La ciudad de Panamá. Panamá City.

Dos meses antes de la divulgación de los Panama Papers, el fiscal general de Suiza, otrora uno de los países más reservados del mundo, proclamó a los cuatro vientos que las empresas estatales de Malasia podrían ser víctimas de una malversación de fondos del orden de los US$4.000 millones.

Las palabras detonaron una bomba en un escándalo de larga data en torno de un fondo de inversión del gobierno malayo, conocido como 1MDB. También ilustraron lo mucho que ha cambiado en el turbio mundo de las cuentas bancarias y las compañías offshore. Tal vez lo más notable es que una declaración de esta naturaleza haya provenido del fiscal suizo, uno de cuyos antecesores señaló que “cuesta distinguir cuál maletín tiene dinero limpio y cuál dinero sucio”.

Aunque la información contenida en los Panama Papers es explosiva y sacudirá el mundo, un vistazo más de cerca sobre el cumplimiento global de las normas y el bufete de abogados detrás de los documentos filtrados muestra lo mucho que ha cambiado en una industria dedicada a esconder el dinero de las personas.

Los negocios de la firma panameña de abogados cuyos documentos fueron filtrados han estado decayendo durante décadas a medida que los reguladores globales, encabezados por Estados Unidos, emprendieron una ofensiva contra los Paraísos fiscales y el Lavado de dinero. La firma, Mossack Fonseca & Co., estableció 13.287 empresas offshore en 2005, pero apenas 4.341 en 2015, una caída de dos tercios. En los últimos tres años, sus clientes formaron 16.323 compañías, pero desactivaron 28.777.

El bufete de abogados ha enfatizado que no ha infringido ley alguna y que las informaciones aparecidas en la prensa sobre sus actividades “se basan en presunciones y estereotipos”. Los correos electrónicos y la información sobre el negocio de la firma no pudieron ser verificados de forma independiente.

Mossack Fonseca, al igual que muchas empresas en el mundo, tiene un rentable negocio de acciones al portador. Es una estructura un poco arcaica en la que las acciones de una compañía pertenecen a la persona que tenga los certificados de las acciones. Esto permite que las empresas sigan existiendo pese a no contar con un dueño inscrito. La firma de abogados tenía alrededor de 6.000 empresas con acciones al portador solamente en Panamá en 2005. La cifra actual es de 170.

“La gente está saliendo de este negocio”, afirma Bryan C. Skarlatos, un abogado tributario de Kostelanetz & Fink LLP.

Los Panama Papers, que tienen como punto de partida 1977, son en cierta forma un viaje al pasado del negocio de esconder activos offshore, ya sea por motivos de privacidad, evasión de impuestos u ocultar dineros mal habidos. Siguen habiendo numerosos lugares donde esconder fondos, pero los métodos tradicionales y con resultados comprobados se han vuelto más caros y riesgosos, lo que disminuye su atractivo.

La ofensiva contra los servicios offshore comenzó en EE.UU. con el esfuerzo para eliminar el financiamiento de actividades terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ahí se extendió a la evasión de impuesto luego una serie de casos que involucraron a bancos suizos y la crisis financiera global. La mayor parte del resto del mundo se sumó a la ofensiva, algunos países a regañadientes, en parte porque no podían darse el lujo de quedar al margen del sistema financiero estadounidense, pero también porque vieron una oportunidad para aumentar su recaudación tributaria.

La Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que 96 países han acordado intercambiar información sobre transacciones financieras y utilizan estándares comunes. Panamá prometió ceñirse a las directrices, pero luego echó pie atrás, lo que lo hizo acreedor de las críticas en público de la OCDE en febrero.

EE.UU. no se ha sumado al plan de la OCDE, pero hace lo mismo bajo su propia legislación.

A pesar de la campaña global, el sistema sigue teniendo fallas. La mayor desventaja es que los países pueden optar por hacer la vista gorda sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Pero incluso en ese caso, una vez que la información es compartida, a menudo se filtra.

Fue lo que pasó en Malasia. Las filtraciones de los investigadores malasios del escándalo de 1MDB indicaron que cerca de US$1.000 millones fueron transferidos a las cuentas del primer ministro Najib Razak y revelaron que la trayectoria de los fondos, que incluía el paso por bancos en Suiza, Luxemburgo y otros países.

Suiza y al menos otros seis países investigan 1MDB. Los suizos llevaban cinco meses de investigación cuando el fiscal general de Malasia exoneró al primer ministro diciendo que el dinero fue una donación legal de la familia real de Arabia Saudita.

La campaña interna para librar a Najib de toda culpa no llegó muy lejos. Días después, el fiscal general suizo dijo que quería compartir los hallazgos de sus investigadores con las autoridades malayas y soltó la bomba: US$4.000 millones podrían haber sido desviados en forma ilícita del fondo.

Es muy poco común que un alto funcionario de las fuerzas de seguridad apunte el dedo contra otro gobierno, pero el que lo haya hecho una autoridad suiza ilustra la transformación que ya lleva varias décadas de un país que pasó de ser un colaborador a regañadientes a un acusador. El anuncio de Suiza llevó a las autoridades de Luxemburgo y Abu Dhabi a lanzar sus propias investigaciones sobre el caso de 1MDB.

El fiscal general malasio y 1MDB han señalado que cooperan con los investigadores y Najib ha negado haber cometido irregularidades o haber aceptado fondos para ganancia personal.

Las personas que siguen de cerca el tema dicen que no cabe duda que han surgido nuevas maneras de ocultar el dinero de las autoridades. La estrategia principal es mantener los fondos lo más lejos posible del sistema bancario internacional. Algunos apuntan al ascenso de monedas digitales como bitcoin, mientras que otros que el combate contra los paraísos fiscal ha producido un auge de los bienes raíces de lujo.

“Los escondites son muy estrechos”, dice Monica Bhatia, jefa del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Efectos Fiscales de la OCDE. “Los contribuyentes pueden comprar diamantes y colocarlos bajo siete llaves, pero hay cada vez menos lugares donde esconderse”.

Vista de los rascacielos de la ciudad de Panamá, sede de Mossack Fonseca, la firma de abogados en el ojo del huracán. 

FRÁNCFORT — Los esfuerzos internacionales contra la evasión tributaria y el lavado de dinero han estrechado los controles en numerosos paraísos fiscales, obligando a los usuarios de estas reservadas estructuras offshore a dirigirse a lugares más exóticos.

Los llamados Panama Papers, revelados esta semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una organización con sede en Estados Unidos, y otros medios de comunicación, muestran cómo clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca & Co. lograron lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.

El surgimiento de un escándalo tributario en Panamá “no es de extrañar”, señala Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo internacional que ha ayudado a coordinar la lucha contra la evasión de impuestos. “Vemos un avance muy importante hacia la transparencia en todos los paraísos fiscales (…) salvo Panamá y Vanuatu”.

Mossack Fonseca dijo esta semana que había operado de forma “irreprochable” durante 40 años y que jamás ha sido acusada ni imputada de algún delito.

Después de la crisis financiera de 2008 y la recesión que le siguió, los gobiernos de los países industrializados han emprendido una ofensiva sin precedentes contra la evasión tributaria, motivados por la necesidad de reducir sus déficits fiscales y responder a una serie de escándalos producidos por la filtración de documentos, de los cuales el caso de Panamá es sólo el más reciente.

Otras recientes filtraciones han involucrado las operaciones de banca privada de HSBC Holdings PLC en Suiza, que es acusado de proveer servicios a evasores fiscales, y una serie de documentos que muestran cómo Luxemburgo ayudaba a las multinacionales a reducir el pago de impuestos.

La persistente ofensiva contra la evasión fiscal y el lavado de dinero ha hecho que algunos busquen paraísos fiscales “alternativos, más lejanos e incluso más exóticos”, dice Marc Sanders, director de Taxand, una firma internacional de asesoría tributaria.

Suiza, Luxemburgo y otras jurisdicciones han estado sometidas a la presión sostenida de un conjunto de leyes que se aprobaron después de la crisis financiera, tanto en Estados Unidos como en Europa. El gobierno estadounidense dio el puntapié inicial en 2010 con la promulgación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), que exige que las entidades financieras revelen las identidades de sus clientes estadounidenses y los activos que poseen. Eso ha llevado a una serie de acuerdos extrajudiciales entre el gobierno de EE.UU. y los bancos suizos.

La Unión Europea no demoró en seguir el ejemplo y presionó a países como Suiza y Luxemburgo para que compartieran información sobre las cuentas de sus connacionales en el exterior. A mediados del año pasado, la UE divulgó los nombres de 30 jurisdicciones tributarias que no habían colaborado, basados en los datos de los diferentes países de la UE.

“Incluso las jurisdicciones británicas están bajo presión”, indica Ronen Palan, profesor de la City University of London, quien ha escrito varios libros sobre paraísos fiscales. Mencionó las Islas del Canal, que incluyen Jersey y Guernesey.

Panamá, en cambio, “es independiente y no trata de competir con el resto sobre, supuestamente, poner la casa en orden”, asevera.

Saint-Amans afirma que Panamá, que no es miembro de la OCDE, ha sido renuente ante iniciativas recientes como el intercambio de información de cuentas bancarias entre autoridades nacionales si surge una solicitud o en forma automática, además de una convención multilateral de asistencia mutua en temas tributarios.

“Por alguna razón u otra decidieron seguir siendo una jurisdicción bastante reservada”, dice Saint-Adams.

Funcionarios panameños no pudieron ser contactados de inmediato para que comentaran al respecto.

Ramón Fonseca Mora, el cofundador de Mossack Fonseca, formó parte del gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli.

En un extenso comunicado publicado en Internet, Mossack Fonseca señaló que el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental formado en 1989 para combatir el lavado de dinero, eliminó en febrero a Panamá de su lista de jurisdicciones que no colaboraban.

Otras jurisdicciones se podrían estar beneficiando de la lucha contra los paraísos fiscales tradicionales. Palan observa “señales de un movimiento hacia Asia” en las cifras sobre ahorros y depósitos de los bancos globales que publica el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza. “El giro es claramente hacia Singapur, Dubai y Hong Kong”, dice.

Aun así, las campañas globales contra la evasión fiscal han alentado a más de 500.000 personas a declarar sus cuentas offshore en los últimos años, lo que ha generado unos 50.000 millones de euros (US$57.000 millones) en impuestos, estima Saint-Amans.

La presión tampoco ha cedido. Los líderes de las 20 mayores economías del mundo prometieron en noviembre reformar los estándares globales para combatir la evasión de impuestos. Holanda y el Reino Unido han señalado que adoptarán registros públicos con los nombres de los dueños de las empresas. La UE, asimismo, trata de elaborar su propia “lista negra” de paraísos fiscales que no colaboran.

Sin embargo, los expertos advierten que firmar acuerdos no significa que haya llegado la hora de declarar victoria sobre los paraísos fiscales.

“Las zonas exentas de impuestas existían incluso durante la Roma antigua”, señala Sanders. “Probablemente habrá países dispuestos a colaborar con esta clase de estructuras”.

HSBC y sus afiliados solicitaron la formación de 2.300 de las 15.600 empresas formadas por Mossack Fonseca en Panamá.

Las compañías offshore creadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares pueden ser impenetrables para las autoridades o cualquiera que quiera investigar. Esto las ha convertido en vehículos legítimos para proteger patrimonios y planear estrategias tributarias, pero también en un escondite para los evasores de impuestos, el fraude y cosas peores.

Algunos de los mayores bancos del mundo, cuyos clientes buscan discreción, operan con los especialistas en paraísos fiscales que crean y registran empresas, encuentran miembros de juntas directivas y accionistas “nominados” que ocupan el lugar de los verdaderos dueños en formularios y arman estructuras complejas y a la medida.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), HSBC Holdings PLC, UBS Group AG y Credit Suisse AG estuvieron entre los que más usaron los servicios de creación de empresas de Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña cuya cantidad masiva de documentos internos ha sido revisada por el grupo periodístico.

HSBC y sus afiliadas pidieron más de 2.300 empresas de un total de 15.600 que Mossack Fonseca ayudó a establecer para sus clientes en más de 40 años, dijo ICIJ.

El propio presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, utilizó una vez una empresa panameña creada por Mossack Fonseca para ocultar la propiedad de su cuenta personal de HSBC en Suiza. Gulliver dijo a legisladores británicos que quería ocultar de colegas curiosos el monto de su bonificación y que él no escogió la estructura.

Una vocera de HSBC señaló que los clientes con cuentas offshore son investigados a fondo. Un portavoz de UBS dijo que el banco conducía sus negocios en completa conformidad con las leyes y regulaciones vigentes y que “no tiene interés en fondos que no son gravados o que provienen de actividades ilícitas”.

Credit Suisse indicó que se rige por todas las leyes locales y que los clientes deben comprobar que cumplen con sus responsabilidades fiscaless. Tidjane Thiam, presidente ejecutivo del banco, señaló en Hong Kong que la entidad es “muy insistente” en que los clientes cumplan las regulaciones fiscales. “Sólo fomentamos el uso de estructuras cuando tienen un propósito económico legítimo”, enfatizó.

Mossack Fonseca señaló que “nada en los documentos filtrados sugiere que haya hecho algo mal o ilegal”. En un sitio web creado para los medios de comunicación, la firma dijo que siempre ha cumplido los protocolos internacionales para “asegurar, hasta donde sea razonablemente posible, que las empresas que incorpora no son usadas para evadir impuestos, lavar dinero, financiar el terrorismo u otros propósitos ilícitos”.

Astutos especialistas en paraísos fiscales pueden ensamblar una red de empresas que satisfagan las necesidades específicas del cliente aprovechando las ventajas de cada jurisdicción. Por ejemplo, los rusos querrán mantener activos extranjeros en una empresa en Chipre debido a tratados fiscales favorables. Pero Chipre tiene una lista de registro de accionistas corporativos, de modo que los inversionistas de una empresa chipriota pueden ser firmas inscriptas en otras partes.

Ni Panamá ni las Islas Vírgenes Británicas (BVI) requieren que las empresas den a conocer los propietarios en un registro público, lo que significa que quienes traten de rastrear a los verdaderos dueños no obtendrán pistas en el país.

Por ejemplo, un artículo de 2014 de The Wall Street Journal halló que la agencia de publicidad rusa Vi era en gran parte controlada por empresas chipriotas, algunas de las cuales eran propiedad de firmas panameñas y de las Islas Vírgenes. No estaba claro quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas, lo que representa un dolor de cabeza para compañías estadounidenses que tratan de determinar si están violando sanciones contra Rusia al hacer negocios con Vi.

En ese entonces, un vocero de Vi afirmó que Bank Rossiya, un banco ruso sancionado, poseía de forma indirecta 16% de la agencia, pero que ningún otro accionista había sido sancionado.

En otro ejemplo, los liquidadores del fondo de cobertura Heather Capital, sostuvieron en documentos presentados ante un tribunal de Escocia que 19 millones de libras esterlinas (US$27 millones) de Heather fueron desviados de forma fraudulenta a un corredor de bolsa llamado Nicholas Levene. El dinero fue enviado a la cuenta bancaria en Mónaco de una empresa panameña suya. Otros 9,4 millones de libras se dirigieron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Gregory King, quien a su vez controlaba Heather, de acuerdo con los liquidadores.

Levene, quien cumple una condena de 13 años por fraude en un caso no relacionado, no pudo ser contactado para que comentara. Un abogado de King no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.

A lo largo de los años, agencias reguladoras y policiales han endurecido las restricciones en estas jurisdicciones. Las Islas Caimán, domicilio de buena parte de la industria de fondos de cobertura que mueve US$2,9 billones estuvo por mucho tiempo bajo escrutinio pero ahora es “un centro líder para titulización y fondos de cobertura que no plantean problemas”, señaló Peter Astleford, socio de la firma de abogados Dechert. En 2009, las Islas Caimán pasaron a la lista blanca que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantiene de países que, en su mayoría, han implementado estándares tributarios internacionales.

Panamá tiene un historial con más altibajos. El informe de ICIJ ha “arrojado luz sobre la cultura y prácticas de secreto de Panamá”, dijo Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. El funcionario llamó al país “el último gran reducto que sigue permitiendo que fondos sean ocultos offshore de las autoridades fiscales y policiales”.

Hasta febrero, Panamá estaba en la lista negra compilada por el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas en inglés) de países con estándares débiles en cuanto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.FATF eliminó en febrero a Panamá de la lista porque había establecido el marco legal y regulatorio necesario.

En años recientes, las autoridades estadounidenses han aplicado con renovado vigor las leyes contra delitos financieros, lo que ha llevado a bancos de EE.UU. y Europa a pagar multas gigantescas por violaciones de sanciones, deficiencias en los controles de lavado de dinero y evasión fiscal. Muchos bancos han reforzado sus defensas.

Se supone que las entidades financieras deben investigar a posibles clientes y aplicar un escrutinio adicional a funcionarios públicos, sus familias y sus socios empresariales, el tipo de personas que los documentos de Panamá han puesto en los titulares de la prensa.

Ver: La importancia del Protocolo “Conozca a su Cliente”

Los documentos de Panamá son “un ejemplo perfecto” de por qué los bancos deberían estudiar a fondo a sus clientes. señala Brent Newman, vicepresidente ejecutivo de Accuity Inc., filial de RELX Group. “Estas personas tienen en general la capacidad o el acceso para cometer fechorías financieras”.

—Kane Wu, en Hong Kong, contribuyó a este artículo.