Lavado de Dinero K
febrero 6, 2017
En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas
La unidad antilavado halló millonarias «transferencias sin justificación» y depósitos «sin sustento».
Por Lucía Salinas.
Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo.
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Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.
Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha.
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Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.
La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.
Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.
Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.
Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF.
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Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.
Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.
El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos.
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Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.
La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.
A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.
Fuente: Clarín, 06/02/17.
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Western Union y el incumplimiento antilavado
febrero 3, 2017
Western Union: radiografía de un largo y muy costoso caso de incumplimiento
US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a narcotráfico, fraudes y tráfico humano en diversos países.
En un Acuerdo de Diferimiento de Juicio (DPA por sus iniciales en inglés) y una acción civil monetaria firmados el 19 de enero de 2017, Western Unión reconoció haber fallado en el monitoreo adecuado de las operaciones de más de 550.000 agentes independientes ubicados en 200 jurisdicciones alrededor del mundo, violando de esta forma las leyes y regulaciones antilavado de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses -el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio- encontraron falencias en el cumplimiento asociado a transacciones ocurridas entre 2004 y 2012. En muchos casos, los agentes de la remesadora facilitaron diversos tipos de fraude mediante los cuales se estafó a miles de personas.
Los fraudes permitidos
A pesar de que el departamento de cumplimiento muchas veces presentó reportes de operaciones sospechosas, la empresa no impidió las transacciones fraudulentas y no suspendió las relaciones comerciales con los agentes involucrados.
Según indica el DPA, “ciertos dueños, operadores o empleados de los negocios que funcionaban como agentes de Western Union eran cómplices en esquemas de fraudes” masivos, que eran ejecutados por individuos que contactaban a las víctimas y les hacían falsas promesas, induciéndolas a transferir dinero a través de la remesadora. Los estafadores engañaban a las víctimas -muchas veces personas de la tercera edad- utilizando diversos argumentos:
a. Los convencían de haber ganado grandes premios de lotería u obtenido préstamos; luego les decían que, para recibir el dinero, debían hacer un depósito de seguridad o pagar una cuota.
b. Les ofrecían productos altamente costosos a precios muy bajos.
c. Les prometían trabajos muy bien remunerados como “compradores misteriosos” para, supuestamente, evaluar a negocios locales.
d. Les exigían dinero bajo el argumento de que un familiar de la víctima estaba en serios problemas, había tenido un accidente o estaba en la cárcel.
En todos los casos revisados, los estafadores exigían que el dinero fuese enviado a través de Western Unión. A pesar de miles de quejas y reportes presentados por las víctimas, la empresa siempre ignoró la situación.
Las fallas de cumplimiento
A pesar de los múltiples esfuerzos adelantados durante años por empleados de distintos niveles de cumplimiento, la alta gerencia y los ejecutivos de negocios ignoraron las advertencias y recomendaciones emitidas para combatir la complicidad de las agentes en los esquemas de fraude.
A continuación, presentamos algunas de las falencias encontradas por los investigadores:
– La empresa no tomó acciones contra los agentes involucrados en los fraudes, a pesar de los reportes que los incriminaban. Por ejemplo, un agente de Londres fue mencionado en 2.342 reportes de fraude que totalizaban US$ 3,6 millones en pérdidas para clientes. Otro agente fue mencionado en 2.856 reportes y la empresa no aplicó correctivos, ni suspendió la relación comercial con dichos agentes.
– La empresa no aprobó la implementación de medidas sugeridas por su Departamento de Seguridad, como por ejemplo:
a. Suspender automáticamente a los agentes que estuvieran involucrados en 5 o más reportes de fraude de clientes (CFR por sus iniciales en inglés) en un período de 60 días.
b. Aplicar acciones contra los agentes mencionados de forma repetitiva en los reportes de fraude.
c. Ignorar la influencia del departamento de ventas en el proceso de aplicación de sanciones para los agentes cómplices de fraude.
Si la empresa hubiese aplicado estos y otros procedimientos, más de 2.000 agentes cómplices hubiesen sido suspendidos y se hubiesen evitado operaciones de fraude por más de US$ 174 millones.
– La Junta de Directores de WU aprobó en junio de 2008 y febrero de 2009 la adquisición de la operadora inglesa FEXCO, a pesar de que altos ejecutivos de la empresa sabían que agentes de FEXCO estaban involucrados en 25.643 reportes de fraudes y de que no tenían programas antilavado adecuados.
– Las advertencias hechas por el jefe de cumplimiento y diversos analistas sobre las operaciones de fraude realizadas por agentes británicos de “alto riesgo” fueron ignoradas, debido a la presión del equipo de ventas. La empresa acordó suspender temporalmente la capacidad de esos agentes para pagar dinero transmitido desde Estados Unidos, aunque siguieron pagando otras operaciones fraudulentas enviadas desde otras jurisdicciones.
– En agosto de 2011 fueron ignoradas las recomendaciones hechas por el director de cumplimiento de incrementar los niveles de riesgo de fraude de España en la matriz de riesgos de la empresa. Al cierre de ese año, los agentes de Western Union procesaron en España pagos fraudulentos de las cuentas de las víctimas por US$ 7.593.352.
– En 2011 y 2012, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), catalogó de “inefectivo” el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Western Union. La unidad de inteligencia financiera española determinó que la debida diligencia aplicada era deficiente. Además, los inspectores encontraron que algunos agentes inventaron supuestos beneficiarios de los pagos, es decir, que el dinero “no fue colectado por clientes, sino que los agentes usaron identidades inventadas” para obtener los fondos.
– Entre 2003 y 2012, un agente de China fue mencionado en más de 11.000 reportes de actividades sospechosas presentados por el departamento de cumplimiento a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés). Sin embargo, la relación no fue suspendida y, por el contrario, algunos empleados del área comercial solicitaron al agente chino que abriera más locaciones y presionaron al área de cumplimiento para que no fuesen suspendidas las cuentas del agente chino.
– “Western Union tampoco llevó a cabo una debida diligencia y monitoreo de agentes en Latinoamérica, y a menudo ofreció contratos de Agente Nuevo a individuos cuyos contratos anteriores habían terminado por preocupaciones de lavado de dinero”, informó FinCEN.
– Los empleados de Western Union sabían que individuos ubicados en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares seguían usando su Sistema de Transferencia de Dinero para enviar transacciones ilegales relacionadas con juegos de azar desde Estados Unidos a otros países.
– El equipo de cumplimiento implementó en 2009 un sistema de monitoreo ampliado de clientes asociados a las trasferencias de dinero originadas en Estados Unidos con destino Costa Rica, para eliminar o reducir las operaciones asociadas a juegos y casinos en línea. A pesar de los controles, las operaciones se mantuvieron, incluso en 2010 un analista de cumplimiento reportó complicidad de un agente costarricense en el pago de estas operaciones ilícitas.
Operaciones fraudulentas
A continuación, presentamos algunas de las decenas de operaciones fraudulentas que fueron detectadas por las autoridades:
– En junio de 2011, un residente de Pensilvania (EE.UU.) de 90 años fue contactado por un individuo que le indicó que un familiar estaba en problemas y necesitaba asistencia financiera. El anciano envió US$ 9.600 para ayudar a su familiar. El dinero fue transferido mediante 4 operaciones en una sede de Western Unión. Dos de las transacciones fueron pagadas por otro agente de WU en México y otras dos por dos agentes en España. Ningún familiar del anciano estaba en dificultades.
– En febrero de 2012, luego de ser contactado por un desconocido, un residente del sur de Florida realizó 5 transferencias de dinero a través de WU. En total, la víctima envió US$ 10.000 para ayudar a un familiar que, supuestamente, estaba en problemas. Tres de las transferencias fueron pagadas por un agente ubicado en Perú.
– Cuando en abril de 2011 una corte federal de Estados Unidos inició un proceso contra los responsables del sitio de apuestas www.pokerstars.com por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y actividades de apuestas en línea ilegales, las transferencias de Western Union desde Estados Unidos hacia Costa Rica cayeron en un 50%. El personal de cumplimiento había advertido repetidamente sobre estas transacciones.
Los correctivos aplicados por WU
Luego de todos los inconvenientes, en 2012 Western Union inició un proceso de remediación de las deficiencias en su área de cumplimiento antilavado y control antifraude:
– Se creó el Comité de Cumplimiento independiente de la Junta Directiva, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los términos establecidos en el acuerdo logrado con las autoridades estadounidenses.
– En 2012, fue creado el Departamento de Gestión del Riesgo de Fraude para identificas e investigar a cualquier agente que genere alertas por nexos con operaciones sospechosas de fraude.
– Entre 2012 y 2015 la empresa aumentó el personal de cumplimiento en un 100% y aumentó el presupuesto del departamento de cumplimiento en un 60%.
– En 2013 se creó una línea de reporte directo entre el Jefe de Cumplimiento y el presidente del nuevo Comité de Cumplimiento.
– La empresa creó un comité de supervisión de agentes que tiene autoridad para aplicar controles y correctivos. Además, autorizó al personal de 8 departamentos diferentes a poder suspender a los agentes como resultado de análisis, inspecciones in situ o investigaciones que realicen.
– Suspendió las relaciones comerciales con los agentes chicos involucrados en operaciones de estructuración.
Además de los correctivos ya aplicados, el DPA incluye una serie de compromisos asumidos el 19 de enero de 2017 por la remesadora para fortalecer su programa de cumplimiento antifraude y antilavado. Algunas de las medidas son:
– Aplicar un programa de Conozca a Su Agente basado en el riesgo que cada uno represente.
– Condicionar las bonificaciones de los ejecutivos de negocios a una evaluación de su nivel de cumplimiento de los programas antilavado y antifraude.
– Establecer un sistema de monitoreo antifraude para todas las transacciones desde, hacia o a través de Estados Unidos.
– Asignar un Oficial de Cumplimiento para monitorear las operaciones en cada jurisdicción considerada de “alto riesgo”.
Las lecciones del caso
– Es necesario aplicar estrictos procedimientos de control sobre agentes y subagentes independientes, especialmente aquellos ubicados en jurisdicciones de alto riesgo.
– Los negocios de servicios monetarios deben ser más rigurosos en la Debida Diligencia de los Clientes y deben exigir a sus agentes que realicen inspecciones in situ y otros mecanismos de control sobre los clientes de alto riesgo.
– Las autoridades estadounidenses están siendo más exigentes en materia de prevención del fraude, llegando a aplicar elevadas sanciones por falencias en este ámbito del cumplimiento.
– Las empresas que operan en múltiples jurisdicciones deben contar con un programa de cumplimiento global, que sea implementado y monitoreado de forma constante por los principales líderes de la organización, sin importar donde se encuentren las filiales.
– La implementación de una adecuada “cultura de cumplimiento” en toda la organización debe ser parte de una estrategia real de los líderes de la organización, no debe ser una retórica sin convicción ni compromiso.
– Detectar deficiencias y no corregirlas es inapropiado para cualquier empresa. Se deben aplicar los correctivos de las fallas detectadas, aunque eso implique terminar con relaciones comerciales rentables para la empresa.
– Es momento de entender que más caro pueden ser las sanciones y el daño reputacional, que la inversión en un cumplimiento adecuado.
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Documentos Relacionados
– Acuerdo de Diferimiento de Juicio (DPA)
Fuente: lavadodinero.com, 31/01/17.
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Los hoteles de Cristina: Empresas fantasma
noviembre 22, 2016
Los hoteles de Cristina: cerrados, deteriorados o semivacíos
Clarín recorrió Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate, bajo la lupa judicial por lavado y coimas.
Por Lucía Salinas.
El hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero, propiedad de la familia Kirchner.
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Cerrado con cadena y candado, con basura acumulada en sus jardines, el hotel exclusivo de Cristina Kirchner, Los Sauces, no está incluido en la oferta hotelera de esta temorada. Las Dunas que alguna vez perteneció a Lázaro Báez, esperaba el fin de semana 30 turistas extranjeros y el poco movimiento en sus instalaciones es notorio. El más polémico de los hoteles K, el Alto Calafate refleja un marcado deterioro en sus instalaciones y hasta hace poco, reconoció el personal del lugar, no superaban el 30 % de ocupación. Alquileres millonarios que con la ex Presidenta fuera del poder y con causas judiciales por delante, parecen no ser prioridad en los negocios privados con los que la familia Kirchner cuenta.
El Calafate tiene su ritmo propio y el turismo es el motor, con una nueva temporada en puerta los hoteles de Cristina Kirchner son parte de la oferta de alojamiento, con una particularidad: no conocen la ocupación plena. Fueron denunciados por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sospechados de ser usados «para el cobro de retornos» de empresarios amigos. La ex Presidenta aclaró que no se dedica al rubro hotelero, sino al inmobiliario.
Esta temporada sólo dos de los cuatro hoteles de la ex Presidenta abrieron sus puertas. El más llamativo de todos por su exclusividad y concepto es Los Sauces. La Casa patagónica cuenta con 42 suites cuya decoración tuvieron la constante supervisión de la ex Presidenta. La ampliación del lugar se hizo sobre un terreno de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El hotel boutique desde su inauguración -hasta hace dos meses- fue administrado por Panatel de Silvana Relats (por U$S 50 mil mensuales) y cuya constructora familiar JCR, fue la segunda firma más beneficiada con contratos viales durante el kirchnerismo con U$S 1.600 millones.
Sin una empresa que lo administre el hotel tiene su acceso principal, una tranquera de madera cerrada con cadena y candado. En el interior del vistoso predio con un césped prolijamente cortado, las casas de madera como una muestra clara de su cierre, tienen las cortinas blancas de tela bajas. El viento no contribuye y en sus jardines la basura continúa acumulándose. Por primera vez permanece cerrado y alojarse allí costaba U$S 400 por noche.
Por la costanera «Presidente Néstor Kirchner» se llega a Las Dunas, una hostería que perteneció a Báez -preso hace siete meses- y que después vendió a Kirchner. Dejó atrás las sencillas instalaciones de doce habitaciones, para convertirse en un hotel cuatro estrellas con 40 habitaciones cuyo principal atractivo, es la vista: el Lago Argentino. «Es en dimensiones similar a otros hoteles que tienen unas 100 habitaciones, no está bien distribuido y no se aprovechó la superficie«, reconoció un trabajador de la obra.
Un gran edificio de color marrón claro y sin el estilo patagónico en su exterior que siempre le gustó a la ex Presidenta, no ofrece calidez en sus instalaciones ni ambientes. Cuenta con un gran comedor en la planta baja que prácticamente no se usa. A la tarde se preparan las mesas para la cena en el segundo piso, «comen poco acá los turistas, hoy (por el sábado) estamos esperando que lleguen al menos 30 turistas«, reconoció una de las responsables del lugar.
La base de hormigón de la ampliación del lugar la hizo Austral pero la obra la finalizó la firma de Pablo Grippo, arquitecto de Los Sauces. El empresario K pagó $3,2 millones en concepto de “alquiler” entre 2010 y 2011 a la ex Mandataria.
Alojarse en Las Dunas -administrado por Idea SA de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) cuesta de $ 2.300 a $ 4.313.
El más imponente de los hoteles K se encuentra al ingresar a la villa turística. A mano izquierda sobre el cerro e iluminado en tonos azules de noche se erige el Alto Calafate, investigado por lavado de dinero.Famoso por sus contratos con Aerolíneas Argentinas (U$S 5 millones desde 2007 a 2015) y por las habitaciones que alquiló Báez por $ 14 millones.
La expectativa que despierta el edificio de madera a la vista y grandes ventanales que permiten disfrutar del lago, choca con la realidad. Con un marcado deterioro se observa en el exterior paredes despintadas, madera corroída. Al ingresar, por una puerta lateral ya que la principal -una doble de vidrio con madera- está cerrada, se encuentra el lobby. Allí hay sólo un local que expone algunos souvenirs y lleva el registro de las ventas con una computadora de «Conectar Igualdad», las que repartía la ANSES durante el gobierno K.
El hotel de cuatro estrellas refleja su desmejoramiento en las habitaciones: paredes con empapelado roto en algunos sectores, sumado a alfombras manchadas. Los servicios son deficientes, la señal de televisión se corta y la imagen se ve lluviosa, «es por el viento, siempre se ve así», explicaron desde el área de mantenimiento. Internet es un servicio con interrupciones constantes.
Sin mayor revestimiento acústico, todo es perceptible: los ruidos de los pasillos como las conversaciones de las habitaciones lindantes. Allí el promedio de noches que se alojan los turistas no supera las dos noches, contó el personal del hotel. «Hasta hace poco la ocupación no superaba el 30 %, ahora esperamos dos contingentes de italianos», contó una de las empleadas con más de ocho años allí.
La consulta es inevitable y muchos llegan preguntando si es el hotel de Cristina Kirchner, «curiosos hay siempre, a nosotros nos paga el sueldo Idea SA que son los que manejan el hotel», dijo una de las mozas del restaurante del lugar «Barlovento». El trato es amable pese a las dificultades que produce un edificio con bajo mantenimiento, que ofrece dos piletas con poca circulación de aire.
La habitación más económica en el Alto Calafate cuesta $ 3.911 y la más costosa $ 6.652. El Alto Calafate marcó una época en los negocios de la familia Kirchner y sus administradores se esperanzan con llenar el hotel los próximos meses.
Fuente: Clarín, 21/11/16.
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Estrategias para prevenir el avance del narcotráfico
noviembre 2, 2016
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El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley
julio 9, 2016
El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley
En 2009, un empresario chino fue bloqueado por el sistema financiero de Estados Unidos por sospechas de haber vendido partes de misiles a Irán. Según documentos judiciales, el hombre cambió entonces el nombre y la dirección de sus empresas y continuó haciendo transferencias electrónicas a través de Nueva York.
Varios bancos de Nueva York notaron similitudes con las compañías bloqueadas y presentaron más de 40 informes al gobierno marcando las transacciones como sospechosas. En mayo de este año, los reguladores dieron a conocer que estas acciones de los bancos hicieron posible que en 2014 el Departamento de Justicia identificara US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales hechas por el empresario.
Más que en ningún otro momento de la historia, el gobierno de EE.UU. les exige a los bancos que operen como verdaderos auxiliares de la fuerza policial para monitorear actividades sospechosas. Estos requisitos se impusieron a partir de 1996 y se acentuaron con la Ley Patriota, aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero desde entonces las responsabilidades de los bancos han aumentado de manera constante. Desde hace más de una década, las entidades financieras han tenido que presentar “informes de actividades sospechosas” y han recibido multas de miles de millones de dólares por supuestamente no haberlo hecho adecuadamente.
Los bancos deben controlar hoy los fondos que fluyen a través de ellos y alertar a las autoridades sobre cualquier cosa de interés —por ejemplo, una transferencia de dinero a un país de alto riesgo incompatible con el historial de un cliente— para ayudar a descubrir casos de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos.
Por primera vez, los bancos están también asumiendo un rol adicional, el de registro de empresas. En EE.UU., reguladores y legisladores han intentado sin éxito que los estados recopilen información sobre los propietarios de las compañías cuando se crean. Las autoridades están ahora recurriendo a los bancos para ayudar a cerrar la brecha de información.
Las instituciones financieras han sido convertidas en auxiliares de la Justicia, dice Ellen Zimiles, una ex fiscal federal. “El gobierno no puede hacerlo sin ellos; no tiene acceso a la misma información”. Zimiles es ahora directora de investigaciones de la consultora Navigant Consulting Inc., dedicada a la investigación de sobornos corporativos y lavado de dinero.
Los bancos entienden la necesidad de esta comunicación con el gobierno, pero en algunos casos tratan de resistirse para aligerar la carga del cumplimiento, señala Lilly Thomas, una abogada sénior de regulación de Independent Community Bankers of America, una agrupación del sector. “Una de nuestras mayores preocupaciones es que los bancos tienen que ocuparse cada vez más de tareas de aplicación de la ley, lo que les deja cada vez menos tiempo para la banca real, pero reconocemos que tiene que haber un equilibrio”, dice.
Para evitar la burocracia que viene con la presentación de tales informes, muchos bancos están eliminando capas enteras de clientes de mayor riesgo, por ejemplo, los que envían remesas a Somalia. Esto tiene un efecto secundario, dicen los expertos: como los bancos ya no manejan dichas cuentas, se cierra una ventana que la policía podría usar para descubrir posibles irregularidades.
Las nuevas reglas de EE.UU., que entre otras cosas exigen a las entidades reunir datos tales como direcciones y números de pasaportes sobre los “verdaderos dueños” de todas sus cuentas corporativas, incluyendo cualquier persona con al menos una participación de 25% en la empresa y todos los directivos de alto rango, entraron en vigor en mayo. Los expertos dicen que la mayor parte de la carga está al principio, ya que los bancos tienen que crear sistemas para recabar y almacenar la información.
Las empresas de servicios financieros a menudo ya llevan esos registros con ciertas cuentas consideradas de riesgo, como las de áreas de potencial lavado de dinero, dicen los expertos. Ahora, sin embargo, tendrán que crear una base de datos más centralizada para proporcionar esos registros cuando las autoridades los soliciten. También pueden ser penalizadas económicamente con mayor facilidad por no hacerlo.
Según una encuesta realizada por KPMG en 2014 entre más de 300 bancos, los costos de la lucha contra el blanqueo han aumentado en forma considerable. Entre 2001 y 2004, el alza fue de 61%. Para 2007 crecieron 58%, 45% más hasta 2011 y 53% más para 2014, según la encuesta.
El creciente papel que los bancos cumplen en EE.UU. como auxiliares de la Justicia contrasta con la situación en el sector de tecnología, donde las grandes empresas han protagonizado algunas batallas de alto perfil contra el gobierno federal, que exigió cooperación a las empresas. Twitter Inc. recientemente redujo el acceso de algunas agencias de inteligencia a un servicio que examina sus datos y Apple Inc. rechazó una solicitud del gobierno para que lo ayudara a desbloquear el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino, California. Otras compañías de tecnología, incluyendo Google, de Alphabet Inc., y Facebook Inc., defendieron a Apple.
“Hay suficiente historial de acciones de aplicación de la ley impuestas a las instituciones financieras que han gastado una increíble cantidad de tiempo y energía tratando de asegurarse de que siguen todas estas reglas, mientras que la industria tecnológica es un espacio tan diferente, donde históricamente ha habido muy poco en términos de regulación”, dice J. Patrick Rowan, ex director de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. y actualmente abogado privado.
Las revelaciones sobre el caso del empresario chino y otros se hicieron durante la entrega en mayo de los Law Enforcement Award, el segundo evento de este tipo organizado por una unidad del Departamento del Tesoro en reconocimiento a las fuerzas del orden que “hicieron un uso efectivo de” los informes bancarios de actividades sospechosas.
Los funcionarios de distintas organizaciones bancarias, entre ellas la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Comunidad de Banqueros Independientes de EE.UU., distribuyeron placas durante el evento de una hora de duración en el Cash Room del Departamento del Tesoro. Los funcionarios del grupo bancario estaban en representación de las instituciones financieras que habían presentado los informes de actividades sospechosas, porque los documentos son confidenciales. No obstante, la agencia también envió cartas a los presidentes ejecutivos de cada banco para informarles de los casos que se produjeron, dijeron fuentes al tanto.
En el caso del empresario chino, el dinero terminó en los bancos que tenían cuentas corresponsales de Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. y otros, de acuerdo con documentos judiciales presentados en 2014. Eso le dio al Departamento de Justicia la posibilidad de recuperar la mayor parte de los US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales. Citigroup y J.P. Morgan no quisieron hacer comentarios. El empresario, Li Fangwei, también conocido como Karl Lee, fue penalmente acusado en 2014, pero está fuera de EE.UU. y no se ha presentado en los tribunales, de acuerdo con documentos de la corte. Li, que ha negado haber cometido delito alguno, no pudo ser contactado para que comentara.
Los bancos envían formularios en línea a la unidad contra el lavado de dinero del Tesoro, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), detallando el tipo de actividad sospechosa, como fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras cosas.
En la entrega de premios, la FinCEN reveló que los mencionados informes, entre ellos varios sobre transferencias sospechosas en Alemania, ayudaron a EE.UU. a agregar a 85 personas a la base de datos de detección de terroristas del FBI. Funcionarios del gobierno también han dicho que están utilizando los informes bancarios para identificar blancos de Estado Islámico, incluyendo qué refinerías atacar vía aérea.
Fuente: The Wall Street Journal, 07/07/16.
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El fin de la farsa kirchnerista
junio 26, 2016
Se derrumba el mito construido por la arquitecta egipcia
La arquitecta egipcia mandó colocar una magnífica placa en la Vicejefatura de Gabinete con una cita del antiperonista más ilustre y ocurrente de todos los tiempos: «El mito es la última verdad de la historia, el resto es efímero periodismo». Está firmada por Borges, y es claro que Cristina pretendía recordarles a los funcionarios su principal obligación diaria, que no consistía en administrar de manera eficiente el Estado, sino en trabajar para la mitificación de su familia. Se ve que los amanuenses obedecieron al pie de la letra, porque pronto abandonaron los esfuerzos de una cierta sustentabilidad razonable para dedicarse día y noche a crear una fábula onerosa y monumental acerca de lo que el matrimonio precisamente no era. Escrita por Borges, la cita alude a que al final las leyendas, cuando son grandes, derrotan la verdad documentada. Leída por Cristina, la frase desnuda su propósito primordial y también quiénes era los únicos enemigos que podían arruinarle la ficción megalómana: los periodistas que la denunciaban. Experimentamos, en esta coyuntura, un atronador desmoronamiento de ese glaciar cuidadosamente inventado. Y en lugar del mito van quedando en pie nuevos íconos para la consciencia colectiva: el éxtasis de las cajas fuertes, los bolsos en el monasterio, las bóvedas bajo el altar, las cuentas en Suiza, el enriquecimiento de los «emancipadores», la «cadena de la felicidad» y el financiamiento de los narcos. Tiene razón el cristinismo cuando dice que está siendo perseguido. Además de recaudar a cuatro manos, se dedicó a romper muchas reglas institucionales; por lo tanto, cada billete era un crimen y cada transgresión, un delito. No los persiguen por leer La razón de mi vida sino por violar el Código Penal. Es la misma clase de «persecución» que podrían denunciar los escruchantes, que tienen al menos un poco más de decoro y no se quejan en público de los rigores de la ley.
Los Kirchner querían volverse inolvidables, y lo están consiguiendo. La lápida de su tumba política podría llevar el epígrafe de Héctor Méndez: «A la obra pública le decían Movicom porque iba con el 15 adelante». El empresario ejercía como titular de la Unión Industrial Argentina durante la «década ganada» y se despellejó las manos aplaudiendo frente a los atriles. José López era, en esos mismos tiempos, el secretario de Obras Públicas y Lázaro Báez, el empresario malcriado por el matrimonio mítico: hoy los dos están en cana. Según cálculos técnicos de la Sociedad Rural, el gran amigo de Néstor y constructor de su napoleónico mausoleo, es además uno de los mayores terratenientes del país: luchaban contra la oligarquía no para destruirla, sino para reemplazarla. Como Cristina, que es una egoísta negadora, le soltó la mano, Báez habló esta semana de sus uñas: «Ella se las está limando, mientras yo estoy preso». Un lamento en sede judicial que no preanuncia nada bueno para la gran dama. El filósofo Rolo Villar lo dijo mejor que nadie: «Cristina el año pasado no quiso entregar la banda, y ahora la banda la va a entregar a ella.»
La clave para explicar este interregno de epifanías es la palabra «protección». Hubo cobertura política, jurídica e intelectual durante 12 años. Caída esa triple protección, los jueces anestesiados toman vitamina, los funcionarios eternamente impunes lucen cascos, los prófugos perpetuos son detenidos y la policía corrupta manda mensajes mafiosos. El Papa peronista avala las incursiones de los magistrados y uno de los periodistas más atildados y cuidadosos de la televisión argentina (Nelson Castro) pronuncia por primera vez una línea rotunda: «Néstor era un corrupto tremendo.»
Frente a tantas evidencias de apetito monetario, una parte de la sociedad parece despertar de su largo sueño y declararse engañada una vez más. «Yo no sabía», aducen horrorizados de sí mismos, tratando de sacarse la hiedra venenosa que los envuelve. El fenómeno no es nuevo; constituye más bien una enfermedad argentina a repetición: compramos el buzón, gozamos de la plata dulce, perdonamos a los venales, miramos para otro lado y un día abrimos los ojos, descubrimos el quebranto y el latrocinio, y tomamos distancia con furia de los monstruos que nosotros mismos habilitamos. Pronto se oirá la frase: «Yo no la voté». El asunto no deja, sin embargo, de tener un costado positivo: ya no es posible que la vicedirectora de una escuela aproveche el Día de la Bandera para bajar un impúdico discurso militante sin que la mayoría le dedique fuertes abucheos y le cante encima el Himno Nacional. Sucedió en Necochea, y es todo un símbolo del estado de ánimo general y del cambio de los vientos.
La descomposición no sólo corrobora las grandes investigaciones periodísticas; hace también explícito el desprecio de la patrulla perdida cristinista por el peronismo, del que se sirvió y al que sojuzgó (a veces para goce de los sojuzgados) mientras no podía menos que boicotear su «evolución»: la campaña «contra» Scioli será estudiada en el futuro como un estrafalario matrimonio pleno de puñaladas traperas, que los consortes no podían evitar propinarse ni siquiera durante los instantes cruciales de la boda. En la escalofriante era de la diáspora, el polígrafo Luis D’Elía formuló una catarsis sincericida: «Siempre fui ácido con el PJ, ese partido de mierda, conservador y de derechas. Un partido de mierda que cada vez que puede se va a la derecha más recalcitrante, en nombre de no sé qué bandera». El exabrupto estaba destinado a los múltiples emigrantes que los abandonan como si fueran la isla de los leprosos. Pero reafirma la vieja idea de que el cristinismo también fue una forma sutil de ser gorila. El escritor Martín Caparrós no quiso, sin embargo, permitirle a ese grupo el glamour del fracaso ni la impostura de seguir reteniendo ideales que malversaron: «El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la izquierda después de la dictadura militar», sentenció.
Las argumentaciones de los acusados son inconsistentes: todo este deschave está orquestado para tapar la mishiadura. Si un gobierno tuviera semejante capacidad de orquestación Macri sería Barenboim, y todavía no sabemos ni siquiera si Cambiemos es capaz de armonizar un programa económico exitoso. La segunda defensa la articuló Agustín Rossi en el Parlasur: parece que ahora Carrió y Zuvic encabezan una fuerza paraestatal con espías destinada a cazar dirigentes honestos. William Gibson llama la atención sobre el vínculo irónico entre paranoia clínica y conversión religiosa; escribe sobre ciencia ficción. Pero la tercera teoría es la vencida y tiene algo de desesperación conmovedora: la plata sucia no debe hacer olvidar de ningún modo una administración genial, compañeros. Campanella respondió esa argucia con sorna: «No dejemos que la inmensa corrupción tape la gestión. La gestión fue peor».
La Pasionaria del Calafate denunció en su última misiva que atravesamos una «democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983». Es curioso: la placa de Borges no ha sido removida de la Vicejefatura de Gabinete, pero sí hubo cambios en el Salón de los Bustos. Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner quedaron frente a frente, semblanteándose para toda la eternidad. No los diferencia únicamente el tema de la honestidad pública, sino también el hecho de que ambos encarnan dos democracias antagónicas. El kirchnerismo quiso anular la intensidad republicana que fundó Alfonsín, y de esa adulteración provienen todas estas plagas. O al menos así lo cree este efímero periodista.
Fuente: La Nación, 26/06/16.
Cómo combatir el Lavado de dinero
mayo 24, 2016
Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero
Entrevista a Juan Félix Marteau.
Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además, se explaya sobre su designación como Coordinador Nacional en la materia y su interacción con el Poder Judicial.
Los delitos complejos y su vínculo directo con el Lavado de dinero se han convertido en grandes desafíos que enfrentan los Estados en el mundo. Con numerosas causas que conmocionan a la opinión pública, la Argentina es un caso testigo de la proliferación de ese fenómeno y de ahí la necesidad de una actualización técnica permanente. Con ese propósito, desde hace cinco años Juan Félix Marteau dirige en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con un plantel de profesores con vasta experiencia en distintos campos de acción. El propio Marteau acredita antecedentes como profesor de Criminología de la UBA, creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), asesor presidencial en distintos estados de la región y en el Fondo Monetario Internacional y, en la actualidad, como flamante funcionario a cargo de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Es un orgullo para nosotros realizar un posgrado que tiene estándares globales. Participan todos los sectores con experiencia en el sistema argentino anti-lavado de activos y de combate al terrorismo: jueces, fiscales, legisladores, periodistas, reguladores, expertos internacionales. Al mismo tiempo, nuestros alumnos son profesionales del sistema, con el agregado enriquecedor de que los profesores aprendemos mucho de ellos. Nuestro progreso en esta materia se dio en un contexto político en el que se malversaron los recursos del Estado de manera absolutamente ilegítima. En la Argentina tenemos ahora recursos humanos que han tomado nota de la importancia estratégica que tiene este tema”, dice.
El Programa de Actualización 2016/UBA se cursa de abril a diciembre en la Facultad de Derecho, con un total de 128 horas cátedra. Los magistrados Mariano Borinsky, Claudio Bonadio, Ariel Lijo, Raúl Pleé y Claudio Gutiérrez de la Cárcova; y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), entre otros, forman parte del staff de 50 profesores.
… Texto completo: Entrevista-Juan-Felix-Marteau 2016 05.
Fuente: http://www.finint.org, 2016.
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La tremenda debilidad de los Kirchner por el dinero
abril 9, 2016
El afán enloquecedor de los Kirchner por el dinero
¡Ah!, la plata, la guita, la tela, la mosca, la biyuya… Como quieran llamarlo, en mayor o menor medida, el dinero estuvo siempre relacionado con la política y el poder. Podría decirse que una cosa no existe sin las otras. Cuando se malgasta se compran voluntades, se reordena a la tropa, se esconden desaguisados o se roba para la corona. Pero más allá de los ilícitos ominosos o del delito de lavado de dinero que investiga la justicia, la insaciable ambición de Néstor Kirchner; la desmesurada riqueza de su viuda, Cristina Fernández; las cantidades monstruosas de billetes que amontonó el detenido Lázaro Báez o la obscenidad con la que su hijo Martín cuenta plata en La Rosadita, parecen haber cruzado todas las fronteras de la imaginación.
Esa atracción voraz del ex Presidente por el dinero se ve claramente en un vídeo de la década del 90, difundido en 2013 por Jorge Lanata y que aún circula en las redes sociales. En un impulso irresistible, Kirchner se abalanza sobre la caja fuerte de un despacho municipal de Santa Cruz para intentar abrirla con la desesperación de un animal hambriento. «Cuando veo estas cajas… ¡Éxtasis!», exclama irracionalmente feliz, como si hubiera visto al mismísimo mesías descender de los cielos. Recién se recompone cuando se da cuenta de que un empleado le estaba apuntando con una cámara. «¿No me habrás filmado, no?», pregunta sin mayor preocupación. Un psicoanalista se haría un festín.
Con el mismo estado de gracia con el que abrazaba ese cofre blindado, el ex presidente patagónico solía hacer gala de los fajos de dinero atados en bandas elásticas que llevaba en sus bolsillos. Presumía incluso delante de los periodistas, al comienzo de su gestión, cuando aún no éramos considerados como leprosos.
Este comportamiento es la antítesis del actual mandatario Mauricio Macri, que evita siempre tocar los billetes. No tanto por su carácter antihigiénico como por la certeza rotunda de que no es necesario llevar plata encima para tener poder. Ni siquiera carga con las tarjetas de crédito, como el mismo confesó. Actitud que no lo exime de cometer delito, claro. El fiscal Federico Delgado lo acaba de imputar por el escándalo de la investigación global Papeles de Panamá e investigará la cuenta offshore de su familia, a instancias de la denuncia de diputado kirchnerista Norman Darío Martínez.
Pero en el caso de los Kirchner o de los Báez sorprende el afán enloquecedor por acumular riqueza a cualquier costo. La denuncia que hace la diputada Elisa Carrió llega a los 14.000 millones de dólares mal habidos.
Está claro que Kirchner no veía el dinero sino como la única forma de hacer política. Los militantes le perdonarán cualquier tipo de ilícito en nombre del modelo nacional y popular sin sonrojarse y sus detractores lo tildarán lisa y llanamente de chorro, con todos los aditivos impublicables que conlleva esa etiqueta. Pero ¿por qué esa obsesión por el tener? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona para querer juntar tanta plata, a sabiendas de que ni sus tataranietos lo van a poder gastar?
Los estudiosos del cerebro afirman que en algunos individuos, el dinero actúa como si fuera una droga. Y que la adicción a los billetes es tan peligrosa como la dependencia de la cocaína o la del juego. Eso los lleva a perder los estribos, sin tener hambre o necesidad.
Para el psicoanálisis, en las cuestiones de dinero siempre hay algo más que dinero, algo que supera la lógica de los economistas. Sigmund Freud pensaba la relación con la plata en términos de amor. O para ser más exactos, decía que era un asunto inconsciente, libidinal, y de origen infantil. Esto es, que en el fondo de nuestro comportamiento económico hay vínculos ocultos y eróticos con la historia afectiva de nuestro pasado. El amor obsesivo por el dinero estaría manifestando una situación de gran narcisismo, que impidió desarrollar a pleno la capacidad afectiva y el manejo de las emociones.
Sea como fuere, y para todos los casos, será la justicia la encargada de decir la última palabra. Entender un proceso no significa disculparlo. Nadie debe escapar de la condena que le corresponde. En La Divina Comedia de Dante, tanto los avaros como los corruptos y los ladrones sufren su castigo en los nueve círculos del Infierno.
Fuente: cronista.com, 08/04/16.
Esconder dinero es ahora más complicado
abril 7, 2016
Esconder dinero se ha vuelto un negocio más incómodo
Dos meses antes de la divulgación de los Panama Papers, el fiscal general de Suiza, otrora uno de los países más reservados del mundo, proclamó a los cuatro vientos que las empresas estatales de Malasia podrían ser víctimas de una malversación de fondos del orden de los US$4.000 millones.
Las palabras detonaron una bomba en un escándalo de larga data en torno de un fondo de inversión del gobierno malayo, conocido como 1MDB. También ilustraron lo mucho que ha cambiado en el turbio mundo de las cuentas bancarias y las compañías offshore. Tal vez lo más notable es que una declaración de esta naturaleza haya provenido del fiscal suizo, uno de cuyos antecesores señaló que “cuesta distinguir cuál maletín tiene dinero limpio y cuál dinero sucio”.
Aunque la información contenida en los Panama Papers es explosiva y sacudirá el mundo, un vistazo más de cerca sobre el cumplimiento global de las normas y el bufete de abogados detrás de los documentos filtrados muestra lo mucho que ha cambiado en una industria dedicada a esconder el dinero de las personas.
Los negocios de la firma panameña de abogados cuyos documentos fueron filtrados han estado decayendo durante décadas a medida que los reguladores globales, encabezados por Estados Unidos, emprendieron una ofensiva contra los Paraísos fiscales y el Lavado de dinero. La firma, Mossack Fonseca & Co., estableció 13.287 empresas offshore en 2005, pero apenas 4.341 en 2015, una caída de dos tercios. En los últimos tres años, sus clientes formaron 16.323 compañías, pero desactivaron 28.777.
El bufete de abogados ha enfatizado que no ha infringido ley alguna y que las informaciones aparecidas en la prensa sobre sus actividades “se basan en presunciones y estereotipos”. Los correos electrónicos y la información sobre el negocio de la firma no pudieron ser verificados de forma independiente.
Mossack Fonseca, al igual que muchas empresas en el mundo, tiene un rentable negocio de acciones al portador. Es una estructura un poco arcaica en la que las acciones de una compañía pertenecen a la persona que tenga los certificados de las acciones. Esto permite que las empresas sigan existiendo pese a no contar con un dueño inscrito. La firma de abogados tenía alrededor de 6.000 empresas con acciones al portador solamente en Panamá en 2005. La cifra actual es de 170.
“La gente está saliendo de este negocio”, afirma Bryan C. Skarlatos, un abogado tributario de Kostelanetz & Fink LLP.
Los Panama Papers, que tienen como punto de partida 1977, son en cierta forma un viaje al pasado del negocio de esconder activos offshore, ya sea por motivos de privacidad, evasión de impuestos u ocultar dineros mal habidos. Siguen habiendo numerosos lugares donde esconder fondos, pero los métodos tradicionales y con resultados comprobados se han vuelto más caros y riesgosos, lo que disminuye su atractivo.
La ofensiva contra los servicios offshore comenzó en EE.UU. con el esfuerzo para eliminar el financiamiento de actividades terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ahí se extendió a la evasión de impuesto luego una serie de casos que involucraron a bancos suizos y la crisis financiera global. La mayor parte del resto del mundo se sumó a la ofensiva, algunos países a regañadientes, en parte porque no podían darse el lujo de quedar al margen del sistema financiero estadounidense, pero también porque vieron una oportunidad para aumentar su recaudación tributaria.
La Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que 96 países han acordado intercambiar información sobre transacciones financieras y utilizan estándares comunes. Panamá prometió ceñirse a las directrices, pero luego echó pie atrás, lo que lo hizo acreedor de las críticas en público de la OCDE en febrero.
EE.UU. no se ha sumado al plan de la OCDE, pero hace lo mismo bajo su propia legislación.
A pesar de la campaña global, el sistema sigue teniendo fallas. La mayor desventaja es que los países pueden optar por hacer la vista gorda sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Pero incluso en ese caso, una vez que la información es compartida, a menudo se filtra.
Fue lo que pasó en Malasia. Las filtraciones de los investigadores malasios del escándalo de 1MDB indicaron que cerca de US$1.000 millones fueron transferidos a las cuentas del primer ministro Najib Razak y revelaron que la trayectoria de los fondos, que incluía el paso por bancos en Suiza, Luxemburgo y otros países.
Suiza y al menos otros seis países investigan 1MDB. Los suizos llevaban cinco meses de investigación cuando el fiscal general de Malasia exoneró al primer ministro diciendo que el dinero fue una donación legal de la familia real de Arabia Saudita.
La campaña interna para librar a Najib de toda culpa no llegó muy lejos. Días después, el fiscal general suizo dijo que quería compartir los hallazgos de sus investigadores con las autoridades malayas y soltó la bomba: US$4.000 millones podrían haber sido desviados en forma ilícita del fondo.
Es muy poco común que un alto funcionario de las fuerzas de seguridad apunte el dedo contra otro gobierno, pero el que lo haya hecho una autoridad suiza ilustra la transformación que ya lleva varias décadas de un país que pasó de ser un colaborador a regañadientes a un acusador. El anuncio de Suiza llevó a las autoridades de Luxemburgo y Abu Dhabi a lanzar sus propias investigaciones sobre el caso de 1MDB.
El fiscal general malasio y 1MDB han señalado que cooperan con los investigadores y Najib ha negado haber cometido irregularidades o haber aceptado fondos para ganancia personal.
Las personas que siguen de cerca el tema dicen que no cabe duda que han surgido nuevas maneras de ocultar el dinero de las autoridades. La estrategia principal es mantener los fondos lo más lejos posible del sistema bancario internacional. Algunos apuntan al ascenso de monedas digitales como bitcoin, mientras que otros que el combate contra los paraísos fiscal ha producido un auge de los bienes raíces de lujo.
“Los escondites son muy estrechos”, dice Monica Bhatia, jefa del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Efectos Fiscales de la OCDE. “Los contribuyentes pueden comprar diamantes y colocarlos bajo siete llaves, pero hay cada vez menos lugares donde esconderse”.
Fuente: The Wall Street Journal, 07/04/16.
La lucha antiterrorista dificulta el envío de dinero
marzo 31, 2016
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las valijas pertenecían a Abdi Warsame, un inmigrante somalí que trabaja para una empresa de envío de dinero que el año pasado perdió acceso al sistema bancario internacional. La firma ahora transporta el dinero a mano.
Los billetes han desaparecido del sistema financiero estadounidense. Tras llegar a Dubai, ingresaron a una opaca red de comercio, préstamos y remesas que se extiende por África del Este y Medio Oriente.
Los bancos estadounidenses han cerrado miles de cuentas de personas y organizaciones consideradas sospechosas, de alto riesgo o difíciles de monitorear, incluyendo firmas de envío de dinero, bancos extranjeros y organizaciones sin fines de lucro que operan en otros países. Esto deja al margen del sistema financiero tanto a inocentes como a aquellos que el gobierno estadounidense desearía vigilar, una consecuencia imprevista por Washington.
El gobierno de EE.UU. le ha pedido a los bancos e instituciones financieras que identifiquen y reporten indicios de financiación de terrorismo y lavado de dinero. Debido al temor de recibir multas onerosas, muchas entidades rechazan a cualquiera que parezca sospechoso. Eso lleva a las firmas excluidas a buscar alternativas, como trasladar el dinero en maletas, una práctica que deja cientos de millones de dólares fuera del sistema bancario, según un grupo de legisladores que en enero pidió una revisión del problema a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el brazo de investigación del Congreso.
“Todo el flujo de dinero va a la clandestinidad y eso se vuelve contraproducente para el propósito original de poder rastrearlo”, dice Dilip Ratha, economista jefe de la división del Banco Mundial que estudia las remesas. “Es un poco paradójico”.
Los inmigrantes en EE.UU. enviaron unos US$54.000 millones al exterior en 2014, estima el Banco Mundial. Las empresas que transfieren dinero incluyen desde gigantes globales como Western Union Co. y MoneyGram International Inc. hasta firmas pequeñas como la de Warsame.
Un reciente sondeo del Banco Mundial entre 82 firmas de envío de dinero indicó que más de la mitad perdieron cuentas bancarias en 2014. Cerca de un cuarto de los encuestados han cerrado o ahora operan sin cuentas bancarias empresariales.
Desde la promulgación de la Ley Patriota en 2001, requisitos de divulgación más estrictos han generado un extraordinario flujo de datos de bancos y otras entidades financieras. Los reportes sobre clientes —unos 55.000 al día— provienen en su mayoría de bancos y firmas de servicio de dinero, pero también de casinos, corredoras y aseguradoras. Cerca de 200 millones de los 220 millones de informes reunidos desde 2001 son obligatorios cuando los clientes hacen transacciones de más de US$10.000.
Autoridades estadounidenses dicen que el sistema ha revolucionado su capacidad de investigación de fraude, narcotráfico y financiación de terrorismo. El gobierno examina los datos y extrae hasta 1.000 pistas al mes vinculadas con terroristas, incluido Estado Islámico, que son entregadas a investigadores. El año pasado, las instituciones financieras reportaron sospechas de financiación de terrorismo unas 2.200 veces.
Los contenidos de estos reportes son secretos y los clientes no son informados al respecto. Los bancos casi nunca se enteran de si conducen a un arresto.
Western Union indica que gasta US$200 millones al año monitoreando actividades sospechosas, como clientes que envían dinero a regiones de alto riesgo en Medio Oriente. Analistas a veces revisan sus perfiles en redes sociales en busca de propaganda ligada al terrorismo. La firma mejoró sus sistemas de vigilancia tras alcanzar una conciliación por US$94 millones con cuatro estados en 2010 relacionada con el Lavado de dinero.
J.P. Morgan Chase & Co. pagó en 2014 una multa de US$1.700 millones por no reportar actividades sospechosas de Bernard Madoff, que había sido condenado por fraude piramidal. El banco tiene ahora unos 9.000 empleados dedicados a monitorear el lavado de dinero y ha cerrado las cuentas de miles de clientes considerados de alto riesgo.
Estos requisitos de EE.UU. tienen un alcance global. John Cryan, copresidente ejecutivo de Deutsche Bank AG , señaló durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero que regulaciones “muy, muy onerosas” han exigido a los bancos asumir nuevos papeles. “Hemos sido lentos en reconocer que somos una extensión de las fuerzas del orden público”, aseveró.
Autoridades que analizan los datos para el gobierno reconocen el costo de vigilar decenas de millones de clientes bancarios, y algunos banqueros dicen que el monitoreo es demasiado amplio, lo que socava su eficacia. Jaikumar Ramaswamy, un ejecutivo de cumplimiento de Bank of America Corp. y ex fiscal federal, dice: “Me sorprende la cantidad de tiempo que dedico no al culpable, sino a perseguir al inocente”. En vez de buscar agujas en un pajar, agrega, el sistema exige que los bancos “entreguen cada trozo de paja para asegurarse de que es paja, y no una aguja”.
En 1998, cuando se formó la empresa de transferencia de fondos de Warsame, el negocio de remesas a Somalia estaba en auge. El colapso del gobierno somalí a principios de los años 90 llevó a que la población somalí en EE.UU. se multiplicara por más de 10 y la gente necesitaba formas de enviar dinero a casa.
La empresa de Warsame pide a los clientes identificación, coteja sus nombres con listas de vigilancia del gobierno y se somete a inspecciones de los reguladores. Si una transacción despierta sospechas, cuenta Warsame, las tres personas del departamento de cumplimiento a veces hacen búsquedas en línea o mandan a sus agentes en Somalia a indagar al destinatario.
Las autoridades no lo han acusado a él ni a su empresa de irregularidades, pero desde 2008, un banco tras otro comenzó a rechazar a la firma. En 2010, logró abrir cuentas en Merchants Bank of California NA, de Carson, California. Sin embargo, a mediados de 2014, la Oficina del Contralor de la Moneda ordenó al banco dejar de procesar transacciones de clientes, incluidos negocios de envío de dinero, tiendas de licores, casas de empeño, vendedores de joyas, lavaderos de autos y dispensarios de marihuana, si no podía “garantizar razonablemente la legitimidad de las fuentes y usos de fondos”.
Merchants Bank le informó a la firma de Warsame que cerraría sus cuentas a menos que limitara los envíos de dinero a 55 países, ninguno en África. Merchants Bank se abstuvo de comentar al respecto.
El cierre de las cuentas convirtió el negocio de Warsame en una operación de alto riesgo. “No sé por cuánto tiempo podré continuar”, observa. Tras llegar a Dubai, el dinero ingresó a una red, en mayor medida informal, de préstamos, cambios de divisas y rutas comerciales que desde hace generaciones han movido efectivo a lo largo de África del Este y Medio Oriente.
Al igual que muchos inmigrantes somalíes en EE.UU., Warsame envía remesas, unos US$300 al mes a su padre de 97 años. El somalí se preguntó por cuánto tiempo más el dinero podrá llegar al país. Las remesas equivalen a una cuarta parte de la economía de este país devastado por la guerra.
“Si cierras el flujo de fondos porque tienes miedo de que llegue a las manos de terroristas y delincuentes, eso es exactamente lo que sucederá”, afirma Saad Ali Shire, un funcionario regional. “La gente se verá forzada a usar personas y organizaciones sombrías; habrá menos transparencia”.
Fuente: The Wall Street Journal, 30/03/16.
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