los bancos deberán establecer un perfil financiero del cliente (o del beneficiario final) al abrir la cuenta bancaria y tomarán medidas para verificar e identificar la fuente de fondos. En el caso de personas jurídicas, los bancos deberán identificar y solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas. En otras palabras, si el cliente es una persona natural o persona jurídica, el beneficiario final deberá ser identificado. Si no es posible, pues, el banco se comprometerá a abstenerse de operaciones y relaciones en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final. Las personas que cumplen funciones públicas de alto nivel, incluyendo sus asociados, se someten a un escrutinio más fuerte.
Además de determinar y verificar la identidad del cliente, los bancos deberán para todas las personas conocer la naturaleza del negocio del cliente y, de manera estilo Patriot Act, examinar constantemente la relación comercial con especial atención en transacciones equivalente o más de $10,000.00. Sin embargo, los bancos jamás conocerán al cliente tan profundo como los abogados. De hecho, contratar a un abogado es por lo general el primer paso en abrir la cuenta bancaria ya que el abogado estámejor preparado que el cliente para navegar en el laberinto de documentos involucrados en el proceso. Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente comienza con los abogados — a ellos les corresponde esa obligación.
Los Abogados
Como ya se mencionó, la primera línea de defensa en la lucha mundial contra el lavado de dinero y la evasión fiscal empieza con los abogados. Por un lado, los clientes tendrán muchas más probabilidades de ser mas transparente con su abogado que con su banquero. Por otro lado, el privilegio entre abogado y cliente fomenta dicha transparencia entre las partes y, según la ley, protege la confianza del cliente.
Los abogados, entonces, se encuentran en una situación única de tener tanto acceso a información muy personal como información inculpatoria. En consecuencia, son muchos más versados en verificar la verdadera identidad del cliente. Ésta es la razón por la que el abogado es un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Las infracciones al Código de Ética serán objeto de investigación rigurosa del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá y la disciplina es administrada por la Corte Suprema. Los abogados también se someten a las metidas básicas de debida diligencia y normas de KYC que aplican a los bancos detallado en Ley 23 de abril 27 de 2015 (vea arriba). Sin embargo, a diferencia de lo que aplica a los bancos, los abogados y sus firmas se someten a obligaciones más rigurosas de KYC.
Por lo general, la Ley 2 del 1 de febrero del 2011, la cual “regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas,” obliga a que los abogados hagan efectivamente eso: conocer a su cliente. Los agentes registrados (o residentes), los cuales son los abogados o sus firmas mismas, deberán tomar las medidas necesarias para identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final para “contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera otra actividad ilícita.” Además, los agentes residentes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Específicamente, la ley profundiza con gran detalle las medidas aceptables de cumplimento y a raíz de esto lo que sigue son unas disposiciones pertinentes: Los abogados, como agentes registrados, deberán identificar al cliente y verificar su identidad con base en documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes. Además, cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, o sea una corporación misma, el abogado tendrá que proporcionar evidencia satisfactoria de la identidad de tanto el tercero como el cliente, incluyendo, pero no limitativo: (1) referencias bancarias y comerciales; (2) copias de un documento de identidad personal nacional y/o pasaporte; (3) y copias de la misma de todos accionistas — en el caso de corporación — que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% de su capital. Por encima, cuando los certificados de acciones que representan el título de propiedad estén emitidos al portador, el abogado tendrá que verificar la identidad de los que posean dichas acciones, y presentar evidencia satisfactoria de su identidad. Los abogados deberán mantener actualizados toda la información y documentos obtenidos y cualquier cambio al título de propiedad de la corporación requerirá un nuevo conocimiento a su cliente.
Hasta que se identifique al cliente y el período de debida diligencia se finalice, los agentes residentes deberán abstenerse de la presentación del servicio al cliente. Además, los agentes residentes deberán establecer y mantener políticas y procedimientos al respecto, y ciertos empleados deberán capacitarse en cómo implementar dichas políticas de conozca a su cliente, así como el mantenimiento de registros. Como sea necesario, las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, podrán solicitar la entrega de información sobre el cliente y exigir cualquier documento o registro que les facilite la lucha contra el lavado de dinero.
La lista continúa.
Conclusión
No cabe ninguna duda de que las instituciones financieras y los abogados son actores claves en lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Como ya se mencionó, Panamá ya cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso de adherirse a los estándares internacionales de transparencia bancaria. A este respecto, las leyes y normas de Panamá son mucho más fuertes que las de otras partes del mundo. Veamos brevemente el caso de los Estados Unidos:
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
Aún, los Papeles de Panamá muestran una imagen sombría del mundo offshore en Panamá. No obstante, el sistema panameño no es el coche de huida para las finanzas de los ladrones y quienes los rodean. Panamá ha realizado un esfuerzo concertado para combatir los delitos financieros de nivel local, nacional e internacional, y sobre todo tiene en su lugar los mecanismos de prevenir lo mismo. Al final, serán los bancos y abogados quienes se encargan de cumplir con las normas y leyes al respecto — a ellos les corresponde la obligación. No obstante, los abogados son humanos y algunos tal vez consideren que la ética y el imperio de la ley impiden sus propios intereses.
Y en esto deberían de haberse centrado los Papeles de Panamá. En su lugar, obviamente influido por el sensacionalismo, los Papeles de Panamá plantean dudas sobre la integridad de todo el país nada más por las acciones de un solo despacho de abogados. En realidad, la cultura y práctica del secreto financiero de Panamá no tienen nada que ver con la situación. Al contrario, fue la cultura y práctica de un despacho de abogados que vulneró la ley los responsables por dicha situación.
La recuperación de activos del lavado de dinero: Una oficina nacional de administración de bienes secuestrados y decomisados
Por Rodrigo Luchinsky.
Algunas fuentes no oficiales indican que desde el año 1989 se recuperaron solamente $25 millones del lavado de activos. Teniendo en cuenta que transcurrieron 27 años, la cifra es verdaderamente exigua. Algunos analistas expresan que la principal razón es la ausencia de voluntad política por parte del sector público, incluyendo las fuerzas policiales y la justicia. En general, los jueces alegan las dificultades técnicas de la figura del decomiso tal como está legislada en la normativa penal. Mientras tanto, el congreso nacional dio media sanción a una ley de extinción de dominio, que espera su tratamiento por parte de la Cámara de Senadores.
Efectivamente, las razones de la escasa cantidad de decomisos tienen que ver con cuestiones de técnica legislativa, pero también con un problema de voluntad política. En este sentido, la Corte Suprema Nacional, que es la cabeza del poder judicial y el beneficiario de los bienes incautados, no mantiene estadísticas oficiales de los decomisos. En la práctica, cada juzgado es como una isla, y por lo tanto el nivel de efectividad depende de la voluntad que cada juez le imprime al asunto.
En una apretada síntesis, la dificultad técnica tiene que ver con que el decomiso de activos está considerado como una suerte de sanción (la pérdida de los objetos del delito) y no como una medida de política criminal tendiente a golpear a las organizaciones criminales en su economía, con independencia de la persecución penal de sus miembros. Y también, a decir verdad, existen cuestiones de índole constitucional que impiden aplicar sanciones a quienes no hayan sido declarados culpables por un tribunal de justicia actuando en el estricto marco de la ley. La delincuencia organizada es una problemática compleja y pluricausal que debe ser abordada de un modo multidisciplinario. En términos del diseño de políticas públicas de prevención resulta fundamental la elaboración de diagnósticos actualizados, la superación de precon¬ceptos que oscurecen la comprensión de la problemática, y un abordaje despojado de barnices ideológicos y culturales.
El decomiso es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, constituye una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
Un camino posible que implique la corrección de las dificultades técnicas de la figura y el alineamiento de la voluntad política es la creación de un ente especializado en la recuperación de activos. Esta suerte de oficina nacional de administración de bienes se¬cuestrados y decomisados, debiera tener la misión de administrar, custodiar, mantener, conservar y disponer de los bienes secuestrados y/o decomisados en los procesos penales por delitos de acción pública.
Aunque su marco de intervención debiera alcanzar a todos los bienes secuestrados o decomisados por disposición judicial, es una herramienta de especial interés para la lucha contra el narcotráfico por sus particularidades como fenómeno criminal.
La oficina nacional deberá administrar, conservar, custodiar, invertir y/o disponer, según correspondan los bienes, productos e instrumentos secuestrados y/o decomisados, tanto aquellos decomisos definitivos como los decididos sin condena por disposición del Código Penal. En tal misión, deberá coordinar con autoridades judiciales nacionales y provinciales, autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades extranjeras y organismos internacionales, aquellas políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes secuestrados y/o decomisados, pudiendo celebrar acuerdos de administración conjunta, intercambio de información y cesión de bienes a título gratuito en condición de reciprocidad.
La oficina nacional debiera actuar inmediatamente luego de ser notificada judicialmente acerca del secuestro y/o decomiso de algún bien, debiendo manifestar su intención de administrar y/o disponer de dicho bien. Para resguardar los derechos de los eventuales terceros o cuando deba restituirse el bien a quien resultara imputado, todos los ingresos patrimoniales estarán precedidos de una valuación del precio de mercado producida, cuando sea pertinente, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
De tal modo, si dadas las particularidades de los bienes, ha sido autorizada judicialmente la disposición de los bienes, nace un derecho crediticio que la oficina nacional deberá restituir con más los intereses que correspondan. En ese caso, también se resguardan con mayor fortaleza los derechos de los sujetos de la restitución: en lugar de una cosa que ha permanecido mucho tiempo sin uso, derruida, se restituye una suma líquida. En ese sentido, económicamente la oficina actuará como una suerte de compañía de seguros. Se debería constituir un fondo de reserva destinado a solventar las restituciones que deban efectuarse en forma líquida, invertido en instrumentos financieros.
Para facilitar la cooperación internacional, la oficina podría acordar intercambios de información sobre bienes sujetos a decomisos con autoridades locales e internacionales.
Los recursos que se obtengan de la administración y disposición de los bienes secuestrados y/o decomisados serán asignados, además del sostenimiento de la propia oficina, al presupuesto general de la justicia y a la administración pública para ser aplicado a la seguridad pública.
El país, ante un rol clave contra el crimen organizado
Por Santiago Otamendi.
El 24 de junio pasado, en la ciudad de Busan, República de Corea, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó por unanimidad a la Argentina para ocupar la vicepresidencia del organismo y para ejercer su presidencia a partir de julio del año próximo.
La importancia y la trascendencia de este hito son inmensas a la luz de la relevancia de esa organización, pero también por la prioridad que hoy la comunidad de países le asigna al combate contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
El GAFI está integrado por las 35 economías más importantes del mundo, además de la participación de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE en carácter de «observadores». Tiene por misión fijar los estándares para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y evaluar su aplicación en nada menos que 198 países, a los que paralelamente asiste técnicamente.
Si bien realiza recomendaciones, su incumplimiento acarrea consecuencias económicas tan significativas que las tornan mandatorias. Es que las operaciones financieras y comerciales con aquellas jurisdicciones que presentan serias deficiencias en sus marcos regulatorios son objeto de medidas de «vigilancia reforzada» o «contra medidas» por el resto de los países, lo que dificulta, encarece y hasta restringe sus negocios internacionales. Por eso, el compromiso internacional es casi absoluto; sólo Irán y, en mayor medida, Corea del Norte se encuentran hoy en esta situación.
También debe ponderarse que la lucha contra el lavado de activos se ha instalado definitivamente en la agenda internacional por su probada efectividad y eficacia en el combate contra el crimen organizado.
El crimen organizado funciona con lógica empresarial y, por eso, la obstrucción de sus negocios y el decomiso de su provecho impactan negativamente sobre su ganancia, en la que radica su finalidad última, pero también su capacidad de reinversión en la empresa criminal y su poder logístico y corruptor. Este abordaje ha definido la política de nuestro gobierno y las acciones trazadas en consecuencia.
Asimismo, el rol del GAFI debe medirse en la influencia para lograr transparencia de los mercados internacionales y combatir la corrupción en un mundo que aún lucha contra la pobreza y la exclusión.
Por último, la expansión indiscriminada del flagelo del terrorismo colocó al GAFI en un lugar central frente a la necesidad de rediseñar una estrategia inteligente y global con eje en la obstrucción de su financiamiento operacional y el congelamiento de sus activos.
Enorme entonces es el rol del GAFI, un organismo que en 2010 incluyó a la Argentina en la lista gris de países que «constituyen un riesgo para el sistema financiero internacional» y que ahora le confiere nada menos que su conducción.
Nada es casual. Hoy en nuestro país existe, por parte del Gobierno, un compromiso político absoluto que parte de reconocer estas amenazas como ciertas y graves. Además, la decisión de contribuir al fortalecimiento institucional de los organismos competentes: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, la representación nacional ante el GAFI, el Gafilat y el Lavex-OEA y la Coordinación Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Tenemos la responsabilidad de retribuir el crédito que la comunidad internacional nos confía, pero esto también supone la oportunidad única de colocarnos en una posición de liderazgo regional que derive en la posibilidad de sostener los intereses estratégicos de la región.
—Secretario de Justicia y vicepresidencia del GAFI.
Lavado de dinero: la casa de Cristina Kirchner, bajo sospecha
Causa Los Sauces. Es la vivienda donde se aloja la ex presidente cuando está en Río Gallegos.
Por Lucía Salinas.
La casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
Es la única propiedad que no fue allanada cuando el juez Claudio Bonadio ordenó más de doce procedimientos en Santa Cruz en el marco de la causa Los Sauces SA. Se trata del chalet de dos plantas donde vive Cristina Kirchner cada vez que llega a Río Gallegos. La adquisición de la propiedad es sospechada de ser parte de una presunta maniobra de lavado de dinero y a raíz de esto, el fiscal Carlos Rívolo pide que sea investigada la compra-venta de la casa, operación en la que intervino Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner), a quien el fiscal imputó.
La propiedad ubicada en Mascarello 441 es propiedad de la empresa Los Sauces SA, investigada por el juez Claudio Bonadio por «presunto cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos». La primera inconsistencia que la Justicia detectó en relación a este inmueble, es la diferencia entre el valor de compra inicial y el de venta. Además, no coincidirían algunas fechas claves en los documentos y en las declaraciones juradas.
Osvaldo Sanfelice y su socio Máximo Kirchner saliendo del Mausoleo que construyó Lázaro Báez.
La casa donde descansa la ex Presidenta cada vez que va a Río Gallegos, fue adquirida por Los Sauces SA después de que se la vendiera Negocios Patagónicos SA (NAPA), propiedad de un hombre histórico del entorno de los Kirchner: Osvaldo «Bochi» Sanfelice. Ahora el fiscal Rívolo lo imputó y pidió que sea investigado por las «inconsistencias» que surgen sobre la compra-venta del chalet y por otras irregularidades en la contabilidad de Idea SA, también de su propiedad y responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner: La Aldea, Las Dunas y el Alto Calafate (ese último investigado por lavado de dinero).
Según señaló el portal Infobae la decisión del Fiscal fue impulsada después de recibir un informe de operaciones sospechosas por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre estas empresas de Sanfelice. Se detectaron algunos movimientos de NAPA vinculados a la casa de la ex Mandataria, que generaron sospechas. Esto fue confirmado por fuentes allegadas a la causa a Clarín que remarcaron que hay «operaciones que no concuerdan».
¿Cómo fue la operatoria que investiga la Justicia? En “el asiento 9 de la propiedad conocida como Mascarello 441, indica que la casa fue adquirida por la empresa NAPA el 21 de octubre de 2011 y la compra se efectuó por $ 200.000, según consta en la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.
Parte de los allanamientos en el Sur por la causa Los Sauces SA.
«Pero la vivienda en realidad, habría sido adquirida en agosto de 2010 por un valor de $964.320«, indica la presentación que dio origen a la causa Los Sauces SA. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la documentación oficial señala que la compra del chalet se anotó dos años después.
Al año siguiente, el asiento 12 del Registro de la propiedad, indica que Los Sauces SA compró la casa de la calle Mascarello 441 por 250.000 dólares (una diferencia muy superior al costo inicial) según se registró ante Escribana Pública el 22 de noviembre de 2012.
«La escribana interviniente en dicha operación simulada es Norma Abuin y se realizó mediante escritura, esta operación sin embargo no pasó desapercibida para la UIF, quien realizo una investigación y por eso denunciamos esta operación que involucraban a Máximo Kirchner y a Osvaldo Sanfelice«, dijo a Clarín Silvina Martínez abogada de la diputada nacional.
La denuncia explica que en 2010 Los Sauces SA, empiezan a pagar impuestos a las ganancias por una propiedad que habrían adquirido ese año por más de 900.000 pesos. Sin embargo, dos años después “falsificaría un documento público para hacer constar que el inmueble habría sido adquirido en 2012 a una empresa vinculada a los Kirchner y que se habría pagado 250.000 dólares por dicha propiedad de 892 metros cuadrados”, indicó Stolbizer.
Un tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta. Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude. 
Los Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación. El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero. De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto. De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.” Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.
Durante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad. A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo. La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong. Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.
