Por qué comemos más cuando no dormimos bien

Por qué comemos mucho cuando no dormimos lo suficiente

Fuente: The Wall Street Journal, 27/03/16.

Avon recortó 2.500 empleos en USA

Avon eliminó 2.500 Empleos y traslada sus Oficinas principales de New York a Gran Bretaña

La multinacional pionera de los cosméticos, especializada en Venta Directa y Network Marketing, reduce sus negocios en Estados Unidos.

Fuente: Ediciones EP, marzo 2016.

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Banca y Energía: Problemas en puerta

El aumento de préstamos incobrables augura nuevos problemas para el sector energético y la banca

Por Bradley Olson, Emily Glazer y Matt Jarzemsky.

Fuente: The Wall Street Journal, 28/03/16.

La Ley del arrepentido está vigente en Argentina

Con el respeto que me merecen por sus investiduras y sus méritos profesionales, aquellos que se escudan en la «inexistencia» de una legislación adecuada están faltando a la verdad -acaso para justificar el fracaso de investigaciones truncas o estancadas- o incurren en un grave error.

La legislación sobre el arrepentido, así como la del «testigo o imputado colaborador» (en otros términos, la de la «colaboración eficaz»), está vigente y puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que uno de sus objetos procesales sea el Lavado de activos de origen ilícito. Y esto ocurre desde junio de 2011.

Por falta de práctica en el desarrollo de las investigaciones patrimoniales que deberían iniciarse contemporáneamente a aquellos procesos seguidos contra el crimen organizado, o bien por ignorancia relativa a todos los instrumentos legales que se poseen, no se conoce ningún caso en el que se haya echado mano de los institutos del arrepentido o del testigo o imputado que brinden «cooperación eficaz» en causas por lavado de dinero.

Con acierto, se dice que el del arrepentido es un instituto utilizado en las causas por narcotráfico o por secuestros extorsivos, pero se ignora o, en su caso, no se comunica, que también se encuentra legislado para otros supuestos.

La primera legislación que se dictó en nuestro país al respecto fue en virtud de la ley 24.424, modificatoria de la ley 23.737 de estupefacientes y psicotrópicos, que incorporó a ésta el artículo 29 ter, por el que se dispuso que puede disminuirse la pena hasta la mitad o, incluso, eximirse de ella a quien aporte datos útiles para la investigación o identifique a coautores en las investigaciones por narcotráfico.

Más adelante, en la ley 25.241, se legisló, para los casos de terrorismo, un sistema por el cual el imputado por este delito podrá obtener excepcionalmente la reducción de la pena a la escala de la tentativa o a la mitad siempre que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener este beneficio, el imputado debe brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o ayudar a esclarecer el objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquel respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración. Incluso, la ley prevé la posibilidad de aplicar el mínimo legal de la especie de pena merecida por el imputado en el caso en que la información permita acreditar la existencia de una asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, en tanto determine el sometimiento a proceso de quienes no hubieren sido imputados hasta el momento de su colaboración.

Luego, por virtud de la ley 26.364, se incorporó el artículo 41 ter al Código Penal, que prevé la posibilidad de reducir la pena en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo a quienes, siendo partícipes o encubridores, brinden información útil en los casos de privación ilegal de la libertad calificada, trata de personas y secuestro extorsivo.

Por fin, con la sanción de la ley 26.683, en oportunidad de modificarse las normas penales referidas a lavado de activos de origen ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo, se dispuso que las previsiones contenidas en la ley 25.241 referidas al «arrepentido» serán aplicables a los procesos por el delito de Lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del Código Penal -ver abajo-), permitiéndole incluso al juez disponer la reserva de la identidad del testigo o del imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de ellos.

En estos días se escuchan declaraciones periodísticas de imputados que sugieren que colaborarían con la Justicia en caso de que existiera una ley del arrepentido. Como esa ley existe y está vigente podríamos decir, con Ortega y Gasset: «¡Argentinos, a las cosas!».

Es entonces necesario reconocer que nuestro legislador ya cumplió con brindar una herramienta más que idónea para mejorar las investigaciones por lavado de dinero. Todos los magistrados y funcionarios del sistema judicial deberían recordar que, por ley de la Nación, están habilitados a ofrecerles a todos los imputados por el delito de lavado de dinero la posibilidad de brindar información útil para ser beneficiados con el instituto del arrepentido.

—Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuente: La Nación, 30/03/16.

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ARTICULO 303 del Codigo Penal Argentino

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

El rol de los Compliance officers

Compliance officers, vayan con cuidado

Por Paula Urien.

Durante el V Encuentro sobre Ética y Compliance se advirtió sobre la posibilidad de que quien está en esta posición sea sometido a un juicio penal, ya que su función es prevenir las infracciones normativas.

Con el auditorio completo, y más gente en las aulas de la Ucema participando vía streaming, se desarrolló el V Encuentro sobre Ética y Compliance entre los sectores público y privado. Se trata de un tema que poco a poco comienza a instalarse en el core de las empresas, no sólo porque algunas quieren hacer las cosas bien -vale recordar que compliance es cumplimiento-, sino porque las rigurosas normas a nivel internacional impactan de lleno en la gestión de las compañías.

«La Asociación (de Ética y Compliance) es una secta que cree que la corrupción es indeseable», dijo Carlos Rozen, organizador del evento a través de esta organización. «Se trata de un comportamiento muy arraigado en la sociedad que nos debería avergonzar. Llegó el momento de luchar verdaderamente contra ella y mostrar que a esos pocos que se quieren quedar con lo de muchos se les va a hacer un poco más difícil. Los costos de la corrupción tienen que ser mucho más altos que el beneficio de cometer una actividad ilegal», agregó.

«Hay una creciente complejización del entramado jurídico y regulatorio a nivel internacional», dijo Jorge Martiñan, director del Instituto Argentino de Gobierno Corporativo y encargado de pronunciar las palabras iniciales. «A las obligaciones locales, como las de carácter fiscal, se agregan un nutrido grupo de regulaciones en el mundo que impactan en nuestro medio.» Entre ellas se destacan:

El Acta de Prácticas Corruptas Extranjeras o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): prohíbe el pago de sobornos por parte de compañías y ciudadanos estadounidenses, compañías extranjeras registradas en la Bolsa de Valores de EE.UU. o cualquier persona que actúe estando en EE.UU., a funcionarios de gobierno en cualquier país del mundo.

El Acta contra el Soborno, o The Bribery Act: sancionada por el Parlamento británico. Es una norma parecida al FCPA, pero con mayor alcance ya que también abarca los sobornos realizados por ciudadanos del Reino Unido o residentes ordinarios del Reino Unido, y organizaciones establecidas en el Reino Unido o que desempeñan parte de sus actividades en el Reino Unido, tanto hacia funcionarios públicos de cualquier país del mundo como hacia funcionarios de otras empresas privadas.

Ley brasileña anticorrupción: se aplica a empresas que cotizando en bolsas brasileñas realicen sobornos en el extranjero a funcionarios públicos de otros países.

Por esto es que crece, y mucho, la figura del compliance officer dentro de las empresas, aquel cuya función es velar por el cumplimiento de las normas y una figura que, según los oradores, debería incorporarse a las filas de los organismos y de las empresas públicas.

«Es quien fija estándares, analiza el marco regulatorio, entrena a la gente y realiza investigaciones cuando hay algún tipo de incumplimiento. Se trata de un rol crítico en las organizaciones privadas y esperemos que también llegue a las públicas», dijo Martiñan.

Sin embargo, la jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de la ciudad de Buenos Aires, Patricia Llerena, hizo una durísima advertencia. «Vengo a asustarlos», dijo refiriéndose a los compliance officers presentes. «Se ha generado el llamado criminal compliance, es decir el oficial de cumplimiento que actúa para prevenir la comisión de delitos. En Europa se empezó a justificar la actividad de la corrupción privada a través de cómo llevo a un juicio penal al compliance», una afirmación que provocó inquietud entre los presentes.

«En el ámbito privado, y frente a la crisis financiera global, apareció el gobierno corporativo. Una de sus funciones es minimizar el riesgo de la persona jurídica y de los directores a través del compliance, que aparece como una persona que diseña los sistemas de prevención y se ocupa de cómo instruir a las personas que están dentro de la organización. El criminal compliance, entonces, tiene como función prevenir las infracciones normativas para la persona jurídica, pero no se agota ahí, también minimiza los riesgos de sanciones.»

Entonces lanzó la advertencia. «Señores compliance, ustedes son los encargados de tratar de salvarle las papas a la persona jurídica. Hoy en Europa se esta discutiendo que el compliance pueda ser sometido a proceso por culpa en la omisión o negligencia. Desde el punto de vista del derecho penal es abrir la culpa de una forma impresionante.»

Corrupción y más

«Los índices de corrupción en la Argentina no se agotan por los millones que faltan en coimas», disparó Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura del Poder Judicial. «La impunidad y la corrupción están demasiado metidas, hasta en el hecho de sacar fotocopias a los libros de los chicos con la fotocopiadora de la empresa. La empresa hoy carga la coima a sus costos», dijo Fargosi, para demostrar la naturalización del ilícito, que llega hasta los niveles más altos. «A un determinado nivel, un regalo es una coima. No se puede regalar un viaje», ejemplificó.

También esbozó algunos facilitadores para que esto suceda: una burocracia monumental; el secreto fiscal porque «¿los cargos públicos no deberían perder el secreto fiscal?», preguntó; una «escandalosa presión fiscal que no sirve para gozar de un buen sistema de salud, educación seguridad, transporte…., nada».

Y finalmente, una de las grandes deudas para comenzar a transitar el camino de la transparencia: el financiamiento de la política. «Está la idea por parte de los políticos de que no existen si no hacen caja. Hay que replantearse todo esto. La cuestión es demasiado estructural para solucionarla con tres o cuatro leyes.»

«La corrupción no es patrimonio de ningún país o región, todos la tienen, pero el problema es cuando se vuelve sistémica, es decir que los porcentajes son tan altos que se vuelve inviable el desarrollo económico. Se habla mucho de la corrupción de los funcionarios públicos, como si no salieran de la misma sociedad donde se criaron», dijo la jueza.

Manuel Garrido, ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, dijo que «hay una necesidad de que el país recupere los vínculos económicos y se inserte en un esquema exigente en cuanto a estándares de transparencia. Esto implica a los tres poderes: el Legislativo tendrá que corregir el atraso normativo en estas cuestiones; el Ejecutivo, desarrollar políticas de prevención, y el Judicial, velar por la aplicación de las normas existentes y la sanción de los fenómenos de corrupción».

Para el ex fiscal, en materia legislativa hay una vasta agenda pendiente. «Se ha anunciado que se va a enviar una ley de acceso a la información. Es una buena señal, porque la Argentina es uno de los pocos países de la región que no la tiene. En este sentido es muy importante establecer quién va a ser el órgano garante y qué autonomía tendrá.»

Una vez más, Garrido hizo hincapié, como suele hacerlo en sus exposiciones, en la distancia que existe entre las normas vigentes y su aplicación.

Tanto Fargosi como Garrido declararon muy positiva la norma que está en discusión en este momento llamada «la ley del arrepentido», una herramienta por la cual un testigo o participante de un ilícito puede declarar y ser sujeto de exención o reducción de pena si es que su testimonio es valioso y lleva al esclarecimiento de una causa. «No me parece injusto que alguien sea recompensado si ayuda a recuperar dinero mal habido», dijo Fargosi. Se trata de una práctica muy usada en los Estados Unidos.

La modificación de la ley de ética pública constituye para Garrido un retroceso de los últimos años. «Es necesario volver a un régimen de declaraciones juradas y prestar atención también al conflicto de intereses en funcionarios públicos.»

Regulaciones y oscuridad

«Como jueza me cansé de ver la cantidad de regulaciones que había, las que se contraponían, los organismos que se cruzaban. Estos son nichos de corrupción», dijo Llerena. También expresó que «el Poder Judicial acá y en el resto del mundo hace estadística con los más vulnerables, los más fáciles de asir».

Por último y relacionado con este tema, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que «cuando el respeto a la legalidad es bajo, los corruptos se reproducen. Hay que invertir lo máximo posible en prevención. No hay confianza en el país porque nos hemos manejado en la opacidad durante mucho tiempo». Anunció que se va a construir un mapa de trámites innecesarios para terminar con «la gente del otro lado del mostrador que espera algo a cambio de ayudar al que concurre a su oficina a superar el trámite».

Manuel Garrido

Ex fiscal

«Se anunció una ley de acceso a la información; es una buena noticia»

Patricia Llerena

Jueza

«Señores de compliance, deben salvarle las papas a la persona jurídica»

Laura Alonso

Oficina anticorrupción

«Cuando el respeto a la legalidad es bajo, los corruptos se reproducen»

Carlos Rozen

Asociación de Ética y Compliance

«Los costos de la corrupción deben ser más altos que sus posibles beneficios»

Fuente: La Nación, 13/03/16.

 

Compliance Officer

A compliance officer is an employee whose responsibilities include ensuring that the company complies with its outside regulatory requirements and internal policies. A compliance officer may review and set standards for outside communications by requiring disclaimers in emails, or may examine facilities to ensure that they are accessible and safe. Compliance officers may also design or update internal policies to mitigate the risk of the company breaking laws and regulations, as well as lead internal audits of procedures.

Oficial de cumplimiento

Un oficial de cumplimiento es un empleado cuyas responsabilidades incluirán garantizar que la empresa cumpla con sus requisitos reguladores externos y las políticas internas. Un oficial de cumplimiento puede revisar y fijar normas para la comunicación con el exterior, al exigir advertencias en mensajes de correo electrónico, o puede examinar las instalaciones para asegurar que son accesibles y seguras. Los oficiales de cumplimiento también pueden diseñar o actualizar las políticas internas para mitigar el riesgo de la empresa a incumplirlas leyes y reglamentos, así como realizar auditorías internas de procedimientos.

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Cómo conseguir que inviertan en Argentina

Dónde están los inversores

Por Pablo Venturino.

Cuando se hace más real la posibilidad de dejar atrás a los fondos buitre, es horade hablar de los índices que siguen los tomadores de decisión de inversiónen activos del país, y cuál es su perfil; características y tipos de fondos existentes.

Durante los últimos años hemos sido abrumados por los fondos de activos en default, también llamados fondos buitre. Parece que para nuestro país serían los únicos inversores con los cuales tratamos, pero afortunadamente nuestra realidad está a punto de cambiar.

Partiendo de la base de que un país tiene sólo tres maneras de financiarse (impuestos, endeudamiento e inflación), si verdaderamente estamos comprometidos, como parece ser el caso, con la lucha contra la inflación, habría dos factores que son claves para tener éxito en esta empresa: la primera y fundamental es el achicamiento del gasto público; y la segunda el endeudamiento dentro de parámetros razonables.

Sin endeudamiento es imposible avanzar como país dado que la destrucción de nuestra infraestructura durante la última década (sumados los avances tecnológicos) ha conspirado contra nuestro desarrollo. Por otra parte, los índices de pobreza de nuestro país no soportarían un ajuste mayor que podría afectar seriamente nuestra sociedad. En síntesis, no hay magia si queremos bajar la inflación y el gasto público escalonadamente para no castigar a los que menos tienen.

Sólo nos queda el endeudamiento, siempre y cuando se haga con crecimiento y mesura. Para pensar en otras alternativas habría que redefinir las leyes de las matemáticas.

Características

Ahora la pregunta es quiénes son estos inversores y por qué compran y mantienen nuestra deuda.

La palabra inversor en general nos dice poco acerca de ellos y sus motivaciones para invertir que, en general, van más allá de una tasa de interés o un riesgo lógico, y tampoco tienen que ver con teorías conspirativas de dominación de los «capitales internacionales» que tanto escuchamos.

A veces la respuesta es más simple, o como dice Warren Buffett: «No tenemos que ser más inteligentes que el resto. Tenemos que ser más disciplinados». Precisamente, uno de los principales motivos de inversión proviene de ciertos indicadores poco conocidos fuera del ámbito de finanzas: los índices.

En pocas palabras, un índice de bonos mide el valor de una parte del mercado y se calcula con los precios de los diferentes bonos por medio de un promedio ponderado. En el caso que afecta a nuestro país, un potencial índice luciría como la suma de todos los porcentajes (hasta sumar 100%) dados a cada uno de los países participantes, por ejemplo: 13% Turquía, 12% Rusia, 11% México, etc.

En efecto, gran cantidad de inversores profesionales y fondos definen sus objetivos de inversión con estrategias de seguimiento de un índice. Los administradores de portafolios de inversión se dedican a replicar el componente del índice y eventualmente introducir desvíos de manera tal de poder igualar o superar su rendimiento. El sólo evento de que nuestro país figure en uno de esos índices fuerza a los inversores a tener que comprar la deuda o bonos emitidos por la Argentina.

Cuáles son esos índices

Los principales índices de inversión para los mercados emergentes típicamente son los publicados por JP Morgan y Barclays. En general los primeros son para los inversores tradicionales de mercados emergentes y los segundos para los llamados high grade crossover, es decir, inversores de grado de inversión (deuda de alta calidad) que invierten parte de sus portafolios en activos de más riesgo. Esto último es una consecuencia de la gran cantidad de países de América latina que lograron el grado de inversión durante los últimos años (obviamente la Argentina no es uno de ellos).

Poseer grado de inversión abre la ventana para lograr financiación más barata y volumen, especialmente útil para ejecutar proyectos de envergadura. Esta es básicamente una de las razones por las cuales Petrobras pudo acceder a una deuda de US$ 130.000 millones, de los cuales US$ 50.000 millones son bonos.

Respecto de la Argentina como país, los índices más populares y diversificados son el EMBI+ (donde la Argentina tiene una participación del 3,5%) y el EMBI Global Diversified (donde tiene 2,5%). Esto significa que un inversor que sigue al índice EMBI+ le dedicará a la Argentina 3,5% del total de todo su portafolio de inversión.

Ahora bien, volvamos a los inversores. Si bien no existe una forma oficial de separar a los mismos por función, típicamente se encuadran en cuatro grandes grupos:

1) Administradores de Fondos y Activos (Asset/Fund Managers), donde podríamos incluir a los hedge funds, o fondos de cobertura. Típicamente, estos fondos compraban bonos para revenderlos relativamente rápido, lo cual generaba mayor volatilidad en una emisión, factor que no necesariamente agradaba ni a los emisores ni a los otros inversores. Esto ha cambiado últimamente sobre todo por el gran crecimiento de otros tipos inversores y el parcial achicamiento de los hedge funds.

2) Compañías de seguros y Fondos de pensión. Estos inversores típicamente buscan plazos largos que vayan de acuerdo a las pólizas que emiten. Por ejemplo, si una compañía de seguros emite pólizas de vida de 30 años, busca bonos de plazos similares para calzar de esta manera sus activos y pasivos.

3) Bancos. Son una clase de inversor compleja ya que pueden operar de diferentes maneras. Cuando dan préstamos utilizan una parte de su balance, y cuando compran bonos usan otra parte que depende directamente de su tesorería. En general, los bancos no son la clase de inversores más relevante desde un punto de vista de volumen. Para ello suelen establecer administradores de activos que tienen su mismo nombre, pero una estructura legal separada.

4) Bancos privados, y sector minorista o retail. Este es un sector que está teniendo grandes cambios debido a la embestida global sobre la evasión impositiva. El mismo está integrado fundamentalmente por los grandes bancos suizos, ciertos bancos de Estados Unidos y los llamados «family o multi family offices«, encargados de manejar las fortunas de ciertas familias de altos recursos en forma dedicada.

Ahora que hemos paseado por índices e inversores, la pregunta obvia es para qué nos sirve entender quien está detrás de la etiqueta de inversor. La conclusión más obvia es que estamos frente a gente como nosotros. Maestros, peluqueros, bancarios, etc. que tienen sus jubilaciones en estos grandes fondos de pensiones o tienen pólizas de seguros de vida que protegen a sus familias ante eventualidades. Es decir que esos individuos muchas veces son los accionistas de esos fondos o aseguradores monstruosos. Obviamente, también hay millonarios, aunque en porcentajes irrelevantes frente a la enorme masa aportada por los trabajadores.

Demonizados

Estos fondos de pensiones se han vuelto tan grandes que a pesar de invertir gran parte en su país de origen tienen excedentes que los obligan a explorar otros horizontes como América latina y los mercados emergentes. Lo paradójico es que por muchos años ciertos sectores han demonizado a los «inversores» y han tratado de convencer a la sociedad de que son parte de un plan diabólico e imperialista de dominación mundial, sin verdaderamente reflexionar que detrás de esos fondos había gente de todos los sectores sociales y que las decisiones de compra o venta de esos fondos (o administradores de activos) eran decididos por algo tan trivial como un simple índice.

Como diría Charlie Munger, socio de Warren Buffett y vicepresidente de Berkshire Hathaway: «Nuestras ideas son tan simples que la gente sigue preguntando por nuestro secreto cuando todo lo que tenemos son ideas elementales».

—El autor es socio fundador de White-Bridge Capital, especialista en temas de reestructuración corporativa y gubernamental.

Fuente: La Nación, 29/03/16.

Los Kirchneristas destituyentes

Pocos fracasos más estruendosos que el del plan A del Club del Helicóptero. De nada valió asegurar que si Cambiemos ganaba las elecciones sobrevendría un apocalipsis económico, jurar que si se sacaba el cepo la economía explotaría, atestar de bombas de tiempo el sendero del nuevo gobierno, regalar dólares a futuro, llenar con más «ñoquis» el ya abultado plato del Estado, emitir a cuenta de la futura inflación ni ser generoso el último día de gobierno con las provincias a las que por doce años se había esquilmado. Tampoco parece haber sido útil pronosticar que Macri sería el nuevo De la Rúa, negarse a entregar el bastón presidencial y considerar la alternancia democrática como un golpe urdido por las fuerzas de la antipatria. Mucho menos, atrincherarse en la Afsca, resistir con aguante, clamar por la libertad de expresión de 6,7,8 y Víctor Hugo, micromilitar la paciencia ajena, organizar plazas del pueblo y colgarle a la promotora de la tarjeta del Galicia un cartelito contra el FMI. Ni uno solo de estos tiros dio en el blanco. Ni el país estalló ni el dólar se fue a las nubes ni el consabido manual peronista de saqueos y desestabilización de gobiernos mencionado por Cristina Fernández de Kirchner el 27 de diciembre de 2012 funcionó.

Más bien, todo lo contrario. Los que decían que Macri sería un presidente débil claman ahora contra una supuesta dictadura macrista y exigen que pare la mano (sic). Los que pretendían liderar la oposición se enfrentan hoy a la disolución de sus bloques legislativos. Quien despreció con altivez los fueros legislativos contempla con horror, desde su refugio patagónico, el avance de causas penales empujadas por el estado público que han tomado sus fraudes y sus testaferros. Nada salió según lo previsto. Por eso, el Club del Helicóptero ha decidido cambiar de estrategia. Su plan B se llama «Todo para los ricos. Nada para vos».

El argumento es simple: el de Macri es un gobierno de ricos y para ricos. Por eso sus medidas benefician a los sojeros y las empresas mineras. El supuesto oculto de semejante precariedad proviene de ese fundamentalismo anticapitalista preconciliar disfrazado de marxismo que impregna la sociedad argentina: la idea de que la economía es un fenómeno de suma cero en el cual beneficiar a unos es, necesariamente, perjudicar a otros. Un simple repaso de la historia argentina la desmiente completamente. Cualquier argentino puede recordar, con mínimo esfuerzo, lo que les pasó a los sectores de menores ingresos cada vez que la economía del país se detuvo, primero, y estalló, después.

Y bien, el déficit fiscal actual es, cualesquiera que sean la definición que se le dé y la fuente que se tome, mayor que el de diciembre de 2001. Y todas las veces que el país llegó a niveles de déficit similares la economía voló por los aires. Pero el país de Cambiemos no estalló. De manera que ya tenemos aquí la primera y principal medida del Gobierno a favor de los que menos tienen: la evitación de las epopeyas populistas y neoliberalistas que elevaron un 50% la pobreza en 1975, 1982, 1989 y 2002. Si el Gobierno lograra evitar definitivamente una crisis como aquéllas, sería la primera vez que la Argentina cruza este umbral de déficit y gasto público descontrolados sin que la economía y la sociedad exploten.

La segunda contribución del Gobierno a los que menos tienen es también clara y visible. Consiste en el intento de relanzar la economía para que la gente viva de su trabajo y no como subsidiados o «ñoquis». La abolición del cepo es, en este sentido, una medida emblemática a favor de la sociedad y la única vía posible de prevención del estallido. Quienes lo duden pueden dar un vistazo a lo sucedido en los años 90 cuando la Alianza decidió la prolongación de la convertibilidad y de un modelo económico agotado.

Pero el proyecto «Nada para vos» del Club del Helicóptero no sólo es sospechoso por venir de gente que gobernó el país durante los doce años de situación internacional más favorable de su historia y dejó a un 29% de los argentinos en la pobreza, a 16 millones de personas en edad laboral sin empleo y el país lleno de trapitos, manteros, limpiavidrios, saltimbanquis y marginales como nunca antes en su historia. El plan B del Club del Helicóptero es además falaz porque en sus cien días el gobierno de Macri tomó innumerables medidas dirigidas a aliviar la situación de los más vulnerables, a pesar de la desastrosa situación fiscal heredada y del fuerte viento en contra que sopla hoy sobre la Argentina.

El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue duplicado y las escalas con las que se aplica serán modificadas, como exige la ley, por el Congreso, en el cual la oposición dispone de la mayoría. También fue duplicado el límite de ingresos para percibir la asignación familiar, con lo que más de un millón de chicos reingresaron al sistema. Además, se incluyó en el beneficio al tercio de los empleados que aún trabajan en negro. Las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo se incrementaron respetando el mecanismo establecido por el anterior gobierno y se concluyó con éxito la negociación salarial con el sector docente, con lo que las clases comenzaron puntualmente en casi todas las provincias después de años de huelgas y caos. Y en los próximos meses habrá paritarias libres, extensión de la AUH a los hijos de monotributistas y devolución del IVA a los alimentos para quienes cobran la jubilación mínima. Finalmente, se redujeron drásticamente los subsidios a la energía y el transporte, que beneficiaban al tercio más rico de la población del país, que habita la Capital Federal y su conurbano, se estableció una tarifa social para quienes ganan menos de $ 12.000 y se lanzó un vasto programa de obra pública, el Plan Belgrano, que creará empleo y competitividad en el Norte, el territorio más pobre del país.

No parecen pocas medidas ni intrascendentes; en especial, para un gobierno que fue anunciado como la máscara sonriente de un ajuste criminal. Sobre todo, si se tiene en cuenta el 7% de déficit fiscal heredado, la soja a mitad de precio respecto de su récord histórico, la suba global de las tasas de interés, la caída del 3,8% del PBI de Brasil, la continuidad de la recesión en Europa y la desaceleración de la economía china, nuestros tres principales clientes.

Es cierto: la inflación se hace sentir, hay expulsión de mano de obra en muchos sectores y sólo en el segundo semestre, siendo optimista, se podrá comprobar el efecto de las medidas adoptadas. Sin embargo, el ajuste salvaje que denuncia el Club del Helicóptero no está sucediendo. Basta comparar los resultados del actual sinceramiento del dólar con los de la devaluación de Kicillof. En enero de 2014, una devaluación del 22% llevó a un aumento de precios del 13,35% en tres meses (datos del IPC-CABA, único disponible para la comparación con el actual). En cambio, la liberación del cepo de diciembre de 2015 que aumentó el valor del dólar en casi un 40% provocó una inflación menor, del 12,48%. Ninguna fuente indica, tampoco, que el número de despidos haya superado el récord kicillofiano de 2014, cuando los trabajadores ocupados registrados por el Indec pasaron de 16.081.000 en diciembre de 2013 a 15.686.000 en diciembre de 2014, con una pérdida neta de 395.000 puestos de trabajo y una media de 33.000 por mes.

De manera que si los miembros del Club del Helicóptero buscan al responsable del mayor ajuste de la economía argentina reciente (un ajuste inútil, que no resolvió ninguno de los problemas del modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social) harían bien en darse una vuelta por las Plazas del Pueblo en busca de un señor bajito, patilludo y con vestuario y estilo oratorio de asambleísta de Ciencias Sociales. Un tipo plagado de buenos consejos destinados a que otros arreglen el divertido combo de inflación alta con atraso cambiario, economía recalentada pero en recesión y déficit fiscal récord con carga fiscal récord que armó en los últimos años.

Los problemas de la economía argentina son, todavía, muchos. No todas las medidas del Gobierno han sido acertadas ni está dicho que zafemos de tiempos peores. Pero tenemos una posibilidad que sería inteligente no desaprovechar. En todo caso, el plan B del Club del Helicóptero tampoco está funcionando. Si los distinguidos caballeros del peronismo republicano que formaron parte, apoyaron y aplaudieron los delirios kirchneristas tuvieran a bien no pedir milagros en tres meses, harían una gran contribución a la patria. Esa que viene antes de los hombres y del movimiento, como dijo un famoso general.

Fuente: La Nación, 29/03/16.

El fin de las cajas registradoras

La desaparición de las cajas registradoras

Fuente: The Wall Street Journal, 27/03/16.

YouTube: Una Fuente de ingresos

Fuente: WikiHow, 2016.

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Litio: venden 50% de una minera argentina por 25 millones de dólares

Fuente: Clarín, 29/03/16.

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Litio

El litio (en griego: λιθίον, ‘piedrecita’)?1 es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla periódica, se encuentra en el grupo 1, entre los elementos alcalinos. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o agua. Es el elemento sólido más ligero y se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y, sus sales, en el tratamiento del trastorno bipolar.

Es el metal más ligero, su densidad es la mitad de la del agua. Al igual que los demás metales alcalinos es univalente y muy reactivo, aunque menos que el sodio, por lo que no se encuentra libre en la naturaleza. Acercado a una llama la torna carmesí pero, si la combustión es violenta, la llama adquiere un color blanco brillante.

Fuente: Wikipedia, 2016.

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